ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 17 de diciembre (apro).- Familiares y amigos miembros del Movimiento de Obrero Campesino Revolucionario Independiente (MOCRI) reclamaron al gobierno estatal la libertad de al menos cinco labriegos que en días recientes fueron consignados al penal de El Amate, acusados de homicidio calificado y lesiones.
El contingente de unas 100 personas, se manifestaron con pancartas y consignas en pleno centro de la ciudad donde bloquearon de forma intermitente la principal arteria vial de la capital. Los campesinos empezaron a volantear y denunciar lo que señalan censura en los medios locales de comunicación.
Los hombres, mujeres y niños, entre los que habían varias familias indígenas, señalaron en voz de su líder Erick Bautista Gómez, que se ha registrado una persecución política estatal desde el aparato de gobierno en contra de los líderes del MOCRI.
Antes que Erick Bautista, Wilfrido Hernández Jarquín, vocero de la organización fue detenido con varias personas y arraigados en una casa de seguridad del Ministerio de Justicia del Estado.
Tras varios días de arraigo, además de Wilfrido, Alfredo Hernández Hernández, Carlos Guillén, Rolando Jiménez Gómez y Andrés Flores Martínez, fueron consignados al penal de El Amate acusados de homicidio calificado y lesiones en contra de Martha Pérez Gómez, incidente ocurrido el pasado 11 de noviembre.
Por este mismo caso fueron puestos en libertad después de más de un mes de arraigo: Albert Torres Gómez, Agustín López López, Roger Abigail Gutiérrez González, José Jiménez Gómez y Carlos Manuel Velázquez.
Bautista Gómez, ahora vocero del MOCRI, adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), señaló que el aparato de justicia local manipuló el homicidio para culpar de ello a miembros de una organización que no es leal al gobierno estatal y proteger a quienes sí lo hicieron, pues fueron exculpados por ser personas leales al gobierno estatal.
Acusaron del homicidio a una fracción del MOCRI que tiene su base en la colonia urbana popular Emiliano Zapata, encabezados por Ismael Jiménez Pablo y Aristeo Gómez Cruz.
Los campesinos denunciaron que al menos 32 familias fueron expulsadas ya de esa colonia y sus casas han sido saqueadas y rematadas al mejor postor. Mostraron imágenes donde se que sus adversarios pintarrajearon las paredes de las casas con aerosol. En ellas se dice que las personas que deshabitaron esas viviendas son asesinos y no familias desplazadas.
Erick Bautista se dijo dispuesto a que si alguien de su organización es culpable de la muerte de esa señora que dejó dos hijos huérfanos menores de edad, pague por ello, pero que no se culpe solo con señalamientos y “acusaciones de dedo” de personas que pretenden hacerle daño a la organización.
“Nos voltearon el caso, nos acusan de haber matado a una señora que defendía nuestra causa. Ahora ellos la reivindican como su aliada, cuando la señora dio la vida defendiendo nuestra causa, pero como tienen el apoyo del gobierno estatal nos han avasallado y nos culpan de esa muerte, algo totalmente inadmisible”, dijo Erick Bautista.
Explicó que ahora las 32 familias, están en albergue y refugiadas con amigos y familiares.
Lorena Domínguez, una madre soltera que tiene a tres hijas, Natalie, Ana Gabriela y Jenifer, señaló que después de ocho años de vivir en esa colonia había construido no una casa de madera donde acaparó sus muebles y demás enseres que le permitían vivir de forma cómoda.
Señaló que desde enero del 2001 que fundó la colonia, junto a sus hijas, estuvo viviendo ahí sin ser molestada hasta que fue expulsada por oponerse al liderazgo que impuso un grupo disidente que se alió al gobierno de Juan Sabines.
Dijo que su casa fue saqueada y que le han notificado que no intente regresar porque el predio ahora está a la venta para quien pague por ello.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 17 de diciembre (apro).- Familiares y amigos miembros del Movimiento de Obrero Campesino Revolucionario Independiente (MOCRI) reclamaron al gobierno estatal la libertad de al menos cinco labriegos que en días recientes fueron consignados al penal de El Amate, acusados de homicidio calificado y lesiones.
El contingente de unas 100 personas, se manifestaron con pancartas y consignas en pleno centro de la ciudad donde bloquearon de forma intermitente la principal arteria vial de la capital. Los campesinos empezaron a volantear y denunciar lo que señalan censura en los medios locales de comunicación.
Los hombres, mujeres y niños, entre los que habían varias familias indígenas, señalaron en voz de su líder Erick Bautista Gómez, que se ha registrado una persecución política estatal desde el aparato de gobierno en contra de los líderes del MOCRI.
Antes que Erick Bautista, Wilfrido Hernández Jarquín, vocero de la organización fue detenido con varias personas y arraigados en una casa de seguridad del Ministerio de Justicia del Estado.
Tras varios días de arraigo, además de Wilfrido, Alfredo Hernández Hernández, Carlos Guillén, Rolando Jiménez Gómez y Andrés Flores Martínez, fueron consignados al penal de El Amate acusados de homicidio calificado y lesiones en contra de Martha Pérez Gómez, incidente ocurrido el pasado 11 de noviembre.
Por este mismo caso fueron puestos en libertad después de más de un mes de arraigo: Albert Torres Gómez, Agustín López López, Roger Abigail Gutiérrez González, José Jiménez Gómez y Carlos Manuel Velázquez.
Bautista Gómez, ahora vocero del MOCRI, adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), señaló que el aparato de justicia local manipuló el homicidio para culpar de ello a miembros de una organización que no es leal al gobierno estatal y proteger a quienes sí lo hicieron, pues fueron exculpados por ser personas leales al gobierno estatal.
Acusaron del homicidio a una fracción del MOCRI que tiene su base en la colonia urbana popular Emiliano Zapata, encabezados por Ismael Jiménez Pablo y Aristeo Gómez Cruz.
Los campesinos denunciaron que al menos 32 familias fueron expulsadas ya de esa colonia y sus casas han sido saqueadas y rematadas al mejor postor. Mostraron imágenes donde se que sus adversarios pintarrajearon las paredes de las casas con aerosol. En ellas se dice que las personas que deshabitaron esas viviendas son asesinos y no familias desplazadas.
Erick Bautista se dijo dispuesto a que si alguien de su organización es culpable de la muerte de esa señora que dejó dos hijos huérfanos menores de edad, pague por ello, pero que no se culpe solo con señalamientos y “acusaciones de dedo” de personas que pretenden hacerle daño a la organización.
“Nos voltearon el caso, nos acusan de haber matado a una señora que defendía nuestra causa. Ahora ellos la reivindican como su aliada, cuando la señora dio la vida defendiendo nuestra causa, pero como tienen el apoyo del gobierno estatal nos han avasallado y nos culpan de esa muerte, algo totalmente inadmisible”, dijo Erick Bautista.
Explicó que ahora las 32 familias, están en albergue y refugiadas con amigos y familiares.
Lorena Domínguez, una madre soltera que tiene a tres hijas, Natalie, Ana Gabriela y Jenifer, señaló que después de ocho años de vivir en esa colonia había construido no una casa de madera donde acaparó sus muebles y demás enseres que le permitían vivir de forma cómoda.
Señaló que desde enero del 2001 que fundó la colonia, junto a sus hijas, estuvo viviendo ahí sin ser molestada hasta que fue expulsada por oponerse al liderazgo que impuso un grupo disidente que se alió al gobierno de Juan Sabines.
Dijo que su casa fue saqueada y que le han notificado que no intente regresar porque el predio ahora está a la venta para quien pague por ello.
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