OBSERVATORIO CIUDADANO

Denunciamos:

1. Que al encontrarnos en una mesa de diálogo con representantes de gobierno del Estado, entre ellos el señor Fernando López Altuzar, representante del doctor Noé Castañón León, Secretario de Gobierno, y otras personas representantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, recibimos una llamada telefónica a través de la que se nos solicitaba apoyo para documentar violaciones a derechos humanos ya que hombres, mujeres y niños estaban siendo detenidos por la policía sectorial sin causa justificada.

2. Las detenciones arbitrarias y la violencia tanto física como verbal de que fuimos objeto por parte de los elementos de la Policía Sectorial que nos pusieron a disposición de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa en Tonalá, Chiapas, sin haber cometido ilícito alguno, y como forma de callar que su actuación se estaba realizando fuera de la ley por cuanto las detenciones se realizaron sin existir ya bloqueo alguno.

3. Que en el momento de ser detenidos y durante nuestro traslado a la Fiscalía se nos golpeó, insultó y amenazó. Los policías que nos custodiaban realizaban manifestaciones como la siguiente: “pendejos de los derechos humanos”, “pinches abogadillos pendejos por más que sean abogados los va a cargar la chingada”.

4. La incomunicación a la que fuimos sometidos inicialmente así como la negativa del personal de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa para proporcionar información sobre la situación jurídica de las personas detenidas el día 22 de febrero.

5. La coacción psicológica y física ejercida por parte del personal de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa para que trece de los dieciséis detenidos hicieran señalamientos en contra de los tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa quienes el día de la detención nos encontrábamos realizando actos de observación y documentación ante posibles violaciones a derechos humanos.

6. El aislamiento al que fuimos sometidos los tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ya que se nos mantuvo en una celda distinta a la de los otros trece detenidos, quienes al rendir sus respectivas declaraciones ministeriales no se les permitió designar abogado de confianza siendo asistidos por defensores que la Fiscalía les proporcionó, lo que pone en duda su imparcialidad, además estas trece personas firmaron declaraciones sin que se les permitiese revisarlas.

7. Las violaciones al debido proceso ya que el Fiscal del Ministerio Público no nos notificó nuestra situación jurídica, durante las declaraciones se cierra la fiscalía, no se nos da aviso de nuestro traslado, se nos limita a subirnos a las camionetas y llevarnos a la fiscalía especializada de delitos contra la mujer.

8. La represión de que hemos sido objeto los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y que hoy día nos tiene a tres de sus miembros privados de la libertad, siendo procesados por el delito de motín, utilizándose la justicia y las instituciones para callar nuestra lucha.

Exigimos: