San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

14 de agosto de 2009

Boletín No. 28

La SCJN libera a 20 paramilitares y está por liberar a otros 31

La SCJN cómplice del crimen de Estado: oculta la verdad y perpetúa la injusticia.

La decisión de la SCJN favorece la impunidad y pone en riesgo la vida, integridad y seguridad personal de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal

Este Centro de Derechos Humanos, manifiesta su repudio y su preocupación por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los ministros de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossio Díaz, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, votando a favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares perpetradores de la Masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de 6, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas.

Generan dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls Hernández al votar en contra de la liberación de los autores materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN, promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares cuyo resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y constituye un retroceso del escaso avance concerniente en castigar a los perpetradores materiales de la masacre.

Durante la deliberación de este acto vergonzoso, los ministros de la SCJN dieron instrucciones de no permitir el acceso a la audiencia pública a las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, siendo los agraviados directos, lo que generó indignación y molestia, por lo que tomaron el acuerdo de bloquear la calle Pino Suárez en protesta, mientras se llevó a cabo la audiencia.

Consideraciones:

De nueva cuenta la SCJN emite un fallo en contra de los derechos humanos, la verdad y la justicia tal como han sido las resoluciones en los casos de Atenco, Represión en Oaxaca, la Guerra Sucia y Lidya Cacho.

La SCJN emitió un juicio sobre la forma en que se desarrollaron los procedimientos penales y se pregona como un hecho ?histórico trascendente para la justicia mexicana? siendo que en vez de abonar a una justicia verdadera que fortalezca el ?estado de derecho?, se optó por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad.

La SCJN no actuó con la debida seriedad que merece el caso. Omitió valorar en cuanto al principio de ponderación sobre las violaciones de derechos humanos y de las garantías fundamentales de los sobrevivientes, victimas y familiares. Priorizó la valoración de los requisitos de forma sin indagar en el fondo del caso y sin llevar acabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso como es la Masacre de Acteal.

Con esta acción la SCJN se convierte en un perpetrador más de la Masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de contrainsurgencia en el marco del conflicto armado no resuelto en Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos sucedidos el 22 de diciembre de 1997.

La resolución adoptada por la SCJN profundiza el deterioro de las instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia y las medidas no repetición, ya que fomenta la impunidad, al ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores intelectuales, documentado por este Centro y por diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales.

Por la decisión tomada, la SCJN será responsable de los riesgos a la vida, integridad y seguridad personal, que coloca actualmente a las personas sobrevivientes, familiares, testigos y pobladores de las comunidades de Chenalhó.

Hacemos un llamado a la sociedad civil, a no permitir que la impunidad y los intereses contrainsurgentes de los sucesivos gobiernos escriban la historia. A pronunciar públicamente su inconformidad sobre la decisión vergonzosa de la SCJN y a exigir al gobierno mexicano que garantice la vida, la seguridad e integridad personal de los sobrevivientes y testigos de la Masacre de Acteal.