San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 5 de Enero de 2010.


A los Medios de Comunicación.

A las Organizaciones Democráticas e Independientes.

A los Organismos de Derechos Humanos.

Al Gobierno Federal y Estatal.


POSICIONAMIENTO POLÍTICO DEL FNLS ANTE EL 2010 EN CHIAPAS.


Nos encontramos ante un contexto estatal donde el gobierno de Juan Sabines Guerrero ha logrado dar pasos firmes en la senda de la concentración de cada vez mayor poder político y económico, convirtiendo en este camino a Chiapas en un territorio donde las desigualdades, la marginación y la pobreza extrema se han visto acentuadas.


Desde el inicio de su mandato, el gobernador del estado ha jugado con su gabinete como si de un tablero de ajedrez se tratase, colocando y sacando piezas del mismo, en una partida jugada al servicio de lo que finalmente le importa, esto es, poner la estructura gubernamental al servicio de la inversión de empresas extranjeras en puntos geoestratégicos de nuestro estado. Para este gobierno no es relevante quienes detentan cargos en el mismo sino cómo garantizar y perpetuar la corrupción y la impunidad en y desde el poder, a través del otorgamiento de puestos gubernamentales a cambio de favores mezquinos. En esta trayectoria caminan a su lado los partidos políticos representados en el Congreso local: PRI, PAN Y PRD, quienes se muestran como aventajados discípulos en la práctica de este juego de la política más vil y corrupta, en la que practican sistemáticamente el engaño. Prueba reciente de ello la da el que sin consultar a la población, de manera clandestina, sustrayéndose del debate público y burlándose de quienes dicen representar, estos mismos partidos impulsaran y aprobasen la llamada “Ley de Paternidad Responsable”, pasando con ello vergonzosamente por alto todas sus proclamadas políticas a favor, supuestamente, de los derechos de las mujeres. Con esta acción legislativa, estos partidos han hecho patente su sometimiento al dictado de la jerarquía eclesiástica y patriarcal. Sin el más mínimo asomo de dignidad, partidos y jerarquía eclesiástica se han dado la mano a la hora de propiciar una escalada en la criminalización de las mujeres que cometen el supuesto “delito del aborto”, esperando llenar las cárceles con éstas, quizás para que reemplacen en las celdas los lugares que deberían ocupar los cientos de pederastas que la Iglesia oculta y ampara entre sus filas y que, éstos sí, gozan de una impunidad vergonzante contra la que ninguna medida legislativa ha sido adoptada. El PAN y el PRI implementan así también en Chiapas la misma estrategia que, al igual que en otras entidades del país, persigue a mujeres y personas de diferente opción sexual, convirtiéndose de este modo en el brazo secular de la campaña inquisitorial que cada día es lanzada desde los púlpitos y encuentra fiel replica en curules y sillas de gabinete.


La descomposición social, política y económica del país dibuja escenarios oscuros para este año 2010, y Chiapas no queda fuera de ellos.


La descomposición de los partidos políticos es un hecho. Basta escuchar los discursos de los congresistas locales, “saboreándose” los aproximadamente 53 mil millones de pesos en gasto aprobados a través de la “Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2010”, supuestamente para combatir la pobreza en Chiapas. Una fortuna que no cabe sino sospechar que será en gran parte dilapidada en las disputas por el poder local que se deriven de las próximas elecciones estatales para alcaldes y diputados, un erario público que será malversado sin servir en nada a la población que más lo necesita.


En sus tres primeros años de mandato se nos anuncia que el gobernador de Chiapas ha visitado los 118 municipios de nuestra entidad. Un ejercicio de propaganda destinado a fortalecer su imagen externa y ofrecerle 118 tribunas desde las que proclamar que en Chiapas reina la paz y la justicia. Esta declaración reiterada debe entenderse como un cínico azote de la dialéctica gubernamental contra el 5.26% tasa de desempleo en Chiapas, a finales de 2009, según el INEGI, o para los miles de pequeñas empresas que en 2009 anunciaron su quiebra. Frente a esta realidad, este es el gobierno que se vanagloria de las famosas “Ciudades Rurales”, espacios que le ofrecen el rango internacional que precisa para amplificar en el mundo su invitación a invertir en Chiapas a las grandes depredadoras de recursos naturales que son las empresas transnacionales. Resulta irónico que el discurso de la sostenibilidad económica y ambiental sea acompañado de acciones que dejan la puerta abierta a la entrada de capitales destructores de nuestra riqueza.


En el plano de la seguridad, la tan publicitada lucha contra la delincuencia organizada, acompañada de apantallantes operativos y despliegues policiales en toda la geografía chiapaneca, solo ofrece el resultado de haber traído más temor a la población, tal y como ocurre con los cientos de pequeños productores, campesinos e indígenas, que diariamente se enfrentan al pago de “mordidas” en retenes improvisados, pagando así una especie de impuesto carretero no declarado por acceder con mercancías básicas (grano, azúcar) a sus comunidades.


Inversión extranjera, concentración de la población en ciudades rurales, despliegue militar y policial…toda una infraestructura que crece y se prepara, lista para despojar de sus tierras y riquezas naturales a las poblaciones indígenas, contando adicionalmente con el amparo de una supuesta “Ley de Derechos y Cultura Indígena” esgrimida como respuesta y contención de un conflicto armado aún no resuelto. Sólo desde el cinismo puede afirmarse que en Chiapas se avanza hacia la “construcción de una nueva cultura jurídico social”.


En el otro plano, la antes referida descomposición ha tenido su más trágico reflejo en la agudizada cooptación, por parte de este gobierno de “Hechos no Palabras”, de la mayor parte del movimiento social. Así, en el seno del mismo, las organizaciones sociales nos encontramos hoy más lejos que ayer de superar la fragmentación que venimos enfrentando. Es sin lugar a dudas urgente que se dé la suma de tantos y tantos esfuerzos, que a día de hoy sólo se encuentran concretados en resistencias aisladas en diferentes regiones de Chiapas. Dicta esta urgencia la necesidad de hacerle frente a la inminente devastación que se deriva de la aplicación de las políticas neoliberales en el escenario antes esbozado. Un escenario donde seguramente se producirán estallidos sociales, los cuales, se verán infiltrados por la estrategia gubernamental o se producirán sin la necesaria coordinación estatal y nacional, a menos que exista la unidad de acción a la que debiera aspirarse.


Al finalizar el año, como FNLS y con base en el principio de solidaridad que rige a nuestra organización y que se encuentra plasmado en nuestros documentos internos, nos solidarizamos con la OCEZ-RVC desde el inicio de la represión gubernamental que esta sufriera y hasta lograr la liberación de los compañeros José Manuel de La Torre, José Manuel Hernández Martínez (Chema) y Roselio Cruz González, víctimas directas de la dicha actuación represiva del estado. En este marco de solidaridad, nuestra postura es y ha sido de respeto permanente por la OCEZ-RVC, pero, de la misma manera, e igualmente coherentes con nuestros principios, acompañamos como testigos el proceso de diálogo, pero nos mantenemos ajenos a cualquier interlocución y compromiso en este momento con el gobierno del estado. Ambas organizaciones reconocemos, y así lo hemos manifestado en pronunciamientos, que nuestras formas y prácticas de lucha son diferentes. No obstante, es también claro para el FNLS que, en el contexto actual de represión hacia cualquier disidencia política que se viene dando en Chiapas, no dudaremos en apoyar a las organizaciones y personas que sean víctimas de ésta, incluyendo a la OCEZ-RVC.


Como organización política finalizamos un año e iniciamos otro, en el cual sabemos que la criminalización hacia el movimiento popular desde los gobiernos federal y estatal seguirá adelante. Sabemos también que, como ya se ha venido produciendo, entre las tácticas de criminalización se encontrará la elaboración de expedientes incriminatorios de hombres y mujeres líderes sociales, así como de defensores y defensoras de los derechos humanos. No excluimos en este previsible panorama el que pueda producirse la ejecución de integrantes de organizaciones sociales. En voz del propio compañero Chema hemos podido corroborar la existencia de planes contrainsurgentes y de la represión contra el FNLS que se pretende desatar. Es esta una información que el compañero obtuvo en los interrogatorios policiales a los que fue sometido y que la realidad parece ir poniendo sistemáticamente en vigor.


Es por ello que, en el plano federal, no nos causa sorpresa el que el pasado 14 de diciembre, 22 familias de la Comunidad de Tabiquera, Uruapilla, Michoacán, fueran desalojadas de sus tierras por las famosas Fuerzas de Operaciones Especiales (GOES), que procedieron acto seguido a ocuparlas en una acción que se circunscribe en el marco del apoyo gubernamental a los empresarios “Ramírez y Medina”, beneficiarios de este ataque. La población de Tabiquera ha sido objeto en otros momentos de secuestros, torturas, amenazas de muerte, destrucción de viviendas, hostigamiento, persecución y detenciones. No casualmente esta comunidad se ubica en un estado, Michoacán, donde en los últimos tiempos se han documentado 607 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), todas ellas vinculadas al ya tristemente famoso Operativo Conjunto Michoacán. Una acción propia de la barbarie que acompaña la denominada guerra contra el crimen organizado, y que sirve también al propósito de la represión, como en el caso de la comunidad citada.


Ante la coyuntura antes expuesta, anunciamos que no daremos marcha atrás y seguiremos avanzando hacia nuestros objetivos desde cada una de las organizaciones que componen el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Responsabilizamos a Juan Sabines Guerrero y a Felipe Calderón Hinojosa de la integridad física y sicológica de cualquiera de nuestros compañeros y compañeras del FNLS.


Mantendremos nuestra solidaridad incondicional hacia las organizaciones y las voces disidentes de este sistema capitalista y patriarcal. Seguiremos firmes en nuestra lucha por la presentación con vida de las y los desaparecidos en el país. No cejaremos en reclamar la libertad de presos y presas políticas. Y, ante la acometida de la reacción ultraconservadora en nuestro país, nos sumamos desde ahora a la lucha contra las reformas que penalizan el aborto y contra toda criminalización de la lucha por el derecho a la diversidad sexual.


¡¡¡ Vivos se los llevaron Vivos los Queremos!!!


¡¡¡ Alto a la Criminalización de la Lucha Popular!!!


¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!


FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

F N L S