Estuvo en la cárcel por peculado y asociación delictuosa

Eduardo Montoya Liévano, jefe de la policía de Chiapas

ANGELES MARISCAL
LA JORNADA
08 DE AGOSTO DEL 2007


Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de agosto. Eduardo Montoya Liévano, procurador de Justicia durante la administración de Roberto Albores Guillén, fue nombrado director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Chiapas.

El nuevo funcionario estuvo recluido en el penal El Amate más de dos años, por peculado y asociación delictuosa. Además, cuando fue procurador operaron en la costa de Chiapas escuadrones de la muerte que asesinaron a por lo menos 30 presuntos delincuentes.

El lunes por la noche, después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Daniel Roque Figueroa, anunció el nombramiento, Montoya Liévano se negó a hablar con la prensa.

En una rápida ceremonia, Roque Figueroa señaló que el nombramiento se debió a la ''trayectoria reconocida (de Montoya). Durante su gestión como procurador de justicia erradicó el robo a bancos y los secuestros en el estado''.

Eduardo Montoya fue procurador de justicia durante los dos últimos años del gobierno de Roberto Albores Guillén. El 9 de noviembre de 2001, casi un año después de dejar el cargo, fue aprehendido por policías estatales.

Con base en pruebas presentadas por su sucesor, el actual fiscal general de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo declaró a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas (Cespch) copartícipes de peculado por 8 millones 76 mil 4 pesos.

Los acusados, además de Montoya, fueron el ex subprocurador Florencio Madariaga Granados; el ya fallecido Hugo Leonel de Regules, ex coordinador de administración y finanzas de la procuraduría; Roberto Sevilla Mandujano, ex director de Planeación; Víctor Hugo Lescieur Talavera, ex subprocurador jurídico; y Luis Alfonso Utrilla Gómez, ex secretario de Gobierno.

En las audiencias penales, José Luis Coutiño, secretario técnico del Cespch, acusó a Eduardo Montoya de beneficiarse de ''pagos indebidos'' a policías, agentes del Ministerio Público y peritos. Su defensa argumentó que nunca autorizó por escrito esas erogaciones y que su detención se debía a motivos políticos.

El primero de abril de 2004 Montoya salió del penal El Amate, donde estuvo dos años y cuatro meses. Extraoficialmente se informó que la liberación se dio mediante un pago ''millonario''.

Otras versiones señalan que, luego de haber sido sentenciado por peculado y asociación delictuosa, apeló del dictamen y ganó. Sin embargo, ninguna autoridad ha corroborado esa versión.

Dos años después, en febrero de 2006, Eduardo Montoya fue aprehendido de nuevo, por abuso de autoridad, debido a que el 31 de julio de 2000 policías judiciales a su cargo habrían torturado a Raúl Jiménez García en Tapachula. Días después fue puesto en libertad.

El 2 de noviembre de 2001 La Jornada informó de la existencia de escuadrones de la muerte que operaban en la costa del estado desde 1999, según una entrevista telefónica entre Montoya Liévano y Agustín del Valle, propietario de uno de los ranchos usados como cementerio clandestino.

Además, durante la gestión de Montoya Liévano en la procuraduría, se efectuaron acciones contra los municipios autónomos zapatistas, y se financió a grupos de civiles armados.