Estimadas, estimados:
En seguimiento a la Acción Urgente 01 enviada por este Centro de Derechos Humanos compartimos información actualizada con relación al auto de formal prisión dictada a 10 indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, en Chiapas.
Solicitamos su solidaridad con las peticiones descritas en el documento adjunto.
Saludos cordiales,
Equipo Frayba
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
15 de febrero de 2011
Actualización de la AU_01
Acción Urgente
En seguimiento a la Acción Urgente 01, que este Centro de Derechos Humanos (Frayba) emitió el pasado 02 de febrero del presente, en relación a la detención arbitraria de 117 indígenas tseltales, ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB), municipio de Chilón, adherentes a La Otra Campaña (LOC), emitimos nuevas informaciones:
El pasado viernes 11 de febrero de 2011, aproximadamente a las 20.00 hrs. al término del plazo constitucional, el Juez Víctor Adolfo Vera Morales, titular del Juzgado del Ramo Penal de Catazajá, Chiapas, decidió dictar Auto de Formal Prisión al Sr. Jerónimo Guzmán Méndez por los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; al Sr. Domingo Pérez Álvaro, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; así como a los Sres. Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), así como al menor de edad Mariano Demeza Silvano por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños. Nueve de los indígenas enfrentarán su proceso judicial bajo detención en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17), en la causa penal 39/2011, en tanto que el menor de edad fue trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol en el municipio de Berriozábal, Chiapas y puesto a disposición del Juez Primero Especializado de Primera Instancia en Justicia para Adolescentes, Lic. Edilberto Molina Barrientos.
Según información del gobierno de Chiapas, emitida el 13 de febrero, durante las diligencias del término constitucional, los detenidos contaron con garantías judiciales que protegen sus derechos como detenidos, sin embargo, la información documentada en el lugar de los hechos por este Centro de Derechos Humanos confirma que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz, abogada indígena, que los asistió durante su declaración preparatoria ante el Juez es de lengua y cultura Cho?l y el actual defensor Darío Sánchez Escobar es mestizo. Durante las diligencias, las y los testigos, indígenas tseltales, que rindieron su declaración a favor de los 10 indígenas detenidos, no fueron asistidos por intérpretes calificados para las diligencias judiciales, ya que se cuenta con el dato que policías municipales uniformados fueron presentados como traductores, lo que intimidó a varios testigos; otras personas que sirvieron como traductores eran de lengua Cho´l o bien tseltales que no contaban con la formación adecuada y suficiente para asumir esa responsabilidad jurídica, por lo que esta situación desvirtuó las declaraciones en la defensa de los detenidos.
Las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos que asistieron en la defensa durante el término constitucional, fueron obstruidos en su labor de defensa por funcionarios de ese juzgado, ya que no tuvieron un acceso adecuado al expediente penal para realizar su trabajo de defensa.
Después del ejercicio penal, los 10 indígenas encarcelados fueron presionados para que sus familiares y/o autoridades comunitarias, adherentes a LOC, participaran en una ?mesa de negociación?, promovida por el gobernador de Chiapas Juan José Sabines Guerrero y el Secretario General de Gobierno Noe Castañon León, así como el grupo de ?oficialistas? del ejido de San Sebastián Bachajón, Chilón, y el grupo de ?priistas? de Agua Azul, municpio de Tumbalá, para firmar un ?Pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul.?
El Frayba cuenta con información que Pedro García Álvaro, quien tiene discapacidad mental, fue obligado a firmar una declaración autoinculpatoria ya que dada su condición no está posibilitado a articular un relato completo, tal y como se asienta en la declaración preparatoria, de tal manera que se le ha dejado en estado de indefensión, además de no realizarle los estudios correspondientes para su situación.
Según datos recabados, documentamos que Jerónimo Guzmán Méndez, acusado por el delito de homicidio calificado y Domingo Pérez Álvaro, por el delito de homicidio en grado de tentativa, y varios más de los acusados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 02 de febrero, en donde lamentablemente perdió la vida el Sr. Marcos Moreno García y resultó herido Sr. Tomás Pérez Deara. Las declaraciones jurídicas de las personas que acusan a los 10 detenidos resultan no claras y enrarecidas. Asimismo se cuenta con datos que indican que al menos 25, de los 117 indígenas tseltales que inicialmente fueron detenidos pertenecientes a LOC, firmaron declaraciones sin conocer el contenido en donde señalaban a sus compañeros ahora privados arbitrativamente de su libertad. Otros indican que les condicionaron su libertad si no firmaban ese documento y otros fueron amenazados: ?me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza?.
Según testimonios de las 107 personas que fueron liberadas el 04 de febrero, indican que no se les permitió leer su declaración ante el ministerio público, así como otros documentos que firmaron y de los cuales desconocen su contenido. Informan que cuentan con un apercibimiento judicial y que al momento de su liberación fueron amenazados de encarcelamiento si no desistían en su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de LOC.
Para este Centro de Derechos Humanos la detención y procesamiento de las personas injustamente encarceladas, se encuentran en un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.
Este Centro de Derechos Humanos considera que se violaron el derecho al debido proceso, garantías judiciales, presunción de inocencia y protección judicial de los 10 indígenas tseltales.
Ante los hechos anteriormente narrados, solicitamos a los colectivos, organizaciones, grupos y personas que realicen actos de solidaridad a favor de las 10 personas detenidas por la defensa al territorio de los pueblos indígenas. Así también envíen cartas a las autoridades mexicanas exigiendo:
La liberación de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro, Mariano Demeza Silvano.
Una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos ocurridos el día 02 de febrero, en donde fue despojada la caseta de cobro a los adherentes de LOC; así como el esclarecimiento del fallecimiento del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión al Sr. Tomás Pérez Deara.
Una investigación seria y exhaustiva que sancione a las y los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que ocurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.
Se respete el ejercicio al derecho al territorio de los Pueblos indígenas, que están realizando las ejidatarias y ejidatarios de SSB adherentes a LOC.
Pedimos el envío de sus acciones urgentes a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 ? + 52 961 6188056
Extensión 21120. 21122
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60
Extensión: 20003
Correo: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx
Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Edificio A, 2do. Piso
Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. El Bosque
CP 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
Correo: cdominguezb@poderjudicialchiapas.gob.mx
Lic. Víctor Adolfo Vera Morales
Juzgado del Ramo Penal de Playas de Catazajá
Km 2.5, carretera Catazajá ? Palenque
Catazajá, Chiapas. Anexo al CERSS No. 17
C.P. 29980 Catazajá, Chiapas.
Fax: + 52 (916) 3660011
Favor de enviar copia a:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: + (52) 967 6787395, 967 6787396, Fax:+ (52) 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx
--
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
accionurgente@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx
En seguimiento a la Acción Urgente 01 enviada por este Centro de Derechos Humanos compartimos información actualizada con relación al auto de formal prisión dictada a 10 indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, en Chiapas.
Solicitamos su solidaridad con las peticiones descritas en el documento adjunto.
Saludos cordiales,
Equipo Frayba
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
15 de febrero de 2011
Actualización de la AU_01
Acción Urgente
Auto de Formal Prisión a 10 ejidatarios que defendían su Territorio en Chiapas
Se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos tseltales
10 presos políticos perseguidos por el gobierno de Sabines
Se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos tseltales
10 presos políticos perseguidos por el gobierno de Sabines
En seguimiento a la Acción Urgente 01, que este Centro de Derechos Humanos (Frayba) emitió el pasado 02 de febrero del presente, en relación a la detención arbitraria de 117 indígenas tseltales, ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB), municipio de Chilón, adherentes a La Otra Campaña (LOC), emitimos nuevas informaciones:
El pasado viernes 11 de febrero de 2011, aproximadamente a las 20.00 hrs. al término del plazo constitucional, el Juez Víctor Adolfo Vera Morales, titular del Juzgado del Ramo Penal de Catazajá, Chiapas, decidió dictar Auto de Formal Prisión al Sr. Jerónimo Guzmán Méndez por los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; al Sr. Domingo Pérez Álvaro, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; así como a los Sres. Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), así como al menor de edad Mariano Demeza Silvano por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños. Nueve de los indígenas enfrentarán su proceso judicial bajo detención en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17), en la causa penal 39/2011, en tanto que el menor de edad fue trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol en el municipio de Berriozábal, Chiapas y puesto a disposición del Juez Primero Especializado de Primera Instancia en Justicia para Adolescentes, Lic. Edilberto Molina Barrientos.
Según información del gobierno de Chiapas, emitida el 13 de febrero, durante las diligencias del término constitucional, los detenidos contaron con garantías judiciales que protegen sus derechos como detenidos, sin embargo, la información documentada en el lugar de los hechos por este Centro de Derechos Humanos confirma que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz, abogada indígena, que los asistió durante su declaración preparatoria ante el Juez es de lengua y cultura Cho?l y el actual defensor Darío Sánchez Escobar es mestizo. Durante las diligencias, las y los testigos, indígenas tseltales, que rindieron su declaración a favor de los 10 indígenas detenidos, no fueron asistidos por intérpretes calificados para las diligencias judiciales, ya que se cuenta con el dato que policías municipales uniformados fueron presentados como traductores, lo que intimidó a varios testigos; otras personas que sirvieron como traductores eran de lengua Cho´l o bien tseltales que no contaban con la formación adecuada y suficiente para asumir esa responsabilidad jurídica, por lo que esta situación desvirtuó las declaraciones en la defensa de los detenidos.
Las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos que asistieron en la defensa durante el término constitucional, fueron obstruidos en su labor de defensa por funcionarios de ese juzgado, ya que no tuvieron un acceso adecuado al expediente penal para realizar su trabajo de defensa.
Después del ejercicio penal, los 10 indígenas encarcelados fueron presionados para que sus familiares y/o autoridades comunitarias, adherentes a LOC, participaran en una ?mesa de negociación?, promovida por el gobernador de Chiapas Juan José Sabines Guerrero y el Secretario General de Gobierno Noe Castañon León, así como el grupo de ?oficialistas? del ejido de San Sebastián Bachajón, Chilón, y el grupo de ?priistas? de Agua Azul, municpio de Tumbalá, para firmar un ?Pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul.?
El Frayba cuenta con información que Pedro García Álvaro, quien tiene discapacidad mental, fue obligado a firmar una declaración autoinculpatoria ya que dada su condición no está posibilitado a articular un relato completo, tal y como se asienta en la declaración preparatoria, de tal manera que se le ha dejado en estado de indefensión, además de no realizarle los estudios correspondientes para su situación.
Según datos recabados, documentamos que Jerónimo Guzmán Méndez, acusado por el delito de homicidio calificado y Domingo Pérez Álvaro, por el delito de homicidio en grado de tentativa, y varios más de los acusados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 02 de febrero, en donde lamentablemente perdió la vida el Sr. Marcos Moreno García y resultó herido Sr. Tomás Pérez Deara. Las declaraciones jurídicas de las personas que acusan a los 10 detenidos resultan no claras y enrarecidas. Asimismo se cuenta con datos que indican que al menos 25, de los 117 indígenas tseltales que inicialmente fueron detenidos pertenecientes a LOC, firmaron declaraciones sin conocer el contenido en donde señalaban a sus compañeros ahora privados arbitrativamente de su libertad. Otros indican que les condicionaron su libertad si no firmaban ese documento y otros fueron amenazados: ?me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza?.
Según testimonios de las 107 personas que fueron liberadas el 04 de febrero, indican que no se les permitió leer su declaración ante el ministerio público, así como otros documentos que firmaron y de los cuales desconocen su contenido. Informan que cuentan con un apercibimiento judicial y que al momento de su liberación fueron amenazados de encarcelamiento si no desistían en su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de LOC.
Para este Centro de Derechos Humanos la detención y procesamiento de las personas injustamente encarceladas, se encuentran en un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.
Este Centro de Derechos Humanos considera que se violaron el derecho al debido proceso, garantías judiciales, presunción de inocencia y protección judicial de los 10 indígenas tseltales.
Ante los hechos anteriormente narrados, solicitamos a los colectivos, organizaciones, grupos y personas que realicen actos de solidaridad a favor de las 10 personas detenidas por la defensa al territorio de los pueblos indígenas. Así también envíen cartas a las autoridades mexicanas exigiendo:
La liberación de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro, Mariano Demeza Silvano.
Una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos ocurridos el día 02 de febrero, en donde fue despojada la caseta de cobro a los adherentes de LOC; así como el esclarecimiento del fallecimiento del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión al Sr. Tomás Pérez Deara.
Una investigación seria y exhaustiva que sancione a las y los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que ocurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.
Se respete el ejercicio al derecho al territorio de los Pueblos indígenas, que están realizando las ejidatarias y ejidatarios de SSB adherentes a LOC.
Pedimos el envío de sus acciones urgentes a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 ? + 52 961 6188056
Extensión 21120. 21122
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60
Extensión: 20003
Correo: secretario@secgobierno.
Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Edificio A, 2do. Piso
Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. El Bosque
CP 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
Correo: cdominguezb@
Lic. Víctor Adolfo Vera Morales
Juzgado del Ramo Penal de Playas de Catazajá
Km 2.5, carretera Catazajá ? Palenque
Catazajá, Chiapas. Anexo al CERSS No. 17
C.P. 29980 Catazajá, Chiapas.
Fax: + 52 (916) 3660011
Favor de enviar copia a:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: + (52) 967 6787395, 967 6787396, Fax:+ (52) 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx
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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
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Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
accionurgente@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx
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Entradas
Primero una disculpa por el comentario que voy ha hacer.
Creen que es necesario organizar gente para ayudar a los compañeros detenidos?
primero me preguntaría si son o no culpables.
conozco una persona que esta detenido y vive en mi comunidad y es el que alborota a toda la comunidad y solo te deja una salida anexarte a la otra campaña o te quitan la tierra y no solo eso amenaza a matar a tu familia y eso es el tipo de persona que están defendiendo. y creo que el gobierno cumple con su deber de salvaguardar la integridad de los ejidatarios, porque mi papa si es ejidatario de san sebastian bachajon.