CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL

Miguel Angel de los Santos.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, dice la Convención americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional al cual nuestro país se encuentra vinculado por haberla ratificado. Este artículo encuentra su enunciación correspondiente en el artículo 9 de la Constitucional federal.

 El derecho de reunión constituye la expresión colectiva del derecho a la expresión, en ese sentido representa un derecho individual y a la vez un derecho que se ejerce en forma colectiva. Se traduce en la reunión transitoria de personas con una finalidad política, social, cultural u otra. Son reuniones aquellas que realizan los fanáticos de un equipo de fútbol o los mítines de los partidos políticos, pero también lo son aquellas manifestaciones que llevan a cabo las organizaciones sociales para exigir atención a sus demandas. 

Evidentemente que las diferentes formas de reunión tienen un trato distinto por parte de la autoridad. Las primeras, aunque muchas veces también conllevan obstrucción de vías de comunicación, daños u otras conductas ilícitas, son toleradas. Las últimas, las que llevan a cabo las organizaciones sociales son condenadas, repelidas e incluso criminalizadas.

 Las manifestaciones políticas llevadas a cabo por las organizaciones sociales generalmente son precedidas de múltiples intentos de acercamiento y de búsqueda de soluciones negociadas a sus planteamientos. Me resultaría absurdo una manifestación política que antes no hubiera tenido acercamiento con la autoridad para buscar una salida pronta y negociada a sus planteamientos. De ahí que las manifestaciones constituyen uno de los últimos recursos de que se valen las organizaciones para hacerse escuchar por quienes detentan el poder.

 Las reglas de convivencia en una sociedad sugieren que los mecanismos legítimos para resolver los conflictos son la negociación y el diálogo, antes que el sometimiento o la confrontación. Desde luego que ello requiere que existan mecanismos eficaces de negociación y diálogo para la solución de las inevitables controversias y conflictos que se presentan en toda sociedad.

 Cuando esos mecanismos no funcionan o no son eficaces, la desobediencia civil o las manifestaciones políticas son inevitables, y no se puede culpar a los manifestantes. Es el Estado, es el aparato político el que no está siendo eficaz y está orillando a la ciudadanía a tomar las calles. La respuesta penal que muchas veces se da a estas formas del ejercicio de la libertad de reunión y manifestación es lo que se denomina la criminalización de la protesta social.

 En Chiapas se percibe hoy día una tendencia hacia la criminalización de las manifestaciones políticas y sociales. Se traduce en el involucramiento de lideres de organizaciones sociales en diversos delitos. Uno de esos casos, quizá el que ejemplifica con mayor claridad lo que estamos diciendo es el de Virgilio Silva Santiago, dirigente de la Alianza Popular de La Trinitaria (APT).

 El caso de Virgilio implica una variedad de derechos vulnerados, desde el derecho de reunión y manifestación, hasta las violaciones procésales de que fue objeto a partir de una orden de presentación (que teóricamente no implica detención), su posterior detención por unas horas, luego su liberación por unos segundos, y su sujeción a arraigo por treinta días, hasta el Auto de Formal Prisión que le fue dictado por el Juez Primero del ramo penal de Comitán. 

Los delitos de que le acusan son por demás absurdos y revelan el ensañamiento del poder a una persona y una organización que aceptó las condiciones de negociación impuestas. Lo acusan de ser el autor intelectual de una serie de delitos que se dieron en el marco de una manifestación social en la que, evidentemente no participó, como son daños, lesiones, asociación delictuosa, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado, ataques contra servidores públicos.

 La naturaleza de los hechos y de los delitos en que se involucra a Virgilio definen las razones y el objeto de su detención. Lo más lamentable es que las instituciones del Estado también se han evidenciado de la manera mas burda.