San Cristóbal de las Casas, Chiapas 05 de febrero de 2011.

A los medios de comunicación.

A las organizaciones sociales, democráticas e independientes.

A los organismos defensores de los derechos humanos.

Al pueblo de México.

El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, producto de décadas de lucha tenaz del pueblo, que alcanzaría su etapa de algidez en la Revolución Mexicana, dando paso a la inclusión mediante la exigencia popular en la revolución, de los artículos 3°, 27 y 123, las cuales han sido despojadas de su carácter progresista mediante las reformas y leyes secundarias.

La Carta Magna se ha utilizado como instrumento por el cual los políticos de oficio en turno se han servido para acrecentar sus riquezas personales y familiares, ensanchando la brecha entre ricos y pobres, con el fortalecimiento de la oligarquía empresarial que modifica los artículos constitucionales a su conveniencia y al amparo de los lacayos de las estructuras gubernamentales.

Se ha servido de ella para legalizar la represión y criminalización de las protestas y luchas populares, mientras se tiende el velo de impunidad para los asesinos intelectuales y materiales al no ejercer conforme a derecho en contra de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos de la población mexicana, como los casos más recientes de Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez…

Con la constitución se pretende hacer creer que existe un estado de derecho que defiende a los mexicanos y garantice sus derechos, situación que en los hechos demuestra un estado oligárquico proempresarial e imperialista, que mantiene a más de 85 millones de mexicanos en la pobreza, de las cuales la miseria trastoca a más de 50 millones, producto del encarecimiento de los alimentos y servicios, la falta de empleos, y la instrumentación de políticas asistencialistas con carácter contrainsurgente que no resuelven de fondo la pobreza, sino que se convierten en paliativos que acaban destruyendo el tejido social en el campo y la ciudad.

Si en la Carta Magna se consagraron los derechos a la educación laica, gratuita y obligatoria, ésta ha sido traicionada al negar la educación a las personas, reflejada en los más de 33 millones de mexicanos con una mínima instrucción que se extiende al analfabetismo, aunado a una gran masa de jóvenes sin empleo, constituyendo de facto la privatización de la educación pública.

Bajo las modificaciones al artículo 27 se desecha las necesidades de un gran sector productor de bienes de consumo, el de los campesinos, manteniéndolos en un gran atraso tecnológico productivo, mientras se fomenta los nuevos latifundios y se crean los nuevos terratenientes mediante diversos programas como el PROCEDE, hoy FANAR.

Mediante argucias legaloides se despoja al campesino de sus tierras, quienes se ven obligados a emigrar a las ciudades para engrosar los cinturones de miseria; se despide masiva e injustificadamente a miles de obreros, atentando contra el sindicalismo mexicano al modificar el contrato colectivo de trabajo consagrado en el artículo 123.

El actual genocidio instrumentado por Calderón como forma de enfrentar al crimen organizado, ha cobrado más de 36 mil víctimas, cuya mayoría la ocupan obreros, campesinos, mujeres y niños, es decir, los sectores empobrecidos del país; junto a ellos se suma la lista de activistas defensores de los derechos humanos y luchadores sociales. Aplicándose la militarización en todo el país para contener la protesta popular, generar un estado de terror, mientras se implementan la creación de cuerpos policiacos de élite y grupos paramilitares que realizan las desapariciones forzadas y amedrentan a organizaciones con arraigo popular.

El baño de sangre en que se encuentra envuelto el pueblo mexicano, por los feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, proviene de una política de criminalización, ejerciendo represión hacia toda disidencia o todo aquel que para las autoridades oficiales parezcan sospechosos.

En este día nos movilizamos en contra de la criminalización de la protesta social, contra la militarización y paramilitarización, por la liberación de los presos políticos, y de conciencia del país, por la presentación con vida de los desaparecidos por el régimen, por la solución de nuestras demandas inmediatas.

Repudiamos la actual represión ejercida en contra de periodistas de manera sistemática por el gobierno sabinista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la agresión por grupos de choque priistas a los ejidatarios de Bachajón, municipio de Chilón adherentes a la Otra Campaña y las detenciones extrajudiciales que suman 121 por defender sus recursos naturales; exigimos la reubicación inmediata de los autodesplazados del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano y los autodesplazados de El Carrizal, mpio. De Ocosingo; exigimos la liberación de los presos políticos de La Voz del Amate, libertad inmediata a Manuel Heredia, Artemio Díaz, Alberto Pathistán, Rosario Gómez; reconocimiento y nombramiento de las autoridades ejidales de los compañeros del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS) en el ejido Petalcingo.

Por ello estamos realizando las siguientes movilizaciones:

Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el tramo de Tila- Yajalón a la altura del ejido Petalcingo.

Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el tramo de San Cristóbal-Ocosingo a la altura del ejido Rio Florido.

Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el municipio de Villacomaltitlán.

Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el kilometro 10 del municipio de Tuxtla Chico.

Marcha en la cabecera municipal de Altamirano, bloqueos intermitentes y volanteos en los tramos que comunican Altamirano-Ocosingo y Altamirano-Comitán.

Marcha-mitin en la cabecera municipal de Motozintla.

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO