San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 5 de Febrero de 2011.

A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS Y DE MÉXICO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL Y NACIONAL

El día de hoy que se conmemora el 94º. aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, damos a conocer que mujeres y hombres Ch´oles de comunidades de la región norte-selva, integrantes de la organización Laklumal Ixim, estamos realizando a partir de las 7:00 horas un bloqueo intermitente en la carretera Yajalón a Tila-Tumbalá, a la altura del desvío conocido como Pulpitillo.

Esta acción la realizamos al amparo de nuestro derechos constitucionales para manifestar que en este momento en nuestro país estamos viviendo una situación sistemática de supresión de nuestros derechos constitucionales y que de igual manera se violentan gravemente los derechos humanos de mexicanas y mexicanos que luchan cotidianamente y desde distintas trincheras por el respeto a sus más elementales derechos y por justicia ante los constantes atropellos cometidos por los distintos aparatos del Estado Mexicano, principalmente del ejército y cuerpos policíacos.

En México se ha establecido un estado de excepción que va tomando proporciones preocupantes y por las que no podemos quedar callados e indiferentes. En México se ha desatado un clima de violencia que ha costado la vida de más de 35, 000 mexicanos y mexicanos, en este día nos sumamos al grito de ¡No más sangre!

Este clima de violencia ha tomado niveles alarmantes en el norte de México y paulatinamente se propaga a todo el país; lo que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua es inadmisible. Nuestra solidaridad con todas las personas y organizaciones que han tenido el valor de salir a las calles para manifestarse en una Jornada hacia la Justicia, a pesar de que la violencia sigue cobrando víctimas inocentes como la joven Karina Ibeth Ibarra Soria, de apenas 16 años, quien murió a consecuencia de las cobardes balas de la Policía Federal el pasado 30 de enero.

En el caso de Chiapas, se impulsa una política de contrainsurgencia que en este momento tiene como eje el hostigamiento y persecución de los defensores de los derechos humanos, así como una política que impulsa y alienta por acción u omisión el rompimiento del tejido social, desatando conflictos comunitarios en distintas regiones de Chiapas, lo cual tiene como trasfondo el conflicto armado no resuelto y la militarización de gran parte del territorio chiapaneco.

Hacemos un serio llamado al Gobierno de Chiapas para que de manera inmediata se atienda la problemática que se ha desatado en las comunidades de Nueva Esperanza y Jolsibaquil, a partir de la negativa de la presidenta municipal de Tila de reconocer a los agentes municipales nombrados en asamblea y amparados en sus derechos a elegir a sus propias autoridades. Asimismo para que se dé cumplimiento a los compromisos que adquirió la Delegada de Gobierno Ana del Carmen Valdivieso en una minuta de trabajo,entre ellos entregar toda la información sobre los costos de la ejecución de la obra de drenaje que se realizó en el Ejido Nueva Esperanza. De igual manera, habitantes de la cabecera municipal de Tumbalá exigen que se informe sobre los costos de la obra de drenaje que está en proceso en ese lugar.

Este llamado es también para que el Gobierno de Chiapas asuma su responsabilidad e intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paraestatal que sigue faltando a su obligación constitucional de dar mantenimiento a las redes de energía eléctrica de las comunidades y pueblos de Chiapas, así como de proporcionar energía eléctrica, lo cual es un derecho. La CFE se niega a reparar transformadores y postes en las comunidades Nueva Esperanza, en Tila, así como en Tumbalá en las comunidades de Emiliano Zapata y Jololniel. Con ello, se está provocando un clima de división comunitaria al dejar sin luz a comunidades de la zona norte que se encuentran en resistencia al pago de las altas tarifas energía eléctrica, las cuales son injustas y totalmente arbitrarias, y son una burla para las condiciones de pobreza y miseria que se viven en Chiapas.

Si el gobierno de Chiapas realmente es congruente con su discurso de respeto a los derechos humanos, es el momento oportuno para que lo demuestre con hechos y no palabras.

¡Ni una muerta más!

¡No más sangre!

¡Alto a la criminalización de las comunidades indígenas que luchan por sus derechos humanos!

¡Atención a las demandas y necesidades de las comunidades indígenas en Chiapas!

¡Rechazo al despojo de nuestras tierras ejidales y comunales mediante el FANAR-antes PROCEDE-!

¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!

LAKLUMAL IXIM-NUESTRO PUEBLO DE MAÍZ-