Al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, se le atribuye la frase "déjalos que se maten", cuando el entonces alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, le notificó de una serie de incidentes violentos que estaban protagonizando zapatistas y priístas de varias comunidades. Ruiz Ferro renunció al cargo a mediados de enero de 1998.

En la imagen se ve a Ruiz Ferro acompañado de uno de los líderes de "Paz y Justicia", en enero de 1997 en la cabecera municipal de Tila. Paz y Justcia era otro grupo paramilitar que se creó para contrarrestar el avance del zapatismo en la zona norte de Chiapas.

Homero Tovilla Cristiani, era el secretario de Gobierno cuando fue la masacre. En su papel de responsable de la política interior del estado fue un gris y mediocre funcionario que estuvo al tanto de los incidentes previos a la masacre y no hizo nada para evitar lo que terminó en una tragedia.

Uriel Jarquín Galvez, era elsubsecretario general de Gobierno de Chiapas, más hábil que Tovilla Cristiani. Con un pasado de militancia en las filas de izquierda, Uriel era un operador político astuto, muy hábil. Era el que, ante la grisura de su jefe inmediato, daba la cara, negociaba, amenazaba, reprimía, ordenaba. Enterado también que lo que en Acteal se generaba nada hizo también. la última vez que se supo de él, era asesor d ela bancada perredista en el Congreso de Michoacán.

Jorge Gamboa Solís, era un general retirado responsable de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública. Más enterado que nadie estaba de los grupos civiles armados que operaron en la región de Chenalhó. Tras los hechos desapareció del mapa político de Chiapas y hoy es uno de los prófugos de la justicia federal.
El general retirado Julio César Santiago Díaz, era el jefe policiaco con más alto rango que estuvo más cerca de la balacera -a no más de un kilómetro-. Escuchó los disparos y nada hizo para evitar la matanza o bien pedir refuerzos para perseguir al grupo armado que ejecutó a los indígenas. Estuvo preso unos años, pero fue liberado después ya muy enfermo.

Jorge Luis Rodríguez Orozco, era el director de la policía estatal de seguridad publica. Está implicado en la protección al grupo civil armado que ejecutó a los 45 indígenas. Es un prófugo de la justicia.

Jorge Enrique Hernández Aguilar, era el asesor de la coordinación general de seguridad pública, fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. A él se le atribuye haber alterado la escena del crimen. Dándo órdenes para que se recogieran los cuerpos, gritaba: "rápido antes de que venga la prensa". Con un pasado de luchador social a éste personaje se le liga a otros casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Esta libre, da clases en una escuela privada, escribe en un diario de Chiapas y ésta semana incursionó en la radio.