Reclaman se proteja sus derechos humanos

"Es falso esa leyenda urbana de que Sabines nos liberó por su buena voluntad. Eso lo dicidieron los tribunales": Madariaga Granados

ISAÍN MANDUJANO/APRO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.., 20 de marzo (apro).- Exfuncionarios públicos priístas perseguidos y encarcelados por presuntos actos de corrupción en el sexenio del ahora exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, reclamaron hoy a la Comisión de Derecho Humanos de Chiapas su poca eficiencia para garantizar la protección de sus derechos humanos, luego de que alegaran antes ese organismo actos de detención arbitraria, tortura sicológica y denegación de la justicia por parte de las instituciones del Estado.

                Florencio Madariaga Granados, Eduardo Montoya Liévano y Librado de la Torre González, alegaron que la libertad que alcanzaron todos los exservidores públicos del gobierno de Roberto Albores Guillén (1998-2000), perseguidos durante el anterior sexenio alcanzaron su libertad “no por la buena voluntad del actual gobernador Juan Sabines Guerrero sino porque así lo decidieron los tribunales”.

Fue Montoya Liévano quien invitó a la prensa a entrar a la sala de juntas de la CDH. El responsable del área de prensa de ese organismos, Francisco Gurguha, pretendió frenar el ingreso de los comunicadores pero fue en vano.

Moreno Guillén al ver el grupo de reporteros, se molestó. Pedía que la reunión fuese a puertas cerradas, "confidencial".

Sin embargo, los exservidores públicos reclamaban transparencia y apertura para hablar del asunto que llevaban en la agenda, reclamar al organismo agilidad en su proceso de recepción y trámite de queja.

                Ante el presidente de la CDH de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, los tres ex servidores públicos que estuvieron en el penal de El Amate acusados de diversos delitos derivados de supuestos desvíos de recursos públicos, reclamaron la poca confianza que tienen en el ombudsman chiapaneco a quien acusaron de haber sido parte de la dependencia en la que se fraguo su persecución, la ahora desaparecida Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el exzar antidrogas, Mariano Francisco Herrán Salvatti.

                “No confiamos en usted, pues sabemos su pasado, incluso formó parte de esa oficina donde nos persiguieron de forma injusta y arbitraria, pero ahora en su papel de ombudsman de Chiapas queremos que actúe con eficiencia y nos garantice la protección de nuestros derechos humanos”, dijo Eduardo Montoya Liévano, quien fue procurador de justicia en el sexenio de Roberto Albores Guillén, gobierno que desató a su vez una campaña de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas.

                Florencio Madariaga, quien fuera extitular del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el sexenio de Albores Guillén, señaló que desde septiembre iniciaron las denuncias penales contra Salazar y Herrán Salvatti, reclamaron públicamente que la CDH interviniera pero nunca lo hizo.

                “Es falsa esa leyenda urbana de que Sabines nos perdonó por su buena voluntad, nuestra libertad la ganamos en los tribunales. En todo caso hubo un desistimiento de la FGE por falta de elementos de prueba en nuestra contra”, dijo Madariaga Granados.

                Los tres exservidores públicos y el titular d ela CDH de Chiapas se enfrascaron en una discusión de aproximadamente una hora, los primeros alegaban falta de capacidad de titular de esa oficina y por su parte negaba haber formado parte de la persecución a que fueron sometidos.

                “Actuaré conforme a derecho y los tiempos jurídicos así lo determinen”, les insistía Moreno Guillén.

                “Dudo de su actuación, no tenemos confianza en usted, pero es nuestra deber venir a reclamar la protección a nuestros derechos fundamentales”, le dijo Madariaga.

                Librado de la Torre González señaló que al menos 49 procesos penales fueron descargados sobre casi una docena de exservidores públicos del gobierno de Albores Guillén por parte del gobierno de Salazar y que él por su parte pasó casi siete años en prisión de la cual salió finalmente libre sin sentencia condenatoria alguna.

                “Esos casi siete años estuve sufriendo y fue víctima de actos de tortura sicológica, por eso venimos acá para que usted tramite nuestra queja y saque la recomendación correspondiente”, dijo Lirado de la Torre.

                Madariaga Granados señaló que el 17 de febrero pasado acudieron a la CNDH para interponer una queja ante la desconfianza de la CDH de Chiapas, pero que el organismo nacional les remitió la queja al ombudsman estatal el pasado 25 de febrero, aunque llegó realmente dos días después.

                Dijo que esperan actué con prontitud la CDH de Chiapas, que se manifiesta si es competente en emitir la recomendación o no, esperan agotar el recurso local, luego el nacional y de ser preciso llegarán a los organismos internacionales.

                “Hubo detención arbitraria, tortura sicológica, denegación de justicia y otras irregularidades en nuestra contra, Salazar nos la va a pagar, no descansaremos hasta verlo en la cárcel”, dijo Madariaga.

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