San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de mayo de 2009

Boletín No 23

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta su Balance Anual 2008, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas

· El Balance 2008 muestra lo que este Centro de Derechos Humanos ha documentado como principales violaciones a derechos humanos desde su quehacer cotidiano.

· Este Centro confirma las tendencias en relación al incremento de la violencia del Estado en contra de los pueblos que se organizan y defienden sus derechos fundamentales.

En el Balance 2008 Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas, que comprende el periodo de marzo de 2008 a marzo de 2009, hacemos un recorrido por el ciclo de la lucha entre la progresión y la regresión del respeto a los derechos humanos de la población de Chiapas, que muy probablemente sucede en otras regiones del país, incluso de América Latina, y el mundo.

Las políticas económicas en función del capital, están generando la consecuente acción de la población que, directamente y en lo inmediato, resulta afectada por la implementación de dichas políticas, porque las empresas trasnacionales tienen las manos libres para pagar salarios de explotación y así condenar a los trabajadores a la pobreza que ha de heredársela a sus hijos, negándole la posibilidad de oportunidades y de un cambio social.

Las acciones por parte de la población y la propia organización para defender sus derechos, pero también su consecuente represión, están contemplados en los mismos planes económicos capitalistas, pues traen consigo reformas legislativas que derivan, en algunos casos, en leyes que se suavizan para que los inversionistas exploten los recursos, violando con ello los derechos laborales, al medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo se endurecen contra el resto de la población, particularmente para quienes puedan oponerse a dichos planes, y así se eleva a rango constitucional la figura del arraigo y se conceden facultades excesivas al Ministerio Público para que en el abuso de la figura del delito de “Delincuencia Organizada,” se persiga y castigue, otra vez “legalmente,” a la población movilizada y organizada que disiente de las políticas neoliberales y de quienes pretenden imponerla, en este caso, el gobierno mexicano.

La violencia que el sistema capitalista causa a la población, provoca a su vez, que crezca la conciencia de luchar, resultado de la misma indignación ante la injusticia sistemática. También, cada vez es más evidente que “el Estado mexicano” funciona para sostener a unas pocas personas en el goce de sus privilegios y en el acaparamiento de las riquezas a cambio de mantener a la mayoría de la población en una situación de pobreza extrema. Queda claro, también, que quienes poseen los privilegios no están dispuestos a cederlos y los defenderán haciendo uso de todos sus instrumentos e infraestructura que les otorga el “Estado” y el trillado “estado de derecho.”

En Chiapas se desdibujó la división de poderes, principio en que se sustenta la “República.” Así vemos que los diputados del Congreso local, es decir el Poder Legislativo, aprueban iniciativas de ley o decretos presentados por el gobernador, titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la iniciativa que creó la figura penal de “incitación a la violencia”, y el decreto de creación de “el Protocolo de Desalojos” fueron aprobados aunque ambos sean contrarios a diversos derechos humanos contemplados en tratados internacionales, y sean evidentemente destinados a reprimir a quien reivindica sus derechos a través de la libre manifestación, de expresión y protesta, la población organizada que se moviliza para defender sus derechos.

Por otro lado, el Poder Judicial se constituye en el “legalizador” de los delitos fabricados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que a su vez integra averiguaciones previas en contra de personas integrantes de los movimientos sociales disidentes, La PGJE actúa inicialmente, a partir de información otorgada por “inteligencia militar”. Luego, se esmeran en armar acusaciones sin sustento, no obstante que al revisar los expedientes penales son evidentes las violaciones al debido proceso y, por el contrario, existen suficientes elementos para considerar que los detenidos sufrieron actos de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. A pesar de ello, el Poder Judicial sistemáticamente ratifica las acusaciones y no solo, sino que además someten a juicio a los acusados. Los mejores ejemplos de estos abusos son las agresiones y hostigamientos cometidas contra integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) y contra integrantes del pueblo tseltal de Bachajón, integrantes de La Otra Campaña, adherentes a la Sexta Declaración de La Selva Lacandona, emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Al final, y ya que del Estado no vendrá la justicia, queda a los pueblos la memoria histórica, como herramienta de liberación y de justicia, para no olvidar que el 22 de diciembre de 1997, paramilitares entrenados y financiados por el Ejército Mexicano, masacraron a 45 personas en el campamento para desplazados de Acteal; para no olvidar cada nombre, cada rostro de las personas ahí asesinadas; para no olvidar que está masacre, como los más de 122 crímenes cometidos en la zona Norte de Chiapas (documentados por este Centro) por el grupo paramilitar de “Paz y Justicia”, y su impunidad son parte de una política deliberada del Estado Mexicano para enfrentar la insurrección indígena zapatista, dirigida a desanimar a la población civil que apoyaba a los insurgentes, masacrándola y desplazándola forzosamente; para no olvidar quienes son los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y señalarlos cada vez que sea posible; para recordar, señalar y hacer justicia desde el pueblo de que Ernesto Zedillo, en aquel entonces Presidente de la República; Emilio Chuayffet Chemor, entonces Secretario de Gobernación; General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional; y Julio Cesar Ruiz Ferro, entonces gobernador del estado de Chiapas, son los principales responsables de estos crímenes.

Recordemos además, que aunque el actual gobierno del estado de Chiapas se presenta como un gobierno progresista y respetuoso de los derechos humanos, es en realidad responsable de graves violaciones a éstos; en la memoria de la población están: la ejecución de seis campesinos pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, que por pretender administrar su centro ceremonial de Chinkultik fueron asesinados por la Policía Estatal Preventiva (PEP). El encarcelamiento injusto de, cuando menos, catorce personas del MOCRI-CNPA-MN y siete indígenas tseltales de “La Otra Campaña”, que constituyen en este momento presos políticos del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero.

La memoria histórica de los pueblos indígenas de Chiapas les permite continuar con dignidad en la lucha por sus derechos, ya que esta memoria abarca más de 500 años de resistencia frente a la opresión. La perseverancia de esta memoria demuestra que la lucha es larga y justa, con sufrimiento, pero también con alegría y esperanza. Y es ahí, a lado de los pueblos, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, encuentra su lugar y su misión.

PROHÍBEN A EVANGÉLICOS COMPRAR Y RECIBIR ALIMENTOS BÁSICOS, HAY 30 NIÑOS

 Un grupo de 70 cristianos evangélicos de la localidad Ángel Albino Corzo, en el Municipio de La Trinitaria, Chiapas, denunciaron que por órdenes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia les fue prohibido comprar y recibir alimentos básicos que expende el Gobierno Federal en tiendas comunales por el simple hecho de profesar otra religión distinta a la mayoritaria.

 Miembros de las Iglesias Adventista y "Tiempo de Sembrar", acusaron al delegado de Gobierno Estatal, José Lenin Montejo Pech, de ignorar un acuerdo firmado por autoridades locales y los grupos evangélicos hace más de un año, en donde se comprometían a respetar los derechos de la minoría religiosa. 

“Pretenden matarnos de hambre y despojarnos de nuestras propiedades por el sólo hecho de ser cristianos... y la autoridad se pone de parte de ellos para violar nuestros derechos, porque a fuerza nos quieren hacer pagar cuotas para fiestas católicas...”, dijeron fieles de las iglesias afectadas, al tiempo que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias.

 En mayo del año pasado las autoridades locales les cortaron el suministro de energía eléctrica y de agua potable a los evangélicos que se negaron a pagar más de 200 pesos por familia, por concepto de “cooperación para fiestas patronales”. 

En julio del 2008 se firmó un acuerdo en el que los agresores se comprometieron a respetar la libertad de culto, consagrada en las leyes mexicanas, y a restituir los daños causados a los cristianos, sin embargo la semana pasada, el Comisariado Ejidal Óscar Aguilar Velazco, y el encargado del Consejo de Vigilancia de esa comunidad, Delmi Velazco López, prohibieron vender los alimentos básicos a los cristianos, a pesar de que esto es un beneficio que otorga el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional de Desarrollo (DIF).

 La determinación se tomó luego de que las familias cristianas se negaron a cooperar en esta ocasión con 300 pesos (más de 30 dólares) para la celebración de fiestas católicas en la localidad, lo que afecta principalmente a 30 niños y unas 20 mujeres y ancianos de las iglesias evangélicas.

 Lejos de recibir las denuncias de los quejosos, el delegado de Gobierno, Montejo Pech, los ha amenazado de despojarlos de sus pertenencias y de encarcelar a quienes no coopere económicamente para las celebraciones, ignorando los acuerdos anteriores y la libertad de culto que consagra nuestra Carta Magna.

 "Si es necesario, haremos un plantón en compañía de otros hermanos evangélicos en la capital de Chiapas para que el Gobernador, Juan Sabines, se de cuenta de que funcionarios corruptos están actuando irresponsablemente, violando los derechos de un grupo indígena que sólo pretende vivir en paz y disfrutar de la libertad religiosa que otorga el Estado", concluyeron. 

La organización Voz de los Mártires conversó este fin de semana con personal de la Embajada de Estados Unidos en México sobre los más de 90 casos de Persecución y Discriminación Religiosa que se tienen documentados a lo largo de la presente administración, con el fin de que se haga mención de ello en el reporte anual que difunde la Unión Americana en el renglón de Libertad Religiosa. 

Los diplomáticos comentaron que la Secretaría de Gobernación, a través de su oficina de Asuntos Religiosos, les informó que tiene sólo tres asuntos de este tipo registrados hasta el momento.

 OSCAR MOHA

Representante en México 

044 55 36 30 72 61

www.vozdelosmartires.org

Ciudad de México

Asaltos a migrantes en Chiapas

EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

Los migrantes centroamericanos continúan su paso por nuestro país rumbo a Estado Unidos, la desesperanza alimentada con la ruda pobreza insiste en expulsarlos de sus países. La sangría poblacional de Centroamérica, lejos de disminuir, aumenta cada día. Algunos migrantes deciden buscar el futuro en México, donde la situación no es precisamente la mejor, al menos dos millones y medio de mexicanos se encuentran sin empleo. Ya sea que decidan avecindarse en nuestro país o seguir su camino al vecino del norte, los centroamericanos se enfrentan a una constante a su paso por el estado de Chiapas: abusos, violaciones a sus derechos humanos, asaltos y asesinatos. 

Las estadísticas elaboradas por la casa del migrante Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas, dirigida por el sacerdote Heyman Vázquez Medina, muestran las cifras de la vergüenza y ponen en evidencia la omisión de los gobiernos federal, estatal y local ante la penuria de los migrantes. La geografía chiapaneca del atraco a los migrantes resulta vasta e indignante. 

Durante 2008 llegaron a la casa del migrante 658 mujeres; de éstas, el 30 por ciento fueron asaltadas en su paso por La Arrocera, en el municipio de Huixtla, y dos de ellas además fueron víctimas de violación en Arriaga. Durante el mismo periodo fueron recibidos 6 mil 587 hombres, siendo mil 250 los que fueron asaltados también en La Arrocera, una zona localizada detrás de la garita de migración del Hueyate. Frente a esta estación, por donde pasa el tendido del ferrocarril, los asaltos se realizan en Monte Cristo y El Relicario. 

El segundo lugar en la lista de atracos lo ocupa Arriaga, con 166. Al llegar a la cabecera municipal, los centroamericanos son sorprendidos en el basurero, entre los vagones abandonados, en la colonia Guatemalita, en la caseta de la Policía Federal Preventiva (PFP) y en las vías y el puente del ferrocarril. 

En Tapachula, los atracos se dan con mayor frecuencia en las zonas de El Manguito y Viva México, así como en la cabecera municipal. En Huehuetán son asaltados en las inmediaciones de la garita migratoria y en Pijijiapan los despojan de sus pocas pertenencias en Echegaray, Guanajuato, San Isidro, La Central y la garita migratoria donde se encuentra un destacamento de la PFP. En Tonalá los asaltos los sufren en Tres Picos, La Polca, en el desvío que va a la Colonia Durango y en donde se encuentra la Base de Operaciones del Ejército Mexicano. Aunque para los migrantes de ambos sexos la mayoría de los problemas son asaltos, muchos de ellos además reciben golpes, heridas con machete, balazos, violaciones o incluso son asesinados.

Las cifras no muestran la verdadera dimensión del fenómeno. Las estadísticas de la casa del migrante pueden no ser del todo reales, porque se ha observado en casos que tienen que ver con violaciones sexuales que muchas de las mujeres no comentan haber sido víctimas de este tipo de delitos por pena o desconfianza. Asimismo, no todos los migrantes que pasan por Arriaga llegan a la casa del migrante y muchos más no denuncian por temor a la deportación. Aún así, las cifras deberían avergonzar a los tres niveles de gobierno que poco o nada hacen para terminar con esta tragedia.

Por si esto no fuera suficiente, el Instituto Nacional de Migración y el grupo Beta no cumplen adecuadamente con su trabajo. Carlos Bartolo Solís, uno de los encargados del Hogar de la Misericordia, narra un caso como tantos: “pedimos ayuda a Migración para repatriar a seis migrantes, cuatro de El Salvador y dos de Honduras. La respuesta que obtuvimos fue que sí habría apoyo, que se comunicarían a la casa para ponernos de acuerdo; pasó toda la mañana, recibimos la respuesta a las diez de la noche sólo para decirnos que ellos ya habían terminado su turno y que no podían hacer nada.

Incluso el coordinador del grupo Beta en Tapachula aseguró que la ayuda llegaría, pero que por falta de gasolina no habían podido pasar a Arriaga. Finalmente, ni Migración ni el grupo Beta hicieron algo por los migrantes. Se contactó entonces a la vicecónsul de El Salvador, Vilma Mendoza, para que interviniera en el asunto, pero tampoco llegó la ayuda. Los migrantes centroamericanos tuvieron que regresar a sus países por sus propios medios”.

Por todo ello, la queja de los defensores de derechos humanos es constante. Dice el padre Heyman, director del Hogar de la Misericordia: “la política migratoria en México se reduce a tener mayor capacidad para asegurar a los migrantes que pasan por territorio mexicano, no hay ninguna preocupación por disminuir la vulnerabilidad de esta población, las vejaciones que sufren aumentan cada día”. Y arremete contra el “tristemente llamado grupo Beta, que fue creado para ayudar a los migrantes pero tiene prohibido hacerlo; su trabajo sólo se reduce a mirarlos y platicar con ellos; cuando algún migrante ya no cuenta con recursos por haber sido asaltado y quiere regresar a su país, pide apoyo al grupo Beta, pero los agentes no le brindan la ayuda necesaria”. 

Además, el padre Vázquez Medina critica con energía las prácticas de aseguramiento que llevan a cabo los agentes del INM y algunos elementos del grupo Beta; afirma que los migrantes no son asegurados y devueltos a sus países cuando no traen dinero que les puedan quitar como extorsión los agentes migratorios. Por otro lado, la comisionada del INM, Cecilia Romero, sólo ofrece promesas acerca de una nueva oficina del grupo Beta en Arriaga; desde abril de 2008, cuando visitó la casa del migrante, prometió que en seis meses se abriría una oficina del grupo Beta, pero eso no ha sucedido. “Yo sabía que no iba a cumplir”, sentencia el padre Heyman. 

“Si el gobierno de México pide una reforma migratoria justa en los Estados Unidos, debe hacer lo mismo en nuestro país; es vergonzoso el trato inhumano que se les da a los migrantes de Centroamérica”, remata el sacerdote.

Por vía de mientras, a los migrantes centroamericanos por su paso en el estado de Chiapas los siguen hostigando, asaltando, golpeando y asesinando sin que autoridad alguna haga algo por detener la situación. El gobierno mexicano continúa guardando silencio ante lo evidente y solapando la violación a los derechos humanos de los migrantes.

ihuatzio@hotmail.com