Transición política y derechos humanos

Miguel Angel de los Santos

 El perdón ofrecido por el gobernador del Estado a los familiares de José Iván Correa Arévalo, rebasa la consideración de un acto de buena voluntad en materia de justicia. Constituye un acto de suprema relevancia, en la medida en que el gobierno del Estado se sujeta a un orden jurídico internacional de protección de los derechos humanos (el acuerdo de solución amistosa se dio en el marco de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), representa también la respuesta del gobierno a violaciones a derechos humanos ocurridas bajo gobiernos autoritarios, y finalmente, pero no menos importante, se inscribe dentro de las medidas de transición política que todo nuevo gobierno debe impulsar al sustituir gobierno autoritarios.

 Con el fin de los regímenes autoritarios y el arribo al poder de regímenes democráticos, la revisión del pasado y el hacer justicia constituye no solo una obligación legal, sino también un imperativo moral. Las victimas y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos que han vivido con la frustración de no haber sido escuchados en sus reclamos de justicia, vuelcan sus esperanzas en el nuevo gobierno y demandan que las puertas de la justicia se abran. 

Es más, las sociedades que por largo tiempo han vivido conflictos, temores, e impunidad, están, naturalmente, desconfiadas, y reclaman del nuevo gobierno pruebas reales y verificables de que existe un rompimiento con relación a las prácticas del viejo régimen. 

En otras palabras, la transición democrática es mas que un simple cambio de régimen; requiere el establecimiento de un nuevo estado de derecho, del reconocimiento de los errores pasados incluyendo las violaciones a los derechos humanos, y el compromiso de nuevas practicas democráticas incluyendo un compromiso de respetar los derechos humanos y la independencia funcional de las instancias de justicia. 

Es este el proceso que debe llevarse a cabo en Chiapas. Si bien se advierten acciones que se inscriben en este marco, lo cierto es que falta definición, falta conciencia y claridad del proceso de transición. 

La transición a la democracia representa un proceso de cambio político tendiente a construir un orden democrático allí donde no ha existido previamente; o a restaurar o reconstruir ese orden democrático, luego de una experiencia represiva de varias décadas que impidieron la convivencia y el orden institucional.

  Revelar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos del pasado,  procesar a los responsables, y comprometerse con la justicia, constituye un claro mensaje de que el nuevo régimen es diferente de sus predecesores. De manera que poner fin a la impunidad y hacer justicia constituye también una clara señal de que futuras violaciones a los derechos humanos no serán toleradas, contribuyendo con ello a la legitimación del régimen y al fortalecimiento del estado de derecho. 

No obstante, las acciones de transición que hoy día se perciben en Chiapas deben articularse en un proyecto de transición política, que incorpore en ellas el reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes y violaciones a derechos humanos graves durante los gobiernos anteriores, el procesamiento por esos actos a quienes los ordenaron, la depuración de los funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos, y la revisión de marco legal para adecuarlo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

  Estas son, entre otras, las medidas que contribuirían a la distinción del actual gobierno como uno de transición política y democrática. La anterior administración pretendió llevar a cabo este proceso, sin embargo, muy pronto fracasó en su intento y terminó sumando agravios a los ya heredados por los regímenes anteriores. 

De manera que acciones como las que hoy día presenciamos en que el gobernador personalmente pide perdón y se compromete con la justicia y repara los daños causados por violaciones a derechos humanos, constituyen, efectivamente, acciones relevantes y de avanzada en materia de derechos humanos.

Insisto, estos actos debe llevarlos a cabo el gobernador y no el procurador, como el absurdo que presenciamos hace unos meses cuando el ex fiscal Herrán Salvatti pidió perdón a Julieta Flores y a los familiares de Reyes Penagos, por la tortura sufrida por la primera, y la ejecución extrajudicial del segundo.

Una vez mas ha quedado claro que la transición política y los derechos humanos caminan de la mano. No he conocido ningún proceso de transición política que no encare el legado de violaciones a derechos humanos y que no impulse acciones y políticas en la materia para evitar que las mismas se repitan. De ese tamaño es el reto de la actual administración en el proceso de transición.