México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, debido a la omisión por parte de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad para investigar oportunamente el caso del robo, allanamiento, intimidación y amenazas contra varios integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”. 

Luego del inicidente, ocurrido el 22 de octubre de 2006, se dio parte a las autoridades estatales y se solicitó la intervención de la CNDH, la cual inició la queja respectiva. Según la información obtenida por los visitadores se advirtió de conductas omisas y violatorias para el caso toda vez desde el 18 de julio de ese mismo año, trabajadores del Centro Fray Bartolomé habían notificado, vía un acta administrativa, de hechos amenazantes ante la entonces Fiscalía General del estado. 

Pese a ello, las autoridades al parecer violentaron el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, toda vez la falta de celeridad por parte de agentes del Ministerio Público y de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, e incluso  falta de objetividad e imparcialidad para atender el caso. 

Como refiere la CNDH en un comunicado, tras el allanamiento, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en San Cristóbal de las Casas solicitó al comandante de la AEI Zona Altos investigar los hechos; al no recibir respuesta, envió recordatorios los días 10, 27 de noviembre y 13 de diciembre, y fue el 2 de enero de 2007, es decir, 72 días después, que el MP recibió el informe respectivo, en el cual se informa sobre la entrevista con un integrante de esa organización civil y a dos vecinos.

Sin embargo, el representante social omitió investigar y dar intervención a peritos para recabar huellas dactilares en el lugar de los hechos, así como determinar cómo ingresaron los agresores al inmueble. Tras un año de abierta la indagatoria, el 25 de octubre de 2007 envió a reserva el expediente, por considerar que no había elementos para el ejercicio de la acción penal.

Por lo anterior, la Comisión Nacional decidió emitir la recomendación 12/2009 al gobierno de Chiapas en la que pide al gobernador Juan Sabines que instruya al procurador estatal se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes y dar vista a la Contraloría de esa dependencia para que investigue la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos referidos.