El 7 de junio: Los pendientes del gobernador Juan Sabines en materia de libertad de prensa, de expresión y libertad de información en Chiapas

Isaín Mandujano

El presidente Miguel Alemán oficializó el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión. En 1976, Luis Echeverría añadió a esta celebración, la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Se ha cuestionado tal origen porque representa sin lugar a dudas el símbolo de amasiato o maridaje que se prolongó durante décadas, entre la prensa y el poder en México.

Como en otras regiones de México, cada año en cada sexenio se hacen esas comilonas en la que se destila libertad de expresión bajo la Palapa de la Casa de Gobierno de Chiapas, pero saliendo de ella otra vez la cruda realidad.

Con Pablo Salazar esas comilonas se suspendieron, a más de uno le incomodó el desdén del polémico político chiapaneco a la prensa y los medios locales, pero con el gobernador Juan Sabines, un gobernador joven las viejas prácticas acuñadas por el priísmo se volvieron a instaurar.

Destinar 152.2 millones de pesos para prensa, publicidad propaganda institucional en el año 2009 –una cifra sin precedente en la historia presupuestal de Chiapas para la materia- mostró su interés por verse reflejado en los diversos medios impresos y electrónicos.

1.- El gobernador Juan Sabines despenalizó la difamación y la calumnia, una demanda que se enarboló en el anterior sexenio, pero lo que no nos dijo que es soterradamente penalizó el “delito contra la dignidad de las personas” en el artículo 324 del Código Penal del Estado de Chiapas que ya está siendo aplicada con la misa medida que los despenalizados y anunciados con bombo y platillo en agosto del 2007.

2.- Salazar le heredó a Sabines la Ley que Garantiza el Acceso a la información Pública, pero tanto el antecesor como el sucesor mostraron que no son amigos de la transparencia en los hechos sólo en el discurso. La citada Ley ha sido cuestionada por diversos organismos que la califican como de muy bajo nivel. Basta unos ejemplos, primero el órgano garante de la transparencia no tiene autonomía plena y depende del poder ejecutivo; para todas las dependencias del poder ejecutivo existe una ventanilla única por donde se filtran las solicitudes y respuestas cosa que no pasa en el ámbito federal.

3.- Chiapas, como en muchos estados del país, el gobierno dispone cada año de una partida presupuestal millonaria para compra de publicidad en medios de comunicación. Estos recursos son utilizados de forma arbitraria, sin control, sin regulación, de forma discrecional. Es decir, se hace uso patrimonialista de los recursos públicos. La publicidad se usa como una estrategia d epremio o castigo, el medio que se porta bien le dan publicidad el que no se alinea al poder no cuenta con ello. La asignación en materia de publicidad gubernamental es un pendiente que debiera gestarse desde la sociedad, pues esperar que vengan la discusión de los medios o el gobierno es un mito, pues les conviene esa perversa relación.

4.- El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es un conglomerado de medios que administra y maneja a su antojo el gobernador político en turno. En ella no tienen cabida las voces disidentes de Chiapas, sin embargo ese aparato mediático se sostiene con impuestos de todos los chiapanecos. Por ende, el gobierno debería compartir esos espacios con la sociedad, incluso con aquellos que disienten de sus políticas públicas que ya de por si tienen cerradas las puertas en los medios de la iniciativa privada.

5.- Tomando en cuenta el apartado número 3, el gobierno de Chiapas es cómplice de las violaciones graves a los derechos laborales de los periodistas en Chiapas. Pues financia o patrocina, vía la publicidad oficial, que los patrones nieguen el derecho a la seguridad social, a las vacaciones, al aguinaldo, al reparto de utilidades, al seguro de vida y todas las prestaciones previstas por la ley. En algunos casos, al gobierno se le ha hecho más fácil meter a la nómina del Instituto de Comunicación Social del Estado para evitar que los agraviados denuncien a los patrones que los corren de mala manera.

6.- El gobernador creó una fiscalía especial para delitos cometidos contra periodistas, pero en los hechos ha sido un aparato burocrático más con muy poco peso y efectividad. De eso ha quedado constancia pública. Más escandalosa fue su creación y consignación de un presunto responsable por la muerte de un periodista que liberarlo en el más completo sigilo sin que nadie se percatara de ello. Como su homóloga federal la fiscalía local no cumplen con las expectativas de los comunicadores que ven como crecen las agresiones hacia ellos.

Gobierno, sociedad y medios en Chiapas, deben poner énfasis en esos temas para arribar a un estatus de real libertad de prensa y de expresión.

- Que se despenalice el delito contra la dignidad de las personas

- Que se reforma la Ley de Acceso a la información Pública

- Que se regule la asignación de la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio, tv y otros medios.

- Que se ciudadanice el Sistema Chiapaneco de Radio, TV, y Cinematografía.

- Que se garantice la investigación de delitos cometidos contra periodistas que se sancionen, que no queden en promesas de justicia

- Que el gobierno de Chiapas exija y obligue a los medios a garantizarlos condiciones óptimas laborales

Por parte de los medios y periodistas, debemos asumir cierto parámetros de conducta responsable y honesta ante la sociedad, establecer en ese sentido Códigos de Ética y que nuestros lectores, radioescuchas o televidentes los conozcan.

Por parte de la sociedad, debe ser más exigente y escrupulosa a la hora de consumir la información de los medios que se le presentan. Castigar con la indiferencia a aquellos medios que no cumplen con su compromiso social.

La libertad de expresión en derecho de todos los ciudadanos sin excepción, pero somos los medios y los periodistas quienes vivimos del ejercicio cotidiano de esa garantía individual, pero no se puede avanzar a un mejor nivel democrático cuando por parte de uno de los actores involucrados no existe voluntad política.

Claro, en esta tarea no corresponde sólo al gobernador Juan Sabines Guerrero, es menester la participación activa de los 40 legisladores de Chiapas, que dicho sea de paso, sólo atienden a las iniciativas que provienen del poder ejecutivo en turno.

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