San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 28 de Junio de 2011. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ,Presidente de la República Lic. Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación Lic. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH Navanethem Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Sr. Ambeyi Ligabo, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH Ana Hurt, Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ACCIÓN URGENTE: Hostigamiento, persecución y criminalización por parte del Gobierno de Chiapas a los periodistas Ángeles Mariscal e Isain Mandujano. Solicitamos que el Estado Mexicano garantice su derecho a la libertad de prensa y de expresión, así como de su vida, integridad y seguridad personal. felipe.calderon@presidencia. El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha tenido conocimiento a través de una carta pública firmada por los periodistas Angeles Mariscal e Isain Mandujano en donde hacen un recuento de las amenazas, hostigamiento, calumnias y vigilancia de las que han sido objeto por parte de distintas autoridades del gobierno de Chiapas. Señalamos que este clima de hostigamiento y criminalización hacia el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos ha sido una constante durante los cuatro años y medio del actual Gobierno de Chiapas. Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por este actual clima de hostigamiento ya que circula información en el sentido de que el gobierno de Chiapas a través de la PGJE está integrando decenas de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en Chiapas. Por lo que solicitamos que dirijan sus cartas y llamamientos a los correos que se indican para lo siguiente: Que el gobierno de Chiapas se conduzca bajo el respeto al derecho a la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información, consagrados tanto en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política; en los Arts. 18º y 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como en los Arts. 18º y 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el Art. 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cese inmediato de toda acción de criminalización, hostigamiento, amenazas y presión, ejercida contra periodistas y comunicadores en Chiapas, así como a todos los defensores de derechos humanos. Que el estado mexicano tome las medidas pertinentes para garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de los periodistas Ángeles Mariscal, Isain Mandujano, así como de sus familiares y amigos. ¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO! COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA NARRACIÓN DE HECHOS. Los citados periodistan señalan “que para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales”. Indican “A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, nos dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo” Relatan que recientemente “El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE” Isaín Mandujano denuncia que “Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslindo de ataque alguno”. “Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones”. “Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.”
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 27 de junio de 2011 Acción Urgente No. 3 Amenazas de muerte, hostigamiento y riesgo de desplazamiento forzado en Chilón, Chiapas Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos (Frayba), en el ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón hay amenazas de muerte, hostigamiento, despojo y riesgo de desplazamiento forzado a Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) por parte de habitantes del mismo ejido, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ante esta situación el Frayba manifiesta su preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal que sufren las BAEZLN, habitantes del ejido San Marcos Avilés, ya que dichas amenazas de muerte y hostigamientos han ido aumentando en el curso de los últimos días; además el despojo de tierras impide las labores en el campo y la cosecha de sus productos básicos, lo que ocasiona que las personas afectadas sufran por la falta de alimentos, generando graves daños a la salud de niños, niñas, mujeres, hombres, ancianas y ancianos. Ante estos hechos, las familias BAEZLN tienen el temor de ser nuevamente desplazadas, razón por la cual este Centro de Derechos Humanos señala:
y exige:
El cese a las amenazas de muerte, hostigamiento y despojo en contra de las BAEZLN por parte de los integrantes de los partidos políticos del ejido San Marcos Avilés;
Proteger y garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de las BAEZLN respetando su proceso autonómico que vienen construyendo desde años en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, establecido en el Convenio (No. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.
Antecedentes: EL 9 de septiembre de 2010, este Centro de Derechos Humanos recibió denuncia de la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, del Caracol 2 Resistencia y Rebeldía por la Humanidad con sede en la comunidad Oventic, San Andrés Sakamch´en de Los Pobres, Chiapas, en relación a las amenazas, hostigamiento y desplazamiento forzado que sufrieron 170 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños BAEZLN del ejido San Marcos Avilés del municipio de Chilón, Chiapas; después de que en el mes de agosto de 2010 las BAEZLN construyeron la primera escuela autónoma en el ejido, para el comienzo de las actividades previstas del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista. Ese día, 30 personas del ejido San Marcos Avilés afiliadas al partido PRI, PRD y PVEM, encabezados por los Sres. Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, ingresaron de forma violenta, con palos, machetes y armas de fuego en las casas de integrantes BAEZLN, momento en el que intentaron violar a dos mujeres que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las BAEZLN abandonaron sus casas refugiándose en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado sin alimentos y sin ninguna protección, el 12 de octubre de 2010 27 familias BAEZLN (50 mujeres, 47 hombres y 77 niños; en total 170 personas) retornaron a su comunidad. Por lo documentado por este Centro de Derechos Humanos en las casas de los desplazados, se constató que: las viviendas habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, cosechas de maíz y frijol; sus cultivos cafetales y árboles frutales destruidos; tampoco se encontraron los animales de corral que cada familia tenía. Desde que el Frayba tuvo conocimiento de la problemática en el ejido San Marcos Avilés, informó en varias ocasiones a las autoridades gubernamentales de la situación, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad personal de los habitantes y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta. Sin embargo, aún cuando la población desplazada retornó a su comunidad de origen, recibimos y documentamos amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, por lo que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El día 6 de abril de 2011, en el ejido se instaló un Campamento Civil por la Paz, integrado por observadores civiles para disuadir posibles acciones violentas, sin embargo también ellos son objeto de amenazas y hostigamiento. *-* Envíe sus llamamientos a: Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de la República Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376 Correo: felipe.calderon@presidencia.
Secretario de Gobernación Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 México D.F. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056 Extensión 21120. 21122; Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Lic. Raciel López Salazar Procuraduría General de Justicia de Chiapas Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: 01 (961) 6-17-23-00. Teléfono: + 52 (961) 61 6-53-74, 61 6-53-76, 61 6-57-24, 61 6-34-50 Correo: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob. Dr. Santiago Canton Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fax 1-202-458-3992 Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548 Correo: accionurgente@frayba.org.mx
La responsabilidad del Estado por omisión ya que las autoridades gubernamentales no han actuado para garantizar la integridad y seguridad personal de las BAEZLN y el acceso a la tierra a pesar de las varias intervenciones enviadas por este Centro de Derechos Humanos;
Lic. José Francisco Blake MoraFax: (52.55) 50933414; Correo: secretario@segob.gob.mx,contacto@segob.gob.mx
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Dr. Noé Castañón LeónConmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60
Extensión: 20003; Correo: secretario@secgobierno.
1889 F Street, NW
Washington, D.C. 20006
USA
Chiapas, México, junio 27, 2011
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la CNDH
Navanethem Pillay
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
Sr. Ambeyi Ligabo
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU
Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre Defensores
de los Derechos Humanos
Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH
Ana Hurt
Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
A CENTROS Y REDES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
EXIGIMOS DERECHO IRRESTRICTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO
Los abajo firmantes, ONGs, Organizaciones Sociales y ciudadanas-os de Chiapas y de México queremos expresar y hacer pública, nuestra preocupada indignación por los hechos de hostigamiento, cada vez más frecuentes, ejercidos en contra de los periodistas Ángeles Mariscal (excorresponsal de la Jornada y actua corresponsal de la cadena CNN) y, sobre todo, en contra de Isaín Mandujano (corresponsal de la revista Proceso).
Chiapas es una entidad donde la violación al Derecho a la Información se da diariamente de forma por demás sutil, a través de un control absoluto de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en particular, de la prensa impresa. Salvo honrosas excepciones, los periódicos y revistas estatales se encuentran plagados de propaganda, boletines y comunicados oficiales de prensa, disfrazados de “noticias”, a través de las cuales realizan una verdadera labor de desinformación y manipulación, pintándole a la opinión pública una situación social que se encuentra totalmente lejos de la realidad.
Inclusive periódicos críticos de distribución nacional, como La Jornada, han caído en el juego de publicar frecuentemente boletines oficiales del gobierno de Chiapas, como si fueran “noticias” y “reportajes” escritos -según- “por la Redacción”.
Subsidios, pago generoso de publicidad oficial y “regalos”, parecen ser los eficaces mecanismos para ejercer tal control.
De acuerdo a testimonios de periodistas honestos y críticos, en Chiapas les pagan por no publicar. Las notas y reportajes críticos en los que estos periodistas denuncian la situación real prevaleciente en la entidad, son recibidos y pagados por sus medios, pero –la inmensa mayoría de las veces- no son publicados.
En ese contexto, varios de estos periodistas críticos y objetivos, han encontrado en las llamadas Redes Sociales, un medio libre para difundir denuncias e información acerca de la realidad chiapaneca. Y sobre de ellos-as se han desatado intentos de represión directa, como fue el caso de Héctor Bautista, activista del software libre, a quien burdamente se le sembraron “pruebas”, por las que pasó 40 días preso, acusado de liderear una “banda dedicada a la pornografía infantil”, siendo finalmente absuelto y liberado gracias a la denuncia y presión social.
Hoy día un caso semejante de represión y de atentado contra la Libertad de Expresión y en contra del Derecho a la Información, se presenta contra el periodista Isain Mandujano Camacho, quien recientemente ha sido señalado en un boletín de la Procuraduría estatal, como co-autor intelectual en una investigación abierta “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo (19 de junio) el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.
Ante estos hechos,
EXIGIMOS
1º. Respeto irrestricto por parte del gobierno de Chiapas, a la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información, consagrados tanto en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política; en los Arts. 18º y 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como en los Arts. 18º y 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el Art. 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
2º. Cese inmediato de toda acción de hostigamiento, amenazas y presión, ejercida contra periodistas y comunicadores que difundan –por medios de comunicación masiva y/ó redes sociales de Internet- denuncias e información crítica sobre la realidad social del estado de Chiapas.
y
3º. Se realice una investigación judicial honesta, objetiva, transparente y pública, relativa al caso del Sr. Jacobo Elnecavé Luttmann, sin pretender efectuar una siembra de pruebas en contra del periodista Isaín Mandujano Camacho.
A T EN T A M E N T E
Organizaciones
Agencia Informativa IK Balam (México, DF)
Colectivo 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal (Chiapas)
Colectivo de Organizaciones en defensa del Patrimonio Natural y Cultural de San Cristóbal (Chiapas)
Colectivo Feminista Mercedes Olivera, AC (COFEMO) (Chiapas)
Colectivo La Puerta Negra (Chiapas)
Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF)
Cooperativa Jolom Mayaetik (Chiapas)
Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC (EAPSEC) (Chiapas)
Fraternidad para el Desarrollo Social A. C (México, DF)
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C (COLEM) (Chiapas)
Kinal antsetik, A.C. (Chiapas)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Chiapas)
Melel Xojobal AC (Chiapas)
MOCRI CNPA (Chiapas)
OCEZ Región Carranza (Chiapas)
Proyecto Carta Mesoamericana (México, DF)
Red de Defensores Comunitarios (Chiapas)
Ciudadanas-os
Alejandro Mosqueda (Chiapas)
Araceli Burguete Cal y Mayor (Profesora-investigadora CIESAS-Sureste)
Gabriel García Salyano (Chiapas)
Guillermo Antonio Pérez García (México DF)
Héctor Javier Sánchez (Investigador de Ecosur) (Chiapas)
Itzel Silva Monroy (Guerrero)
Karla Michell Solórzano Rodriguez (Pasante de Derecho – UIA México DF)
Luis Alberto García Aguirre (México DF)
Maritza Kramsky (Chiapas)
Martha Gpe. Figueroa Mier (Chiapas)
Mercedes Osuna (Chiapas)
Miguel Angel García Aguirre (Chiapas)
Natasha von Berner (Pasante de Diseño – UIA México DF)
Obed Hernández de León (Chiapas)
Pedro García Mireles (Chiapas)
Silvia Vázquez Díaz (Chiapas)
Ccp.- Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno
Ccp.- Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ccp.- Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del estado de Chiapas
Ccp.- Senadora Rosario Ibarra - Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos
¿Qué está pasando en Chiapas en torno a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano?
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Junio del 2011
A todos los interesados...
Desde hace más de 15 años, Ángeles Mariscal quien durante 16 años fue corresponsal de La Jornada en Chiapas (ahora ya no lo es) y yo con 13 años en la corresponsalía de la Agencia y Revista Proceso, hemos hecho un periodismo crítico, un periodismo al servicio de los grupos más vulnerables, dando voz a campesinos, indígenas, mujeres agraviadas, obreros, activistas de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y todo aquellos grupos que rara vez tienen voz en los medios controlados por el gobierno en turno de Chiapas.
Por esa línea editorial, a lo largo de estos más de 15 años en el periodismo chiapaneco siempre hemos recibido de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios la exclusión y marginación en cuanto al acceso a la información, portazos en las narices cuando pretendemos solicitar una entrevista, intentos de sobornos, amenazas, linchamientos mediáticos, pero nunca la situación estuvo tan grave en torno a nuestra persona y labor como lo ha estado en los cuatro años y medio de la administración actual del gobernador Juan Sabines Guerrero.
Los gobiernos que han pasado estos años que tenemos de ejercicio en el periodismo chiapaneco nos han estigmatizado como voceros de sus enemigos políticos en turno como una forma fácil de pretender descalificar nuestra labor.
En una primera etapa de agravios se nos niega información pública, se nos niega la versión oficial cuando ocurren incidentes en la cual debamos constatar todas las visiones de un hecho, nos cierran las puertas en reuniones o eventos que deberían ser públicos, se nos niegan entrevistas, nos excluyen de conferencias en las que sólo aceptan a medios sujetos a la línea impuesta por el gobierno de Chiapas, todo esto que contradice la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico que el propio Sabines Guerrero creó en agosto del 2007 y que sus propios subordinados desacatan.
A la par de esa dinámica, desde el 2007 se ha echado mano de personeros del gobierno de Chiapas, para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales.
Han habido momentos que se han incrementado estos ataques y aunque han bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Siempre permanente, siempre en la mira, siempre monitoreados por los servidores públicos intolerantes a la crítica para luego arremeter en la menor oportunidad.
Sin lograr su objetivo, bajo engaños pretendieron “videoemboscarme” a mediados del 2007 en situaciones que podrían comprometerme con mi empresa y mi pareja.
Mis textos en la revista Proceso, pero sobre todo mis notas informativas que me suben a diario en la web de la revista causan tal incomodidad que en muchas ocasiones eran motivos de llamadas telefónicas en las que pretendían reclamarme hasta que como vieron que estas no daban los resultados esperados dejaron de hacerlas.
En reuniones con el entonces subsecretario de gobierno del estado ahora coordinador de asesores del gobernador, Nemesio Ponce Sánchez, después con el titular del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, Jaime Culebro Guillén y luego con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en ese orden de aparición en el 2009 y principios del 2010, hubo todo tipo de ofrecimiento hacia mi persona desde la amistad hasta apoyos para crear mi propio medio, espacio en la radio y televisión oficial y otras ofertas que agradecí amablemente con el argumento que lo único que esperaba de ellos era respeto y tolerancia.
No conforme con la exclusión, se originó la embestida con amigos muy cercanos, que han apoyado mi misión en la realización de cursos y talleres sobre periodismo digital en Chiapas. El activista del software libre Héctor Bautista fue detenido por la PGJE de Chiapas en noviembre tras una supuesta denuncia anónima, le pretendieron sembrar miles y miles de imágenes de pornográficas, todo por ser prestador de servicio de hosting de mi amigo Antony Flores con su web infochiapas.com donde se dijo que Chiapas tenía la mayor deuda pública en 16 años.
Tras 40 días preso, gracias al apoyo de las redes sociales y de cientos de activistas, blogueros, tuiteros, feizbukeros y compañeros periodistas como Fátima Monterrosa y Denise Maerker, por fin logramos la libertad de Bautista cuando más fuerza tomaba el movimiento de protesta. Bautista salió libre y ahora está ajeno a todo tras la pesadilla que vivió por el abuso del poder.
La embestida no sólo fueron contra Bautista y Flores, también se arremetió en contra de otro amigo comunicador del que prefiero omitir su nombre por temor a más represalias, a quien con el impulso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también le abrieron una averiguación previa por una campaña de denuncia de baches para que la autoridad pusiera manos a la obra en su reparación misma que se gestó y tuvo fuerza en las redes sociales, pero las autoridades municipales la entendieron como una campaña para ridiculizarlos, si bien no fue a prisión fue presionado para borrar toda evidencia de esa campaña y silenciado.
A raíz que de que entendieron la fuerza de las redes sociales, servidores públicos del gobierno de Chiapas tomaron por asalto esta herramienta en la que evidentemente estaban siendo rebasados. Se dieron a la tarea de contratar personal especializado en ello y empezaron a crear cuentas falsas o anónimas de blogs, webs, twitter, facebook, videos en Youtube, desde donde continuaron su embestida mediática.
Uno siempre da por hecho de que las líneas telefónicas están intervenidas, pero a través de cuentas de twitter me hacían constatar detalles de charlas y conversaciones de un día anterior había hecho sólo por esa vía. De forma extraoficial me dijeron que el equipo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE era utilizada para el espionaje de políticos, empresarios y periodistas.
Algunas de las cuentas en twitter son @El_ObservadorV @Sneutron @noti_chiapas @rumaldochis @donchoma2010 entre otras más. Ofensas vulgares y obcenidades reflejan la ira a nuestra labor como Blogs como http://chiapascentral.blogspot.com, http://gabtcama.blogspot.com o http://realchiapas.blogspot.com/ son tan solo algunos que ha tan pronto como son descubiertos desaparecen.
Por otras webs que usaron como trincheras interpusimos una denuncia penal en agosto del 2010 pero nunca procedió la PGJE se declaró “incompetente” al carecer de policía cibernética situación que contrasta cuando sí procedieron contra Bautista, Flores y otros al igual que otro tuitero chiapaneco a quien acusaron de varios delitos, lo intimidaron y huyo de Chiapas por temor a su vida y su seguridad, por hacer de las webs, blogs y redes sociales críticas al gobierno de Chiapas y algunos servidores públicos.
Al tener en nuestras manos las averiguaciones previas iniciadas en contra de mis amigos he podido constatar un denominador común, a los mismos servidores públicos empeñados en pretender defender la imagen del gobierno de Sabines, argumentando que somos “desestabilizadores”, “incitadores a la violencia” que podríamos crear un “caos social” y estatus de “animadversión” contra el gobierno de Sabines.
A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, nos dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo.
Los hombres dedicados a la tarea de difamar y calumniar formaron “dos equipos de impacto, son dos equipos por que se cuidan que ningún integrante del otro equipo copie, distribuya o transmita archivos privados”, se vigilan mutuamente.
“Las actividades que se llevan acabo en este momento son a través de las redes sociales, blogs, correos electrónicos masivos y espionaje a celulares y Smartphones. Pensando en tu privacidad te recomiendo no utilices tu Blackberry para escribir o hablar sobre cuestiones no públicas, así mismo te recomiendo no utilices computadoras prestadas, que de preferencia utilices Windows 7 Ultimate con antivirus Kaspersky y navegador Mozilla Firefox, que acostumbres apagar tu equipo cuando no está en uso y evites usar tu Ubuntu pues si no tienes amplios conocimientos de redes se las pondrás más fácil por que en dos meses va a venir un hacker que traen de India y con las recomendaciones que te doy será difícil que logren penetrar en tus equipos”, nos reveló otra fuente vía anónima que mostró admiración a mi trabajo como periodista e indignado por los ataques hacia mi persona.
En su afán por pretender buscar algo que nos incrimine han puesto de cabeza oficinas de comunicación social buscando supuestos documentos que prueben que cobré en el gobierno pasado o bien que cobró en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la impotencia han elucubrado falsificarlos.
El Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas presionó al diario donde Ángeles Mariscal trabajó 16 años y en este 2011 ya no le renovaron su contrato, afortunadamente fue liquidada conforme a derecho.
Cuando Mariscal pretendía trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, de pronto le cancelaron el contrato y le cerraron las puertas definitivamente, nada que tuviera que ver con ella o conmigo debería tener presencia en mi Alma Mater.
Ella siempre bajo el hostigamiento de servidores públicos del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas fue agredida por custodios y personal de los juzgados en el penal de El Amate el pasado 8 de junio cuando cubría una audiencia judicial. El jueves 23 de junio interpuso su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y su denuncia penal en la Fiscalía para Periodistas de la PGJE de Chiapas.
Por mi parte, Isaín Mandujano, ese mismo día interpuse también una denuncia penal por una nota periodística pagada en medios impresos locales el domingo 19 donde se pone en grave riesgo mi integridad y la de mi familia al poner en boca de una exconsul de Honduras declaraciones que nunca hizo, en el sentido que echaría Los Zetas a los servidores públicos que provocaron su salida de Chiapas y de paso contra el periodista que estos escribe. Nada más falso. La inserción pagada tenía toda la manufactura del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.
Como respuesta a nuestras demandas penales, ese mismo jueves por la tarde la PGJE emitió una misiva en la que refiere una investigación “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.
El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE.
El citado comunicador social institucional ha sido antes titular del Instituto de Comunicación Social, asesor del gobernador en materia de medios, es actualmente titular del noticiero de la tarde en la radio y al televisión del gobierno de Chiapas. El vocero pues en los medios electrónicos. Además de oficialmente fungir como jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslindo de ataque alguno.
Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones.
Hasta ahora, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde ya tenemos abierta una queja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha estado dando seguimiento puntual a los agravios desde diciembre pasado, es lo que no fortalece. Esto, aunado también, al gran apoyo de muchos ciudadanos, activistas, colegas periodistas, organizaciones y demás personas que conocen nuestra labor.
Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.
No reclamos más que respeto y tolerancia. Eso es todo. No más. Responsabilizo a las autoridades locales de todo agravio contra mi persona o cualquier miembro de mi familia, así como mis amigos cercanos que también viven con la advertencia de represión en lo laboral-
Angeles Mariscal Pioquinto
Isaín Mandujano Camacho.
NOTA INCRIMINATORIA EN MI CONTRA
PGJE investiga agresión en contra de Jacobo Elnecavé, periodista chiapaneco
Derivado de la agresión que sufriera las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya realiza el desahogo de las diligencias correspondientes, para dar con el paradero de todos los responsables de este hecho delictivo.
De esta forma, se llevan a cabo las pesquisas entre las que destacan la recepción de las declaraciones ministeriales de los testigos, exámenes periciales, levantamiento de evidencias y el análisis del video de circuito cerrado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación previa 223/CAJ4A/2011 por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas.
De acuerdo a las investigaciones, el comunicador se encontraba en compañía de amigos al interior de una discoteca ubicada al poniente de la ciudad, cuando de manera intempestiva sujetos desconocidos lo comenzó a agredir con un objeto contundente, causándole diversas heridas en el cráneo, cara y hombro derecho.
La de mayor gravedad es de 12 centímetros en la mejilla derecha.
Durante el ataque, los agresores se lanzaron en contra del periodista, al tiempo en que repetían que “esto es para que no te metas con los Álvarez Puga… esto también es por Isaín, te vas a arrepentir”.
Mientras continuaban agrediéndolo, lo amenazaban y lanzaban frases intimidantes que denostaban el trabajo periodístico de su víctima.
Al respecto, Jacobo Elnecave declaró ante el Ministerio Público que con Isaín Mandujano ha tenido serias fricciones por el manejo de información y opiniones, donde el citado Isaín se ha mostrado “intolerante”.
Organización de la Sociedad Civil las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México
22 junio del 2011
A todas las Organizaciones Sociales y Políticas
A todos los Defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional.
A la Sociedad Civil
A la Otra Campaña y
A la Opinión Pública
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras:
Desde la Tierra Sagrada de Acteal, rodeados de las montañas y las cumbres que fueron testigos de la sangre derramada aquí hace 13 años y 6 meses, saludamos a nuestros hermanos y hermanas de la Caravana por la Paz que fue a Ciudad Juárez. Saludamos a todos aquellos que han sido víctimas de esta guerra que está destruyendo a nuestro país, guerra, dicen, del gobierno contra los criminales, pero que la verdad no se sabe dónde termina uno y empieza el otro.
Aquí en Acteal, las huellas del dolor no se han borrado de nuestra memoria, ni de nuestro cuerpo. Jóvenes que entonces eran niños, adultos que entonces eran jóvenes, todavía padecen por las heridas en sus cuerpos dejadas por las balas de los paramilitares y por las heridas en sus corazones dejadas por el trauma de la masacre. Nuestros hijos que ya no están, nuestros padres, que fueron asesinados, han dejado un hueco en nuestras vidas que no podemos olvidar. Niños con los que nunca pudimos jugar, padres y madres que no están aquí para aconsejarnos, eso es la herencia que nos dejó el mal gobierno de Ernesto Zedillo y todos los que le han seguido que solo han mantenido la impunidad. El peor de todos, después de Zedillo, el de Felipe Calderón que sacó de la cárcel a los asesinos.
Desde esta Tierra Sagrada de Acteal saludamos la idea de Javier Sicilia de la refundación de México, de suscribir un nuevo pacto social y que esta refundación sea desde la sangre de las víctimas, de quienes han padecido precisamente porque no se ha respetado el pacto social entre los mexicanos y nuestras autoridades. La primera obligación del gobierno es la de garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y esto no lo ha cumplido ni con las víctimas de la Masacre de Acteal ni con los 40 mil muertos de la guerra de Felipe Calderón. No solo no ha cumplido este deber sino que ha hecho exactamente lo contrario de lo que debía, siendo el principal responsable de la Masacre de Acteal. Tal vez no podemos decir lo mismo directamente de los 40 mil muertos de este sexenio, pero lo que sí podemos decir es que el gobierno no ha cumplido con proteger la vida y la integridad de los mexicanos y mexicanas.
Hace unos días fue encarcelado el ex-gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendicuchía. Parece que es el primer gobernador de Chiapas que va a dar a la cárcel, pero ciertamente no es el primero que se lo merece, ni el que más debería estar preso. Julio César Ruiz Ferro que era gobernador cuando sucedió la Masacre de Acteal, Roberto Albores que lo sustituyó, pero no para hacer justicia sino para seguir con otras masacres (como la de Chavajeval que este 10 de junio cumplió 13 años) deberían estar en la cárcel hace mucho tiempo.
Nos enteramos por las noticias que casi al mismo tiempo que Pablo Salazar otro importante político fue detenido por el ejército y encarcelado, aunque rápidamente salió libre. Parece claro que las dos detenciones tienen más que ver con pleitos entre políticos que con la aplicación de la justicia. Así vemos que el gobierno usa el ejército y la ley para todo, menos para lo que deberían ser.
En los mismos días en que estos grandes políticos eran detenidos y salía en todos los periódicos y noticieros, aquí en Chenalhó, en la cabecera municipal, el ejército allanó una casa particular y prácticamente nadie se enteró. Quienes viven en esa casa no son de la organización de Las Abejas pero son hermanos sampedranos y son ciudadanos mexicanos que tienen sus derechos que deben ser protegidos por la Constitución. Pero parece que a nadie le importa eso si no son grandes políticos. ¿Acaso el gobierno nos quiere ir acostumbrando a que el ejército haga esas acciones que violan la Constitución porque ya anunciaron que ahora la guerra de Calderón mandada por los Estados Unidos se va a trasladar a la frontera sur de México, después de dejar ensangrentada y despedazada la frontera norte?
Vemos que el gobierno usa el ejército, la policía y las leyes para hacer sus pleitos políticos, para reprimir al pueblo, para desalojar a los campesinos de sus tierras, como nuestros hermanos de El Zapotillo Jalisco a los que no les ha cumplido con el diálogo que prometieron; para intimidar a los que protestan, como nuestros hermanos de XAYAKALAN, Michoacán que caminaron junto con nosotros en la marcha de Cuernavaca al Zócalo del DF y que ahora son hostigados en represalia por las autoridades. Nos unimos a su reclamo en que se preguntan ¿qué sigue? ¿Quién será la próxima víctima? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se nos respeten nuestros derechos siempre violados? ¿Qué crímenes han de acontecer para que se otorguen garantías a nuestra policía comunitaria? ¿Quién castigará al gobierno de Michoacán y a los cuerpos federales destacamentados en la región por su silenciosa complicidad en el exterminio de nuestra comunidad?
En resumen, el gobierno usa la ley y la fuerza pública para todo lo que es defender sus propios intereses y los de los ricos, no para proteger al pueblo y a sus derechos. Eso que pasa en México es una tristeza y es un gran dolor para el pueblo, porque no existen autoridades que hagan justicia.
Como organización de Las Abejas nunca vamos a descansar exigiendo la justicia e igualdad para todos. Aunque los grandes poderosos quieren acabar nuestra fuerza y nuestra raíz como pueblo originario pero no vamos a permitir a que nos maneje. Somos una organización que sabemos caminar y sabemos hacer lo que queremos. Como hombres y mujeres que creemos en Dios sabemos que El nos guía y nos da de comer cada día, a El, si le tenemos confianza, pero aquéllos que solo buscan tener más riqueza en la tierra y los que están sedientos de tener más poder no les tenemos confianza porque sabemos que no son ellos que administran la vida de cada ser humano.
Por eso apoyamos la idea de un nuevo pacto social y seguimos exigiendo:
¡Fin a la impunidad!
¡Fin a la corrupción!
¡Alto a la militarización!
ATENTAMENTE
La voz de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal
Firman la Mesa Directiva
Mariano Pérez Vázquez
Juan Vázquez Luna
José Ramón Vázquez Entzín
Victorio Pérez Paciencia
Macario Arias Gómez
Mariano Pérez Sántiz
Boletín de Prensa
Limedh
Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva en Chiapas y, hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno de ese Estado para poner en marcha el ambicioso proyecto de Ciudades Rurales, más que solucionarse problemas en la zona, se ha generado la confrontación dentro de comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.
Recordemos que en noviembre del 2007, se desgajó un cerro sobre el rio Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad mencionada. Este desastre, al que se le sumó las estrategias de desazolve adoptadas por Conagua y la CFE para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses, al menos 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas.
Ante esta situación, gobiernos estatal y federal, CFE y CONAGUA, así como fundaciones de la iniciativa privada como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron por parte de los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de ios lOOm al nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del rio); también, por parte de iniciativa pública y privada, la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijaiva, anunciada como primer ciudad autosustentable en el mundo, que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón además de presentarse como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la ONU para estados en situación de pobreza.
No obstante, es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Preocupa gravemente que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos, que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal mayor. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), tras un trabajo de investigación a partir de visitas realizadas desde el año 2008 a la fecha (2011), ha elaborado un informe en el cual se manifiestan de manera preocupante una serie de irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos, y enumeramos los siguientes:
Baja calidad en ia construcción de la Ciudad Rural, la cual contrasta con los avalúos de Catastro Chiapas donde se especifican oficialmente, materiales de construcción de mayor calidad, a los que a la vista fueron utilizados, como son: tubería de metal, siendo que en realidad son de plástico y tejas de metal, siendo que en realidad son de material reciclado, así como varios más. Situación que lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción. Además, es evidente que no se tomo en cuenta la opinión de los pobladores pues estos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto con respecto a las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesarios para cultivo o cuidado de animales. Asi mismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, limitando el flujo de capital. Resultado de esto, es la desintegración social, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente a habitar las casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.
Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a los afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tienen que mudarse con familiares y amigos, emigrando de sus comunidades, unos pocos, se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo en las comunidades. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; abusos perpetuados por personal policiaco y acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento manifiesto de los afectados, estos últimos se han visto en la necesidad de organizarse en movimientos populares y tomar acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido silenciarlos por medio de prácticas represivas como el encarcelamiento y la creación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones. Además de la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades. Se puede contar a 32 detenidos relacionados con esta situación, todos ellos presos políticos, han sido acusados de delitos ridículos como conspiración, motín, y extorción, entre otros. Todo esto con el fin de retenerlos en prisión y, a través del ejemplo de lo que puede pasar, ahogar las manifestaciones de descontento en relación al Tapón Grijalva.
Abandono de familias en refugios. Más de 300 familias continúan viviendo hacinadas en un insalubre conjunto de cabanas de 2 x 3 metros originalmente construidas como refugio temporal, actualmente llamada Villa Rural, en las que sus habitantes esperan, aún, la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.
Ante esta situación, no queda más que exhortar tanto a gobierno como iniciativa privada involucrada, tomen cartas en el asunto, lleven a cabo mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, den seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados y recursos que, cabe recordar, también, los dio el pueblo a través de impuestos y donaciones anónimas.
De la misma manera, instamos a la CNDH y al CDH de Chiapas, a que agilicen sus investigaciones y emitan las recomendaciones respectivas al caso.
Durante los primeros días de junio, el informe fue presentado a las autoridades federales y estatales, así como se hará ahora con las fundaciones y e instituciones privadas, con la finalidad de obtener respuestas y acciones concretas para que se atiendan las graves violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, hemos solicitado audiencias para el seguimiento del caso, por lo que les pedimos estar atentos a las respuestas.
La temporada de huracanes ya ha comenzado y esperamos que no se sigan acumulando los daños del pasado, que aún permanecen presentes y las nuevas catástrofes, por lo que urgimos a la solución de este caso y una prevención oportuna en los que se prevén.
Organizaciones que respaldan el Informe elaborado por la, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh): Red de Alerta temprana conformada por: Limeddh, la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AI), Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC), Maderas del Pueblo del Sureste, AC. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Delegación D-lll-24 administrativos, técnicos y manuales del INAH, de la sección XI del CNTE, Central Campesina Cardenista (CCC), Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV -SXXI), Sindicato de trabajadores del inca rural (STINCA), Unidad de la Fuerza indígena y Campesina (UFIC), Central de Organizaciones Obreras Y Campesinas Populares (COCYP), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Federación de Pueblos Rurales A.C (FEPUR), Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal (UPAX), Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco (CNCU), Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano AC (APENDRU)
Tomado de:
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