Chiapas, endeudamiento en la encrucijada

 

Publicado en la revista Economía Informa 

de la Facultad de Economía de la UNAM, 

Núm. 376, Correspondiente al Bimestre: Sep-Oct, 2012


Jorge López Arévalo y Baltazar Mayo Mendoza
1.      Deuda y descentralización
La teoría tradicional del federalismo fiscal (Oates 1972, Musgrave 1961, Tiebout 1956) considera que descentralizar las funciones de provisión de bienes y servicios públicos, a igualdad de costes, será más eficiente que mediante formas centralizadas, porque así los gobiernos locales identificarán fácilmente necesidades y gustos de los agentes y actuarán en función de estas preferencias para lograr eficiencia en el suministro.
Además, con la descentralización surgen competencias e innovaciones entre los gobiernos locales para inducir a mejoras en las políticas públicas y promover la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, la cual incentiva a los gobernantes al ejercicio del poder transparente y la rendición de cuentas (accountability).
Para hacer frente a sus funciones de provisión los gobiernos subnacionales (estados) se valen de ingresos que tributan en el ámbito local y del endeudamiento como instrumento para complementar sus ingresos.
La realidad es que con mayor frecuencia muchos gobiernos locales presentan desajustes en sus presupuestos públicos como consecuencia de una baja capacidad fiscal o el limitado acceso a sistemas tributarios de base amplia (desequilibrio vertical) y las diferencias en desarrollo económico por razones históricas y geográficas (desequilibrio horizontal).
En un sistema federal el gobierno central, para solucionar los desequilibros vertical y horizontal, generalmente descentraliza impuestos, incorpora otros, recurre a acuerdos de coparticipación (tax-sharing)[1] y diseña un sistema de transferencias federales hacia los gobiernos locales con el objetivo de aminorar las capacidades fiscales y las diferencias en el desarrollo económico.
Tradicionalmente las transferencias son enviadas de formas no condicionada y condicionada. La primera son recursos entregados con total discrecionalidad respecto a su ejercicio, de forma que ayudan a relajar la restricción presupuestaria local, en tanto que los segundos son etiquetados para fines concretos, en particular obras de infraestructura y desarrollo social.
Con estos sistemas de corrección vertical y horizontal los gobiernos locales deben hacer frente a tres objetivos: suficiencia, autonomía e igualdad. 1º. Debe haber suficientes ingresos del gobierno local para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos encomendados; 2º. Los ingresos corrientes han de permitir a los gobiernos locales ejercer su autonomía política para responsabilizarse con sus ciudadanos de sus decisiones; 3º. Las diferencias de rentas y la capacidad fiscal no serán un factor discriminante en cuanto a niveles de servicios que reciban los ciudadanos (Castells 1999).
Estos objetivos se pierden conforme los presupuestos locales dependen en mayor proporción de las transferencias del gobierno central. Oates (1999) ha descrito ampliamente este fenómeno, considerando que la alta dependencia debilita los incentivos a la responsabilidad fiscal y que las decisiones fiscales son producto de negociaciones políticas entre ambos niveles de régimen. 
Para el caso latinoamericano Peterson (1997) ha encontrado una presencia acentuada de tal fenómeno, en el cual una vez delimitadas las responsabilidades de los dos niveles de gobierno, y cuando se ha garantizado el ingreso por transferencias, los gobiernos locales hacen uso pobre de su autoridad fiscal, aplicando tasas impositivas bajas, y en algunos casos comprometiendo las transferencias como garantías de endeudamiento. Los gobiernos subnacionales “prefieren las transferencias libres que asumir el coste político de incrementar sus ingresos propios” (Peterson 1997; 10).
El uso pobre de la autoridad fiscal y la alta dependencia de las transferencias hacen al presupuesto público local muy frágil y demasiado dependiente de las oscilaciones de la economía del país, considerando que las del gobierno central provienen de lo que se recauda de tributos de base amplia, como los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR). Así, si la economía está en una fase recesiva, es probable que los recursos al respecto caigan, y sucede lo contrario cuando se encuentra en una etapa expansiva.
Dada la vulnerabilidad del presupuesto local, muchas veces los gobiernos hacen uso del endeudamiento como camino fácil para fortalecer los ingresos, y más cuando no se tiene mecanismos de control en la contratación de pasivos, lo cual provoca graves desajustes en el presupuesto público local.
Este fenómeno comúnmente suele ocasionar problemas de “restricción presupuestaria blanda” cuando un gobierno no hace frente a sus obligaciones de gasto con sus ingresos, sino que se endeuda, porque tiene la expectativa de que el gobierno central entrará al rescate con recursos adicionales para hacer frente a sus obligaciones contraídas. Este tema ha sido muy estudiado porque de ello emana parte de la estabilidad macroeconómica de un país.
Al comportamiento de abusar en la utilización de la deuda se le puede atacar con la implementación desde el gobierno central de controles para garantizar la disciplina presupuestaria por medio del establecimiento de los límites de endeudamiento, que condiciona y promueve el uso más racional de este instrumento de financiación.
Si no se cuenta con los controles institucionales para el endeudamiento, los gobiernos en el poder también pueden hacer uso de este mecanismo de financiación para fines electorales que hacen acrecentar más la deuda. Por ejemplo, si el actual gobierno cree que para las próximas elecciones la probabilidad de triunfo es muy baja, contrae pasivos para heredarle a su sucesor y que éste tenga poco margen de maniobra al realizar sus planes de campaña.
La inexistencia de controles institucionales para el endeudamiento es muy frecuente en países en desarrollo, particularmente en los gobiernos subnacionales de México, y eso se ha reflejado en Chiapas, el cual durante los cinco años y medio recientes vio multiplicar su deuda 13 veces, sin que ello se haya traducido en mejoras en los indicadores de crecimiento y desarrollo.
El chiapaneco puede ser un caso de estudio de la deuda subnacional porque es paradójico que dados los niveles elevados de transferencias (condicionadas y no) recibidos de la federación aún utilice el instrumento de la deuda como mecanismo de financiación.
2.      Deuda de los estados de México: contexto general
En 2011 el saldo de débito de los estados fluctuó en los 390 mil 777 millones de pesos, lo cual significó un incremento en términos reales de 17.8% respecto al cierre de 2010. Esta cifra es baja si la comparamos con el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), que para 2011 fue del 2.9%, y se incrementa en cuanto a la principal fuente de ingresos de los estados, las participaciones, 79.6, considerando que a estas transferencias se les puede emplear junto con los ingresos propios como garantía de endeudamiento. Así, el ratio participaciones/deuda indica la posible solvencia de las autoridades locales para hacer frente a sus compromisos en la materia.
En 2011 los estados con una mayor relación participaciones/deuda fueron Coahuila (304.6%), Quintana Roo (204.2), Nuevo León (165.9), Chihuahua (118.4) y Nayarit (111.8), y el resto se mantuvo por debajo de 100. La deuda de Chiapas se encuentra en 72.5% debido a que es uno de los que más subsidios federales recibe[2].

Gráfica 1
Fuente: Elaboración basada en datos de SHCP.
En general casi todos los estados del país, si tuvieran que pagar hoy sus compromisos de deuda, no contarían con los ingresos suficientes para saldarlos y, en el peor de los casos, tendrían que hacer ajustes muy drásticos, como la reducción del gasto público, para equilibrar los presupuestos locales.
Por el otro lado, los estados cuyos niveles de endeudamiento durante el periodo 2006-2011 aumentaron significativamente, evaluados por la tasa de crecimiento media anual, fueron Campeche (de 0 a 1,010.9 millones de pesos, que sería al infinito en porcentaje), Coahuila (144.2%), Zacatecas (76.6), Chiapas (74.4), Tamaulipas (70.5), Nayarit (58.8) y Quintana Roo (47.3). En  contraste, el estado que vio reducir sus pasivos fue Tlaxcala, (-) 21.7%.
Destaca la existencia de niveles de endeudamiento muy heterogéneos en el país, aunque existe una norma constitucional que intenta regular estas acciones, el artículo 117 fracción VIII de la Constitución[3], el cual establece que la deuda de los gobiernos estatales y municipales únicamente será contratada para fines de inversión productiva, pero cada Estado puede normar internamente la regulación del nivel de endeudamiento.
Acerca de la autorización y la fijación de los límites de endeudamiento, las legislaturas locales son las encargadas de decretar en esta materia, pero también existe gran heterogeneidad. Un reporte publicado por la Auditoría Superior de la Federación (2011) ha encontrado que de los 31 estados únicamente 17 han dispuesto establecer trabas al financiamiento público.


Cuadro 1
Aun con la existencia de estas limitaciones internas de endeudamiento, la efectividad es nula, a decir del reporte de la ASF, la cual encontró “que las entidades con límites en su financiamiento crecieron a un ritmo prácticamente del doble en relación a las entidades sin disposiciones para limitar estas operaciones.” (ASF, 2011: 32).
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la deuda contraída de los estados con límites de endeudamiento respecto a los que no la tienen.

Cuadro 2
Fuente: Elaboración basada en datos de SHCP.
El primer grupo (con límites) durante el periodo 2000-2011 tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 9.2%, 1.1 puntos por encima del nacional, en tanto que para los estados sin límites regulatorios fue de 7.1.
La opacidad en la rendición de cuentas, del destino de la contratación de los pasivos, imposibilita saber el fin que se ha dado a los recursos adicionales mediante esta operación, si bien se ha mostrado que a la par de un mayor endeudamiento la cuantía en gastos en inversión ha mantenido una dinámica muy pobre respecto al gasto corriente y los subsidios (México Evalúa, 2011).

FINANZAS PÚBLICAS
La situación de Chiapas al respecto, como en todos los estados, a excepción de algunos del norte y el DF, presenta bajos niveles de recaudación local.


Cuadro 3
En el caso chiapaneco, en promedio, los ingresos propios apenas han representado el 5%, en tanto que acerca de las transferencias del gobierno central sólo los ramos 28 y 33 conjuntamente significan el 92.7%, con 33.3 para las participaciones y 59.4 en las aportaciones.
Si observamos el comportamiento de las transferencias en un periodo largo de tiempo, lo recibido por Chiapas siempre ha sido superior a la media nacional; particularmente se observa incrementos sustanciales durante el conflicto social (1994-1995) para el caso del ramo 28 y posteriormente el 33 (1996-1999), cuando el gobierno central focalizó su mayor atención al rezago social estatal. Sin duda, el levantamiento zapatista fue el detonador de mayor gasto público para el estado.
                         



                       Gráfica 2                                                                Gráfica 3






Deuda del estado y combate a la pobreza
Chiapas pertenece al grupo de los 17 estados que cuentan con una legislación local para controlar los niveles de endeudamiento. El reporte más reciente de la ASF confirma que el techo de deuda no debe superar el 25% de la sumatoria de las participaciones federales y los ingresos propios. La Gráfica 4 muestra que antes de 2006 el monto chiapaneco al respecto se mantenía debajo del límite; después de ese año se ubicó muy por encima de lo establecido. Es decir, el gobierno estatal y el Congreso local se han saltado la norma del techo de endeudamiento.
Gráfica 4




En 2007 se rompió esta barrera del límite legal de endeudamiento y la administración local presentó un crecimiento de 581% de tal nivel, 5 mil 124 millones de pesos en sólo un año, al pasar de 882 millones de pesos en 2006 a 6 mil 005 millones.
Respecto a la composición de la deuda de Chiapas por tipo de deudor, en 2006 el Gobierno del Estado tenía las finanzas públicas en cero débito; la que había era de los gobiernos (408.9 millones de pesos) y organismos municipales (315.9 millones de pesos), que conjuntamente sumaban 724.8 millones de pesos constantes de 2003.
Cuarenta y cinco municipios tenían deuda, sobresaliendo Tuxtla Gutiérrez, la capital, que concentraba el 28.2% de la municipal, que ya representaba el 50% del total de los pasivos contraídos por los ayuntamientos durante ese periodo.
En 2006 Tuxtla Gutiérrez era gobernada por Juan Sabines Guerrero, actual mandatario de Chiapas, quien heredó este monto de pasivos a la administración municipal entrante.  La deuda de los organismos estatales estaba concentrada en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA-Tuxtla Gutiérrez), por un crédito que adquirió de Banobras, S. N. C., en diciembre de 2005 (Deuda Pública, 2011).
Por tal razón se deduce que el grueso de la deuda indirecta del estado de Chiapas en 2006 fue heredada por Juan Sabines en su calidad de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez durante el periodo 2004-2006.


Cuadro 4
Deuda de Chiapas por tipo de deudor 2006-2011 en millones de pesos de 2003

Ente deudor
2006
2011
TCMA 2006-2011

Tuxtla Gutiérrez
204.5
272.7
5.9

Tapachula
49.3
101.0
15.4

San Cristóbal de Las Casas
5.9
61.2
59.5

Chilón
16.4
23.1
7.0

Otros municipios
132.7
449.5
27.6

Total municipal (I)
408.9
907.5
17.3

Gobierno del Estado (II)
0.0
8110.5
¥

Organismos estatales (III)
0.0
0.0
0.0

Organismos municipales (IV)
315.9
171.8
-11.5

Total (I+II+III+IV)
724.8
9189.9
66.2

Fuente: Elaboración basada en datos del SIMBAD y la SHCP, deflactados con el índice de precios implícitos del PIB, base 2003.

El argumento de Juan Sabines Gutiérrez es: el estado se endeuda porque ha recibido menos recursos públicos que el gobierno anterior (Pablo Salazar Mendiguchía) y está pagando a los pobres una deuda histórica al otorgarles servicios “pantalla”, justificando que haya pasado de una de cero pesos a una de 8110.5 millones constantes de 2003 en sólo cinco años (2006-2011), mientras la total creció en términos reales en 66.2% anual, una de las tasas más altas del país en ese periodo[4].
En términos generales, algunos indicadores permiten ver la eficiencia o ineficiencia del gasto público en Chiapas y sus resultados en materia de combate a la pobreza y crecimiento económico.


Cuadro 5
Participaciones, transferencias, deuda, PIB y pobreza de la economía chiapaneca (2006-2010)
2006
2007
2008
2009
2010
TCMA (%) 2006-2010
Ramo 28*
10,636.3
10,233.0
12,398.0
11,892.7
11,793.9
2.6
Ramo 33*
18,417.8
19,287.8
21,798.1
22,577.3
22,227.8
4.8
Deuda*
725.0
4675.3
51,74.9
6,488.9
5,556.7
66.4
PIB*
149,902.2
147,058.4
153,051.5
148,188.9
158,233.9
1.4
Población***
4’424,997
4’515,103
4’607,044
4’700,857
4’796,580
2.04
PIB por habitante**
33,876
32,570
33,221
31,524
32,989
-0.7
Deuda/habitante**
163.8
1,035.5
1,123.3
1,380.4
1,158.5
63.1
Pobreza****
3’348,012
3´450,625
3´556,383
3’665,383
3’777,723
3.1
Pobreza extrema****
1’982,002
1’947,113
1’912,838
1’879,166
1’846,087
-1.8
IDH
0.7336
0.7336
0.7383
0.739
0.7469
0.5
Nota: *Millones de pesos de 2003, **Pesos de 2003, ***Población estimada a partir de los XII y XIII censos de Población y Vivienda y ****Personas estimadas a partir de Coneval.
Fuente: Elaboración basada en datos de SHCP, INEGI, XII y XIII censos generales de Población y Vivienda, Coneval y PNUD.

Se puede apreciar que los resultados de las transferencias de los ramos 33 y 28 y el endeudamiento público no han sido positivos en Chiapas durante el periodo de 2006 a 2010, porque la pobreza ha crecido en 429,711 chiapanecos en esos cuatro años, aun cuando la extrema ha disminuido en 135,915, por lo cual se puede suponer se ha reclasificado de pobres extremos a pobres, por el aumento tan significativo de los primeros.
La disminución ligera de la pobreza extrema en Chiapas durante tal lapso quizá se deba a varios factores, entre ellos programas federales focalizados, como Oportunidades (Vivir Mejor, Alimentación, Salud y 70 y más), Procampo, Program, Pronabes; estatales: Amanecer, Proyecto Motor; transferencias privadas: remesas nacionales o internacionales; o mejoras en los ingresos (salarios, por venta de productos, actividades ilegales, etcétera). Sin embargo, el Gobierno del Estado desarrolló una campaña mediática diciendo que la pobreza en Chiapas era cosa del pasado, que no era destino para el estado, pero las cifras duras se estrellan contra las expresiones demagógicas de su gobernante.
En suma, de todos los indicadores del Cuadro 5 lo que más aumenta en Chiapas en ese periodo son las deudas total (66.4%) y por habitante (63.1), así como los ramos 33 (4.8) y 28 (2.6), y en mucho menor medida el PIB (1.4), pero desciende el PIB per cápita (-0.7), mientras en personas son la pobreza (3.1%), la población (2.0), y el IDH apenas crece en (0.5)[5], disminuyendo la pobreza extrema (-1.8).
No obstante se diga que el gobierno de Sabines tiene un enfoque de desarrollo humano y que ha incorporado los ODM en la Constitución, respecto a 2010, desafortunadamente, de cada 10 chiapanecos sólo dos no son pobres y cuatro son pobres extremos (Coneval). Es como si viviéramos en la África Subsahariana, combinada con la Sudáfrica del apartheid, pues si se analiza por etnia los que están peor son los de mayoría india y eso se significa apartheid no de jure pero sí de facto. De los 100 municipios que viven en extrema pobreza en México 23 son chiapanecos con mayoría de población india. Lo mismo acontece con el Índice de Desarrollo Humano, pues, de acuerdo con el PNUD (2012), se clasifica a Chiapas en el último lugar.
Históricamente se ha visto que la cuestión de la pobreza y su erradicación está lejos de apelar a soluciones simples o recetas milagrosas. En Chiapas se ha desarrollado una especie de lo que se ha llamado mercado de trabajo burocrático-tribal, que tiene por objeto no obtener eficiencia, sino que distribuirse la renta que se transfiere vía recurso público federal y endeudamiento. Por eso se puede considerar que la burocracia deviene en parasitaria y antiproductiva (Salama, 1999), dando lugar a una cultura rentista en la entidad y contribuyendo así a ser un factor de atraso económico y político.

Reflexiones finales
Los sistemas de transferencias condicionadas y no condicionadas o los de corrección horizontal y vertical no han tenido impacto en el endeudamiento de los estados, tampoco siquiera las limitaciones establecidas en el artículo 117 constitucional, ni la normatividad acerca del límite del endeudamiento, pues aquellos limitados son los endeudados por encima de los que no tienen.
Ante el despilfarro de recursos que la mayoría de los estados comete, éstos deberían tener topes a su deuda, pues no sólo comprometen a las nuevas administraciones, sino reducen la atención a la población, porque colocan como colaterales tanto las participaciones federales como los ingresos propios, lo cual limita significativamente la capacidad de gasto para atender las demandas locales. Además, comprometen los activos del estado. En un contexto de contracción económica que ya se ve venir, menores serán los ingresos propios, por lo que tendrán menor capacidad de pago de la deuda y, al crecer menos la economía, mayor será la demanda de la población en relación con servicios públicos, y menor la capacidad del gobierno local para atenderlas, arriesgando la seguridad social y nacional, y también habrá menor capacidad del gobierno federal para entrar al rescate de los gobiernos locales.
En síntesis, los resultados de Chiapas analizados respecto a la administración de Juan Sabines Guerrero son negativos: 1) los ritmos de crecimiento del PIB estatal son muy débiles y en el caso del PIB por habitante decrecientes; 2) la evolución de la distribución del ingreso no mostró mejoría no obstante que el estado fue destinatario de un mayor gasto público mediante aportaciones y participaciones federales, así como de programas especiales, al altísimo endeudamiento público y en el ámbito privado de las remesas nacionales e internacionales, y ni así se logró mejorar la distribución del ingreso ni abandonar el último lugar en el IDH del país (PNUD 2012) y el primero en pobreza (Coneval).
Acerca del grado de autonomía económica del estado en función de sus finanzas, no hubo avances porque sigue dependiendo de las transferencias públicas del gobierno federal y privadas (remesas), sus ingresos propios son mínimos y no generan condiciones para pagos futuros de la deuda, por no contar con la infraestructura rentable que establece el artículo 117 de la Constitución, siempre y cuando obtenga la autorización del Congreso local (cómplice en este caso o muy incompetente) sino que el dinero se ha despilfarrado en gasto corriente. Es decir, no se invierte en obras de infraestructura física e inteligente ni se combate a la pobreza con eficacia, como se anuncia oficialmente. Chiapas no tiene condiciones para pagar la deuda, pues para poseerlas debería crecer y generar riqueza y no lo está haciendo. No tiene condiciones para pagar porque sus ingresos propios son irrisorios y depende del presupuesto del gobierno federal.
Si el estado de Chiapas se hubiera endeudado pero mostrara crecimiento económico, disminución de la pobreza y la desigualdad, mejor IDH, sería una deuda bien invertida y no tendría caso escribir un artículo con críticas al endeudamiento de la entidad, pero no ha sido así, ni se le ha empleado para mejorar las condiciones de infraestructura física e inteligente, más bien se le ha despilfarrado.
Al igual que Jano, las finanzas tienen dos caras: un rostro virtuoso que facilita la acumulación y un rostro parasitario que se alimenta de ella. Ambas caras coexisten, predominando una sobre la otra, y viceversa (Salama, 2008). En Chiapas, por lo visto, la cara parasitaria de Jano ha predominado sobre la virtuosa.
Recapitulando, Chiapas, más allá de los discursos triunfantes de sus gobernantes, se hunde en la pobreza endémica. No es una flor al viento, como dijera el poeta Enoch Cancino Casahonda, ni en el cosmos, sino el colmo, una herida abierta.


BIBLIOGRAFÍA
Auditoría Superior de la Federación (2011), Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, Cámara de Diputados, México Distrito Federal.
Castells, A. (1999), “Haciendas locales, autonomía y responsabilidad fiscal”, Gestión y política pública, Vol. VIII, segundo semestre, México.
Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos (2012), Legislación Federal (vigente al 5 de septiembre de 2012), TITULO QUINTO DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION Y DEL DISTRITO FEDERAL (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre 1993). <http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/118.htm?s=> [Consultada el 3 de octubre de 2012]
Mandujano, Isaín (2012), “Gobernador dejará a Chiapas hundido en mega deuda de 20 MMDP”, Proceso, 3 de octubre de 2012. < http://www.proceso.com.mx/?p=321590> [Consultada el 3 de octubre de 2012].
México Evalúa (2011), Deuda y gasto estatal, ¿para qué?,  México, D. F.
Musgrave, R. (1961), “Approaches to a fiscal theory of fiscal theory of political federalism, NBER public finance: need, sources and utilization”, Princeton University Press, pp. 97-133, Princeton.
Oates, W. E. (1972), “Fiscal federalism”, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Oates, W. (1999), “An essay on fiscal federalism”, Journal of Economics Literature, vol. 37, pp. 1120-1149.
P.O (2012), Periódico Oficial del estado de Chiapas (P.O.), 371, 23 de mayo de 2012.
Peterson, G. (1997), “Decentralization in Latin America, learning through experience”, World Bank, Washington, D. C.
PNUD (2012), El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, ediciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México, D. F.
Salama, Pierre (1999), Riqueza y pobreza en América Latina. La fragilidad de las nuevas políticas económicas, Universidad de Guadalajara-Fondo de Cultura Económica, Guadalajara, Jalisco.
Salama, Pierre (2008), El desafío de las desigualdades. América Latina / Asia: una comparación económica, Siglo XXI, México D.F.
Tiebout, C. (1956), “A pure theory of local public expenditure”, Journal of Political Economic, No. 64.

Fuentes electrónicas y base de datos:
Deuda Pública (2011). Deuda pública indirecta <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xwd94TsPrpAJ:www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuenta%2520Publica%25202011_R/TomoI/DeudaPub.pdf+deuda+de+chiapas+en+2005+(SMAPA)&hl=es-419&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEEShNXzCXUTj8wMMYFvr77y4nT3MOl6i_5uAgrMzJDDLPqhXXpm0hFEzqa3BANDFQJPpzAJY5GzN1oGKy3UeIcgpQDW6BkiYaBVkih4Flu-OqW7hDzthqSxv00QvvcK8tpVeFwXAF&sig=AHIEtbS8O2Yxi_zLOAjA9ayJSvcrUmPdTg> [Consultada el 9/09/2012]
INEGI. Banco de información económica. PIB por entidad federativa. [Consulta el 17 de agosto de 2012], en: <www.inegi.org.mx>
SHCP.  Deuda pública de entidades federativas y municipios, <http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/2doTrimestre.aspx> [Consultada el 4 de septiembre de 2012]
CONEVAL. Medición de la pobreza,  <http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do> [Consultada el 6 de agosto de 2012]
Fitch Ratings México. Finanzas Públicas. Estados,  <http://www.fitchmexico.com/Links/busquedas/default.aspx> [Consultada el 27 de junio de 2012]



[1] Generalmente pueden ser los impuestos de base amplia, al valor agregado y a las ventas.
[2] Ésa es una de las razones de por qué Fitch Ratings en su evaluación de la deuda chiapaneca del 2 de enero de 2012 le da la calificación de A-(mex), pero con perspectiva crediticia de largo plazo negativa. Desde el 1 de junio de 2007 hasta el 12 de octubre de 2010 Chiapas había sido evaluada cinco veces y en todas había obtenido la calificación de A(mex) con perspectiva crediticia estable, hasta que en 2012 le rebajaron la calificación. Ello tiene que ver con la metodología de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que parte de considerar entidades públicas respaldadas por ingresos fiscales.
<http://www.fitchmexico.com/sector/FinanzasPublicas/Edos/default.aspx> [Consultada el 10 de julio de 2012].
[3] “…los estados y los municipios no podrán contraer  obligaciones  o empréstitos  si no  cuando se destinen  a inversiones  publicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados   y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informaran  de su ejercicio al rendir la cuenta publica..” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012)

[4] En 2012 la deuda de Chiapas también creció. Para tener una idea, en los últimos meses de su gobierno, el 22 de mayo de 2012 el Congreso aprobó un préstamo de 1,025.6 millones de pesos, el 15 de septiembre fue autorizado otro por 3.5 millones para el proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado y el 2 de octubre otro por 3,780 millones (P.O., 2012 y Mandujano, 2012).
[5] Para tener una idea, si Chiapas creciera en su IDH a una tasa del 0.5%, como en el periodo 2006-2010, y el Distrito Federal al 0.3, lo que ascendió en ese periodo, se requeriría 107 años para que el primero lo alcanzara.