DERECHO AL AGUA Y MANIPULACIÓN POLÍTICA EN SAN CRISTÓBAL.

Miguel Angel de los Santos

El consenso es evidente y justificado: el derecho al agua ha comenzado a considerarse como un derecho humano de carácter universal. Ese consenso se expresa no solo en la variedad de movimientos organizados, mayoritariamente expresiones de la sociedad civil, que han manifestado preocupación por el deterioro ambiental y su impacto en las fuentes de agua, sino también en organismos internacionales, que ya han reconocido el carácter de derecho humano, como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.



Como se sabe, los derechos humanos no son el producto de la nada, o del capricho de personas que buscan elevar la categoría de los derechos con el fin de aumentar las obligaciones de los gobiernos para con sus ciudadanos. Siempre existen razones éticas e históricas que justifican la consideración de un derecho como uno de carácter fundamental en la vida de las personas. La trayectoria actual del agua en su meta por alcanzar el rango de un derecho humano para luego ser considerado un derecho fundamental, revela con claridad el carácter histórico de ciertos derechos humanos, que solo surgen como tales cuando las necesidades históricas y las exigencias de la sociedad se hacen patentes. Resulta claro que hasta hace algunos años a nadie se le habría ocurrido que el agua tuviera que ser considerada como un derecho humano que impusiera obligaciones y deberes a los Estados para su garantía; no obstante, las condiciones de desigualdad, la pobreza y marginación en que subsiste un considerable porcentaje de la población mundial, aunado al acelerado deterioro del medio ambiente y su impacto en las fuentes de agua, generan la presencia de poblaciones con una carencia total del liquido o que disponen de ella en condiciones insalubres. Estas y otras circunstancias han influido en el análisis sobre la necesidad de elevar su categoría como un derecho humano independiente.


Es evidente que el agua constituye un bien indispensable para la subsistencia de los seres humanos, y que sin ella la vida se tornaría simplemente imposible. No obstante lo indispensable, cada vez mas el agua se aleja de los hogares y se convierte en una mercancía cuya adquisición y disfrute depende del desarrollo de los países y de las capacidades económicas personales. A este proceso de mercantilización ahora habrá que añadirle la manipulación política que del agua se lleva a cabo, como quedó evidenciado en San Cristóbal de Las Casas.


La crisis del agua para la población muy pronto se tradujo en una crisis política para los impulsores de la primera. En efecto, ha quedado claro que el problema no fue la falta de energía eléctrica, porque siempre hubieron sectores que, durante la crisis, contaban con agua. También fue revelador de la manipulación política el hecho de realizar cambios en SAPAM cuando se había dicho que el problema era falta de pago a Comisión Federal de Electricidad.


La falta de transparencia en la información y las contradicciones en el discurso político de las autoridades municipales, dejó en claro que la privación del servicio de agua en la ciudad atendió a finalidades políticas. No obstante, los cálculos fallaron. Un sector de la población reaccionó para manifestarse y exigir no solo la reanudación del servicio sino también la renuncia de quienes tomaron la decisión de cortar el agua y de quienes pudiendo evitarlo fueron omisos.


El acto de privar del agua constituye una violación a los derechos humanos, particularmente el previsto en el articulo cuarto de la Constitución mexicana, y en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado que la privación del agua atenta contra el derecho a una vida digna, y a la salud. Es por ello que, desde esta perspectiva, la manifestación social llevada a cabo ante las autoridades municipales se encontraba plenamente justificada.


Ante lo injusto de la medida y la debilidad política del Ayuntamiento de San Cristóbal, la respuesta fue inmediata. Se reanudó el servicio del agua en la ciudad y se sustituyó al director de SAPAM. No obstante, la crisis del agua dejó algunas lecciones que no deben ignorarse: la movilización social es una medida eficaz para hacer reaccionar al mal gobierno; y, si el gobierno es débil no debe provocar la fuerza del pueblo.


Además, quedan aun tareas pendientes. El derecho a la información y la transparencia en el servicio público requiere la participación activa de la sociedad en la administración del agua. En ese sentido, bien valdría la pena aprovechar la convocatoria a la organización que se hiciera a través de la crisis del agua, para conseguir la participación de la sociedad en el órgano administrativo del SAPAM, y de paso evitar que se continúe manipulando con finalidades políticas o electorales el derecho humano al agua.