“La militarización va en chinga”

Campesinos de la OCEZ Región Carranza temen una posible ofensiva del gobierno federal y del estado de Chiapas

Especial para The Narco News Bulletin

15 de junio 2010

La Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC), se encuentra en estado de alerta por una posible ofensiva del gobierno federal y del estado de Chiapas, lo que continúa con la persecución a la organización campesina y la cual se ha acentuado desde 2009.

La semana pasada, miembros de la OCEZ – RC estuvieron en la Ciudad de México con diversos propósitos en mente. El primero, agradecer al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), Alberto Brunori—quien el 11 de junio terminó su periodo en México para encargarse de la Oficina en Guatemala—por la solidaridad que mostró con la OCEZ-RC ante los ataques del gobierno del estado de Chiapas que criminalizan la lucha de la organización; el segundo, reunirse con organizaciones de la Ciudad de México y del resto del país para solidarizarse con su lucha (la huelga de hambre que llevan a cabo miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, la lucha por la liberación de los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, y la represión a los mineros de Cananea, entre otros); y el tercero, y tal vez más importante, visibilzar el clima de tensión y persecución que se vive en las comunidades del municipio de Venustiano Carranza en Chiapas, en donde en los últimos meses ha habido detenciones y torturas a miembros de la OCEZ-RC, así como ataques de grupos armados.

En entrevista con Narco News, Ricardo Magdaleno miembro de la OCEZ-RC, relató el ambiente de persecución que padecen sus comunidades. Para su organización, el peligro está latente pues temen que la presencia militar, policiaca y de grupos armados, supuestamente ligados al cacique de la región, Jesús Orantes Ruiz, “prepare otro golpe en contra de la OCEZ-RC.” Tan solo el 27 de abril pasado, miembros de la organización fueron atacados con armas de fuego en el predio—ocupado por la OCEZ-RC desde hace diez años y en espera de su regularización—“El Desengaño” en el municipio de Venustiano Carranza. Los atacantes portaban uniformes de policía, pero no lograron herir a ninguno de los campesinos. Magdaleno refiere el temor de que un ataque similar vuelva a ocurrir, ya que, para él, “hay preocupación porque el gobierno quiere que haya muertos en nuestra región y quiere justificar la militarización que se dio a partir del 30 de septiembre del año pasado.”

Y es que el 30 de septiembre de 2009, José Manuel Hernández “Chema” Hernández, líder de la OCEZ-RC fue detenido por policías estatales que portaban uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luego de la incertidumbre que prevalecía en la organización campesina por el paradero de Chema, el gobierno del estado de Chiapas lo trasladó a un penal en Nayarit para finalmente liberarlo, junto con otros dos compañeros de Chema que habían sido detenidos en similares circunstancias el 24 de octubre de ese mismo año, luego de la movilización de la organización por la libertad de sus compañeros, así como por el papel que Brunori de la OACNUDH jugó para evitar que la respuesta de represión del gobierno estatal hacia la organizacioń se acentuara.

Luis Abarca del Comité de Derechos Humanos de base de Chiapas Digna Ochoa comenta que, “el contexto de la detención de Chema es un escenario de criminalización que se va preparando, así como de hostigamiento, [donde] se filtran informes a la prensa en donde se vincula a la OCEZ, al director del Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas), a sacerdotes, al movimiento de lucha contra las minas, a defensores de derechos humanos”, con grupos armados. Abarca dice que, “cuando se detiene a Chema se ve que es un acto de provocación, lo que el gobierno quería era una respuesta violenta para justificar una incursión masiva del ejército y detenciones selectivas a luchadores sociales que le son incómodos al gobierno de Juan Sabines.”

Y es que desde que Chema fue detenido en septiembre de 2009 “todos los días pasan avionetas y bombarderos militares en vuelos rasantes. Y desde febrero de 2010 para acá, se empiezan a volver a ver las ‘sombras negras’ en las comunidades. No sabemos si son pistoleros o militares, porque no actuán, pero están dentro de las comunidades,” comenta Magdaleno. La presencia militar, así como de guardias blancas y la constante criminalización del gobierno, ha generado entre los miembros de la OCEZ-RC una sensación de peligro. “El temor es que van actuar asesinando a algún compañero dentro de las comunidades. Tal vez una masacre como en Acteal,” dice Magdaleno alarmado.

Luego de la detención de los tres miembros de la OCEZ-RC entre septiembre y octubre de 2009, la organización campesina instaló un campamento en la plaza de San Cristóbal para exigir su liberación, la ofensiva del gobierno del estado pudo serenarse por esta y otras acciones que la OCEZ-RC realizó durante el tiempo que sus compañeros estuvieron presos. La intención de la organización campesina para entablar diálogo con el gobierno del estado permitió que se instalaran mesas de diálogo entre ambas partes. En ellas se alcanzaron acuerdos que permitieron, además de la liberación de los tres campesinos, que se cancelaran las órdenes de aprehensión en contra de otros miembros de la organización. A pesar del triunfo jurídico obtenido, Abarca reitera que les “preocupa el clima de criminalización en el gobierno de Chiapas. Por un lado habla de diálogo y tiene una imágen donde quiere hacerle creer a la gente que respeta los derechos humanos pero es solamente una careta de una verdadera política de criminalización del movimiento social y de los derechos humanos en Chiapas.” Magdaleno añade que “la única iniciativa que avanzó en las negociaciones (diciembre 2009) con el gobierno del estado fue en materia jurídica, es decir, la cancelación de las órdenes de aprehensión, por la que entró Chema y los otros dos compas [Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández]. De las demandas sociales no hay nada.”

Sin embargo, la solución a las demandas sociales de la OCEZ parece no ser su peor problema ahora, las negociaciones con el gobierno del estado “aparentemente, han cancelado las órdenes de aprehensión, pero con el gobierno federal todavía existen algunas por debajo del agua en donde se nos acusa de guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, trata de blancas, de banda delictiva,” dice Magdaleno. Los intentos por ligar a la organización campesina con grupos armados ha sido parte de esta ofensiva en contra de la OCEZ-RC. Los probables delitos de fuero federal que los vinculan con grupos armados o el crimen organizado, parecieran tener relación con la presencia militar en la región. Abarca comenta que, “en el gobierno de Chiapas las decisiones de seguridad las toma el ejército. Hay reuniones entre el ejército y el gobernador, y ahí se definen las políticas de seguridad y cómo se trata a las organizaciones sociales. Hay seguimiento de inteligencia militar en prácticamente todo el estado de Chiapas. Y son quienes muchas veces montan las provocaciones, como por ejemplo, el caso de Chema como lo presentaron en la prensa, etc.” Durante las mesas de negociación entre el gobierno del estado y la OCEZ-RC, Abarca añade que el gobernador Juan Sabines fue tajante en cuanto a la permanencia del ejército en la región por “cuestiones de seguridad nacional”, asegurando que debido a esta cuestión la presencia del ejército no entra en las negociaciones.

Frente a este panorama incierto, la OCEZ-RC se prepara para lo peor. Y vinieron a la Ciudad de México para eso, a platicar y a difundir su situación con organizaciones de derechos humanos y otras, pues Magdaleno dice que “para lo que nos estamos preparando es para el día en que nos golpeen, por si el día de mañana pueda morir alguien de los perseguidos, y que [las organizaciones de] derechos humanos sepan quienes son los actores, quienes están metiendo las manos, que en este caso son: directamente el gobierno federal, el gobierno del estado, y Jesús Orantes Ruiz, el cacique más grande de la región.”

Sin embargo, la nueva embestida contra la OCEZ-RC no altera sus métodos de lucha, “nosotros le estamos apostando al diálogo, a la solución de nuestras demandas, pero al gobierno del estado no le interesa la solución de nuestras demandas, lo que le interesa es desbaratar a como de lugar a nuestra organización. Ante eso preparamos e informamos a nuestras comunidades, para que cualquier cosa que suceda, levantemos las voces en movimientos, en marchas, plantones. Esa es la forma de lucha histórica de la OCEZ”, dice sereno Ricardo Magdaleno. El horizonte no pinta del todo bien cuando la persecución apunta directo a la OCEZ-RC, y Magdaleno finaliza, “ese es el peligro ahorita, y la militarización va en chinga.”