CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR Y CAPITAL TRASNACIONAL ¿CHIAPAS A LA VANGUARDIA?


El Insurgente. Órgano de difusión del EPR-PDPR.

Número 112. Año 12. Diciembre del 2008.

Página 18.


La criminalización de la pobreza y de la protesta popular es un hecho cotidiano en Chiapas, una política de gobierno que procura el apoyo incondicional a las empresas trasnacionales y el apuntalamiento al gobierno espurio y empresarial de Felipe Calderón.

La promulgación de nuevas leyes que busca sancionar con penas más altas a la criminalidad constituye una aberración jurídica porque anula derechos y garantías constitucionales, con estas se avanza a pasos agigantados hacia el fascismo.

Un rostro de éste es el proyecto de Ciudades Rurales o Aldeas Modelos del siglo XXI; los estados de sitio y toques de queda en ciudades importantes del estado, sobre todo donde la población está organizada; para el ciudadano es más peligroso y corre más peligro de caer en manos de los cuerpos policíacos-militares que por cualquier y sin motivo alguno lo pueden detener y remitir al ministerio público o en su defecto ser secuestrado y extorsionado por estos delincuentes institucionalizados, porque la delincuencia organizada es auspiciada desde las instituciones federales, estatales y municipales que protegen a los delincuentes de cuello blanco que se apropian de los ahorros de los cuentahabientes del ISSSTE e IMSS, asi como la protección y la procuración de impunidad total de los Juniors delincuentes hijos de funcionarios, políticos y empresarios, siendo éstos los cordón de contención para supuestos terroristas como exigencia del Plan Mérida o Mesoamericano en función de cuidar los intereses del imperialismo norteamericano.

La criminalización de la protesta popular es parte de la política represiva del gobierno federal, presentada y promovida por gobiernos demagógicos con careta democrática, verbigracia, el de Sabines Guerrero, que no sólo hace eco de las exigencias y pretensiones de la ultraderecha sino que además se ufana de ir a la vanguardia en la creación de leyes fascistas, con la falsa justificación del combate a la criminalidad y de “modernizar” el sistema de procuración y aplicación de justicia, sin embargo, la criminalidad y la violación a los derechos humanos es auspiciada por funcionarios de toda laya y de cuerpos policíacos y militares que actúan con plena impunidad.

La criminalización de la protesta popular se expresa con el encarcelamiento a luchadores sociales imputándoles delitos del fuero común con penas que van hasta los 300 años de cárcel; el hostigamiento y persecución hacia opositores y luchadores sociales, en donde el allanamiento y cateo paramilitar de domicilios buscan imponer el terror de Estado para inhibir criticas y la movilización popular, basta mencionar los casos de la masacres en Viejo Velasco y Chinkultic, los desalojos permanentes en la selva Lacandona, el encarcelamiento de los militantes del MOCRI y el hostigamiento de los integrantes del FNLS.

Claro está que la política fascista del gobierno de Sabines se recrudecerá con la llegada de Noé Castañón León a la Secretaria de gobierno, personaje vinculado a la mafia enquistada en el gobierno del estado y federal, cercano al actual secretario de gobernación, entusiasta ejecutor de la Guerra de Baja Intensidad, que además contará con la estructura jurídica que le proporcionan las leyes de vanguardia para acrecentar la criminalización de la lucha popular.

El gobierno de Sabines está promoviendo la entrega de la soberanía nacional y la riqueza del subsuelo a compañías mineras canadienses, norteamericanas y hasta chinas como parte de la política entreguista de Calderón. En nombre del progreso se han entregado más de 300 concesiones de explotación minera que en los hechos constituye un saqueo interminable de nuestras riquezas y recursos naturales.

Se trata también de una política que promueve el ecocidio, dado que la operación de estas empresas trasnacionales asumen como política la destrucción del medio ambiente en este caso de las reservas ecológicas, todo en nombre del progreso y el desarrollo, sólo que el único “beneficio” que dejan son los salarios de hambre que pagan a los pocos contratados, a los demás son obligados a emigrar de su tierra de manera forzosa, es decir, por hambre, a otros más su tierra es arrebatada con engaños y falsas promesas, y para quienes se opongan y resistan con dignidad, cárcel o muerte, esa es la política de “progreso y desarrollo” que impulsa el gobierno de Sabines de la mano del de Calderón.

Hay que sumarle a esta catástrofe el envenenamiento de los mantos freáticos y de hombres, mujeres y niños chiapanecos que habitan estas regiones.

Hoy adquiere dimensión la conexión que existe entre la reforma al artículo 27 constitucional y la imposición del PROCEDE, PROCECOM, hoy FANAR, como una política de despojo legalizada de tierras ejidales y comunales de poderlas vender o concesionar a las empresas trasnacionales, en este caso a las compañías mineras, que en Centroamérica han envenenado a la tierra y su población proliferando cual hongos en el mes de agosto enfermedades cancerígenas.

En aras de proporcionar todo el respaldo, el gobierno y sus representantes están promocionando la división interna en pueblos, ejidos y comunidades para evitar la unidad y la resistencia contra estos depredadores del medio ambiente y las riquezas naturales, formando junto con las trasnacionales grupos de paramilitares para la defensa de sus intereses.

La lucha de pueblos y organizaciones contra las mineras es una lucha contra las trasnacionales, es decir, contra el capital y la oligarquía, por lo tanto la consigna para estos hermanos mexicanos es ¡Resistir Combativamente! Sobre todo cuando están anunciadas de diferentes maneras nuevas formas de despojo de tierras ejidales o comunales para impulsar “el desarrollo y el progreso”, es decir, para poder imponer sus “proyectos ecoturísticos” y la explotación de minas que en ambos casos sólo benefician a un puñado de oligarcas, políticos corruptos y líderes venales.

En efecto Chiapas está a la vanguardia en la creación de leyes de corte fascista, paradójicamente ocupa el último lugar a nivel nacional en lo que llaman índice de desarrollo humano, es decir, cuenta con más de 45 mil comunidades marginadas donde su población vive inmersa en la miseria y indefensión total, ahí donde los rimbombantes programas del gobierno de Sabines Guerrero y del espurio de Calderón no llegan, se quedan en la bolsa de los funcionarios y políticos corruptos.

Es el segundo estado mas pobre del país, que va a la vanguardia en analfabetismo, en rezago educativo, deserción escolar, en trabajo infantil forzado por el sistema, en escasez de servicios de salud y rezago agrario.

El gobierno de Sabines busca vender la idea de que ahora se combate esos rezagos sociales y económicos, anuncia programas que convierte en panacea de la miseria de los chiapanecos.

Lejos de combatir la pobreza y la miseria busca criminalizar la organización y la lucha popular, por ello desenmascaremos en todo momento a este gobierno fascista con careta de democrático y evitemos el exterminio de nuestro pueblo. ¡El pueblo tiene el derecho a organizarse!