OBSERVATORIO CIUDADANO

El pasado 22 de febrero de 2010, organizaciones sociales realizaron un bloqueo de carretera a la altura de las Pilitas, entre los municipios de Tonalá y Pijijiapan (Chiapas), sumándose a la convocatoria de LA OTRA CAMPAÑA VA ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!

Un grupo de unas 300 personas pertenecientes al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZC) manifestaron su rechazo a las agresiones, desplazamientos y encarcelamientos producidos en su región y como muestra de solidaridad con los compañeros de San Sebastián Bachajón y Mitzitón, quienes recientemente fueron agredidos por grupos paramilitares.

Aproximadamente a las 16:00 hrs. se desbloqueó la carretera, mientras en Tonalá representantes del CARZC participaban en una mesa de diálogo con miembros del gobierno. Una hora más tarde, cuando la gente ya estaba de camino a sus comunidades, empezaron las detenciones indiscriminadas por elementos de la Policía federal; otras personas que quedaban en las Pilitas fueron cercados por cuerpos policiales estatales impidiéndoles regresar a sus casas.

Cuando se informó de lo que estaba sucediendo al Centro de DDHH Digna Ochoa, el director del centro, Lic. Nataniel Hernández y dos de sus abogados Lic. Jose Maria Martinez Cruz y al Lic. Eduardo Alonso Martinez Silva se desplazaron a las Pilitas para constatar los hechos. Al llegar al lugar los tres abogados defensores de DDHH también fueron aprehendidos y trasladados a la Fiscalía Regional Istmo Costa de Tonalá, junto con los otros detenidos.

La Fiscalía se negó a dar cualquier tipo de información sobre el número de detenidos y la identidad de éstos, además de prohibir la entrada de abogados y familiares. No fue hasta la 01:00h de la madrugada que, a través del Consejo Estatal de Derechos Humanos, se conoció con exactitud el número de compañeros que se hallaban incomunicados, que en total fueron 19.

Tras largas horas de espera y desinformación, la mañana del día 23 se dieron a conocer las acusaciones, a todas luces carentes de sustento, a las que se enfrentan los Defensores de DDHH: ataque a las vías de comunicación, motín y conspiración.

En el transcurso de la jornada han sido liberadas tres personas. Siguen presas 16 y el plantón de familiares y compañeros que se había instalado frente a la fiscalía fue desmantelado bajo las amenazas de los cuerpos policiales y con la promesa de ir liberando a los detenidos a lo largo de la noche y la mañana del día 24, lo cual desvela que las detenciones responden a razones políticas y no a judiciales o penales.

Este no es un hecho aislado. Se nos hace amargamente conocido y lo reconocemos como estrategia del gobierno estatal de hostigamiento y represión hacía las organizaciones adherentes a La Otra Campaña en el estado de Chiapas.

La represión durante las movilizaciones del día 22 de febrero contra el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, junto a los arrestos y procesos legales injustificados contra las comunidades de Bachajon y Mitziton, el silencio mediático y el hecho de que en las cárceles de Chiapas sigue habiendo, y cada día hay más, presos políticos, son muestra clara de la incongruencia del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que pese a manifestar la voluntad de cambiar la realidad de los pueblos indígenas atacando el origen de sus problemas y sentando las bases para su autodeterminación, se encuentra en plena ofensiva contra cualquier manifestación de participación popular, dignidad o lucha.

Poco parece haber cambiado la política estatal desde el 2006 por mucho que su gobernador afirme, como publicaba hace poco en el periódico El Cuarto Poder, que "el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus habitantes, de los que nazcan aquí, de los que vivan de manera permanente, de los que nos visitan o están de manera temporal, sin importar género, origen cultural, credo ni origen nacional. Lo contrario, el gobernar sólo para unos cuantos, para los de un solo partido político, para los de una sola religión, para los de una sola nacionalidad es una práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos". Estas palabras poco tienen que ver con los últimos acontecimientos en la Costa de Chipas, Bachajon o Mitziton.

Ante estos hechos y desde este espacio, exigimos la liberación inmediata sin cargos de todos los detenidos el pasado 22 de febrero, además de la máxima rigurosidad en el proceso.

Nos unimos a nuestros compañeros cuando reclamamos: