Las organizaciones abajo firmantes que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, manifestamos nuestra preocupación ante las diversas acciones de limpieza social registradas recientemente en esta ciudad.

Desde el 01 de octubre, fecha en que dio inicio la nueva administración municipal encabezada por el Lic. Francisco Martínez Pedrero, hemos registrado diversas acciones de limpieza social que han afectado a centenares de niñas y niños trabajadores y sus familias.

A partir del 01 de octubre, más de 300 familias que tendían sus puestos de artesanías en Plaza Catedral en horario nocturno (20:30 hrs a 1:00) fueron notificadas que el permiso para hacerlo había sido revocado y ahora sólo podrían hacerlo en horario de 12 de la noche a 4 de la mañana, lo cual resulta absurdo como horario de venta e implica situaciones de mayor riesgo para la infancia y mujeres que trabajan en los espacios públicos.

El 31 de octubre, en el marco de la visita del Presidente Calderón y el gobernador Juan Sabines para inaugurar el Museo de los Altos de Chiapas en el ex Convento de Santo Domingo, las autoridades estatales y municipales, nuevamente, -como en Octubre del año pasado en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura- “negociaron” con los líderes de los más de 1800 comerciantes “ambulantes” que trabajan en los espacios de Santo Domingo y Plaza de Caridad para que se retirarán durante ese día y los dos días previos al evento.

De acuerdo a testimonios de niñas y niños trabajadores ambulantes y sus familias, desde el 01 de octubre autoridades del ayuntamiento y miembros de la policía municipal les amenazan y hostigan constantemente “invitándoles” a retirase del primer cuadro de la ciudad y advirtiéndoles que en caso de no hacerlo les quitarán su mercancía o se los llevarán detenidos.

De acuerdo al último Conteo de Niñas y Niños trabajadores y acompañantes realizado en 2010, existen por lo menos 2,481 niñas, niños y adolescentes que trabajan o acompañan a sus familias en su trabajo, sin embargo no existen políticas públicas a nivel municipal dirigidas a proteger los derechos humanos de esta población.

Desde hace más de cinco años, los Ayuntamientos en turno  han venido implementando diversas acciones de limpieza social tales como prohibir la venta ambulante de artesanía; la reubicación de comerciantes de productos populares y de primera necesidad a la periferia de la ciudad; la creación de una policía turística que “invita” a los vendedores ambulantes a retirarse para no molestar a los visitantes; la prohibición de actividades organizadas en plazas y espacios públicos sin permiso del municipio; el programa “Observador Ciudadano” implementado en febrero 2011 y el ya señalado operativo interinstitucional en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, en octubre del año pasado.

Todo ello, lejos de abrir causes de entendimiento entre toda la ciudadanía, genera un clima de discriminación social y criminalización de la pobreza de quienes trabajan en las calles y conllevan a la exclusión, marginación y violación de sus derechos humanos.

Estas acciones de limpieza social, que también han sido implementadas en otros estados de la república como Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Guerrero y Veracruz, han sido denunciadas en repetidas ocasiones por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, y recientemente presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la Audiencia sobre “Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México”.

Por todo lo anterior, nos preocupa altamente:

1. Que se incremente el hostigamiento y las agresiones a la población que trabaja en las calles de la ciudad, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes.

2. Que,  ante  la  ausencia  de  políticas  públicas  municipales  dirigidas  a  la  infancia,  en  particular  a  la  infancia indígena,  las  propuestas  de  atención  para  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  trabajan  en  los  espacios públicos sean acciones inmediatistas sin consideración de sus derechos humanos.

3. Que  tenga  mayor  prioridad  el  cuidado  de  la  imagen  turística  del  centro  de  la  ciudad  que  la  atención  a  la condiciones de exclusión social en que vive un amplio sector de la población indígena del municipio, quienes son los que mayoritariamente se dedican a la venta informal en las calles de la ciudad.

Sabemos  que  el  nivel  de  complejidad  del  fenómeno  social  de  la  infancia  y  adolescencia  trabajadora  es  grande,  pero  estamos  convencidos  y  otras  experiencias  nacionales  y  extranjeras  lo  reafirman,  que  la  persecución, prohibición y criminalización  no  son  las  medidas  necesarias  para  revertir  las  condiciones sociales desfavorables en que se encuentra gran parte de la infancia y adolescencia indígena del municipio. La pretensión de mantener una ciudad segura y turísticamente atractiva y ordenada, no debe tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún para la infancia y adolescencia que trabaja en los espacios públicos.

Manifestamos  nuestra  disposición  para  dialogar,  buscar  y  construir  conjuntamente  soluciones  para atender las problemáticas que enfrentan niñas, niños y  adolescentes  trabajadores  ambulantes,  y  con  ello contribuir a su bienestar y al cumplimiento de sus derechos.

Atentamente,

Organizaciones en Chiapas y San Cristóbal de Las Casas
Melel Xojobal A.C., Save The Children, Chantik Taj Tajinkutik A.C., Centro Educativo Sueniños A.C., SYJAC, La Casa de las Flores A.C.
Organizaciones en otros estados de la república
CIDES IAP, CODENI A.C, El Caracol A.C., MAMA A.C., MATRACA .A.C., Programa Niños de la Calle A.C.