Tapachula, Chiapas, 8 de Junio de 2011

AL PUEBLO EN GENERAL

A LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA CARAVANA POR LA PAZ

La inseguridad en México, hace cada vez más peligrosa la labor de la defensa de los derechos humanos, aún más cuando se denuncia a bandas del crimen organizado coludidas con autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo tanto no existen garantías para hacer una labor tan urgente, necesaria e importante en favor de la defensoría de los derechos humanos.

Los que suscriben la presente carta, activistas y defensores de derechos humanos de los migrantes, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la cónsul de Honduras, Patricia Yamileth Villamil Perdomo.

El valor de la diplomática centroamericana para enfrentar la corrupción y las continuas violaciones a los derechos humanos de sus connacionales en Chiapas, es hoy día, punto de partida para recibir continuas amenazas de parte de la delincuencia organizada.

El gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal no han garantizado la seguridad mínima de aquellas personas que se atreven a denunciar. Por el contrario, en muchas ocasiones se han manifestado los innegables y alarmantes vínculos que existen entre los tres niveles de gobierno y la delincuencia organizada.

A raíz de las denuncias en contra de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas y a la explotación sexual de menores de edad y personas adultas, traídas con engaños para prostituirlas en bares del estado, el gobierno de esta entidad realizó diversos operativos en centros de prostitución, en donde se logró el rescate de varias menores centroamericanas y se detuvo a presuntos responsables del delito de trata de personas y a funcionarios corruptos. De esta manera, las denuncias afectaron los intereses económicos tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos en contubernio con dichas bandas.

Por ello, exigimos al gobierno federal y al del estado de Chiapas:

1. Garanticen la protección a la integridad física y psicológica del personal diplomático de la República de Honduras adscrito a la ciudad de Tapachula.

2. Garanticen el libre desempeño de sus funciones, especialmente, en cuanto a la defensa de los derechos de sus connacionales en la Frontera Sur de México.

3. Garantice la protección, el acceso a la justicia y el debido proceso a las víctimas de trata de personas.

4. Castigue a los funcionarios públicos vinculados a las redes de trata de personas.

Por otro lado:

1. Exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares a favor de Villamil Perdomo ya que las constantes amenazas, hostigamientos y presiones han provocado quebrantos en su salud.

2. Exhortamos al gobierno de Honduras a continuar el apoyo a la labor de la cónsul Patricia Yamileth Villamil Perdomo a favor de sus connacionales.

Asimismo, responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas de cualquier atentado en

contra de la integridad física de la cónsul y su equipo de trabajo. De la misma forma, exigimos el cese inmediato

de la campaña de desprestigio emprendida por algunos funcionarios del gobierno de Chiapas.

CASA DEL MIGRANTE “HERMANOS EN EL CAMINO”, CARAVANA PASO A PASO HACIA LA PAZ, NUESTROS LAZOS DE SANGRE, FAMILIA LATINA UNIDA

SIN FRONTERAS, MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO, ALIANZA BRACEROS DEL NORTE, ALBERGUE HOGAR DE LA MISERICORDIA, CULTURA

MIGRANTE, BRIGADA FEMINISTA POR LA AUTONOMIA, COMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL USUMACINTA. Padre José Alejandro Solalinde Guerra, Padre Heyman Vázquez, Fray Tomás González Castillo, Martha Sánchez Soler, Pepe Jaques, Elvira Arellano, Rubén Figueroa, Irineo Mújica, Cristóbal Sánchez, Conchy Avendaño