Plaza Pública: Chiapas, herida abierta
Miguel Angel Granados Chapa
Periodista

01 Abril 2008Actualizado: 11:33 PM hora de Cd. Juárez



Distrito Federal— Aunque el acto que pretendía ser de justicia se convirtió en mera pieza de gruesa propaganda política, 137 personas fueron dejadas en libertad la tarde del lunes (y en las primeras horas del martes tuvieron la misma fortuna ocho más).

Protagonizó la ceremonia que dejó al descubierto la atrocidad de que se prive de la libertad durante meses y aun años a personas que proclaman su inocencia hasta que consiguen hacerse oír, el ministro de justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, un político de sinuosa trayectoria que en vez de avergonzarse en nombre de su gobierno por haberlos mantenido presos, los admonizó con tono burdamente paternalista:

“La sociedad espera de ustedes que después del esfuerzo que han realizado tantas personas para su liberación, se entreguen a la construcción de una nueva realidad para todos. Que los años que estuvieron en cautiverio no los hagan albergar odio en sus corazones y les permita tener una conducta que sea un ejemplo para sus hijos, sus familias y sus conciudadanos”.

Por diversas razones, especialmente la arbitrariedad y torpeza de las autoridades policiacas, cientos de indígenas fueron aprehendidos en el último año del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Algunos vivían en zonas donde actúan las juntas de gobierno zapatistas. Algunos de ellos se adhirieron en 2006 a ‘La otra campaña’, la discutible iniciativa del subcomandante Marcos para denunciar el proceso electoral de aquel año. Otros simplemente fueron acusados en falso y detenidos sin evidencia suficiente. De todos ellos pudo decir el grupo Paz con Democracia, el 12 de marzo pasado, que fueron “privados de su libertad mediante procedimientos en que no se observó ni garantizó el derecho a un debido proceso legal” y fueron “sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Hechos que han quedado impunes pese a la denuncia de haber padecido actos denigrantes cometidos y consentidos por servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia del estado de Chiapas”.

En efecto, organismos civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otros, así como agrupaciones creadas en los penales por los propios afectados, no dejaron nunca de clamar por la recta aplicación del derecho, lo que significaba libertad para los injustamente presos. Tan desesperante era la situación, agravada día con día por el transcurso del tiempo que obraba en su perjuicio, que uno de esos presos, Zacario Hernández Hernández decidió emprender una huelga de hambre el 18 de febrero, en la cárcel de Cintalapa, llamada El Amate. Una semana después se unieron a esa forma extrema de protesta un total de 45 reclusos más, de aquella prisión la número 14, y de los penales 5 y 17 ubicados en San Cristóbal y en Playas de Catazajá. El 17 de marzo el iniciador del movimiento fue puesto en libertad, lo que aceleró el estudio de los expedientes penales que hasta entonces se había rehusado o emprendido con negligencia.

La libertad festinada por el gobierno local (que aun se dio el lujo de sacar de sus penales a los presos y hacerlos posar para las cámaras ostentando las boletas que pusieron fin a su reclusión) no pone fin al problema de la injusticia que se ceba en indígenas, sean o no militantes de agrupaciones civiles y sociales. Quedaron en prisión 26 practicantes de huelgas de hambre y ayuno, cuya salud está seriamente resentida después de casi cuarenta días de no probar alimento. “No es posible dejarlos en libertad –explicó la propaganda oficial– entre otras razones jurídicas porque hay pruebas periciales positivas, sindicación directa por las víctimas, testigos de cargo reales, ratificación de testimonios de cargo y suficientes pruebas indiciarias y presuncionales”. Motivos semejantes se habían aducido en el pasado reciente para negar libertad a quienes ahora la han recuperado, una vez, dice la misma propaganda gubernamental que “se llegó a la conclusión de que no son responsables de los hechos que se les acusan” (sic)

Durante el tiempo de su cautiverio cambiaron en Chiapas la estructura y el personal de procuración de justicia. Como si bastara mudar de denominación para instaurar una nueva realidad, durante el gobierno anterior la Procuraduría estatal se convirtió en Fiscalía General del Estado y ya en la administración de Juan Sabines –priista elegido con disfraz de perredista en agosto de 2006– en Ministerio de Justicia.

Durante largo tiempo se mantuvo al frente de esa oficina, en uno y otro gobierno Mariano Herrán Salvati, bajo cuya responsabilidad la policía ministerial detuvo a la mayor parte de los ahora liberados. En octubre de 2007 fue nombrado ministro Rodríguez Lozano, que tardíamente deshace los entuertos de su antecesor.

De muchas maneras, Chiapas sigue siendo una herida abierta en la difícil convivencia cotidiana entre los mexicanos. Aunque los sucesos que allí tienen lugar no alcanzan un sitio en los medios electrónicos (en que la mayoría de la población recoge la información que le permite conocer su entorno), las tensiones sociales que adquirieron forma de alzamiento armado el primero de enero de 1994 no han sido suprimidas y en amplias regiones ni siquiera aminoradas. Lo prueba el hecho de que más de cien personas permanezcan en prisión durante más de dos años –sin que nadie pague por esa injusticia–, al cabo de los cuales se reconoce el hecho sabido de que son inocentes y se les pone en libertad.