OBSERVATORIO CIUDADANO

Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…

Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.

Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento, que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.

Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada, su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.

El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.

Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria, como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.

El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?" , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.

Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.

La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones. Terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”

Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.

El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.

La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.

Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también debe ser analizada.

Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.

El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.

El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.

Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.

El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.

¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dilma Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?

¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?

¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?

La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?

Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en el que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del Presidente.

Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.

Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es ésta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.

Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.

No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.

Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica, que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política.

Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.

Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.

Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.

Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.

Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México, que han llegado al punto, a la osadía, diría yo, de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.

El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión, que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.

Como tantas obras ésta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.

¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido, que no le viene bien a nadie, u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.

Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.

Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando. Le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.

Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no sé si también otras -La Destilería y el Meridien-, es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.

No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido. No se lo merecen, por supuesto las audiencias, no se lo merece la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece el país.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.

AMEDI exigió a la Presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.

El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?

Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana, que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales, parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?

¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.

Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dicen “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.

Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.

Si MVS acepta hacerlo, se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente.

Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estuvo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.

La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.

Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.

Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Fallacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.

Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.

A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…

Gracias a todos y buenos días.