San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mayo 31, 2010 Lic. Carmen Lira Directora del Periódico La Jornada Sra. Directora El pasado 26 de mayo, en su mensaje a la comunidad de accionistas de Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV, empresa editora de La Jornada, usted atinadamente expresó: “En el entorno actual, la tarea informativa constituye, en la inmensa mayoría de sus expresiones mediáticas, un negocio. Hacer periodismo es un medio para hacer dinero. En nuestro caso es al revés: el buen desempeño empresarial es el medio y hacer periodismo es el objetivo” (ver nota del Jueves 27 de mayo de 2010, p. 13http://www.jornada.unam.mx/ Lamentablemente y con indignación, una vez más -como asiduos lectores y constantes recurrentes a nuestro diario La Jornada como una de las pocas fuentes confiable por su objetividad, ética y valentía periodística en nuestro país- hemos visto que hoy día, el dicho no corresponde ya más al hecho. De otra forma, cómo explicarnos la publicación en la Jornada de las “notas” tituladas “Refuerza Chiapas el combate a la pobreza en sus 28 municipios con mayores rezagos” (Martes 25 de mayo de 2010, p. 14, autoría: “La Redacción”) y “Habitarán 468 familias la Ciudad Rural de Santiago El Pinar, en Chiapas” (Jueves 27 de mayo de 2010, p. 43, autoría: “La Redacción”) mismas que no son sino una síntesis refriteada de los Boletines de Prensa números 1370 (“En este 2010, más de dos mil 800 mdp para atender a los municipios de menor IDH”) y 1380 (“Consenso social en la construcción de la “Ciudad Rural Santiago El Pinar”) emitidos ambos por el Instituto de Comunicación Social del Gobierno del estado de Chiapas. (Llegándose al tragicómico extremo de ilustrar la primera de las “notas”, con una foto extraída directamente del boletín 1380). Desde el pasado 24 de noviembre de 2009, en una carta al Correo Ilustrado –por cierto nunca publicada- habíamos ya señalado que desde hacía meses, La Jornada había venido publicando claros boletines de prensa del gobierno chiapaneco, sin ponerlos como inserciones pagadas en cursivas (tal y como dictaba la ética y política editorial de La Jornada). Luego de este señalamiento curiosamente no había vuelto a publicarse algo así de aberrante…hasta ahora. ¡Qué capacidad y habilidad tiene Juan Sabines Guerrero para, con dinero del Pueblo, “enchayotar”, cooptar y silenciar (ó al menos “matizar”) no sólo a la inmensa mayoría de medios impresos y periodistas de Chiapas, sino ahora al parecer también a nuestro querido diario La Jornada! ATENTAMENTE Miguel Angel García A. Coordinador General de Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Para ver y cotejar el texto y fotos de “notas” y boletines, puede el lector ir a: http://www.jornada.unam.mx/ http://www.jornada.unam.mx/ http://www.comunicacion. http://www.comunicacion.
En puerta Congreso Internacional de partería y parto humanizado *Asistirán como ponentes parteras profesionales de diversos países Ante ello, por segunda ocasión en Chiapas se realizará el Congreso internacional de partería y parto humanizado al cual asistirá una veintena de parteras tradicionales, enfermeras, doulas, médicos, educadoras e investigadoras de distintas partes del mundo para impartir conferencias y talleres relacionados con el parto desde la sabiduría tradicional y el conocimiento científico. La coordinadora del Congreso y directora fundadora de Casa de partos Luna Maya, organización convocante, Cristina Alonso Lord, afirmó que recientemente el Centro de Control de Enfermedades de EEUU publicó que la tasa de parto en casa aumentó un 5% en los últimos 3 años; en el Reino Unido también aumentó del 1 al 3 % y en México cada vez se conocen más casos de mujeres que optan por parir en casa. Este fenómeno está llevando a que parteras, doulas, educadoras perinatales, promotores de salud y médicos, tengan la responsabilidad de conocer y difundir por qué parir es mejor. “Sabemos que es más seguro nacer en casa, que el parto inicie espontáneamente, sin intervenciones, sin anestesia, sin instrucciones a la madre. Sabemos que después de miles de años, la naturaleza sigue siendo más sabia y más confiable que cualquier invento humano”. Por tanto, este segundo Congreso tiene como objetivos “Compartir nuestro saber ancestral e intercalarlo con nuestro saber científico, reconocer nuestro saber intuitivo y ubicarlo en nuestro saber práctico; activar redes de educación y formación de nuevas parteras para compartir nuestro saber así como conocer el parto normal a partir de la investigación y publicación sobre el parto en casa y la partería”. Durante el evento, que inicia el 11 de junio y culmina el 13 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; asistirán especialistas en el tema como las parteras Whapio Diane Bartlett, Elizabeth Cholow Kirsch, Makeda Kamara, Cristina Galante , Araceli Gil Archundia, Carmen Duran, asi como la doctora en Naturopatía Jacqueline Macgrath, la gineco obstreta Ayde Pacheco, entre muchas otras más especialistas en el tema del parto natural y humanizado, además de especialistas del Instituto de Salud Publica, Lisa Demaria y el Director del Centro Nacional de equidad de género y salud reproductiva de la SSA Dr. Luis Alberto VIllanueva. Entre los temas a tratar se encuentran: “Manejo de la mujer con diabetes estacional fuera del hospital”, “Experiencia de trabajo de partería con mujeres en situación de violencia”, “Atendiendo partos de nalgas en casa”, “partería quántica y el principio de no molestar””Tratamientos alternativos para infecciones vaginales y papiloma humano” “Siempre vivas parteras, el documental como herramienta política”, “Incluyendo el parto humanizado en el movimiento de justicia social en los EEUU”, entre muchos otros más. Para mayor información o registro al congreso, puede ingresar a la página del congreso: lunamaya.org/congreso o llamar a las oficinas de Luna Maya al 967 678 3321.*Se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas del 11 al 13 de junioEl número de partos atendidos en casa han aumentado frente al desproporcionado e histórico aumento de cesáreas practicadas en los hospitales en todo el mundo, pero aún hace falta difundir los numerosos y diversos beneficios de parir en casa sin intervenciones quirúrgicas, sin anestesia ni oxitocina.
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres - Chiapas, primera Constitución el mundo en incluir los Objetivos del Milenio 5 Objetivo del Milenio Mejorar la Salud Materna En julio de 2009 el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó al coordinador de la ONU el periódico Oficial de Chiapas en donde se publica la iniciativa de reforma que convierte a Chiapas en el primer estado en el mundo que incluye en su Constitución la obligación del gobierno del estado y de los Ayuntamiento de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el Objetivo 5 se determinó como meta a 2015 reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en relación al año 1990. De la carga de enfermedad que pesa sobre la mujer, la mayor proporción atañe a su papel en la reproducción. Si se contara con acceso universal a los servicios de salud reproductiva—inclusive losde planificación de la familia, atención del embarazo, el parto y el puerperio y atención obstétrica de emergencia—se reducirían los embarazos no deseados, los abortos realizados en malas condiciones y las defunciones maternas, es decir, se salvarían las vidas de muchas mujeres y de sus hijos. Recientemente la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, realizó una fiscalización de insumos de planificación familiar en 9 clínicas del Sector Salud en los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, se encuestaron a 84 mujeres entre 16 y los 45 años de edad, el 71 % reporta haber tenido vida sexual actual. Chiapas de acuerdo a datos del CONAPO, ocupa el tercer lugar en las prevalencia más bajas de uso de métodos anticonceptivos a nivel nacional (56.6 %), sin el porcentaje de mujeres que utilizan métodos al momento de la encuesta, es casi 10% menor (47.6 %) de las estadísticas oficiales. Es necesario resaltar que el uso de anticonceptivos es sumamente bajo en el municipio de San Cristóbal de las Casas en donde sólo el 20.7 % de las mujeres reportó haber utilizado un método anticonceptivo en el último año. También existen graves problemas con el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos, ya que sólo al 41.2 % de las usuarias simuladas les proporcionaron información sobre métodos anticonceptivos y sólo al 10.5 % le dieron la opción de sacar cita para colocarse el implante o DIU, además consideramos alarmante que el 100% de las usuarias simuladas no les proporcionaron el método que solicitó y que a ninguna usuaria simulada le proporcionaron condones al acudir a la unidad de salud. Se identificó una baja proporción de personal de salud capacitado en Planificación Familiar (sólo el 50 % ha recibido capacitación específica sobre métodos anticonceptivos), y un posible desabasto de métodos anticonceptivos (el 80% de los prestadores indican desabasto). Por lo que la organizaciones aquí reunidas: Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser), Colectivo Feminista Mercedes Olivera (cofemo), Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, El punto, Nuevos Códices Compatia a.c. y Marie Stopes, recomendamos a las Instituciones públicas involucradas en la atención de la salud reproductiva y abastecimiento de Planificación Familiar del Estado de Chiapas, con la intención de coadyuvar en el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo de Milenio incluidas en la Constitución del Estado, lo siguiente: 4 Impulsar una difusión masiva de métodos anticonceptivos. 4 Impulsar campañas de información específicas para población indígena, adaptadas a su contexto y lengua 4 Asegurar que cada unidad de salud cuente con personal de salud preparado en planificación familiar. 4 Capacitar a todos/as los/as prestadores/as de servicio de salud (incluyendo enfermeras y promotores/as) en la colocación del implante y vasectomía. 4 Investigar posible coerción para la realización de la salpingoclasia o las motivaciones para utilizar métodos a largo plazo. 4 Asegurar que en cada unidad de salud se cuente con una amplia gama de métodos anticonceptivos (tanto a corto como a largo plazo) para responder a las necesidades de las usuarias/os. 4 En cuanto a infraestructura, asegurar que exista personal en la s unidades de salud que puedan atender las necesidades de planificación familiar así como un área específica para este fin. 4 Contar con cantidades de métodos anticonceptivos y un porcentaje extra (10 % al 20 %) acordes a la población en edad reproductiva y por los posibles nuevos usuarios/as, incrementar el abasto de inyectables, implantes, DIU y pastillas. 4 Asegurar una adecuada distribución de los insumos de métodos anticonceptivos. 4 Garantizar que todos/as las usuarias o solicitantes de Planificación Familiar sean atendidos/as independientemente del tipo de método solicitado, proporcionarles información sin importar que no corresponda a esa unidad de salud y sin imponer barreras administrativas como abrir un expediente. 4 Incluir a la población masculina en las estrategias de difusión y sensibilización de planificación familiar. 4 Fortalecer la capacitación y sensibilización de las enfermeras, ya que ellas son las principales receptoras de solicitantes de planificación familiar. En cumplimiento a los Objetivos del Milenio ¡ACCESO UNIVERSAL PARA TODOS Y TODAS A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR! ¡LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS SON DERECHOS DE CIUDADANÍA!Más info: http://odmschiapas.blogspot.com/28 de Mayo
Presentan del Balance Anual en las instalaciones del Frayba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME 2009
Capítulo 1
EJERCICIO DEL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN
Los pueblos indígenas y campesinos demuestran que la autonomía es un camino que se construye, se reinterpreta y se resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias. La autonomía se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos en contraposición a la lógica del sistema capitalista y su ideología de desarrollo basada en la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales. Proyectos impulsados por este sistema, como el Proyecto Mesoamérica con sus programas de infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza.
Con los proyectos de infraestructura, el gobierno tiene la intención de despojar de la tierra a los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, bajo el discurso del “desarrollo”. Sin embargo, su concepto de desarrollo supone la venta para el turismo de la gran diversidad biológica y cultural del Estado de Chiapas, de la cual se beneficiarán inversionistas internacionales y nacionales. Su estrategia consiste en convertir la tierra en mercancía, reduciendo a los pueblos y comunidades a mera servidumbre del turismo “alternativo”, “desarrollista” y otros conceptos que implican un nuevo modelo de colonización.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y otras de sus dependencias, ha obviado el problema relacionado con la tierra y ha fomentado conflictos en diferentes regiones del Estado, por ejemplo, otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de privatización valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
En Chiapas, los gobiernos federal, estatal y municipal utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales de la región. La represión contra los pueblos que históricamente han poseído la tierra donde se han desarrollado culturalmente ha aumentado, y los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas se están violando de manera sistemática.
En los 21 años de trabajo de este Centro de Derechos Humanos hemos documentado que la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades. Sin embargo, a pesar de esta estrategia los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio.
Durante el período que reporta este Balance, la participación de diferentes pueblos y organizaciones en espacios estatales, regionales y nacionales ha generado mayor articulación, solidaridad e intercambio de experiencias para fortalecer los procesos de defensa de los derechos a la tierra y territorio. Además, organizaciones y personas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su apoyo a las comunidades y organizaciones cuyos derechos han sido violados realizando acciones de difusión y denuncia en sus lugares de origen, como charlas, divulgación de información, debates, proyecciones de películas y documentales, manifestaciones, acciones de cabildeo, etc.
En relación al medioambiente, a nivel nacional la lucha contra el calentamiento global y la protección ambiental ha generado nuevas políticas en los Estados que están propiciando “alternativas” anunciadas como “ecológicas y sociales”, como los agrocombustibles y el maíz transgénico. En este sentido, los gobiernos federal y estatal apoyan proyectos de monocultivo para agrocombustibles sosteniendo que son una oportunidad para el desarrollo económico y social de las comunidades de los estados más pobres como Chiapas.
En el actual contexto de globalización, el cultivo del maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo consiste en que los pueblos pasen a depender de las empresas transnacionales para su alimentación y sobrevivencia y se inserten en la lógica capitalista consumista. Estas alternativas son un peligro para el medioambiente así como para los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la consulta, a la tierra y al territorio.
Este Centro ha confirmado en el 2009 cómo el gobierno mexicano ha continuado con el patrón violatorio a los derechos humanos del desplazamiento interno. En la Biosfera Montes Azules, desde los años 90 los gobiernos federal y estatal han implementado desalojos a comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en la región. Durante el periodo que se reporta se documentaron y denunciaron dos nuevos desalojos. Estos hechos forman parte de la estrategia oficial de despojo, exclusión y discriminación bajo el argumento de “conservación del medio ambiente”, pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos del turismo y la investigación. El Estado mexicano sigue promoviendo el despojo y la incertidumbre jurídica, lo cual afecta seriamente la posibilidad de que los pueblos indígenas forjen un proyecto de vida digna.
La autonomía es el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias formas de organización, gobierno y proyecto de vida. Sin embargo, en México los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y ejercicio de su autonomía debido a la negación del Estado mexicano a reconocerlos como sujetos de derecho.
Ante las demandas de autonomía de la población indígena, el Estado mexicano se ha limitado a ofrecer subvenciones paternalistas mediante programas de gobierno que crean dependencia y que utiliza en un sentido mediático para el control político y contrainsurgente.
La libre determinación implica que los pueblos asuman el control de su territorio, de la procuración y administración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos naturales de sus territorios.
Los sucesos ocurridos durante este año demuestran que el gobierno pretende llevar a cabo sus planes de privatización y globalización pasando por encima de la vida y el respeto a los pueblos indígenas, valiéndose de sus grupos e instituciones afines para lograr tal objetivo. Como consecuencia, los intereses económicos externos contribuyen a reprimir el derecho a la autonomía, un derecho integral cuyo ejercicio afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria.
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Capítulo 2
CRIMINALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El gobierno mexicano está implementando una estrategia coercitiva y de control hacia cualquier forma de inconformidad social en lo económico, social y político, que pone en evidencia su estrategia de imposición con la implicación de los poderes de la unión en complicidad con los poderes fácticos del Estado. Por un lado modifica las leyes para suavizar y facilitar el acceso de las empresas transnacionales a los recursos, y por otro endurece las leyes penales con el fin de reprimir cualquier obstáculo a estos intereses.
Un ejemplo son las reformas legislativas al artículo 27 constitucional y a las leyes secundarias que derivan de éste, modificadas con la finalidad de sintonizar con un marco jurídico adecuado para facilitar el despojo territorial de los pueblos, lo cual implica un retroceso de las conquistas sociales conseguidas gracias a la Revolución Mexicana.
La violencia generada con motivo de la lucha contra el narcotráfico permitió abrir el abanico legislativo óptimo para la construcción de un gobierno represor. Esto se observa claramente en las reformas a los artículos 14, 16 y 21 constitucionales que enduren las leyes penales, y su replicación en las legislaciones y reglamentos de las entidades federativas. Los poderes ejecutivo y judicial, a través de sus órganos de procuración y administración de justicia, aprovechan estas reformas legislativas como argumentación legal para perseguir, arraigar y encarcelar a integrantes de movimientos sociales, sobre todo a quienes trabajan por la defensa y reivindicación de los derechos al territorio.
El gobierno mexicano violenta los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos criminalizando su labor, señalándolos como presuntos delincuentes subversivos, hostigándolos mediante vigilancia, o integrándolos en informes que filtran a los medios de comunicación con la finalidad de desacreditar la defensa de los derechos humanos.
Esta afirmación la confirma el informe del 2009 sobre la situación de las y los defensores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, donde en su capítulo V considera que los riesgos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos se deben a los siguientes factores:
“Incremento de la violencia e inseguridad que representa la actuación del crimen organizado; la falta de claridad en la legislación sobre seguridad por parte del Estado mexicano, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Campañas de desprestigio donde los prejuicios que aún existen en torno al trabajo de los y las defensores de derechos humanos los clasifica como delincuentes o protectores de estos; el uso de las autoridades locales de los medios de comunicación para descalificar el trabajo de los defensores y poner en duda su trabajo.
El mensaje de impunidad en donde, de los 128 casos de presuntas agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, únicamente en dos ocasiones se ha procesado judicialmente a los probables responsables, resultando en un nivel de impunidad del 98.5%.”
A pesar de los hechos de hostigamiento y tortura señalados, las defensoras y defensores de derechos humanos continúan con su labor de acompañar y defender el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chiapas.
Por otra parte, las personas que son privadas arbitrariamente de la libertad por agentes adscritos a los órganos de procuración y administración de justicia se vuelven vulnerables a actos de coerción y tortura por parte de la policía, de funcionarios del Ministerio Público y de funcionarios judiciales.
En Chiapas este problema se ve agravado por la dificultad de obtener pruebas médicas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la falta de investigación y protección por parte del poder judicial una vez los detenidos denuncian los abusos. Los médicos forenses que evalúan la condición física de los detenidos son empleados del Ministerio Público, órgano al cual pertenecen los agentes frecuentemente responsables de cometer los abusos. Como resultado, los informes realizados por tales médicos no son confiables. Además, cuando un acusado desea impugnar las pruebas forenses del Ministerio Público, el juez concede menor peso probatorio a los estudios o exámenes de médicos o especialistas privados que a los realizados por los servicios forenses oficiales, por lo que es prácticamente imposible para un acusado aportar pruebas de tortura evidentes y claras para que el tribunal investigue.
La política de combate al narcotráfico implementada por el titular del ejecutivo federal en contra del crimen organizado no ha quedado sólo en el plano militar, sino también en el ámbito jurídico al decretarse la reforma constitucional de junio de 2008. En dicha reforma se incorporó como figura jurídica constitucional el arraigo que, de acuerdo con el discurso oficial, se aplicará exclusivamente a los miembros de la delincuencia organizada y bajo el más estricto control judicial. Sin embargo, tal y como señala la Organización Mundial contra la Tortura, esta figura jurídica crea un “subsistema de excepción para las personas acusadas de formar parte de la delincuencia organizada, lo cual limita sus derechos procesales”, y además “facilita que sean acusados miembros de movimientos sociales, incluidos defensores de derechos humanos, como participantes de la delincuencia organizada”, lo cual se demuestra en los casos documentados por este Centro en el 2009.
Todo lo anterior ha derivado en un incremento de la represión y criminalización que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos.
Este Centro de Derechos Humanos condena la represión y la criminalización de la protesta social como vías para atender las demandas sociales y de justicia de los pueblos y de las organizaciones sociales. Por ello, este Centro insta a los gobiernos estatal y federal a buscar vías de solución pacificas y dialogadas a las demandas sociales sin poner en riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos, el cual es parte integral de la denuncia y defensa de los procesos y contribuye a construir alternativas de vida más justas y verdaderas.
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Capítulo 3
LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS
La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha sido una dura batalla por la memoria, contra la violencia y contra la discriminación de un sector de la población no minoritario dado que más de la mitad de la población mundial son mujeres.
Los instrumentos internacionales más importantes de las Naciones Unidas en relación a los derechos de la mujer son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW, por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, donde los Estados parte reconocen la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW). En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un año después creó el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer.
En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó en la agenda internacional y en los documentos sobre derechos humanos el concepto de violencia por razón de género al instituir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), creándose en el mismo año la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer al interior de ese organismo. La Convención Belém do Pará indica de manera clara que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Al suscribir estos acuerdos internacionales, el gobierno mexicano se vio obligado a reconocer la violencia ejercida en contra de las mujeres y, como consecuencia, a legislar al respecto, emitiendo en el 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, esta ley tiene limitaciones en cuanto a prevención e investigación de los delitos, rehabilitación y resarcimiento de las víctimas, y sanción a las autoridades omisas o negligentes responsables de que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas queden impunes.
En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el estado de Chiapas, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. En los municipios estas leyes no se aplican ni siquiera en el plano discursivo.
Las reformas al artículo 4 de la Constitución del estado de Chiapas, así como las adiciones a los Códigos Civil y Penal del estado realizadas en diciembre del 2009, tienen serias deficiencias en su armonización con la normatividad internacional relativa a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, tal y como ha sido denunciado por diferentes grupos de mujeres de la sociedad civil.
El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos sólo se encuentra en los instrumentos jurídicos pero no en la realidad. Por ello, los movimientos de mujeres trabajan para adecuar la legislación de manera que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
El sistema patriarcal dificulta que las mujeres asuman una vida independiente y valorada socialmente. Cuando surgen situaciones de violencia contra la mujer en la familia se genera un estado de vulnerabilidad, el cual se agrava cuando la mujer mantiene una relación de dependencia con el hombre agresor, por lo que no puede abandonarlo fácilmente. Aun existe una idea distorsionada de la intimidad familiar que justifica al agresor. Este círculo de violencia y de impunidad cuenta con el apoyo social dado que todavía son aceptadas estas prácticas agresivas y violatorias de los derechos de las mujeres. El círculo se cierra cuando las normas jurídicas que deben aplicarse en estas situaciones son inadecuadas o cuando se utilizan sin la sensibilidad y perspectiva de género necesarias. Las leyes son concebidas por un poder legislativo permeado por los prejuicios machistas y patriarcales imperantes.
Pese a esta cultura dominante, el empoderamiento de las mujeres para defender el respeto a sus derechos es cada vez mayor, lo cual constituye un símbolo de esperanza. El simple hecho de que las mujeres denuncien cada vez con más frecuencia todo acto que fomente la violencia hacia ellas es una muestra de valentía que va rompiendo con el círculo vicioso.
En Chiapas, el Código Penal históricamente no ha tipificado la violencia contra la mujer como delito, poniendo en peligro su integridad y fomentando el desistimiento de la queja cuando la interponen. Este vacío en el Código Penal chiapaneco es discriminatorio y permite la impunidad ya que proporciona argumentos a las instituciones de procuración de justicia para no visibilizar esta violación del derecho a una vida libre de violencia. En el Código Penal el delito de violencia familiar cubre el vacío del delito de violencia contra la mujer, lo que demuestra que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas no cuenta en la práctica con mecanismos que hagan posible su aplicación.
Aunado a lo anterior, la impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por mujeres ya que el Estado mexicano no realiza eficazmente sus deberes de investigación, prevención y sanción. Asimismo, no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Convención Belém do Pará, la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado que en las denuncias presentadas por mujeres en situaciones de violencia doméstica o familiar, tanto los jueces como el Ministerio Público, al dictar sentencia o consignar, minimizan el daño psicológico en su valoración de los derechos violentados y no lo consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño.
Por otra parte, la autoridad procuradora de justicia a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores o simplemente porque la sobreviviente de violencia, al desconocer sus derechos, no los solicitó. Cuando el perpetrador de la violencia es un servidor público se acentúan estas omisiones.
La ineficacia del sistema judicial, su inadecuada aplicación de los preceptos nacionales e internacionales y la discriminación que se ejerce contra las mujeres, demuestra violencia institucional. La violencia es tolerada de una manera sistemática por los órganos del Estado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas considera que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas internacionales. El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de las mujeres implica una necesaria transformación social y de las relaciones entre hombres y mujeres. Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, nuestras acciones en contra de ésta deben empezar en nuestro entorno más próximo.
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Capítulo 4
ROSTROS DE LA CONTRAINSURGENCIA EN CHIAPAS
Para la implementación de la Iniciativa Mérida en México, el gobierno de Estados Unidos entregó 1,300 millones de dólares para “combatir” la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, lejos de alcanzar los objetivos propuestos, el “apoyo” del país del Norte se ha traducido en la militarización de la vida civil, el incremento de la violencia y, de facto, en la normalización del estado de sitio.
En ese contexto, defensores de derechos humanos y activistas sociales han denunciado que la Iniciativa Mérida genera la cobertura necesaria para aumentar la criminalización de la lucha social y la defensa de derechos, reforzando la guerra integral de desgaste en los estados del sureste de México.
En Chiapas, la iniciativa Mérida ha agudizado el Conflicto Armado Interno no resuelto. Si bien la estrategia contrainsurgente derivada de este “plan” se tramó desde las cúpulas de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), en este último periodo se ha consolidado como política de Estado para intentar legitimar la acción de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.
Distintos son los esfuerzos e intentos de los gobiernos federal y estatal por vincular a las organizaciones insurgentes, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales, con células, grupos o carteles del narcotráfico. Tal parece que la estrategia contrainsurgente comenzó a ejecutarse en los estados del Norte de México, para ir extendiendo el escenario de “normalización” de la violencia a lo largo de todo el país hasta alcanzar el “teatro de operaciones” de los estados del sur, zona donde el gobierno mexicano intenta dar una salida violenta al conflicto armado bajo el argumento del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Este “plan” que ya comenzó a operar en Chiapas ha sido documentado por este Centro de Derechos Humanos y en el año 2009 observamos patrones que configuran las estrategias de la contrainsurgencia y los rostros de sus actores, cuya intervención en el escenario de la guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol. Hablamos de:
• El trabajo de “inteligencia” civil y militar: los documentos titulados “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”, “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas” y “Ficha informativa de José Chema (a) ratón” a los que ha tenido acceso este Centro de Derechos Humanos, dan cuenta de las tareas de persecución, espionaje, vigilancia e intervención telefónica y de correo electrónico dirigidas a integrantes de organizaciones civiles y sociales en Chiapas, confirmando la implementación de la estrategia contrainsurgente mencionada al asociar a “grupos delincuenciales” con organizaciones de derechos humanos y líderes de movimientos sociales.
• El descontrol militar: con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad pública violando la Constitución mexicana y varios tratados internacionales. Esta supuesta “lucha” se ha transformado en una guerra del gobierno mexicano contra todo aquel que no demuestre ser inocente, y sus costos humanos han demostrado su fracaso. Esta guerra iniciada en el Norte de México repercute hoy en los estados del Sur, donde el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas ha traído como consecuencia un incremento alarmante de violaciones graves a los derechos humanos y ha puesto al descubierto el interés por el control del territorio como estrategia para imponer un Estado de excepción.
• La reacción paramilitar: aunque el Estado mexicano no ha reconocido la existencia de grupos civiles armados, paramilitares y de corte paramilitar en Chiapas, innumerables testimonios dan cuenta de las acciones que estos grupos han cometido en complicidad y con la protección de autoridades de distintos niveles de gobierno. En el documento “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas”, con membrete de la Secretaría General de Gobierno, se reconoce que estos grupos se han sostenido “bajo el rubro y disfraz de apoyos para proyectos productivos (…) provenientes de recursos públicos (de la federación y el estado) como la Secretaría del Campo y la Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas”.
• Los recursos políticos: las instituciones oficiales y los servidores públicos no han cumplido con su función de garantizar el “desarrollo social”, así como la procuración y administración de justicia. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado cómo distintos funcionarios del gobierno han contribuido a polarizar conflictos sociales con el objetivo de debilitar la organización civil y pacífica de quienes reivindican sus derechos colectivos.
• Des-información en medios: a través del Instituto de Comunicación Social, el gobierno estatal ha hecho “uso” de los medios de comunicación para difundir información tergiversada, anulando así su función social de informar con veracidad a la opinión pública y reduciendo las posibilidades de diálogo, reconciliación y transparencia para la resolución de asuntos enmarcados en el Conflicto Armado Interno no resuelto. El discurso oficial coincide con lo que establece el Plan de Campaña Chiapas 94’, donde figura como objetivo que “el Gobierno del Estado junto con otras autoridades debe aplicar censura y control sobre los medios de difusión masiva”.
Durante el 2009, estos son algunos de los patrones documentados que configuran la estrategia contrainsurgente. En ese sentido, un apoyo fundamental ha sido la denuncia y postura que asumen distintas personas, comunidades, colectivos, grupos, instituciones y organismos de derechos humanos solidarios para desenmascarar los nuevos rostros de este plan, disfrazado bajo el pretexto de un supuesto estallido social en el año 2010. Así, se pretende ocultar la estrategia contrainsurgente tras la política oficial utilizando el eje discursivo de la “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
La aplicación de la política contrainsurgente a través de los distintos niveles de gobierno agrava el incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos federal y estatal de garantizar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. En Chiapas, las violaciones a los derechos humanos son cada vez más preocupantes y los responsables materiales e intelectuales gozan de impunidad mientras el gobierno mexicano proyecta en el exterior una imagen de país respetuoso de los derechos humanos, una simple cortina de humo para ocultar su política interna.
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Capítulo 5
LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA DESDE LA MEMORIA HISTÓRICA
El sistema de justicia en México se encuentra al servicio de los intereses de los poderes dominantes, en la práctica no existe la separación de poderes, y la justicia se acuerda o se ordena desde las altas esferas de la clase política. Por motivos como estos, los pueblos construyen su propia justicia en el recordar y no olvidar. Esta es la base de su lucha para alcanzar una vida digna, para exigir que no se repitan violaciones a los derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chiapas, y para recordar a los responsables, a las víctimas y a los sobrevivientes, así como las causas de las violaciones.
Los pueblos combinan herramientas jurídicas y políticas para contar su historia, para defender su visión sobre sí mismos y para socializarla de tal modo que el pasado continúe siendo en el presente un elemento movilizador que fortalezca su ánimo y espíritu en la búsqueda de la verdad, la justicia y la transformación social.
Trabajar sobre la memoria histórica implica recuperar las experiencias de resistencia de los pueblos, comunidades y organizaciones para contrarrestar las dinámicas de dominación y para construir una justicia verdadera que no olvida. Recordar a las víctimas y sobrevivientes constituye un principio determinante para entender el contexto social de Chiapas, escenario de un Conflicto Armado Interno no resuelto.
Durante el periodo que reporta este Balance se han realizado diversos eventos con estos objetivos. Uno de ellos fue el convocado en diciembre por la Sociedad Civil Las Abejas en Acteal, el Foro de Conciencia y Esperanza: Construyendo la Otra Justicia. En él se reflexionó sobre la justicia, se fortalecieron vínculos con otras organizaciones y se intercambiaron experiencias desde la memoria histórica. La Justicia verdadera, con palabras de Las Abejas, no es venganza, sino el testimonio de los ancianos, la sabiduría transmitida de generación en generación por los antepasados que es una fuerza muy poderosa para construir otra justicia, una justicia que toca la conciencia. Este evento se realizó pocos meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara amparo a 29 hombres (en agosto y octubre) señalados por las personas sobrevivientes como los paramilitares responsables materiales de la Masacre de Acteal.
También durante este periodo, y por primera vez desde la presentación de la demanda por la Masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos integrantes de Las Abejas entablaron conversaciones directas con miembros de la CIDH para exponer la urgencia de que ésta se pronuncie sobre la admisión del caso. Asimismo, la organización fue acreditada como miembro institucional de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, integrado por organizaciones que trabajan en la difusión de valores de paz, democracia y justicia.
Representantes de la Sociedad Civil Las Abejas acudieron también en marzo de 2010 a El Salvador para intercambiar experiencias con sobrevivientes de la guerra civil en aquel país. En sus relatos encontrando patrones comunes en las políticas y estrategias utilizadas por los dos estados, como la guerra psicológica implementada con el objetivo de atemorizar y neutralizar cualquier tipo de libre expresión considerada inconforme.
Otro evento destacado del año fue el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad que tuvo lugar en junio en el Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras”, ubicado en el ejido Morelia. En él igualmente se intercambiaron experiencias para fortalecer las redes de denuncia y romper con el aislamiento. Se señaló a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, y se recordó a las víctimas y sobrevivientes de las mismas para que la sociedad no olvide, sin dejar de formular querellas en instancias nacionales e internacionales contra los culpables y cómplices de la represión al pueblo y la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Por la Justicia y Contra la Impunidad fue el nombre del Foro celebrado en Oaxaca para compartir estrategias entre organizaciones de diversos estados. En el marco del Foro se exigió el cese a las violaciones de garantías individuales y se establecieron mecanismos de condena pública para sancionar a quienes violentan los derechos humanos.
Durante el año se han realizado otros dos encuentros importantes. En agosto, el pueblo de Masojá Suchjá, municipio de Tila, se reunió para recordar la segunda mitad de los años 90, época en que el grupo Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) operó impunemente generando desolación en las comunidades con muertes, desapariciones y desplazamientos forzosos. El otro encuentro se desarrolló.
En Palenque, en el marco del tercer aniversario de la masacre en la comunidad Viejo Velasco perpetrada por pobladores de Nueva Palestina y aproximadamente 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva. Un mes antes, el Equipo Argentino de Antropología Forense había dado a conocer un dictamen pericial que evidencia las deficiencias en la investigación y la responsabilidad del Ministerio Público en el proceso de levantamiento de las osamentas de los dos presuntos desaparecidos, encontradas en julio de 2007.
Por otra parte, en un artículo publicado en agosto del 2009, la investigadora Kate Doyle dio a conocer documentos desclasificado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), los cuales confirman la presencia paramilitar en los Altos de Chiapas como parte de la política contrainsurgente establecida en el manual Plan de Campaña Chiapas 94 que tenía como objetivo acabar con la organización zapatista, sus simpatizantes y sus legítimas demandas.
Recordamos también en este Balance a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la zona Norte de Chiapas a manos de los paramilitares de Paz y Justicia que, como siempre hemos sostenido y lo confirman documentos del gobierno del estado, gozaron del respaldo e involucramiento de las autoridades de gobierno.
Finalmente, a pesar de los sucesos ocurridos, de que el sistema de justicia en nuestro país ha sido absolutamente ineficaz y violatorio de los derechos humanos, y de que el Estado mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a las numerosas violaciones a los derechos humanos propiciando con ello la impunidad, los pueblos se organizan para contar su histórica y, a partir de ella, iniciar nuevos procesos hacia una defensa social integral de sus derechos y la conquista de una verdadera justicia.
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Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
Falta de higiene y cuidado en la alimentación
provocan brote de Salmonelosis
en la estación migratoria Siglo XXI
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova es una organización no gubernamental que trabaja a favor de los derechos de la población migrante y refugiada en la frontera sur de Chiapas. Una de las actividades principales de nuestra organización es el monitoreo de las condiciones de detención de la población asegurada en la Estación Migratoria Siglo XXI.
Así, el pasado 25 de mayo, personal de este Centro de Derechos Humanos acudió a la “Estación Modelo” para entrevistarse con personas allí detenidas, encontrando que desde la semana pasada hay población que ha presentado diarrea, dolor de cabeza, temperatura alta, vómito y palidez.
En concreto, dos personas manifestaron que desde el miércoles 19 de mayo comenzaron a tener dichos síntomas, razón por la cual solicitaron atención médica desde el primer momento, sin que esta petición fuera atendida. No obstante, el sábado pasado la salud de estos entrevistados desmejoró; por lo que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades ya que por lo general no hay médico de guardia los fines de semana, otras personas internas exigieron con apremio atención médica para sus compañeros.
Esta exigencia fue suficiente para que ese mismo día en la noche, es decir, 72 horas después de los primeros síntomas, los entrevistados fueran llevados de emergencia al Hospital General de Tapachula en donde se les examinó y, después de realizar los análisis correspondientes, se les diagnosticó salmonelosis. Cabe señalar que esta organización cuenta con la receta médica original que contiene la firma del médico en turno y la prescripción citada.
Asimismo, de acuerdo a la narración de las personas entrevistadas hay ocho internos más en estas mismas condiciones de salud, quienes han recibido medicamento en el servicio médico de la Estación, pero al parecer no han mejorado sustancialmente. Es importante mencionar además, que durante las visitas realizadas por la organización la semana pasada, otras migrantes nos manifestaron haber encontrado moscas en sus alimentos por lo que al final decidieron no ingerirlos.
Ante esta situación, no omitimos mencionar que hace cuatro meses presentamos el informe “Derechos humanos y condiciones de detención en la Estación Migratoria Siglo XXI, Tapachula, Chiapas” en el que a través de documentación realizada se visibilizaron, una vez más, violaciones a derechos humanos. En esa oportunidad señalamos puntualmente que el 40% de personas encuestadas aseguraron que los alimentos que sirven en el Centro de Detención para Migrantes de Tapachula, se encuentran en “mal estado, y no reúnen requerimientos nutricionales óptimos”. Por lo tanto, los hechos acontecidos la semana pasada, no hacen más que confirmar la información ya documentada desde el año pasado.
Hasta el martes último, las personas entrevistadas indicaron que no habían recibido una dieta especial por su estado de salud, y que en comidas anteriores habían recibido alimentos como pescado, frijoles y leche con cereal por las mañanas y noches.
Por todo lo anterior, en próximos días presentaremos la queja respectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de que este organismo haga una investigación exhaustiva sobre el particular y, de encontrar violaciones a prerrogativas básicas de la población detenida, se pronuncie firmemente de acuerdo a sus facultades y alcances. Seguiremos muy de cerca esta investigación.
Finalmente, instamos al gobierno mexicano y, en particular, al Instituto Nacional de Migración a:
“POR LA DEFENSA LA VIDA Y LA DIGNIDAD”
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA”
Tapachula, Chiapas, a 27 de mayo de 2010.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS A DENUNCIA DEL FRAY MATÍAS
Atención Integral a Migrantes en Ciudad Salud
Tapachula Chiapas.- En lo que va del año el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, ha atendido a 26 personas de origen centroamericano como parte de su programa Integral de Atención a Migrantes, informó el director de este centro hospitalario de tercer nivel, Omar Gómez Cruz.
“Nuestro hospital tiene la puertas abiertas para tender cuando sea necesario a nuestros hermanos centroamericanos que requieran atención médica de tercer nivel”, subrayó.
En lo que va del año nuestro hospital ha dado cobijo médico – agregó – a 26 personas provenientes de los países como Nicaragua, Cuba, Guatemala, Salvador, y Honduras.
Una muestra de ello es Celia Rubí Ramos Marroquín, quien resultó politraumatizada y presenta una lesión cervical considerable, que le impide por el momento moverse, la cual fue provocada por un accidente automovilístico cuando ella trataba de cruzar de Guatemala a México por el municipio de Comitán.
Esta joven migrante de apenas 19 años, quien en un inicio fue atendida en el. Hospital de Comitán, ingreso desde el pasado 3 de mayo y se encuentra internada en la Sala B del área de hospitalización en la cama 71 en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud a espera de una nueva intervención quirúrgica que le permitirá reincorporarse a la vida normal.
“Nunca me imaginé que me iba pasar esto. Ahora estoy arrepentida de haber salido de mi país. Está uno mejor allá” y se da tiempo para pedir a sus compatriotas que lo piensen bien para intentar la cruzada.
Agradecida comenta “Gracias a Dios acá me han atendido muy bien y me han dicho los médicos que estaré bien y que podré volver a mi país”
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