Detención arbitraria y tortura de Felipe Hernández Yuena
Que se inicie la investigación penal y se castiguen a los miembros de funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la detención y custodia de Felipe Hernández y del menor Pavel Hernández, quienes por testimonio de ellos manifestaron ser sometidos a Tortura
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 08 de Febrero de 2008

Boletín de Prensa 02


Detención arbitraria y tortura de Felipe Hernández Yuena

• Policía Ministerial y Ministerio de Justicia de Chiapas criminalizan la protesta social.

• Familiares solicitan investigación penal y castigo a funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la custodia, detención y tortura de Felipe Hernández.

Este Centro recibió denuncia por la detención arbitraria y tortura del señor Felipe Hernández Yuena, (en adelante Felipe), acusado por los delitos de sedición, motín y los que resulten, cargos impuestos al vincularlo como participe de procesos sociales que pugnan por la defensa de derechos de los campesinos. En el mismo acto se realizó la detención del menor (de 6 años de edad) Pavel Santiago Hernández Hernández, (en adelante Pavel) perpetrada de manera directa por elementos de la Policía Ministerial (antes Agencia Estatal de Investigaciones) y funcionarios del Ministerio de Justicia del Estado.

De acuerdo con el testimonio del Sr. Felipe, a las 12:00 de la mañana del pasado 5 de febrero de 2008 fueron detenidos junto con su hijo Pavel, por 4 integrantes de la Policía Ministerial, al momento que bajaban del transporte público en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. No les mostraron orden de aprehensión, ni le permitieron dejar en resguardo a su hijo con su esposa o conocidos.

Antes de trasladarlos a las instalaciones del Ministerio de Justicia, los detenidos fueron llevados a dos lugares distintos que refieren como instalaciones policíacas, sin poder identificar con certeza su ubicación. Al llegar al Ministerio de Justicia empezó el interrogatorio sobre su actuar político y con la intención de vincularlo con el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), el Sr. Felipe refiere: “ a cada pregunta un golpe en la nuca con la palma de la mano cachetas y en el estomago y como yo les contestaba que no sabia nada de lo que me estaban preguntado, los golpes eran mas duros y mas seguidos, esto duro cerca de una hora y media”

El testimonio del sr. Felipe refiere que a los golpes siguieron otros actos de tortura colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, golpes en el abdomen y tórax, asfixia al taparle la nariz y la boca y amenazas constantes de traer a su esposa e hijo para que entonces, sí hablara. Todo ello acompañado de preguntas reiteradas tratando de asociarle vínculos con el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y sobre los líderes en Venustiano Carranza de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

Amenazas de muerte y golpes propinados por distintas personas que entraban a la sala caracterizaron el interrogatorio. Aproximadamente a las 6 de la tarde un médico lo reviso desde su escritorio y a pesar de que Felipe le comento sobre la tortura que había sufrido, el médico no hizo caso y dio por hecho que no tenía nada.

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Posteriormente lo llevaron ante la Fiscal del Ministerio Publico (FMP), quien le informó sobre una acusación en su contra promovida por un señor de nombre Manuel Martínez Borraz, quien no exhibe credencial de elector y ninguna referencia hacia su persona, mismo que supuestamente lo acusa de incitar a la violencia, desestabilizar al gobierno del estado, de ser el líder de la manifestación que se realizó el 31 de enero de 2008, de luchar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por pedir precio justo a la tonelada de maíz, lo cual a consideración del FMP configuraba el delito penal de sedición y motín.

La misma Fiscal insistió en interrogarlo vinculándolo con el EPR, a lo que Felipe se negó a declarar en tanto no estuviera presente un abogado de su confianza ya que deseaba denunciar los hechos de tortura solicitando garantías a su integridad física, este derecho le fue ignorado y nuevamente fue llevado a los separos del Ministerio en donde continuó la tortura.

Por otra parte y sin certeza de lo que haya ocurrido al niño Pavel, el menor refiere que en todo el tiempo de su detención (8 horas, desde las 12 de la mañana a las 8 de la noche del 05 de febrero de 2008) no le fueron proporcionados alimentos; además de haber sido aislado de su padre, presenció la detención y sometimiento.

Después de una amplia participación social de organizaciones civiles y campesinas que se solidarizaron con el caso de Felipe y Pavel, el 06 de febrero de 2008 a las 16:15 horas salió en libertad bajo la figura jurídica de “reservas de ley” que aún no lo exime de la supuesta acusación que obra en la Averiguación Previa 00051/CAJ4TI/2008

Antecedentes

Felipe Hernández Yuena, es maestro de matemáticas particular en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, pertenece al Frente Magisterial Independiente Nacional (FMIN) y tiene relaciones con organizaciones sociales de Venustiano Carranza, como el Comité de Campesinos Pobres (CCP), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) entre otras que coinciden con abanderar la situación del campo mexicano.

Previo a la movilización nacional convocada por distintas organizaciones campesinas en contra del TLCAN a realizarse el 31 de Enero del presente año, a nivel regional un grupo de organizaciones de los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza acordaron participar realizando una marcha aTuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.

Sin embargo un día antes de la movilización, según testimonios de campesinos de estos municipios, funcionarios del gobierno estatal que preside Juan Sabines Guerrero intentaron impedir que las organizaciones y comunidades se manifestaran, propuesta que rechazaron ya que los campesinos habían hecho saber por escrito desde el 15 de enero que la marcha a la capital sería pacifica y en exigencia de sus derechos.

En la manifestación del 31 de enero en Tuxtla Gutiérrez uno de los oradores visibles frente a palacio de gobierno fue el sr. Felipe, al terminar el evento fueron atendidos por funcionarios de gobierno dependientes de la Subsecretaria de Relaciones Políticas y por la Subsecretaria de Operación Región Centro, quienes les manifestaron que reconocían las causas de la movilización y la voluntad de atender sus demandas, pero sin comprometerse en nada.

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Ante éstos hechos de evidentes violaciones a derechos humanos este Centro manifiesta su preocupación por la tendencia de los gobiernos federal y estatal de criminalizar la movilización y protesta social el cual es un derecho de todo ciudadano, garantizado en nuestra Constitución y distintos convenios intencionales que protegen y garantizan los derechos a la expresión, a la libertad de pensamiento y de petición, y lamenta que esto conlleve a violaciones graves como son la tortura, privación arbitraria de la libertad, así como violaciones a derechos de los niños, situación que reprobamos al haber sometido a un menor de edad en las condiciones ya descritas.

Con la muestra de estos hechos queda de manifiesto la falta de respeto y protección de derechos humanos de las autoridades encargadas de procurar justicia.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que: “los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos”. (OEA, CIDH, Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 2002).

Por tal razón el Centro de Derechos Humanos, solicita:

• Se inicie la investigación penal y se castiguen a los miembros de funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la detención y custodia de Felipe Hernández y del menor Pavel Hernández, quienes por testimonio de ellos manifestaron ser sometidos a Tortura, derivado de la investigación judicial.

• Apliquen y den cumplimiento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas en sus artículos 3 y 4, así como el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México para Prevenir y Sancionar la Tortura y la aplicación del protocolo de Estambul.