AMNISTIA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

13 de Agosto de 2009

México: Nueva investigación es esencial en masacre de Acteal

Las autoridades Mexicanas deben iniciar una nueva investigación independiente sobre la masacre de Acteal y asegurar que todos los responsables rindan cuentas frente a la justicia, dijo hoy Amnistía Internacional.

La declaración sigue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de liberar a 20 de los sentenciados de la masacre de Acteal, en el Estado de Chiapas, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados en 1997. Las liberaciones se produjeron por irregularidades en la obtención de pruebas en la investigación y el proceso judicial.

“Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

Según información recogida por Amnistía Internacional, las irregularidades en las investigaciones del caso Acteal, y muchos otros, han sido aparentes desde el inicio y han llevado a la emisión de sentencias sin solidez que pueden ser desechadas, dejando los casos impunes.

Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones que la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Acteal fue deficiente y sigue instando a las autoridades a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, con todas las garantías necesarias para que se establezca la verdad y las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo a funcionarios de alto rango y miembros del ejercito sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia.

“Es esencial que se la masacre de Acteal se esclarezca inmediatamente, que se sancione a todos sus responsables a través de juicios justos y que se reparen los daños ocasionados,” dijo Rupert Knox. “Sin justicia, se esta condenando a la comunidad al peligro de más violencia.”

Información general

El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, varias autoridades armaron a miembros de grupos ilegales armados o paramilitares responsables de los asesinatos y no evitaron la masacre a pesar de tener amplias oportunidades para hacerlo.

La investigación de la masacre de Acteal por parte de la PGR resultó en sentencias condenatorias contra unos 80 individuos indígenas de comunidades vecinas implicados directamente en el ataque. 14 funcionarios menores purgaron sentencias de entre tres y ocho años de cárcel por homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, funcionarios de más alto rango y miembros del ejército nunca han rendido cuenta de su implicación en el caso.

FIN/

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COMUNICADO DE PRENSA

MÉXICO: La liberación de paramilitares comprometidos como autores materiales de la Masacre de Acteal1 favorece la impunidad y pone en peligro la seguridad y la integridad personal de las víctimas

Ginebra, 13 de agosto de 2009 – La OMCT manifiesta su seria preocupación por el hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación de cerca de 20 paramilitares, acusados de ejecutar a 45 indígenas tzotziles durante los hechos conocidos como la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, lo cual pone en un grave riesgo la seguridad y la integridad física y psicológica de los sobrevivientes y de los testigos de la misma.

En efecto, la OMCT ha conocido que el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una solución a favor del recurso presentado ante la misma, pidiendo la revisión de los expedientes de cerca de 50 de los detenidos y condenados bajo la acusación de asesinar a 45 indígenas tzotziles en Acteal y ordenó la liberación inmediata de 20 de ellos, también indígenas tzotziles. La Suprema Corte tomó la decisión al considerar “que los acusados habían sido condenados con base en pruebas y testimonios falsificados” y señalando además que la Procuraduría General de la República (PGR), que aportó las pruebas, y los jueces que emitieron la sentencia inicial, violaron derechos de los ahora liberados.

La OMCT ha conocido que por su parte la Procuraduría General de la República manifestó que acatará la resolución de la Suprema Corte, pero negó haber fabricado delitos. Se ha conocido que posteriormente a la masacre, la PGR acusó a un total de 86 personas. Los acusados de la matanza de Acteal se encuentran en la prisión de El Amate, en Cintalapa, cumpliendo sentencias, en promedio, de 20 a 40 años de cárcel. La OMCT ha conocido que los casos del grupo de sentenciados que no fue amparado en esta ocasión por la Suprema Corte, serán analizados por ésta durante las próximas semanas.

Se ha conocido que la Suprema Corte no determinó que los liberados sean inocentes sino que, en palabras de uno de sus ministros: "Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes". En efecto, la Corte ordenó la puesta en libertad de 20 de los autores materiales del mencionado crimen con base exclusivamente en la revisión de formalidades, debido a la presencia de deficiencias y vicios cometidos durante los procedimientos judiciales por funcionarios de Procuración y Administración de Justicia, como por ejemplo, según los recursos presentados, ausencia de traductores ó supuestos testimonios infundados.

La OMCT ha conocido que la Suprema Corte no profundizó en las consideraciones del Derecho que debieran llevar a determinar la responsabilidad penal de los autores intelectuales de la masacre, a pesar de que el crimen, considerado “de lesa humanidad” permanece impune porque los autores intelectuales no han sido detenidos. La OMCT manifiesta que el hecho de que la SCJN se haya pronunciado únicamente respecto al hecho de si fueron respetadas o no las garantías procesales que otorga la Constitución Federal a las personas sometidas a juicio penal, es decir sobre la forma, pero que no se pronunciara respecto al fondo del asunto que reclama la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, pone en duda la capacidad del sistema judicial mexicano para impartir justicia en este grave caso.

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El 22 de diciembre de 1997, hacia las 11:30 de la mañana, 33 mujeres, 4 de ellas embarazadas y 14 de ellas niñas, y 12 hombres, 4 de ellos niños, todos tzotziles, fueron masacrados en la Comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, en la zona zapatista de los Altos de Chiapas. Los atacantes, que fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja, estaban armados con fusiles AK 47 y M 16 y utilizaron balas expansivas contra los indígenas tzotziles, muchos de los cuales se encontraban rezando en una iglesia de la comunidad. Según los testigos los victimarios: "Hacían bulla, se reían y hablaban entre ellos”, afirmando que “hay que acabar con la semilla”, en medio de una operación que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.

La OMCT señala además que el argumento de “faltas al debido proceso” omite valorar el testimonio dado por los testigos y sobrevivientes de la Masacre quienes señalan claras responsabilidades existentes en este crimen considerado como crimen de Estado.

En efecto, la OMCT ha conocido que durante el proceso penal de la Masacre de Acteal, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, que aun conforman “Las Abejas”, una asociación civil que clama justicia por la matanza, han identificado y señalado plenamente a cada uno de los hoy sentenciados, como quienes accionaron sus armas aquel 22 de diciembre de 1997 contra las personas que se encontraban en el

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campamento de desplazadosen Acteal. Los testigos afirman que los detenidos formaban parte de grupos paramilitares que organizó el Gobierno de la época para hostigar a las poblaciones que simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La OMCT al manifestar su preocupación por la seguridad y por la integridad personal de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y en general de todas las personas afectadas por la Masacre de Acteal, solicita a las más altas autoridades del país que tomen las medidas más urgentes y apropiadas para garantizar las mismas.

Por último la OMCT solicita vehemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomen todas las medidas necesarias para que un crimen de las dimensiones del que se cometió en Acteal no quede en la impunidad y para que además, las personas que aún se encuentran detenidas, que han sido claramente identificadas y señaladas por las víctimas como los asesinos materiales de esta masacre, no sean puestos en libertad ya que ese hecho estaría poniendo en un alto riesgo la paz pública y social de varios municipios del Estado de Chiapas de donde son originarios los acusados y/o las víctimas.

Contacto OMCT:

Alexandra Kossin,

Teléfono: + 41 22 809 49 39

E mail: omct@omct.org