Por la justicia, la verdad y contra la impunidad

Los sucesos que se han dado recientemente, nos convocan a reflexionar sobre lo que ello representa y lo que opinamos las organizaciones sociales que formamos parte de la lucha por la vida digna, la democracia y los derechos fundamentales en nuestro estado.

Se ha desatado un coro de opiniones en torno a la detención de Pablo Salazar, y algunas llaman la atención, y preguntamos: ¿con que autoridad moral un ex gobernador como Albores Guillen otorga su reconocimiento al gobernador actual por estar aplicando justicia cuando en su caso y en su momento la opinión pública le señaló innumerable ocasiones de faltar la legalidad durante su gobierno? ¿Los que aplauden los hechos, lo están haciendo de manera espontánea y libre?

Los acontecimientos relacionados con la presencia de Pablo Salazar en el estado, las reacciones de funcionarios de gobierno y actores políticos en los últimos meses, configuran un clima de tensión, de iniciativas y respuestas que se encuentran en el terreno de la política. Nuestra convicción es que el pueblo de Chiapas tiene el derecho de conocer la verdad; de luchar por una justicia verdadera y contra la impunidad. Esas son las razones para posicionarnos como lo estamos haciendo.

1.- Los 4 años y medio que lleva la presente administración estatal, coinciden con la ejecución de un juicio mediático sin precedentes. El argumento central ha sido la supuesta desviación de 11 mil millones de pesos destinados a reconstruir los daños provocados por el huracán Stan. Hoy Pablo Salazar esta detenido, pero no es nada relacionado con esos 11 mil millones de pesos. Incluso, Salazar asegura que en caja quedaron 2 mil millones, de los cuales se debe rendir cuentas ¿quién tiene la razón? ¿qué mecanismos tiene el pueblo de Chiapas para conocer la verdad? La confrontación Salazar-Sabines, secuestra la verdad y manipula la inteligencia ciudadana. Por eso, sostenemos que el pueblo de Chiapas tiene derecho a conocer de manera veraz y objetiva todo lo que ha sucedido con los fondos del Stan hasta el día de hoy. Convocamos a la sociedad civil a no conformarnos ni con el silencio ni con la tergiversación. Debemos luchar para ejercer nuestro Derecho a la información.

2.- Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas participamos en un frente amplio para sacar al PRI del gobierno en las elecciones del año 2000. Apoyamos a Pablo Salazar para que encabezara la alianza y pactamos con él. Nuestras peticiones eran simples: instaurar el estado de Derecho en Chiapas; fomentar el desarrollo de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, y castigo a los culpables de la represión histórica que ha vivido el pueblo chiapaneco. Los errores y aciertos de esta alianza son evaluados por cada organización y los resultados están a debate.

No rehuimos de la historia y mucho menos a la opinión pública de lo que en su momento consideramos necesario. Pero en el marco de las acusaciones legales y mediáticas hechas a Salazar, nos llama la atención la pérdida de memoria de quienes con tanta facilidad escriben y han escrito alabando la acción y obra gubernamental sin el mínimo análisis crítico. Se les olvida, entre otros hechos:

  1. En Chicomuselo, el 10 de enero de 1995, la matanza de habitantes del municipio y simpatizantes del perredista Amado Avendaño cuando protestaban contra la imposición de Eduardo Robledo como gobernador, cuando se enfrentaron con policías municipales, granaderos y guardias blancas. El saldo: siete muertos, varios heridos y 50 detenidos.


b. Acteal, 22 de diciembre de 1997. Grupos priistas asesinaron a 45 simpatizantes zapatistas desarmados que fueron desplazados de la comunidad Las Abejas y que se habían refugiado en Acteal, municipio de Chenalhó. Eran nueve hombres, 21 mujeres, 14 niños y un bebé. Ahora los asesinos están libres.


c. El Bosque, 10 de junio de 1998. El Ejército y la fuerza pública federal llegaron a Chavajeval y Unión Progreso. El entonces gobernador Roberto Albores decidió acabar con el municipio autónomo San Juan de la Libertad. El saldo: 8 campesinos tzotziles y un soldado muerto, además de 25 zapatistas encarcelados.

d. El 3 octubre, del 2008, se llevó a cabo de la forma más brutal y violatoria de los más elementales derechos humanos, un operativo policiaco en contra de la población indígena y campesina de la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, que mantenía bajo su administración, desde el 7 de septiembre de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic. Seis indígenas murieron a tiros en el enfrentamiento.

e. La ineficiencia gubernamental, de todas las administraciones, que nunca han logrado, en lo mas mínimo, acabar con la pobreza, la marginación y la exclusión en Chiapas. Y es que es fácil entender que ningún plan sexenal ha sido para el desarrollo del pueblo chiapaneco, solo han servido para consolidar el capital nacional e internacional, y nunca como ahora, la influencia de las empresas transnacionales es tan evidente.

De pronto el aparato de justicia se hace eficaz, por eso nos llama la atención la forma en que se ha aplicado la justicia contra Pablo Salazar. En consecuencia, demandamos castigo a los culpables de las matanzas y asesinatos de campesinos, indígenas, dirigentes y gente sin voz a la que sistemáticamente el estado ha violado sus derechos en la historia de Chiapas. Que se aplique la justicia a represores como Absalón Castellanos; Patrocinio González y Albores Guillén. Demandamos justicia ante la evidente pobreza del pueblo chiapaneco. Para que haya credibilidad, la justicia debe ser para todos/as igual.

3. Hacer un pronunciamiento de esta naturaleza, en el contexto chiapaneco actual tiene sus razones. Las organizaciones sociales no pretendemos convertirnos en una instancia judicial para declarar la inocencia o culpabilidad de Pablo Salazar. Consideramos necesario reprobar la forma en que se aplica la justica: ¿Por qué a unos si y a otros no? Si esto lo pudieron hacer con un personaje que goza de influencia política, a cualquier ciudadano chiapaneco, como ha sucedido, la aplicación de la ley es con premeditación, alevosía y ventaja. A las organizaciones se nos coacciona para aprobar las medidas tomadas, pero olvidan que este sexenio esta por terminar y nosotros seguiremos existiendo. Seguiremos luchando por nuestros derechos, por justicia, libertad y vida digna.

Les decimos al gobierno estatal y a las instituciones de justicia, que las opiniones políticas y el derecho a participar en los asuntos públicos del pueblo chiapaneco no pueden conculcarse a nadie. Estamos contra la criminalización de los opositores o disidentes políticos, ni el más grande ni el mas pequeño de los ciudadanos debe ser perseguido por sus intervenciones en la vida pública del Estado. Más allá de las responsabilidades que deben revisarse para cualquiera, están las libertades y derechos fundamentales de todos/as. Queremos instituciones creíbles y leyes que se respeten por todos y todas. Queremos gobernantes que no se pongan por encima del Estado, de las instituciones y de las leyes.

POR EL CHIAPAS QUE QUEREMOS

Movimiento Social Chiapas

ASSI; FIECH; FOCICH; MAS PAIZ; UCP-Chiapas; OUPCH-MAIZ; UNORCA Chiapas;

OCEZ-CNPA-MLN; OPEZ-MLN; TOTIKES; UGOCP.

Junio 12 del 2011