TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La contrainsurgencia en Chiapas tiene nombres y apellidos. Pero una de las claves para desentrañar cómo el Ejército Mexicano propició la formación de grupos paramilitares en Chiapas, a los que entrenó y protegió, fue borrada por narcotraficantes hace casi un par de meses en Acapulco, Guerrero.
De hecho, hace una semana el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó documentos que permiten confirmar el apoyo del Ejército Mexicano a esos grupos armados. Los documentos fueron solicitados, obtenidos y difundidos por la organización no gubernamental Archivo Nacional de Seguridad, con sede en Washington.

En un escueto comunicado, el 7 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el capitán segundo de infantería Germán Parra Salgado y el soldado de transmisiones Juan Loaeza Lanche fueron acribillados a tiros tras enfrentarse con una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre cuyos miembros hubo 16 sicarios muertos y cinco detenidos.

El nombre de uno de los militares fallecidos pasó casi inadvertido. Al momento de su muerte, Germán Parra Salgado era miembro del 56 Batallón de Infantería, destacamentado en Cumbres de Llano Largo, Guerrero. Pero 12 años atrás, en 1997, cuando ocurrió la masacre de Acteal, el capitán Parra Salgado era el mando responsable de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) con sede en el municipio de Chenalhó.

Parra Salgado fue el militar que transmitió la orden directa de no detener ni molestar a los civiles armados del PRI que fueran sorprendidos en esa zona.

Un grupo de policías estatales detenidos en 1998 lo señalaron entonces como el encargado de la vigilancia y la seguridad en la zona, a quien estaban subordinadas todas las corporaciones de esa BOM.

La acusación provino de Ayar Díaz Francisco, Sebastián Luna Pérez, Andrés Meneses Chávez, Filemón Morales Escalante, Albert Salas Meza, Andrés Cruz Ángel, Luis García Ruiz, los comandantes Felipe Vázquez Espinoza, Roberto García Rivas y Roberto Méndez Gómez, así como el jefe de sector de la policía en Chenalhó, el comandante Absalón Gordillo Díaz. Todos ellos pasaron algunos años en el penal de Cerro Hueco.

También el exagente del Ministerio Público del fuero común Roberto Arcos Jiménez, en sus declaraciones ministeriales ante el juez segundo de distrito del fuero federal, le atribuyó a Parra Salgado las órdenes de que “si eran priistas que los dejaran en libertad” y que les devolvieran sus armas, lo que ocurrió repetidas veces en las comunidades de Chimix, Canolal, La Esperanza y otras más del municipio de Chenalhó.

Los mismos policías estatales refirieron que incluso muchos de los civiles portaban armas “mucho mejores” que los uniformados.

Y aunque los dejaban ir, daban parte al comandante policiaco Antonio del Carmen Nuricumbo; al director de la policía estatal, José Luis Rodríguez Orozco, y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la Policía Estatal, quien tenía como asesor al general brigadier –también retirado– Julio César Santiago Díaz, quien estuvo cerca de la balacera el día de la masacre de Acteal.

A menos de un kilómetro, Santiago Díaz escuchó los disparos y nada hizo para evitar la matanza ni pidió refuerzos para perseguir al grupo armado que ejecutó a los indígenas. Estuvo preso unos años, pero fue liberado después ya muy enfermo. (Proceso 1113)

Los mandos policiacos estatales se justificaron ante el juez federal: nada podían hacer ante la orden militar expresa. Ellos, los militares, tenían el control de la zona y las fuerzas policiacas estatales estaban sometidas.

Parra Salgado nunca fue citado a comparecer y desapareció de Chiapas. Sólo se tuvo noticias de él hace casi tres meses, cuando fue acribillado por narcotraficantes en Acapulco.
Espías

Parra Salgado, Santiago Díaz y Gamboa Solís no fueron los únicos mandos militares implicados en la tolerancia de esos grupos armados.

Mariano Pérez Ruiz, un indígena tzotzil originario de Acteal Alto, municipio de Chenalhó, se alistó en las fuerzas armadas como soldado de infantería el 11 de marzo de 1992 y quedó adscrito al cuartel militar de Rancho Nuevo, a escasos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el expediente penal 96/98 de la Procuraduría General de la República (turnado al entonces juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Michel Sánchez), Mariano Pérez Ruiz participó en los primeros días de combate tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994, cuando los rebeldes atacaron el cuartel de Rancho Nuevo.

En 1995, cuando arribó como comandante de la VII Región Militar el general Mario Renán Castillo Fernández, muchos militares alistados en Chiapas fueron comisionados a sus regiones de origen para hacer labor de inteligencia. Mariano Pérez Ruiz fue uno de ellos. Como parte de la estrategia de las fuerzas armadas para recopilar información de primera mano, le tocó regresar a Chenalhó a investigar la presencia de focos zapatistas.

Pérez Ruiz se involucró tanto en su región que terminó enrolándose con los priístas armados que se movilizaban por las comunidades de Chenalhó. Después de la masacre de Acteal, fue capturado en febrero de 1998 y acusado por la PGR ante un juez federal por haber entrenado en su “período vacacional” a los civiles armados.

La causa en su contra acreditó que al menos del 16 al 30 de noviembre de 1997 adiestró en el uso de las armas a quienes ejecutaron a las 45 personas del grupo civil Las Abejas en el paraje de Acteal, la mayoría mujeres y niños.

En 1999, el juez Michel Sánchez lo condenó a dos años de prisión y una multa de mil 86 pesos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según el expediente penal 96/98.

Aunque la Fiscalía Especial para el Caso Acteal de la PGR anunció que impugnaría la sentencia por considerarla muy leve, en realidad nunca lo hizo. Pérez Ruiz quedó libre tras pagar una fianza de no más de 17 mil pesos.
Misión cumplida
Todas las operaciones de los paramilitares y la protección que recibían del Ejército no eran ajenas para Mario Renán Castillo Fernández, experto en contrainsurgencia a quien le fue conferido el rango de general de división en marzo de 1993, meses antes del levantamiento armado zapatista.
Como uno de los más destacados exponentes en México de la teoría de la guerra de baja intensidad, Castillo Fernández fue designado responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, una estrategia de contraofensiva ante el grupo rebelde.

Cuando el general Miguel Ángel Godínez Bravo dejó la comandancia de la VII Región Militar, Castillo Fernández asumió ese cargo el 1 de febrero de 1995. A su mando quedó la embestida del Ejército contra el EZLN el 9 de febrero de 1995.

Con un doctorado en Psicología Militar y egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el comandante de la VII Región Militar estaba al tanto de todo lo que ocurría en la zona del conflicto desde su cuartel general en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Fue público el apoyo de las fuerzas armadas al grupo Paz y Justicia, durante el periodo de Castillo Fernández en Chiapas. Gracias a las gestiones del militar, el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro le entregó a esa organización al menos 4 millones 600 mil pesos, en julio de 1997, como parte de un “convenio de Desarrollo Productivo”. El general firmó como “testigo de honor”.

A Paz y Justicia se le atribuyen más de 122 ejecuciones de miembros de las bases de apoyo del EZLN. Su líder, el diputado local priista Samuel Sánchez, llenó de elogios al general el 15 de noviembre de ese año, cuando lo despidieron en el cuartel general: “Nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa a uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud”, según constató el entonces corresponsal de Proceso en Chiapas, Julio César López.

La misión de Castillo Fernández estaba cumplida. Dejó el cargo 36 días antes de la matanza de Acteal, el 16 de noviembre de 1997.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó los movimientos de los paramilitares durante la estancia de Castillo Fernández en Chiapas. Concentrados en la guerra que libraban los miembros del grupo Paz y Justicia en la zona norte del estado contra las bases de apoyo del EZLN, poco documentaron lo que se gestaba en Chenalhó

Agrupamiento Chiapas

El traslado de Castillo Fernández no obedeció a que hubiesen terminado las operaciones de contrainsurgencia. De forma sigilosa, desde varios años atrás, el coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez se movía por todo el estado de Chiapas, donde había conflictos.

Díaz Pérez estuvo ligado a las fuerzas estadunidenses desde que en 1988 se integró a la Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada de México en Washington. La Hoja de Servicio número 6714659 lo ubica ese mismo año como asesor ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor de la Sección Mexicana ante la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta. En 1993 volvió a ese país, “en comisión oficial de la Sedena”.

Leopoldo Díaz Pérez estaba donde había conflictos y el Ejército hacía presencia: participó en cada acción de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas que ordenó el entonces gobernador Roberto Albores Guillén, en 1998, y en las supuestas deserciones y entrega de armas al gobierno de presuntos milicianos del EZLN en 1999.
El coronel Díaz Pérez cumplía con el encargo del general Castillo Fernández: estar al frente del “Agrupamiento Chiapas”, una fuerza especial de la que poco o nada se sabe, pues la Sedena mantiene sus archivos como información clasificada bajo el rubro “Documentación relacionada al levantamiento armado en el estado de Chiapas”.

Esas fuerzas especiales estuvieron comandadas por Díaz Pérez desde el 16 de diciembre de 1996, cuando fueron creadas por Castillo Fernández, hasta el 15 de enero del 2001, en que desapareció el agrupamiento.

Entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, Proceso solicitó a la Sedena información del Agrupamiento Chiapas y de Díaz Pérez, pero la dependencia respondió que los datos solicitados no pueden hacerse públicos, porque “hacen referencia a efectivos, medios utilizados, despliegue de fuerzas y procedimientos militares empleados por parte de este instituto armado para repeler las acciones del autodenominado EZLN”.

Díaz Pérez ascendió a general brigadier, según la Hoja de Servicio número 6714659, entregada por la Sedena al Senado el 7 de diciembre del 2000 para que le autorizara aceptar y usar una condecoración otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya es general de brigada y se encuentra en Cuernavaca, Morelos, como comandante de la XXIV Zona Militar, desde el 1 de enero del 2008.

Para Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los documentos desclasificados en Estados Unidos que divulgó la semana pasada el National Security Archive sólo confirman lo que ellos han denunciado desde hace 15 años, pero hasta ahora ningún oficial del Ejército ha sido castigado.