San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de Marzo de 2007

Boletín de prensa 04


Cien días del gobierno estatal,

Actos y omisiones violentan Derechos Humanos en Chiapas

· Iniciativas de la administración estatal no sólo han demostrado ser ineficaces sino insuficientes.


Al cumplirse los 100 primeros días de gestión de Juan Sabines Guerrero, como titular del ejecutivo estatal, distintos actos de gobierno se han publicitado para dar cuenta de los compromisos que adquirió el pasado 8 de Diciembre al tomar protesta como gobernador de Chiapas.



Sin embargo, son también distintos actos y omisiones de gobierno los que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha registrado que van en detrimento de los derechos humanos, la libertad y la igualdad de todos en Chiapas.



De estos actos y omisiones de gobierno, el Frayba oportunamente ha hecho del conocimiento público, de las víctimas y del propio Juan Sabines Guerrero aquellos casos y situaciones en que se advierten violaciones a derechos humanos. Ante la debilidad de nuestro Estado de Derecho, las decisiones del gobernador perfilan la tendencia del gobierno en su conjunto para el ejercicio de los derechos fundamentales.



Para este Centro, durante los cien primeros días de gobierno, actos y omisiones que dan cuenta de la falta de sensibilidad para garantizar el respeto a los Derechos Humanos en algunos casos que se han documentado son:





Impunidad en el ataque armado a la comunidad de Viejo Velasco Suárez.

Según informes de la Comisión Civil de Observación[1], el pasado 13 de Noviembre de 2006 la comunidad de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, fue atacada por un grupo de comuneros provenientes, en su mayoría, de la comunidad Nueva Palestina, de ese ataque el saldo fue de 4 personas muertas, 4 más desaparecidas y 2 personas detenidas, mismas que permanecieron bajo arraigo por un periodo de 90 días antes de que los consignaran ante un Juez de Playas de Catazaja.



De estos hechos y, “solamente después de la declaración de Petrona[2], se dio inicio a la búsqueda formal de los desaparecidos, incluso habiéndose anexado las actas administrativas en las que se denuncia la desaparición de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Antonio Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, por parte de sus familiares, en la averiguación previa 786/2006.”[3]



A más de cuatro meses del ataque perpetrado en contra de la población de Viejo Velasco Suárez, las investigaciones iniciadas en el juzgado de Palenque no han fincado responsabilidad alguna en contra de quienes ejecutaron la agresión armada, no hay rastro alguno de los 4 desaparecidos y por el contrario fueron consignadas 2 personas, una de ellas sin elementos de cargo.



De estos actos, Sabines Guerrero fue enterado para que agilizara resolver el esclarecimiento de los hechos sin embargo en febrero pasado la consignación de Diego Arcos Meneses, indígena Cho’l, puso de manifiesto la acción gubernamental al criminalizar a quienes se solidarizan con poblaciones atacadas “por lo que respecta a la detención de Diego Arcos Meneses, es importante señalar que de acuerdo con el dictamen pericial de fecha 15 de noviembre de 2006 suscrito por el Químico Miguel Ángel Zúñiga Escobedo, mediante oficio número 369 42, mismo que presenta resultado negativo, concluyendo que Diego no realizó en ningún momento disparos con armas de fuego, lo que refuerza su declaración ministerial en el sentido de no haber participado en el ataque al poblado de Velasco Suárez (…) En caso contrario, cabe señalar que el perito aplicó la misma prueba a Felipe Díaz López, resultando esta positiva, siendo que se encontró rastros de pólvora en sus manos, deduciendo que este utilizó armas de fuego, confirmando el contenido de la declaración ministerial en la que confiesa haber participado en el ataque a la misma comunidad”.[4]



El encarcelamiento ilegal de Diego Arcos Meneses, puesto a disposición del Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Playas de Catazajá el 15 de febrero, la agresión en contra de Petrona Núñez González y la expedición de distintas órdenes de aprehensión en contra de los propios pobladores de la Comunidad de Viejo Velasco y Nuevo Tila son una muestra del ejercicio de gobierno que nuevamente inaugura un capitulo de impunidad y falta de garantías en contra de las poblaciones indígenas.



Además de la impunidad del Caso, las autoridades estatales se han excedido al criminalizar a las victimas, “Diego Arcos no es el único acusado falsamente por los homicidios ocurridos en Viejo Velasco, sino que el Juez Penal de Playas de Catazajá dictó órdenes de aprehensión en contra de Roberto Nuñez González y Petrona Núñez González, entre otros. Como recordamos, Petrona el día de los hechos resultó lesionada y secuestrada por dos días, además de que perdió en el ataque a su hermana María Núñez González y tiene como desaparecido a su padre Pedro Núñez Pérez; es decir, pretenden involucrarla absurdamente en la muerte y desaparición de sus propios familiares (…) Además de ellos, se han dictado órdenes de aprehensión en contra de personas del Poblado Nuevo Tila, que es la comunidad a la que pertenece Diego Arcos: Antonio Álvarez, Juan Peñate, Domingo Álvaro y Alejandro Álvaro”[5]



Amnistía inexistente y Ley de Sentencia Suspendida con beneficios limitados.

Tras iniciar una serie de acercamientos con distintos sectores y organizaciones con el argumento de iniciar el proceso para liberar a los presos injustamente encarcelados, Sabines Guerrero anunció el pasado 25 de Enero “Amnistía propone Sabines (…) la instalación de una Comisión Especial que atienda las solicitudes de las diversas agrupaciones civiles y campesinas que por años han sido abandonadas, para revisar la situación legal en la que se encuentran diversas personas que se hayan privado de su libertad en cumplimiento a una sentencia penal; todo ello, en un acto de humanidad, legalidad, transparencia y de justicia”[6]



En tal anunció, como en otro posterior[7], el gobierno del estado indebidamente titula sus comunicados usando el término de “Amnistía”, cuando realmente se trata de la “Ley de Libertad con Sentencia Suspendida[8]”, y que además de sus limitados alcances jurídicos está muy lejos de ser una “Amnistía”, pues esto implicaría el reconocimiento de que quienes se encuentren presos o presas lo están por que debieron de enfrentar un régimen antidemocrático, de tal manera que la “Amnistía” es el paso hacía un nuevo pacto social y no la aplicación de una receta de gobiernos que empiezan su administración y que les ha servido para la negociación y en la mayoría de los casos para desmovilización de las organizaciones sociales, utilizando a sus presos y presas como verdaderos rehenes del poder del estado.



Lo anterior lo decimos por que la Ley de Sentencia Suspendida ofrecida por Juan Sabines Guerrero no es una novedad, dicha Ley fue creada y aplicada con anterioridad por el entonces Gobernador Javier López Moreno, precisamente al comienzo de su administración.



Así mismo, recordamos que además de la “Ley de Sentencia Suspendida”, en la historia reciente del estado de Chiapas, en sus respectivos momentos los ex gobernadores Patrocinio González Garrido y Pablo Salazar Mendiguchía aplicaron para los mismos fines la “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad por Suspensión de Proceso”, que era más amplía que la que ahora ofrece el actual gobernador, toda vez que únicamente podrían ser beneficiados los sentenciados mientras que con la ofrecida por Patrocinio y Pablo Salazar pudieron ser beneficiados también las personas que aún se encontraban en proceso penal.



La aplicación de este tipo de leyes demuestran que cada administración prevé que el gobierno que le antecedió tuvo la necesidad de encarcelar a sus disidentes y podemos presumir que el gobierno actual tenga la misma perspectiva, con este tipo de leyes se evidencia que la persecución y represión política es facilitada por el sistema, y que se ofrece su uso a los gobernantes en turno. Consideramos que es urgente que el actual gobernador impulse reformas estructurales que garanticen que las personas disidentes o no, no puedan ser privadas injustamente de su libertad.



También es preocupante que el Director de Centro de Readaptación Social “El Amate”, haya estado promoviendo dicha ley entre todos los internos, incluso con quienes participaron en la Masacre de Acteal y miembros del grupo paramilitar “Paz y Justicia”, a tal extremo que les pidió que su solicitud y agradecimiento de antemano, lo hicieran público.



Hasta el día de hoy no se ha beneficiado a persona alguna con la aplicación de la “Ley de Sentencia Suspendida”, no obstante las organizaciones que han reclamado la liberación de sus presos están desmovilizados. Los presos que han sido liberados en estos cien primeros días del gobierno estatal, recibieron el beneficio de ley de la libertad anticipada por cumplimiento parcial de sentencia.



Está pendiente de ser resuelta la situación jurídica de los presos políticos de organizaciones sociales y la revisión de aquellos expedientes en donde se han denunciado irregularidades en el seguimiento del proceso penal.





Fiscalía Especializada para el caso Acteal, las intenciones y sus alcances.

Aunque no es la primera vez que se crea una Fiscalía especializada para esclarecer los crímenes perpetrados el pasado 22 de Diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalho, el anuncio de la creación de esta nueva Fiscalía es una figura de la cual este Centro espera se asuman facultades valorando los testimonios de las víctimas y con ello iniciar el proceso para enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.



En ese sentido, Sabines Guerrero, “anunció la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal, luego de instruir al fiscal General del Estado, Mariano Herrán Salvatti, a actuar en apego a la legalidad para investigar la verdad de los homicidios ocurridos el pasado 22 de diciembre de 1997, los cuales –dijo- “lastimaron la conciencia de Chiapas y de México, y no quedaran impunes”[9].



Posterior a ello y pese a su publicación en el Periódico Oficial del Estado No. 007 del miércoles 10 de enero de 2007, la Fiscalía especializada para el Caso Acteal no ha presentado informes de las acciones que ha emprendido para cumplir con el anuncio oficial.



Este Centro insta a las autoridades encargadas de impartir justicia a no ser cómplices de la impunidad en que se ha mantenido el crimen de lesa humanidad por la Masacre de Acteal, en donde perdieron la vida 49 indígenas tsotsiles.



Entre las órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas recordamos que hay 2 contra funcionarios de la época: Jorge Gamboa Solís (Ex Coordinador de la Policía Estatal) y José Luís Rodríguez Orozco (Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal), además en palabras de las victimas la Fiscalía Especializada debe asumir que “los planes fueron diseñados por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; el Gral. Enrique Cervantes Aguirre, ex Secretario de Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; y el Gral. Mario Renan Castillo, Comandante de la VII región militar. Ellos, que debieron respetar y hacer valer los Derechos Humanos, fueron los autores de este ataque genocida. A ellos nunca dejaremos de señalar, hasta que la justicia se aplique cabalmente contra ellos (…) Los señores Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquin (Secretario y Subsecretario del Estado respectivamente en aquel entonces), comisionaron a la policía para respaldar este crimen”.[10]



Del deslinde de responsabilidades que haga la Fiscalía Especializada para el Caso Acteal las víctimas y la sociedad en su conjunto tendrán un indicador más de la obligación que la instancia asuma para esclarecer los hechos del 22 de Diciembre de 2007.

Reserva Ecológica Huitepec-Ocotal, confrontación gubernamental al Derecho al territorio.

El derecho al territorio es uno de los temas en los que el gobierno estatal ha comenzado a perfilar la postura que seguirá con respecto a la libre determinación de los pueblos indígenas, en ese sentido los actos del gobierno estatal han comenzado a confrontar los actos del gobierno autónomo que basa sus decisiones en el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos.



De esa manera este Centro recuerda que tras distintos actos de hostigamiento para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de bases de apoyo del EZLN de la comunidad Huitepec Ocotal, Segunda Sección, municipio de San Cristóbal, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos determinó el pasado 27 de Septiembre del 2006 que “Por razones de que no fueron escuchados sus gestiones por las autoridades, al contrario son perseguidos y encarcelados, entonces las bases de apoyo zapatistas de la comunidad “Huitepec Ocotal segunda sección” propone declarar 102 hectáreas como “Reserva ecológica Comunitaria zapatista”, que será cuidado, protegido y reforestado a cargo de la propia comunidad con el respaldo de la Junta de Buen Gobierno”[11]



No obstante un día después tras considerar detener la aprobación de la reserva en la zona de Huitepec Ocotal, el 28 de Septiembre del mismo año, la Comisión de Ecología del Congreso local emitió públicamente su resolutivo con respecto a la creación de 5 nuevas áreas naturales protegidas en Chiapas “Aprueba Comisión de Ecología la declaratoria de cinco nuevas áreas naturales protegidas (…) los decretos en cuestión, se refieren a las áreas naturales protegidas, con carácter de zonas sujetas a conservación ecológica conocidas como "Cerro Meyapac", " La Pera", "Sistema Lagunar Catazajá", "Tzama Cun Pumy" y "Humedales La Libertad".[12]



Para respaldar el decreto que la Junta de Buen Gobierno de Los Altos había hecho en Septiembre de 2006, el EZLN convocó a la instalación de campamentos civiles, “En Chiapas, en el Cerro de Huitepec, en las afueras de San Cristóbal de Las Casas, en la reserva ecológica bajo protección zapatista de la Junta de Buen Gobierno de Los Altos de Chiapas, el campamento tiene como objetivo la protección de una importante zona de bosque en peligro de ser saqueada por las empresas refresqueras y papeleras trasnacionales. Este campamento iniciará el 13 de marzo del 2007 y se mantendrá indefinidamente”.[13]



No obstante, un día antes de la instalación del campamento civil el gobierno estatal anunció “El Congreso del Estado, a petición del Gobierno de Chiapas, decretó seis nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en los municipios de Playas de Catazajá, Berriozábal, La Libertad, Tapalapa, San Cristóbal de las Casas y Ocozocoautla de Espinoza”[14]. En la cual mencionó las aprobadas en Septiembre por la Comisión de Ecología del Congreso Local incluyendo las 103 hectáreas de la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista.



Por lo tanto este Centro ratifica que con tal acto el gobierno estatal incumplió el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas así como a la Recomendación hecha por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, que en su informe publicado el 23 de diciembre de 2003 (E/CN.4/2004/80/Add.2), señala: “77. La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias”





Tras la detención de líderes de la OPDDIC, se deben investigar las amenazas y hechos violentos que se han atribuido.

La reactivación de grupos paramilitares en distintos municipios de la Zona Norte y Selva de Chiapas es un indicador de que la impunidad y protección para que actúen grupos como la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) sigue garantizada como en gobiernos anteriores.



El anuncio de las acciones que la OPDDIC ha ido desarrollando tiene como referente cercano el comunicado que fecharon en Noviembre de 2006, en el que textualmente señalaron “2.- Exigimos la desocupación inmediata de los terrenos que han sido ocupado por las bases de apoyo del EZLN, ubicados en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Chilon, Tumbala y Sitalà, ya que de no hacerlo los ejidatarios tomarán las medidas necesarias para recuperar sus tierras que legalmente les corresponde[15]”.



Otro comunicado firmado en Diciembre de 2006 por la “OPDDIC y la Fundación Lacandona AC” refieren, “Los acontecimientos del pasado 13 de Noviembre del presente[16] es una muestra de que la Comunidad Lacandona se empieza a tomar decisiones ante sus agresores que durante mucho tiempo lo vienen soportando, no es ni será la última vez que toma una reacción para defenderse, ahora es el grupo que se empieza a hacer valer sus propios derechos, a demostrar que son los dueños y que cuentan con documentos oficiales que le acredita ser los propietarios…”[17]



A estas declaraciones una serie de hechos consecutivos han confirmado la advertencia de que en su momento la OPDDIC y la Comunidad Lacandona seguirán actuando, no obstante la Fiscalía General del Estado (FGE) ha actuado solo cuando ha recibido la notificación de la supuesta retención de periodistas nacionales el pasado 08 de Marzo “El dirigente de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), Pedro Chulín Jiménez, y al menos 25 de sus militantes fueron detenidos por la Fiscalía General del estado para esclarecer la presunta agresión y retención de que fueron objeto tres periodistas, entre ellos Hermann Bellinghausen. Sin embargo, el reportero de La Jornada negó haber sido agredido o privado de su libertad”[18]



Ante estos hechos el Frayba hace un llamado a las autoridades judiciales para que, con base a la serie de actos denunciados públicamente, finque responsabilidades por las amenazas y actos violatorios a los Derechos Humanos que la OPDDIC, cuyo líder y fundador Pedro Chulin Jiménez se encuentra arraigado en Tuxtla Gutiérrez, ha perpetrado en contra de poblaciones indígenas.



Ley Mordaza, reforma parcial que coarta libertad de expresión de la ciudadanía.

En materia de reformas legislativas el ejecutivo estatal anunció modificaciones al código penal local, en ese sentido el pasado 13 de Diciembre de 2006 Sabines Guerrero envió al congreso local una iniciativa para despenalizar el delito de difamación pero sólo para aquellas personas que ejerzan el periodismo en el estado, “el mandatario estatal envió la iniciativa de Ley sobre el Nuevo Código Penal para el Estado de Chiapas, que tiene el objetivo de poner a la vanguardia, en materia penal, y mejorar la procuración e impartición de justicia, para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores”[19]



De tal manera que en este momento y a pesar de dichas reformas, la difamación es aún un tipo penal contemplado en el Código Penal del estado de Chiapas, en contra sentido a la tendencia nacional, pues el pasado 06 de Marzo, el senado de la república realizó reformas en las que eliminó del Código Penal Federal los delitos de difamación y calumnia, dejando únicamente el recurso de la demanda por la vía civil para que quienes se consideren ofendidos por difamación o calumnia tengan oportunidad de que se les repare los daños de manera pecuniaria y mediante aclaración pública, con lo que además se armoniza al sentido recomendado por el instrumental internacional de derechos humanos relativos a la libertad de expresión, en el que se cuestiona la censura previa.



El Frayba recuerda al gobierno estatal que el derecho a la libertad de expresión y opinión se contempla en distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos de carácter obligatorio ya que han sido ratificados por México, y que deben ser de carácter universal, es decir de alcance y protección para todas las personas sin ninguna distinción como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.[20]





En conclusión, a cien días del gobierno de Sabines Guerrero, el Frayba considera que las iniciativas de la administración estatal no sólo han demostrado ser ineficaces sino desde un inicio insuficientes.

El gobernador Juan Sabines debe demostrar con hechos y no palabras su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, fundamentalmente de las poblaciones indígenas de Chiapas.

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[1] Comisión formada por organizaciones civiles y sociales que trabajan en la zona, este Centro de Derechos Humanos entre otras.

[2] Petrona Núñez González, habitante de Viejo Velasco Suárez, agredida y secuestrada por habitantes de la comunidad Nueva Palestina, dos días después fue liberada por lo que se logró documentar su testimonio.

[3] Tercer Informe de la Comisión Civil de Observación en: http://www.frayba.org.mx/Boletines/2006/061118_tercer_informe_viejovelasco.htm

[4] Tercer Informe de la Comisión Civil de Observación en: http://www.frayba.org.mx/Boletines/2006/061118_tercer_informe_viejovelasco.htm

[5] Acción urgente del Frayba AU-03/07 del 21 de Marzo de 2007 en: http://www.frayba.org.mx/Boletines/2007/070321-AU-4-diego-petrona.htm

[6] Boletín 0380 del gobierno estatal en: http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070125102200

[7] Boletín 0443 del gobierno estatal en: http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070130094735

[8] Periódico Oficial del Estado No. 296 de fecha 4 de Febrero de 1994.

[9] Boletín 0109 del gobierno estatal en: http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20061222051048

[10] Comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas fechado el 22 de Diciembre de 2006 en la comunidad de Acteal, Chenalho,.

[11] Comunicado de la Junta de Buen Gobierno de los Altos en: www.ezln.org.mx

[12] Boletín de prensa del Congreso del Estado en: http://www.congresochiapas.gob.mx/goto/sitio/noticias/--/action=despliega/id=539/cp=general/index.htm

[13] Convocatoria a la instalación de campamentos civiles en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/642/

[14] Boletín 1076 del gobierno estatal en: http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070312093134

[15] Comunicado de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC A. C) (Sic) fechado en Noviembre de 2006.

[16] Refieren el 13 de Noviembre del año 2006, día en que fue atacada la Comunidad de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo.

[17] Comunicado titulado “El Rostro de la Comunidad Lacandona” fechado en Diciembre de 2006 y firmado por Fundación Lacandona A. C. y Opdic (Sic)

[18] Nota de la Jornada en la Sección de Política en: http://www.jornada.unam.mx/2007/03/08/index.php?section=politica&article=017n1pol

[19] Boletín 0037 del gobierno estatal en: http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20061213042727

[20] Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.