San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de mayo de 2009

Boletín No 23

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta su Balance Anual 2008, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas

· El Balance 2008 muestra lo que este Centro de Derechos Humanos ha documentado como principales violaciones a derechos humanos desde su quehacer cotidiano.

· Este Centro confirma las tendencias en relación al incremento de la violencia del Estado en contra de los pueblos que se organizan y defienden sus derechos fundamentales.

En el Balance 2008 Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas, que comprende el periodo de marzo de 2008 a marzo de 2009, hacemos un recorrido por el ciclo de la lucha entre la progresión y la regresión del respeto a los derechos humanos de la población de Chiapas, que muy probablemente sucede en otras regiones del país, incluso de América Latina, y el mundo.

Las políticas económicas en función del capital, están generando la consecuente acción de la población que, directamente y en lo inmediato, resulta afectada por la implementación de dichas políticas, porque las empresas trasnacionales tienen las manos libres para pagar salarios de explotación y así condenar a los trabajadores a la pobreza que ha de heredársela a sus hijos, negándole la posibilidad de oportunidades y de un cambio social.

Las acciones por parte de la población y la propia organización para defender sus derechos, pero también su consecuente represión, están contemplados en los mismos planes económicos capitalistas, pues traen consigo reformas legislativas que derivan, en algunos casos, en leyes que se suavizan para que los inversionistas exploten los recursos, violando con ello los derechos laborales, al medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo se endurecen contra el resto de la población, particularmente para quienes puedan oponerse a dichos planes, y así se eleva a rango constitucional la figura del arraigo y se conceden facultades excesivas al Ministerio Público para que en el abuso de la figura del delito de “Delincuencia Organizada,” se persiga y castigue, otra vez “legalmente,” a la población movilizada y organizada que disiente de las políticas neoliberales y de quienes pretenden imponerla, en este caso, el gobierno mexicano.

La violencia que el sistema capitalista causa a la población, provoca a su vez, que crezca la conciencia de luchar, resultado de la misma indignación ante la injusticia sistemática. También, cada vez es más evidente que “el Estado mexicano” funciona para sostener a unas pocas personas en el goce de sus privilegios y en el acaparamiento de las riquezas a cambio de mantener a la mayoría de la población en una situación de pobreza extrema. Queda claro, también, que quienes poseen los privilegios no están dispuestos a cederlos y los defenderán haciendo uso de todos sus instrumentos e infraestructura que les otorga el “Estado” y el trillado “estado de derecho.”

En Chiapas se desdibujó la división de poderes, principio en que se sustenta la “República.” Así vemos que los diputados del Congreso local, es decir el Poder Legislativo, aprueban iniciativas de ley o decretos presentados por el gobernador, titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la iniciativa que creó la figura penal de “incitación a la violencia”, y el decreto de creación de “el Protocolo de Desalojos” fueron aprobados aunque ambos sean contrarios a diversos derechos humanos contemplados en tratados internacionales, y sean evidentemente destinados a reprimir a quien reivindica sus derechos a través de la libre manifestación, de expresión y protesta, la población organizada que se moviliza para defender sus derechos.

Por otro lado, el Poder Judicial se constituye en el “legalizador” de los delitos fabricados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que a su vez integra averiguaciones previas en contra de personas integrantes de los movimientos sociales disidentes, La PGJE actúa inicialmente, a partir de información otorgada por “inteligencia militar”. Luego, se esmeran en armar acusaciones sin sustento, no obstante que al revisar los expedientes penales son evidentes las violaciones al debido proceso y, por el contrario, existen suficientes elementos para considerar que los detenidos sufrieron actos de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. A pesar de ello, el Poder Judicial sistemáticamente ratifica las acusaciones y no solo, sino que además someten a juicio a los acusados. Los mejores ejemplos de estos abusos son las agresiones y hostigamientos cometidas contra integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) y contra integrantes del pueblo tseltal de Bachajón, integrantes de La Otra Campaña, adherentes a la Sexta Declaración de La Selva Lacandona, emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Al final, y ya que del Estado no vendrá la justicia, queda a los pueblos la memoria histórica, como herramienta de liberación y de justicia, para no olvidar que el 22 de diciembre de 1997, paramilitares entrenados y financiados por el Ejército Mexicano, masacraron a 45 personas en el campamento para desplazados de Acteal; para no olvidar cada nombre, cada rostro de las personas ahí asesinadas; para no olvidar que está masacre, como los más de 122 crímenes cometidos en la zona Norte de Chiapas (documentados por este Centro) por el grupo paramilitar de “Paz y Justicia”, y su impunidad son parte de una política deliberada del Estado Mexicano para enfrentar la insurrección indígena zapatista, dirigida a desanimar a la población civil que apoyaba a los insurgentes, masacrándola y desplazándola forzosamente; para no olvidar quienes son los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y señalarlos cada vez que sea posible; para recordar, señalar y hacer justicia desde el pueblo de que Ernesto Zedillo, en aquel entonces Presidente de la República; Emilio Chuayffet Chemor, entonces Secretario de Gobernación; General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional; y Julio Cesar Ruiz Ferro, entonces gobernador del estado de Chiapas, son los principales responsables de estos crímenes.

Recordemos además, que aunque el actual gobierno del estado de Chiapas se presenta como un gobierno progresista y respetuoso de los derechos humanos, es en realidad responsable de graves violaciones a éstos; en la memoria de la población están: la ejecución de seis campesinos pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, que por pretender administrar su centro ceremonial de Chinkultik fueron asesinados por la Policía Estatal Preventiva (PEP). El encarcelamiento injusto de, cuando menos, catorce personas del MOCRI-CNPA-MN y siete indígenas tseltales de “La Otra Campaña”, que constituyen en este momento presos políticos del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero.

La memoria histórica de los pueblos indígenas de Chiapas les permite continuar con dignidad en la lucha por sus derechos, ya que esta memoria abarca más de 500 años de resistencia frente a la opresión. La perseverancia de esta memoria demuestra que la lucha es larga y justa, con sufrimiento, pero también con alegría y esperanza. Y es ahí, a lado de los pueblos, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, encuentra su lugar y su misión.

Denuncia el Centro Fray Bartolomé trabajos forzados “las 24 horas” a tzeltales presos  

Hermann Bellinghausen 

La Jornada 

Liberan a Miguel Vázquez Moreno, base del EZLN recluido en el penal de El Amate 

El grupo defensor de derechos humanos pedirá a la CIDH que intervenga “sin dilación”  

Bases de apoyo del EZLN en San Sebastián Bachajón han sido víctimas de la persecución política del gobierno de Chiapas

Foto Víctor Camacho

San Cristóbal de las Casas, Chis. 15 de mayo. Los ocho campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón, encarcelados bajo proceso en el penal El Amate, han estado desde hace una semana sometidos a trabajos forzados hasta de 24 horas por parte de los “precisos”, la mafia de reclusos mestizos que controla el penal “bajo las órdenes de las autoridades”. Sin embargo, esta mañana fue liberado Miguel Vázquez Moreno, el único de ellos que es base de apoyo del EZLN. Los otros siete, adherentes de la otra campaña, permanecen presos. El gobierno insiste en sus acusaciones contra ellos. 

Ante las alarmantes condiciones de su confinamiento, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “requiera” al Estado mexicano adoptar, “sin dilación”, medidas de protección para ellos, pues de lo contrario “los presos agraviados corren un grave riesgo a su integridad personal”. 

El llamado fue dirigido a Santiago Cantón, titular de la CIDH, por Blanca Isabel Martínez Bustos a nombre del CDHFBC, manifestando que los indígenas se encuentran presos “injustamente” en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 El Amate (CERSS 14). En la misiva identifica como “presos políticos” a Gerónimo Moreno Deara, Antonio Gómez Saragos, Gerónimo Gómez Saragos, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Pedro Demeza Deara y Sebastián Demeza Deara, así como al ahora liberado Miguel Vázquez Moreno. 

El CDHFBC corroboró el testimonio de los detenidos, “sometidos a trabajos forzados las 24 horas del día y sujetos a amenazas de dañar su integridad personal, por parte de los denominados ‘precisos’”, a quienes respaldan las autoridades carcelarias. En particular, el preso Gerónimo Moreno Deara “presenta dificultad para hablar y respirar, sin que haya sido atendido por un médico del centro penitenciario”. 

La detención de estos indígenas, según Martínez Bustos, “se enmarca dentro de la persecución política del gobierno de Chiapas y el federal hacia los ejidatarios adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, y a las bases de apoyo del EZLN del mismo ejido, debido a su trabajo organizativo de defensa de sus derechos como pueblo indígena, del territorio y sus recursos naturales, así como por asumir la tarea de proporcionar seguridad a los habitantes del ejido ante la ineficacia y corrupción de los elementos policiacos que recorren la región”.

El CDHFBC “ha documentado patrones violatorios de los derechos humanos, especialmente en contra de la población indígena de los centros de readaptación de Chiapas, en situación de esclavitud y obligados a vivir en espacios físicos sin las mínimas garantías de dignidad”. Tales prácticas “de discriminación y violencia racial son toleradas por las autoridades”, y ejecutadas “por presos de origen mestizo, conocidos como ‘precisos’, que mantienen el control de la población carcelaria”. 

Por lo anterior, el Estado mexicano “tiene la obligación internacional de garantizar los derechos y libertades”, expone la comunicación. En lo que respecta “a la integridad y la vida de las personas a su custodia, no se limita a la obligación negativa de abstenerse de torturar o maltratarlas”. Siendo las cárceles lugares donde el Estado tiene control total sobre la vida de los detenidos y reclusos, sus obligaciones incluyen “proteger a estos últimos contra hechos de violencia de cualquier fuente”. 

La Jornada confirmó que Miguel Vázquez Moreno salió del área de reclusos de El Amate a las 8 horas de hoy, y de manera extraoficial, que el gobierno del estado, tan detallista, le dio un “aventón” hasta la ciudad de Ocosingo, aunque sin ofrecerle disculpas por el atropello. Detenido el 18 de abril, e inmediatamente reconocido por la junta de buen gobierno de Morelia, permaneció privado de su libertad casi un mes.

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL

Miguel Angel de los Santos.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, dice la Convención americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional al cual nuestro país se encuentra vinculado por haberla ratificado. Este artículo encuentra su enunciación correspondiente en el artículo 9 de la Constitucional federal.

 El derecho de reunión constituye la expresión colectiva del derecho a la expresión, en ese sentido representa un derecho individual y a la vez un derecho que se ejerce en forma colectiva. Se traduce en la reunión transitoria de personas con una finalidad política, social, cultural u otra. Son reuniones aquellas que realizan los fanáticos de un equipo de fútbol o los mítines de los partidos políticos, pero también lo son aquellas manifestaciones que llevan a cabo las organizaciones sociales para exigir atención a sus demandas. 

Evidentemente que las diferentes formas de reunión tienen un trato distinto por parte de la autoridad. Las primeras, aunque muchas veces también conllevan obstrucción de vías de comunicación, daños u otras conductas ilícitas, son toleradas. Las últimas, las que llevan a cabo las organizaciones sociales son condenadas, repelidas e incluso criminalizadas.

 Las manifestaciones políticas llevadas a cabo por las organizaciones sociales generalmente son precedidas de múltiples intentos de acercamiento y de búsqueda de soluciones negociadas a sus planteamientos. Me resultaría absurdo una manifestación política que antes no hubiera tenido acercamiento con la autoridad para buscar una salida pronta y negociada a sus planteamientos. De ahí que las manifestaciones constituyen uno de los últimos recursos de que se valen las organizaciones para hacerse escuchar por quienes detentan el poder.

 Las reglas de convivencia en una sociedad sugieren que los mecanismos legítimos para resolver los conflictos son la negociación y el diálogo, antes que el sometimiento o la confrontación. Desde luego que ello requiere que existan mecanismos eficaces de negociación y diálogo para la solución de las inevitables controversias y conflictos que se presentan en toda sociedad.

 Cuando esos mecanismos no funcionan o no son eficaces, la desobediencia civil o las manifestaciones políticas son inevitables, y no se puede culpar a los manifestantes. Es el Estado, es el aparato político el que no está siendo eficaz y está orillando a la ciudadanía a tomar las calles. La respuesta penal que muchas veces se da a estas formas del ejercicio de la libertad de reunión y manifestación es lo que se denomina la criminalización de la protesta social.

 En Chiapas se percibe hoy día una tendencia hacia la criminalización de las manifestaciones políticas y sociales. Se traduce en el involucramiento de lideres de organizaciones sociales en diversos delitos. Uno de esos casos, quizá el que ejemplifica con mayor claridad lo que estamos diciendo es el de Virgilio Silva Santiago, dirigente de la Alianza Popular de La Trinitaria (APT).

 El caso de Virgilio implica una variedad de derechos vulnerados, desde el derecho de reunión y manifestación, hasta las violaciones procésales de que fue objeto a partir de una orden de presentación (que teóricamente no implica detención), su posterior detención por unas horas, luego su liberación por unos segundos, y su sujeción a arraigo por treinta días, hasta el Auto de Formal Prisión que le fue dictado por el Juez Primero del ramo penal de Comitán. 

Los delitos de que le acusan son por demás absurdos y revelan el ensañamiento del poder a una persona y una organización que aceptó las condiciones de negociación impuestas. Lo acusan de ser el autor intelectual de una serie de delitos que se dieron en el marco de una manifestación social en la que, evidentemente no participó, como son daños, lesiones, asociación delictuosa, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado, ataques contra servidores públicos.

 La naturaleza de los hechos y de los delitos en que se involucra a Virgilio definen las razones y el objeto de su detención. Lo más lamentable es que las instituciones del Estado también se han evidenciado de la manera mas burda. 

Estimadas y estimados:

Les enviamos boletín de prensa 11, en relación a defensoras y defensores de derechos humanos. Que tengan buena tarde

Jorge HERNÁNDEZ

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

18 de Marzo de 2009

Boletín 11

 Ineficaz la actuación de autoridades de procuración de justicia ante las agresiones, realizadas en contra de defensoras y defensores de los derechos humanos.

 Agentes del Ministerio Público del estado de Chiapas y de la Agencia Estatal de Investigación, incurrieron en dilación, entorpecimiento y retardo justificado, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su recomendación No, 12/2009, señala que se cometieron omisiones violatorias a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido acceso a la justicia.

La recomendación se refiere a los hechos ocurridos en 14 de marzo de 2006, por el allanamiento del domicilio de David Méndez; del 18 de julio por las amenazas a Manuel Hernández, ambos integrantes de este Centro de Derechos Humanos y por el 22 de octubre del mismo año cuando fueron allanadas las instalaciones de este Centro La CNDH recomendó al Gobierno de Chiapas, girar instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) para que realice las investigaciones correspondientes, así como la Contraloría de la PGJE inicie el procedimiento de investigación en contra de los servidores de esa dependencia que incurrieron en los actos de omisión; así también recomienda que se capaciten a los servidores públicos de esa dependencia en la cultura de respeto a los derechos humanos.

La aceptación de esta recomendación por la PGJE ha traído acciones que distan mucho de su cumplimiento.

Manuel Hernández, integrante de este Centro de derechos Humanos, fue citado a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, personal de esa fiscalía le indicó que en relación a las amenazas que sufrió, pueden seguir investigando, pero como están posiblemente involucradas autoridades del municipio de Zinacantán y que la fiscalía no quiere romper los usos y costumbres del pueblo, era mejor cerrar el expediente, además de que si era nuevamente amenazado entonces actuarían rápidamente.

En relación al allanamiento a este Centro y al domicilio de David Méndez, este Centro desconoce los avances en la investigación.

En el último trimestre, este Centro de Derechos Humanos ha recibo denuncias contra defensoras y defensores de derechos humanos en Chiapas.

El 5 de febrero de 2009, Marcos López Pérez, abogado responsable de Derechos Humanos del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se presentó en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 16 “El Encino” (CERSS No. 16 “El Encino”), en el municipio de Ocosingo, debido a una obstrucción a su trabajo de defensa, discutió con el Capitán Jorge Pedrero López director de ese penal, quien ordeno que sacaran Marcos del penal, los custodios a través de empujones y groserías cumplieron la orden.

Sin pensar que esto pasaría a mayores, el 3 de marzo Marcos se presenta nuevamente a ese centro de detención para realizar labores propias de su profesión, al registrarse los custodios le pidieron que le dejaran sus cedula profesional original, lo cual no es una práctica común en ese CERSS.

Al salir del área de locutorios, después de hablar con su defendido y llegar a la zona de registro fue encerrado y rodeado por custodios de ese penal, quienes sacaron sus esposas como señal intimidatoria, por radio decían: “ya lo tenemos”, después de unos minutos le entregaron su cedula profesional de abogado, a la que le habían sacado una copia fotostática.

 El 12 de febrero de 2009, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), denunció que Norma Iris Cacho Niño, coordinadora operativa fue hostigada vía telefónica, en San Cristóbal de Las Casas, mientras se encontraba en un acto político el 2 de diciembre de 2008 al concluir la marcha mundial caravana de mujeres..

Durante el mitin se observaron a varios hombres que tomaban fotografías, destacándose una persona desconocida grabando con videocámara desde el techo del Palacio Municipal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos indicando que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”

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DERECHO AL AGUA Y MANIPULACIÓN POLÍTICA EN SAN CRISTÓBAL.

Miguel Angel de los Santos

El consenso es evidente y justificado: el derecho al agua ha comenzado a considerarse como un derecho humano de carácter universal. Ese consenso se expresa no solo en la variedad de movimientos organizados, mayoritariamente expresiones de la sociedad civil, que han manifestado preocupación por el deterioro ambiental y su impacto en las fuentes de agua, sino también en organismos internacionales, que ya han reconocido el carácter de derecho humano, como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Como se sabe, los derechos humanos no son el producto de la nada, o del capricho de personas que buscan elevar la categoría de los derechos con el fin de aumentar las obligaciones de los gobiernos para con sus ciudadanos. Siempre existen razones éticas e históricas que justifican la consideración de un derecho como uno de carácter fundamental en la vida de las personas. La trayectoria actual del agua en su meta por alcanzar el rango de un derecho humano para luego ser considerado un derecho fundamental, revela con claridad el carácter histórico de ciertos derechos humanos, que solo surgen como tales cuando las necesidades históricas y las exigencias de la sociedad se hacen patentes. Resulta claro que hasta hace algunos años a nadie se le habría ocurrido que el agua tuviera que ser considerada como un derecho humano que impusiera obligaciones y deberes a los Estados para su garantía; no obstante, las condiciones de desigualdad, la pobreza y marginación en que subsiste un considerable porcentaje de la población mundial, aunado al acelerado deterioro del medio ambiente y su impacto en las fuentes de agua, generan la presencia de poblaciones con una carencia total del liquido o que disponen de ella en condiciones insalubres. Estas y otras circunstancias han influido en el análisis sobre la necesidad de elevar su categoría como un derecho humano independiente.

Es evidente que el agua constituye un bien indispensable para la subsistencia de los seres humanos, y que sin ella la vida se tornaría simplemente imposible. No obstante lo indispensable, cada vez mas el agua se aleja de los hogares y se convierte en una mercancía cuya adquisición y disfrute depende del desarrollo de los países y de las capacidades económicas personales. A este proceso de mercantilización ahora habrá que añadirle la manipulación política que del agua se lleva a cabo, como quedó evidenciado en San Cristóbal de Las Casas.

La crisis del agua para la población muy pronto se tradujo en una crisis política para los impulsores de la primera. En efecto, ha quedado claro que el problema no fue la falta de energía eléctrica, porque siempre hubieron sectores que, durante la crisis, contaban con agua. También fue revelador de la manipulación política el hecho de realizar cambios en SAPAM cuando se había dicho que el problema era falta de pago a Comisión Federal de Electricidad.

La falta de transparencia en la información y las contradicciones en el discurso político de las autoridades municipales, dejó en claro que la privación del servicio de agua en la ciudad atendió a finalidades políticas. No obstante, los cálculos fallaron. Un sector de la población reaccionó para manifestarse y exigir no solo la reanudación del servicio sino también la renuncia de quienes tomaron la decisión de cortar el agua y de quienes pudiendo evitarlo fueron omisos.

El acto de privar del agua constituye una violación a los derechos humanos, particularmente el previsto en el articulo cuarto de la Constitución mexicana, y en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado que la privación del agua atenta contra el derecho a una vida digna, y a la salud. Es por ello que, desde esta perspectiva, la manifestación social llevada a cabo ante las autoridades municipales se encontraba plenamente justificada.

Ante lo injusto de la medida y la debilidad política del Ayuntamiento de San Cristóbal, la respuesta fue inmediata. Se reanudó el servicio del agua en la ciudad y se sustituyó al director de SAPAM. No obstante, la crisis del agua dejó algunas lecciones que no deben ignorarse: la movilización social es una medida eficaz para hacer reaccionar al mal gobierno; y, si el gobierno es débil no debe provocar la fuerza del pueblo.

Además, quedan aun tareas pendientes. El derecho a la información y la transparencia en el servicio público requiere la participación activa de la sociedad en la administración del agua. En ese sentido, bien valdría la pena aprovechar la convocatoria a la organización que se hiciera a través de la crisis del agua, para conseguir la participación de la sociedad en el órgano administrativo del SAPAM, y de paso evitar que se continúe manipulando con finalidades políticas o electorales el derecho humano al agua.

ISAÍN MANDUJANO/APRO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 10 de marzo (apro).- Al menos dos consultores de la Oficina en  México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos (OACNUDH) iniciaron un recorrido hoy Chiapas para conocer las situación que realizan su labor los defensores de los derechos humanos de los organismos públicos  y no gubernamentales.

                Rosa Gutiérrez y Alan García, enviado de la s OACNUDH, estarán en Chiapas desde este martes 10 y hasta el jueves 12 para entrevistarse con activistas, promotores y defensores de los derechos humanos en la entidad, al igual que se pretende hacer en al menos otras siete entidades más de país.

                Los observadores de la ONU informaron que este trabajo lo realizan también con ONG’s y Comisiones de los Derechos Humanos de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Coahuila y Yucatán, con lo elaborarán un diagnóstico que defina los avances en la materia de defensa de los derechos humanos y las carencias a las que se enfrentan para llevar a cabo su función.

                El informe de lo recabado, que podría ser dado a conocer a finales de abril del presente año, contendrá datos temáticos como la situación de los defensores de derechos humanos en México, desafíos y retos de estos y, los obstáculos para ejercer su función.

                Alan García explicó que para hacer un trabajo completo recurrirá a instituciones como la Secretaría de Pueblos Indios y Instituto de la Mujer, por citar algunas, y buscarán informes provenientes de periodistas y personas involucradas en esta actividad.

                García y Gutiérrez, estuvieron en Tuxtla, donde se entrevistaron con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén. En San Cristóbal de Las Casas se entrevistaron con el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Diego Cadenas, el abogado defensor de indígenas, Miguel Ángel de Los Santos.

                Además de entrevistarse con activistas de organismos que defienden los derechos indígenas, buscan conocer la labor de los activistas que defienden a los migrantes, a las mujeres y a quienes defienden la libertad de prensa y de expresión.

El ombudsman de Chiapas, Moreno Guillén, dijo que en los últimos tres años ha habido un avance significativo en materia de capacitación y divulgación del respeto y defensa de los derechos humanos en lo que respecta al organismo que representa, sin embargo, lamentó que aún haya servidores públicos que por ignorancia de los derechos de una persona, continúe cometiendo atropellos.

                “Hay obstáculos que han frenado muchas veces la función de la Comisión de los Derechos Humanos, pero reconocemos que en la mayoría de las ocasiones, los servidores públicos han contribuido a mejorar el aparato administrativo en beneficio de la sociedad, porque se han dado cuenta que la gente ya no se queda callada, denuncia y es cuando el organismo hace su labor”, precisó.

                Diego Cadenas, titular del Frayba destaó la presencia de estos consultores pues dijo se espera conozcan los obstáculos y escenario en que se desarrollan estos defensores que poco ha cambiado en los últimos años.

Es decir, señaló, existe en la entidad un desconocimiento total por parte de las autoridades en sus tres niveles sobre el verdadero papel que desempeñan los activistas de los organismos no gubernamentales y cuando pretenden asumir su rol de promotores y defensores de los derechos de algunas personas o grupos sociales se les ubica como organismos antigubernamentales cuando no han pretenden eso en realidad.

“Nuestro objetivo es claro y preciso, defender el derecho de una persona en situación vulnerable es el papel que debemos asumir y no otra, pero muchas veces no somos comrpendidos por los servidores públicos”, dijo Cadenas.

En el mismo sentido se expresó De los Santos Cruz, quien señaló que los defensores tiene que lidiar con los servidores públicos de los bajos niveles de la procuración de justicia, quienes ven como un estorbo el papel de los defensores de los derechos humanos para que ellos puedan integrar averiguaciones previas o investigar delitos.

Indicó de los Santos Cruz que hay situaciones de carácter estructural que limitan el trabajo de los defensores: “está reconocido que toda persona detenida necesita defensa jurídica, pero que los funcionarios de la PGJE, generalmente no reconocen ese derecho”.

“Es un asunto que se tiene trabajar en los niveles bajo de procuración de justicia. Hace falta por parte del gobierno estatal una oolítica definida en la materia por observar la defensa de los derechos humanos. Se necesita una política clara y convencida de promoción y defensa de los derechos humanos, de lo contrario solo estaremos quedándonos en el discurso”, concluyó.

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Emite CNDH recomendación a Juan Sabines por ataque contra el Centro Fray Bartolomé de las Casas

Señala que en la investigación del caso, ocurrido en octubre de 2006, no ha habido celeridad, por lo que se ha violentado el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica y acceso a la justicia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 08 de marzo de 2009

Boletín de prensa 10

Solidaridad con mujeres defensoras 

En el marco del día internacional de la mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se solidariza con las mujeres que en Chiapas y el Mundo actúan contra las condiciones políticas y sociales que ahondan las diferencias de clase, etnia y género. 

En Chiapas siguen siendo las mujeres indígenas las más vulneradas en sus derechos humanos y garantías constitucionales, no sólo al no reconocerles sus derechos y obstaculizar el acceso a la justicia, sino también en el contexto del conflicto armado no resuelto cuya estrategia contrainsurgente confronta a poblaciones enteras. 

En distintos momentos, grupos de mujeres han enfrentado con valor la ocupación militar de sus tierras, múltiples operativos policíacos, encarcelamiento injusto, desalojos forzados, desplazamiento interno, negligencia de autoridades, discriminación, descalificación de sus acciones, violencia en distintas modalidades, represión y muerte. Han aportado con sus conocimientos, experiencias y acciones, de manera decidida, a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de sus comunidades y pueblos.

 La sangre de las mujeres se ha sembrado en estas tierras, basta recordar el 22 de Diciembre de 1997, fecha en que 33 mujeres, niñas, madres y abuelas fueron masacradas junto con sus hermanos, padres y compañeros; en ese contexto, también se ha documentado desaparición forzada y la ejecución de 12 mujeres más en la zona norte de Chiapas, algunas son Minerva Pérez, Guadalupe, María, Hermelinda, Gabriela, Celina, Brígida y María Rebeca; nombres que la historia oficial niega pero que viven en la memoria histórica de los pueblos indígenas. 

Como defensores y defensoras de derechos humanos creemos que la paz será posible cuando todas podamos ejercer plenamente nuestros derechos y libertades sin temor a impedimento alguno. Cuando la labor en defensa de la dignidad humana no sea motivo para poner en riesgo la vida como sucedió con la compañera Digna Ochoa, fiel a su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

 Este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia de las mujeres para que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de eliminar de manera efectiva todas las formas de discriminación, violencia y represión contra las mujeres.

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Transición política y derechos humanos

Miguel Angel de los Santos

 El perdón ofrecido por el gobernador del Estado a los familiares de José Iván Correa Arévalo, rebasa la consideración de un acto de buena voluntad en materia de justicia. Constituye un acto de suprema relevancia, en la medida en que el gobierno del Estado se sujeta a un orden jurídico internacional de protección de los derechos humanos (el acuerdo de solución amistosa se dio en el marco de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), representa también la respuesta del gobierno a violaciones a derechos humanos ocurridas bajo gobiernos autoritarios, y finalmente, pero no menos importante, se inscribe dentro de las medidas de transición política que todo nuevo gobierno debe impulsar al sustituir gobierno autoritarios.

 Con el fin de los regímenes autoritarios y el arribo al poder de regímenes democráticos, la revisión del pasado y el hacer justicia constituye no solo una obligación legal, sino también un imperativo moral. Las victimas y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos que han vivido con la frustración de no haber sido escuchados en sus reclamos de justicia, vuelcan sus esperanzas en el nuevo gobierno y demandan que las puertas de la justicia se abran. 

Es más, las sociedades que por largo tiempo han vivido conflictos, temores, e impunidad, están, naturalmente, desconfiadas, y reclaman del nuevo gobierno pruebas reales y verificables de que existe un rompimiento con relación a las prácticas del viejo régimen. 

En otras palabras, la transición democrática es mas que un simple cambio de régimen; requiere el establecimiento de un nuevo estado de derecho, del reconocimiento de los errores pasados incluyendo las violaciones a los derechos humanos, y el compromiso de nuevas practicas democráticas incluyendo un compromiso de respetar los derechos humanos y la independencia funcional de las instancias de justicia. 

Es este el proceso que debe llevarse a cabo en Chiapas. Si bien se advierten acciones que se inscriben en este marco, lo cierto es que falta definición, falta conciencia y claridad del proceso de transición. 

La transición a la democracia representa un proceso de cambio político tendiente a construir un orden democrático allí donde no ha existido previamente; o a restaurar o reconstruir ese orden democrático, luego de una experiencia represiva de varias décadas que impidieron la convivencia y el orden institucional.

  Revelar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos del pasado,  procesar a los responsables, y comprometerse con la justicia, constituye un claro mensaje de que el nuevo régimen es diferente de sus predecesores. De manera que poner fin a la impunidad y hacer justicia constituye también una clara señal de que futuras violaciones a los derechos humanos no serán toleradas, contribuyendo con ello a la legitimación del régimen y al fortalecimiento del estado de derecho. 

No obstante, las acciones de transición que hoy día se perciben en Chiapas deben articularse en un proyecto de transición política, que incorpore en ellas el reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes y violaciones a derechos humanos graves durante los gobiernos anteriores, el procesamiento por esos actos a quienes los ordenaron, la depuración de los funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos, y la revisión de marco legal para adecuarlo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

  Estas son, entre otras, las medidas que contribuirían a la distinción del actual gobierno como uno de transición política y democrática. La anterior administración pretendió llevar a cabo este proceso, sin embargo, muy pronto fracasó en su intento y terminó sumando agravios a los ya heredados por los regímenes anteriores. 

De manera que acciones como las que hoy día presenciamos en que el gobernador personalmente pide perdón y se compromete con la justicia y repara los daños causados por violaciones a derechos humanos, constituyen, efectivamente, acciones relevantes y de avanzada en materia de derechos humanos.

Insisto, estos actos debe llevarlos a cabo el gobernador y no el procurador, como el absurdo que presenciamos hace unos meses cuando el ex fiscal Herrán Salvatti pidió perdón a Julieta Flores y a los familiares de Reyes Penagos, por la tortura sufrida por la primera, y la ejecución extrajudicial del segundo.

Una vez mas ha quedado claro que la transición política y los derechos humanos caminan de la mano. No he conocido ningún proceso de transición política que no encare el legado de violaciones a derechos humanos y que no impulse acciones y políticas en la materia para evitar que las mismas se repitan. De ese tamaño es el reto de la actual administración en el proceso de transición.