OBSERVATORIO CIUDADANO

A la opinión pública

El pasado miércoles 03 de marzo asistí al “Deportivo 20 de Noviembre”, en Huitiupán, Chiapas, donde se llevó a cabo un evento recreativo público, promovido por el ayuntamiento municipal. Ante los chistes homófobos y racistas del “comediante” Teo González, me indigné y le dije que eso era racismo y homofobia; él respondió que no, que “sólo eran chistes” y continuó en el mismo tono discriminatorio. Mi indignación y mis quejas no fueron ni escuchadas ni atendidas, así que finalmente le arrojé una lata, como protesta ante la situación, hecho por el cual fui encarcelado toda una noche.

Esta actividad tuvo un alto costo y fue financiada con dinero público; esto significa que nuestros impuestos están pagando actividades que promueven la discriminación de grupos estigmatizados, como son las culturas indígenas, los gays y las lesbianas y las mujeres. En otras palabras, el ayuntamiento municipal organizó y financió un acto racista, homofóbico y misógino, con lo cual violó los derechos humanos y constitucionales que debería proteger.

La obligación del estado es combatir estas ideas y acciones; es su deber erradicarlas con ciencia, educación y cultura de calidad, en lugar de promoverlas con dinero público, fomentando así la violencia verbal y física hacia estos grupos, que merecen el mismo respeto que todos los demás.

Es contradictorio que mientras en la Ciudad de México se avanza en el reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas, como el del matrimonio y la adopción, en pueblos como este, gobernados por el PRD, se promueva la discriminación de grupos sociales violentados y se encarcele a quienes, como yo, tenemos el valor de denunciarla y sancionarla públicamente.

Podría pensarse que mi reacción fue equivocada, que un acto de protesta como el mío supone una falta. Pero quiero insistir en que mi actitud inicial fue la de indignarme y cuestionar lo que estaba ocurriendo; de existir leyes efectivas contra la discriminación, habría podido exigir la intervención de la policía para interrumpir el evento y sancionar el delito que ahí se cometía. Pero la realidad es otra; quien sufre discriminación está indefenso, porque no hay leyes a las que se pueda apelar, porque actitudes como la homofobia son compartidas por los comediantes de cuarta, sus públicos, los policías, los políticos y los jerarcas religiosos.

Yo me vi obligado a reaccionar porque ni la sociedad ni el estado lo hacen y no puedo ni quiero ser cómplice de esta violación a los derechos mínimos. A los gays y a las lesbianas nos quedan dos opciones, o soportar violencia verbal, simbólica e incluso física, o reaccionar por nuestros propios medios, sabiendo que seremos castigados por las autoridades y amplios grupos sociales.

Lo ocurrido el pasado 3 de marzo en Huitiupán no es un hecho aislado; los actos discriminatorios son cotidianos y numerosos en nuestra sociedad. México ocupa uno de los primeros lugares en crímenes por homofobia y misoginia. Actos como el de este “comediante de cuarta” alimentan este fuego de odio hacia hombres y mujeres orgullosamente diferentes. Esta es una situación muy grave ante la que es indispensable comenzar a hacer algo. Como ciudadano exijo que los ayuntamientos municipales dejen de financiar actos violatorios de los derechos humanos. Exijo que las autoridades respeten y hagan respetar el derecho a la no discriminación por raza, preferencia sexual y género. Exijo que quienes discriminan sean sancionados. Exijo que se promueva el respeto a todos los grupos sociales por igual.

“Entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”

Jorge B. Díaz.

jpaulo2847@yahoo.com