OBSERVATORIO CIUDADANO

En la guerra contra la resistencia cultural de los pueblos indígenas y el despojo de sus territorios NADA HA CAMBIADO, solo se hanafinado los procedimientos de exterminio.

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HIPÓTESIS. La salud gubernamental en territorios indígenas de gran biodiversidad, un instrumento de contrainsurgencia en la modalidad de la zanahoria y el garrote; el caso de la región y comunidad de Amador Hernández.

El 28 de marzo de 2007, a casi cuatro meses de haber asumido la presidencia, Felipe Calderón declara que México posee dos ventajas que no tienen otros países. La primera, dijo, es que “México posee la cuarta biodiversidad más rica y más grande del mundo”.

Semanas después, el 8 de mayo del 2007 expropia diversas áreas (polígonos) en la frontera próxima a la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Montes Azules (REBIMA), incluido el cerro Quetzal ubicado al sur del ejido Amador Hernández. El propósito, estableció en el Decreto, constituir nuevas áreas protegidas “de preservación, restauración y aprovechamiento de su biodiversidad”. Es decir, expandir el área natural protegida de Montes Azules pero ahora para su explotación explícita.

2. La Zanahoria.

Un día después de aquella expropiación, el gobierno de Chiapas y el federal inauguran en la región Amador Hernández el programa Caravanas Aéreas de Salud, comprometiendo ocho vuelos mensuales para el traslado de los enfermos graves (aquellos imposibilitados de superar las cinco horas de lodo y altibajos que distan de la vía más próxima y otras cinco más de terracería). Sobre la expropiación de territorios, a las comunidades el gobierno no les menciona ni media palabra.

3. La Rebelión

En el mes de agosto, informadas del decreto por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de la región Amador Hernández y decenas más en las zonas vecinas, deciden iniciar un movimiento campesino en defensa de su territorio, recursos y cultura indígena logrando detener en el mes de marzo del 2008 (y hasta la fecha) la ejecución física del decreto expropiatorio.

Meses después, a petición de la región Amador Hernández, en el marco del movimiento en defensa de su territorio y en previsión de un futuro retiro de los servicios públicos de salud, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (el COMPITSCCH) inicia en esa zona núcleo de la REBIMA la formación de promotores y promotoras en salud comunitaria autogestiva en las áreas de herbolaria y parteras.

Un año después, del 5 al 9 de octubre, médicos y parteras del COMPITSCCH, promotores de salud comunitarios de la Selva Lacandona de las regiones Amador Hernández, Betania y Marqués de Comillas, y grupos venidos de otros estados, llevan a cabo en el ejido Betania el primer Encuentro para el Intercambio y Vinculación en la salud comunitaria autogestiva.

4. El Garrote

Un poco antes, a principios de mayo, tras el anuncio del gobierno federal de que Chiapas era la entidad que reportaba más enfermos por el virus Influenza AH1N1, la Secretaria de Salud estatal retira, durante varias semanas, al personal médico adscrito a la región Amador Hernández bajo la excusa de tener que hacer frente en las ciudades a esa epidemia. Abandonada a su suerte, sin medicamentos ni servicio médico, la mayor parte de la población indígena en la región ve recrudecer los efectos de una Influenza inusualmente virulenta con fiebres generalizadas entre los niños. Y aunque no pensamos que este retiro haya sido planificado para la región (como pensamos que sí lo fue la siguiente etapa) sí demuestra el innato carácter racista y urbano del modelo de salud del Estado mexicano. El mensaje fue claro: el electorado y el consumo están en las ciudades y, ante una emergencia general, los más alejados y carentes de todo, los más vulnerables, no irán primero.

La siguiente etapa, la del retiro dosificado de todos los servicios y que apunta ya no hacia un dilema sistémico sino hacia una planificada acción represiva del Estado focalizada en la región Amador Hernández, iniciaría meses después y su punto de arranque puede establecerse a partir de un hecho tremendamente coincidente y consecuente. Días después de haber concluido el fructífero Encuentro de Medicina Tradicional y Salud Autogestiva en el ejido Betania, el titular de la jurisdicción sanitaria no. IX (que da cobertura a la mayor parte de la Selva Lacandona) fue sustituido por un singular y añejo personaje: el médico Víctor Manuel Jara Astorga, el agente de represión más curtido para este tipo de casos y de quien nos ocuparemos en la siguiente entrega.

Cuatro meses más tarde, a partir de marzo del 2010, la jurisdicción sanitaria no. IX iniciará el abandono de la región Amador Hernández con el retiro de los médicos adscritos. Coincidente en el tiempo con ese hecho se dan otros dos, relacionados con el territorio. Uno, la región resuelve no participar en el programa estatal de Reconversión Productiva que le llegó a proponer el gobierno del Estado y, otro, al sur de la REBIMA la Secretaria de la Reforma Agraria inicia los trabajos de brecheo de la Comunidad Zona Lacandona para satisfacer la condición de certeza jurídica sobre el territorio exigida por los inversionistas del proyecto REDD+ (impulsado por el gobierno estatal y federal en preparación de su oferta forestal a presentar en Cancún en la COP 16 ).

En abril, sin mediar aviso ni explicación, la jurisdicción sanitaria no. IX suspende el abasto de medicamentos, cancela los traslados aéreos comprometidos para los casos urgentes (ocho mensuales) y previene al personal médico adscrito a las tres clínicas de la región (en los ejidos El Guanal, Amador Hernández y en la comunidad Benito Juárez Miramar) de no volver a la zona.

Ante la falta de material médico y medicinas, a partir del mes de mayo las comunidades de la región se organizan para adquirirlos. En algunos casos y comunidades, los preparados fitomedicinales suplen la carencia de antibióticos y analgésicos alópatas pero para entonces la demanda excedía, por mucho, la incipiente capacidad de producción autogestiva. Un factor sanitario doble atribuible a las políticas de salud del Estado generó, estimamos, este disparo en la morbilidad. La histórica medicalización indiscriminada y la falta de acciones de promoción y educación para la salud.

A finales de abril, los resultados arrojados por un laboratorio solidario que viajó a la zona para determinar la naturaleza de las enfermedades más extendidas confirmaron esa hipótesis: la mayoría de la población padecía infecciones gastrointestinales derivadas de condiciones de vida insalubres, contagios por descuido en el manejo de las enfermedades y las bacterias reportadas en los cultivos presentaban resistencia a los antibióticos aprovisionados históricamente por la jurisdicción sanitaria. Los escasos preparados herbolarios consiguieron, sin embargo, combatir a las cepas que habían desarrollado resistencia a los medicamentos alópatas del servicio público de salud.

La alevosía que confirma el mensaje. A mediados de mayo (2009) el gobierno realiza una excepción en la suspensión de los traslados aéreos. Tras reconfirmar (telefónicamente) que la petición de un traslado en la comunidad Amador Hernández era para su moribundo operador regional (que había intentado suicidarse) y no para ningún otro habitante en situación de gravedad, la jurisdicción sanitaria solicita a Tuxtla Gutiérrez el envío urgente de un helicóptero al ejido. El aparato arribó al lugar apenas media hora después de la llamada y de inmediato trasladó al paciente al hospital de Altas Especialidades de la capital del Estado donde finalmente, tras ser atendido con especiales cuidados (según él mismo después lo comentó), se restableció.

Pero para el resto de los pobladores, impulsores de su salud propia y en resistencia a la enajenación de su territorio, la anulacióndosificada de su derecho a la vida en castigo a su rebeldía.

Para el mes de junio la población de la región empezó a resentir fatalmente los efectos del retiro súbito del servicio de salud, especialmente el de los traslados aéreos para los casos de urgencia. En el caso de un viaje especial, como lo son todos los de urgencia, su costo asciende a más de tres mil pesos que los campesinos no pueden reunir con rapidez. En varias ocasiones el retraso en el acopio del dinero concluyó en traslados inútiles al morir los enfermos horas o días después de su salida. En algunas otras, morían en su propia comunidad ante la incapacidad de sus familiares en reunir los recursos necesarios para su pronto traslado y por la carencia de médicos y medicinas.

El lunes 5 de julio, un día después de los comicios estatales, la jurisdicción sanitaria no. IX restablece el servicio médico, pero solo por un par de semanas y sin hacerlo con el de abastecimiento de medicamentos ni con los traslados aéreos.

Las comunidades advirtieron que esta reanudación era una acción de maquillaje pues fue parcial, llegaba un día después de las elecciones y la presencia de los médicos duró apenas dos semanas. Pero como la cantidad de enfermos continuaba siendo alta, a mediados de agosto una brigada de médicos solidarios viajó a la zona. En dramática consecuencia, las filas para consultas vinieron triplicadas respecto a las formadas en la misma fecha del año anterior. El número de enfermos que acudieron a consulta en solo cuatro ejidos de la región superó a las 350 personas en la población adulta, mujeres en su gran mayoría, y en más de 200 en la población menor de 12 años, quedando por consultar al menos otras cien más que, humanamente, ya fue imposible atender.

Por alguna sospechosa coincidencia, días antes del ingreso de esa brigada médica solidaria y después de cuatro meses de desabasto, la jurisdicción sanitaria aprovisionó con algunos medicamentos a las tres clínicas de la región, aunque la tercera parte fueron lotes de antibióticos ya caducos. Días después hizo ingresar médicos que, tras el retiro de la brigada médica civil, iniciaron talleres sobre los mismos temas (urgencias y promoción de la salud) que aquellos habían impartido. Sin promotores a quiénes enseñar pues la mayoría desconfiaba de su verdadero propósito además de haber recibido ya el mismo curso, los médicos abandonaron la zona una semana después.

En el mes de noviembre la jurisdicción repetiría la táctica. Una semana antes de que ingresara de nuevo la misma brigada médica solidaria, de manera coincidente lo hicieron también los médicos de la jurisdicción sanitaria, abasteciendo con medicamentos en los mismos términos que lo hicieron en agosto: de manera insuficiente (respecto de sus propios suministros históricos para la región) y buena parte ya caducos. Las filas de pacientes para consulta esta vez disminuyeron pero no por la atención oficial sino por el trabajo de promoción de la salud y una combinación más o menos seleccionada de medicamentos alópatas donados y de remedios naturaleselaborados ya de manera sistemática por los propios promotores de la región a partir del inmenso acervo biológico de sus territorios.

El suministro de vacunas para niños y bebés y de medicamentos para hipertensos y diabéticos, insulina incluida, a pesar de los riesgos de muerte que su carencia conlleva, se interrumpió en agosto del 2010, es decir, hace casi ocho meses.

La ausencia de insulina generó, por ejemplo, crisis hiperglucémicas que fueron atendidas con diluciones intravenosas (aportadas por las brigadas médicas solidarias) aunque posteriormente hubo que adquirirla en farmacias porque la jurisdicción sanitaria se negó a suministrarla en su propia sede urbana. A partir de este año, quien la necesite, solo si viaja hasta Ocosingo por ella se le entrega.

Los infantes, carentes de vacunas, han enfermado por cientos y decenas de ellos han tenido que ser trasladados de emergencia a centros hospitalarios, como el hospital San Carlos en el municipio vecino de Altamirano. Las fiebres no ceden y mantienen elevados picos febriles durante semanas; varios presentan cuadros de asfixia y azulamiento en los dedos de las manos, y otros más cursan una persistente tos seca típica de la tosferina. Los hay también que se convulsionan por dificultades respiratorias, produciéndose a veces desmayos, pero en estos casos, al parecer, la causa estaría en un mar de parásitos que colman las vías altas.

5. Las respuestas y los Responsables

El silencio en respuesta a las peticiones campesinas (un rasgo histórico del poder cuando el pueblo le plantea un reclamo legítimo cumpliendo los procedimientos constitucionales de petición). A poco de haber iniciado el abandono administrado de los servicios y hasta hace todavía algunos meses, la región Amador Hernández y las comunidades que la integran estuvieron requiriendo formalmente al titular de la Jurisdicción Sanitaria no. IX para que los reanudara o explicara el motivo de su retiro. Es la fecha, a casi un año de estar peticionando el retorno de los servicios suspendidos, que ni la región ni las comunidades obtienen respuesta como no sean más hormonas para planificación familiar.

Quiénes concibieron, quiénes autorizaron, quiénes toleraron y quiénes encubrieron la estratregia de enfermar dosificadamente a la población. NO es creíble que el jefe de la jurisdicción sanitaria no. IX, un viejo hombre del aparato, haya y esté actuando por cuenta propia en la comisión de tantos y tales crímenes, sin conocimiento y mando de sus superiores: el Secretario de Salud y el de Gobierno del Estado y el propio gobernador de Chiapas. Y, vista la implicación de los servicios federales en la región a partir del 2007, también del Secretario de Salud Federal. Cuatro hechos apuntan hacia ahí: 1º La Secretaría de Salud local no posee helicópteros, así que el despacho de un aparato en mayo pasado hacia la región desde los hangares de la capital del Estado no es una decisión que pueda tomarse desde Ocosingo ni pasar por alto por el Secretario de Salud estatal; 2º El lunes 21 de junio del 2010, el periodista Juan Sánchez reportó en el diario Cuarto Poder: “A pesar de que el Gobierno del Estado asegura darle importancia a los programas de salud de las comunidades rurales, el jefe de la Jurisdicción (IX), Víctor Manuel Jara Astorga, ‘por instrucciones del secretario de Salud, James Gómez Montes’, ha cancelado los servicios médicos en una de las regiones.” La región es la región Amador Hernández; 3º El nombramiento de un viejo represor como nuevo jefe de la jurisdicción sanitaria no. IX que, además, se da precisamente días después de haber concluido el Encuentro de Salud Autogestiva Comunitaria en el ejido Betania; y, 4º La acción instrumentada reúne todas las características de un delito de lesa humanidad, pues se habría basado en un plan para violar de manera sistemática y grave un bien universal (el derecho a la vida) sobre un grupo social determinado, en razón de sus legítimas creencias, y difícilmente podía ser llevada a cabo y sostenida tanto tiempo por un solo individuo sin conocimiento de sus superiores, sin que este considerara las consecuencias punitivas de estar actuando solo (menos tratándose de un experimentado represor institucional), y en el territorio más sensible y relevante internacionalmente para el régimen.

6. La solidaridad Médica

Por cientos se estarían hoy contando los enfermos graves y por decenas los muertos de no ser por la oportuna reacción organizada de las comunidades, el apoyo y presencia solidaria de médicos de la sociedad civil y la gestión fraterna de los médicos y parteras tradicionales del COMPITSCCH.

El valeroso actuar de grupos y personas de la sociedad civil en defensa de la vida de un pueblo que se resiste a rendir su memoria colectiva, ha evitado, hasta ahora, que en la región Amador Hernández, zona núcleo de la REBIMA y bastión histórico de la resistencia, se actualice un horizonte planificado en sus daños y propósito, un modelo de Acteal sanitario dosificado en sus bajas que a mediano plazo obligara a la población diezmada a pedir clemencia, a renunciar a su libre autodeterminación y a ceder el control de sus territorios a los planes trasnacionales del gobierno.

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE MEDICOS Y PARTERAS INDÍGENAS TRADICIONALES POR LA SALUD COMUNITARIA EN CHIAPAS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 4 de abril del 2011.