San Cristóbal de las Casas, 4 de febrero del 2010

A la sociedad en general
A las y los jóvenes
A las organizaciones civiles y gente consciente

Queremos informarles las injusticias que estamos viviendo como jóvenes, escritores de graffiti y artistas de esta ciudad, por parte de las autoridades municipales que han estado violentando nuestros derechos como jóvenes ciudadanos, integrantes de la sociedad, al catalogarnos como delincuentes por el solo hecho de ser jóvenes y recurrir a nuestro derecho de libertad de expresión.

El 1° de febrero fuimos detenidos cuatro escritores de graffiti por policías municipales, cuando realizábamos murales en los que teníamos trabajando varios días y contábamos con el permiso de los dueños. No había denuncia ni nos informaron los motivos por los que nos trasladaban a los separos. Ingresamos a la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal donde nos impusieron una multa apelando a delitos que nunca nos explicaron y a una ley que no nos mostraron.

Como consecuencia de estos hechos las y los jóvenes escritores de graffiti en San Cristóbal nos reunimos para discutir la situación de los jóvenes detenidos, ante la que como colectivo nos sentimos agraviados, por lo que queremos denunciar lo siguiente:

· El proceso de detención tuvo muchas irregularidades. No se les informó debidamente sobre su situación legal. Dos escritores detenidos no fueron presentados ante el juez calificador en turno y pasó más de una hora antes de que los dejaran realizar una llamada. Por otro lado, los jueces calificadores fincaron los cargos en base a modificaciones a un reglamento municipal que no ha sido de conocimiento público y que encima se negaron a mostrar, lo que se agrava ante el hecho de que los funcionarios públicos caían en contradicciones sobre el carácter de las modificaciones legales y decían que no conocían el nombre del reglamento al que se apegaron para hacer las detenciones. Frente a estas irregularidades consideramos que las autoridades impidieron un proceso justo y digno.

· Es importante mencionar que, tanto en el Barrio de Santa Cecilia como en el lugar conocido como los 11 cuartos, los escritores de graffiti contaban con autorización de los dueños e inquilinos de la propiedad, quienes personalmente asistieron a la Dirección de Policía para confirmar que los jóvenes contaban con autorización para hacer sus producciones. Por lo tanto, no intervinieron ningún espacio público (iglesia o parque) como se difundió en los medios de comunicación y no estaban actuando en daño o perjuicio de los dueños de las paredes.

· La prensa local difundió información falsa acerca de los hechos y de la situación de los detenidos, con lo que alimenta el clima de persecución y hostilidad hacia la juventud de esta ciudad. Además atentó contra su intimidad al explotar su imagen y difundir información personal, basándose en los documentos de la Policía. Exigimos un periodismo responsable que verifique los hechos, y no publique versiones falsas, alarmistas y sin fundamentos.

· Los hechos descritos violan nuestros derechos a transitar, reunirnos y expresarnos libremente, a opinar sobre las cosas que nos interesan y a difundir información útil para mejorar nuestra calidad de vida.

Atentamente,
Escritores y escritoras de Graffiti de San Cristóbal de las Casas






ANEXAMOS LOS TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES QUE FUIMOS DETENIDOS

Testimonios de la detención en el Barrio de Santa Cecilia
Nos encontrábamos pintando legalmente en el barrio de Santa Cecilia, con permiso físico, firmado y comprobado por la dueña de la barda; le pedimos que nos firmara el oficio porque sabemos que hay una ley que sólo permite el graffiti legal. Llevábamos tres días pintando la pieza, durante el sábado 30 y el domingo 31 de enero policías se acercaron solicitándonos el permiso de la dueña, nosotros se los mostramos las veces que nos lo pidieron con lo que ellos quedaban conformes y se iban.

El lunes 1° de febrero, aproximadamente a las dos de la tarde, llegaron unos oficiales y nos pidieron que nos subiéramos a la patrulla porque había salido un decreto que estipulaba que no se podía pintar ni graffiti legal ni ilegal. Nosotros les recordamos que teníamos un permiso firmado por la dueña de la barda de la casa y ellos insistieron en trasladarnos frente al juez, ya que habían recibido una denuncia y estaban acatando órdenes. Es importante mencionar, que en el lugar solicitamos que nos mostraran el decreto, a lo que ellos contestaron que estábamos ocasionando daños a la vía pública y transgresión en propiedad privada. Para comprobar lo contrario solicitamos que hablaran con la dueña para que desmintiera los cargos por daño a su propiedad a lo que ellos se negaron. Por otro lado, tampoco nos mostraron una denuncia o cualquier oficio que indicará que debían trasladarnos.

Nosotros no nos resistimos a subir a la patrulla, porque sabíamos que no estábamos cometiendo ningún delito y porque los policías nos dijeron que el asunto lo arreglaríamos con el juez. Nunca nos indicaron que estábamos arrestados.

Al llegar a la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal, el juez Iván Velasco nos dijo que había una ley que se acababa de modificar y que estipulaba que no se podía hacer graffti, legal o ilegal, ni afuera del perímetro del centro, nosotros argumentamos que teníamos el permiso de la dueña, que si había una ley que nos la mostraran y nos informaran el nombre de la ley. Sin darnos información, nos pidieron que nos quitáramos las agujetas, el cinturón y nos pusiéramos una hoja con nuestro nombre, nos indicaron que nos ubicáramos enfrente de los aerosoles y nos tomaron como ocho fotos.

Frente al juez no nos indicaron si había que pagar una multa, el monto de la misma o cuánto tiempo teníamos que quedarnos en los separos. La señora que nos prestó la barda acudió con el juez para informarle que teníamos permiso para pintar, pero ella también fue amenazada: le cuestionaron que hubiera dado un permiso sobre su propiedad y le señalaron que podían imponerle una multa, aunque nunca le mostraron un documento oficial que indicaran esos procedimientos. Cuando nuestros padres llegaron a la Dirección de Policía también le informaron al juez que había un permiso firmado y que si existía el decreto se los mostraran, algo que nunca hicieron, sólo les indicaron la multa de $2,700 por cada uno y les dijeron que nos iban a hacer el favor de hacernos un descuento de 50%, por lo que la multa quedo en $1,350 por cada uno, que si seguían insistiendo en mostrarles el documento no haría válido el descuento. Estuvimos en los separos alrededor de tres horas, hasta que se pago la multa.

Testimonios de la detención en “Once Cuartos”
Nosotros nos encontrábamos a una cuadra del Colegio Arcoiris, en una zona que se conoce como los Once Cuartos, contábamos con permiso del señor que renta la casa y de la dueña. Pintamos una producción de dos días con la temática del Bicentenario que hablaba sobre los doscientos años de libertad del país. El lunes 1° de febrero, entre las 4:20 y 4:30 pm, llego una patrulla indicándonos que no podíamos pintar graffiti legal, les pedimos que nos mostraran los documentos donde se decía eso a lo que nos contestaron que lo arreglaramos con el juez. En ese momento, el inquilino de la casa no se encontraba en el lugar, les dijimos que podíamos localizarlo para que hablara con ellos y aclarara la situación, pero no accedieron.

Nos indicaron que levantáramos nuestras cosas, incluso ellos tomaron nuestras mochilas y aerosoles y las metieron a la patrulla. No nos indicaron que estábamos arrestados, sólo que arregláramos el asunto con el juez, nosotros no nos resistimos sabiendo que no estábamos cometiendo ningún delito, ya que contábamos con la autorización del inquilino del lugar quien había pagado un depósito por la casa que estaba rentando.

En el camino hacia la Dirección de Policía Municipal encontramos a unos ebrios en la calle, uno de ellos estaba tirado y los policías lo comenzaron a patear, sin embargo, no detuvieron a ninguno aún cuando estaban ingiriendo alcoholo en la vía pública.

Llegamos a la base, nos pidieron que dejaramos nuestras cosas y que nos decomisarían las latas, le pusieron el nombre a las mochilas y a nuestras pertenencias. Nos tomaron fotos con una hoja que decía nuestro nombre y que señalaba como delito “graffiteros”, y no nos mostraron ninguna reglamentación que señalará que lo que estaban haciendo estaba respaldado de manera legal, incluso nos dijeron que los decretos no podían mostrarse al público. Entonces les preguntamos que cuando se había informado a la ciudadanía sobre este decreto nos respondieron que se había aprobado hace una semana y que no tenían porque informar ya que era un decreto municipal. Es importante señalar que en ningún momento nosotros hablamos con el juez, cuando se lo pedimos a un policía nos dijo que el juez no estaba disponible porque estaba comiendo.

Así, sin mostrarnos el decreto y formalizar la detención con base en un delito estipulado, sin indicarnos la fianza o los días a pasar detenidos y sin hablar con el juez, nos ingresaron a los separos.

Solicitamos una llamada telefónica que fue permitida como hora y media después, y ante nuestra constante insistencia de que teníamos derecho a hacerla.

Desde que nos subieron a la patrulla, nuestros compañeros avisaron al inquilino de la casa quien llegó a la Dirección de Policía junto con la dueña, ambos hablaron con el juez Iván Velasco y aseguraron que nos habían otorgado la autorización, incluso habían participado en la elección de la temática a pintar. El inquilino, junto con otras personas que acudieron al saber de nuestra detención, hablaron con el juez quien les indicó la multa de 2,700 por cada uno, y después de dialogar llegaron a un acuerdo de $850 cada uno.

Mientras estábamos en los separos, llegaron borrachos y hombres que habían golpeado a sus esposas, a ellos se les imponía una multa de $300 y a nosotros de $850, entonces ¿es peor ser graffiitero y contar con permiso para pintar que golpear a una mujer? Eso es lo que nos dan a entender con a sus tabuladores.

Con respecto a nuestras pertenencias, a los cuatro nos sugirieron que si dejábamos la mitad de los botes, los policías nos devolverían la otra mitad, ante lo que respondimos que son nuestras herramientas de trabajo, que nos significan una inversión y que no habíamos cometido ningún delito como para que se quedaran con ellas. Al final, nos regresaron nuestras latas y mochilas, mismas que fueron revisadas sin nuestra autorización.



PRONUNCIAMIENTO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de febrero de 2010

En días recientes han sido detenidos en esta ciudad al menos cinco jóvenes por realizar piezas de graffiti en muros de diferentes partes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a diarios locales el director de la policía municipal, Miguel Ángel Aguilar Velázquez, señaló que el motivo de las detenciones fue el delito de daño en propiedad ajena, no obstante los jóvenes contaban con el permiso de los dueños para pintar sobre sus propiedades.

En los cinco casos los jóvenes no fueron debidamente informados por los agentes de policía municipal sobre los motivos de su detención. A pesar de que en todos los casos referidos los dueños de los inmuebles se presentaron ante los jueces calificadores para ratificar su permiso y solicitar su liberación, cuatro jóvenes tuvieron que pagar una multa de entre 850 y 1650 pesos cada uno, y otro pasó 36 horas en los separos. Los jueces municipales en turno argumentaron una “nueva disposición” del Ayuntamiento para justificar las detenciones, sin embargo ninguno de ellos pudo mostrar la legislación vigente que contenga dichas disposiciones, remitiendo a los interesados a la Oficialía de Partes del Ayuntamiento.

Finalmente, el Lic. Juan Pablo Ballinas, encargado de la Coordinación Jurídico Municipal (sic), argumentó que dichas disposiciones se encuentran en la Ley de Ingresos Municipales 2010, que hasta la fecha no es de acceso público.

Por otro lado, en la radio y prensa local los jóvenes fueron exhibidos al proporcionar datos de índole privada como son sus domicilios particulares. Además, los diarios muestran fotografías de los cinco jóvenes portando un cartel que muestra su nombre completo, edad, y la leyenda “Motivo: (Grafitero)”.

Estas detenciones arbitrarias se enmarcan en el contexto de criminalización de la juventud y políticas de limpieza social que el Ayuntamiento viene implementando desde el 2009, las cuales tuvieron como consecuencia la muerte del joven de 16 años Víctor Martín Penagos Estrada “El Burla” quien fue asesinado por realizar una pieza de graffiti en un edificio abandonado de la ciudad.

Esta falta de certeza jurídica y de acceso a la información pone a las y los jóvenes de esta ciudad en una situación de total indefensión, situación que es violatoria de sus derechos y garantías como al debido proceso particularmente el derecho a la libertad y seguridad personal consagradas en la Constitución y diversos instrumentos del derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 9 establece:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

Asimismo la información personal sobre los jóvenes, revelada por la policía a los medios de comunicación y su divulgación violan sus derechos a la honra y reputación, establecidos en el artículo 17 del mismo Pacto:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Las políticas implementadas por el municipio lejos garantizar, proteger y promover los derechos de las y los jóvenes, los criminaliza y castiga, además de continuar generando enfrentamiento y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de hostigamiento y discriminación hacia los jóvenes, contraviniendo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes, que en su artículo 14 establece:

1.- Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura.

2.- Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizaran su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.

Por tanto las organizaciones civiles abajo firmantes nos solidarizamos con los jóvenes detenidos y respaldamos su denuncia, además exigimos que:

1.- El Ayuntamiento cese inmediatamente el hostigamiento y detenciones arbitrarias a jóvenes.

2.- La normatividad municipal sea pública y accesible para todas y todos los ciudadanos, particularmente a la hora de realizar detenciones.

3.- Tanto autoridades como medios de comunicación se abstengan de difundir información privada de las y los jóvenes, y de exhibirlos como delincuentes.

4.- El Ayuntamiento repare los daños causados a los cinco jóvenes detenidos, ofreciendo una disculpa pública, reembolsando el monto de las multas, y devolviendo los materiales indebidamente confiscados.

5.- El Ayuntamiento promueva políticas respetuosas de los derechos humanos de las y los jóvenes.

6.- El Ayuntamiento impulse el debate con la ciudadanía de este municipio, particularmente con las y los jóvenes, de manera participativa, equitativa, transparente e incluyente, con el fin de conciliar los derechos en intereses de la población.

Atentamente,

MELEL XOJOBAL, A.C.

INICIATIVAS PARA LA IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN, A.C.

COLECTIVO GRAFFITIARTE