Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de noviembre de 2010.

A la opinión pública,

A los medios de comunicación,

Al Gobernador del estado de Chiapas,

Al Congreso del estado de Chiapas,

A las autoridades agrarias.

Este 25 de noviembre día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de las organizaciones abajo firmantes, provenientes de diferentes regiones de Chiapas, hacemos llegar a toda la población y al gobierno nuestra voz de reclamo y de exigencia, ante la gravedad de la situación que estamos viviendo, especialmente las campesinas, las indígenas y las sindicalistas.

Reiteramos que la situación de violencia social y estructural que vivimos es cada vez más grave. Las políticas neoliberales y patriarcales que aplican los gobiernos federal y estatal, al gobernar a favor de la libre empresa y el privilegio de los poderosos, han hecho que la situación de inseguridad, pobreza y violencia social, tanto en el campo como en la ciudad, haya llegado al límite para nosotras y nuestras familias.

La pobreza y marginación extremas, reflejo de la desigualdad y la violencia del sistema nos ha colocado en estados de permanente angustia, enfermedad, dolor, y hambre, sobre todo porque se han reducido nuestros ingresos significativamente y los precios de los productos básicos se han incrementado sin control alguno.

En la privatización, el despojo y la comercialización de nuestras tierras vemos la causa principal de nuestros problemas en el campo. Al no ser propietarias las mujeres no hemos podido impedir las ventas de las tierras que nos dejan desamparadas a nosotras y a nuestros hijos. El bajo precio de nuestros productos, la competencia desleal con el maíz transgénico importado de Estados Unidos y la falta de trabajo han provocado el abandono de la tierra y la migración de nuestros esposos e hijos así como la consecuente reducción de la producción. La venta y renta de las tierras para sembrar palma africana, piñón y otros productos para generar combustibles también han reducido drásticamente la producción de nuestros alimentos. Las ciudades rurales lejos de ser una solución para la producción campesina es en realidad la institucionalización de un proceso de despojo de tierras y proletarización sin perspectivas reales de solucionar las necesidades de los y las campesinas.

El agotamiento de la economía campesina nos ha obligado a buscar trabajo y otras formas de ingreso con el agravante de que los salarios que nos pagan por ser mujeres son muy bajos y nos exigen estar mucho tiempo fuera de la casa. La doble y triple jornada que ahora cumplimos haciendo funciones de hombres y mujeres también ha repercutido en las dinámicas de nuestras familias y en la atención a nuestros hijos. El progreso como argumento que justifica las políticas neoliberales representa para nosotras, nuestras familias y comunidades la destrucción de las condiciones básicas de sobrevivencia.

Tanto en el campo como en la ciudad la militarización y la paramilitarización, con el pretexto de dar seguridad a la población, ha provocado un incremento de la violencia y de la inseguridad ocasionando que vivamos atemorizadas y en constante preocupación por nuestro futuro y el de nuestros hijos que al no encontrar trabajo ven como posibilidad la integración a las fuerzas militares, paramilitares o narcomilitares.

Sabemos bien que el Oportunidades y otras políticas públicas asistencialistas que aceptamos por nuestra pobreza lejos de ser solución han aumentado la dependencia y han colaborado en la reducción de la producción pues en vez de trabajar el campo las familias están esperando las limosnas del gobierno y han provocado la desorganización de las comunidades campesinas, el conformismo y la despolitización de la población.

Por la situación extrema a la que hemos llegado hemos decidido, como protesta, marchar en la capital del Estado para hacer saber al gobierno, de viva voz y directamente nuestras exigencias para que cumpla con su obligación de darnos seguridad y garantizar una vida digna para toda la población.

Las mujeres indígenas y campesinas exigimos poner alto al alza de los precios de los productos de la canasta básica, a los programas de privatización de las tierras y de los recursos naturales.

Exigimos que se revisen los Reglamentos Ejidales y Estatutos Comunales en Chiapas para que se eliminen todas las disposiciones que impiden que las mujeres tengamos tierra, que nos discriminen en las asambleas en donde se toman las decisiones limitando nuestros derechos ciudadanos y violentando nuestra existencia.

Exigimos enérgicamente una nueva reforma agraria que derogue la privatización de la tierra y la titularidad solo para el jefe de familia, y se legisle para que la tierra sea considerada como propiedad familiar a fin de proteger los derechos de las mujeres y sus hijos.

Con el mismo fin exigimos la capacitación de todas las autoridades agrarias y gubernamentales para que conozcan y reconozcan nuestras necesidades y nuestros derechos poniendo fin a la discriminación, despojo y exclusión de que somos victimas.

A nombre de todas las mujeres trabajadoras, especialmente las que integran la red de sindicalistas, exigimos al gobierno que respete la autonomía sindical y los derechos laborales; que no se reduzcan las pensiones ni se modifique el límite de edad para jubilarse. Además exigimos que los salarios se incrementen en la misma proporción con la que se aumentan los precios de consumo.

Exigimos alto al incremento a las tarifas de luz, agua, predial y todos los servicios básicos. Nosotras pagamos impuestos, a cambio el Estado tiene la obligación de proporcionar los servicios públicos a toda la población; debe tomar en cuenta que la generación de la energía eléctrica se hace desde los recursos naturales de Chiapas y buena parte de la población todavía no cuenta con este servicio tampoco con drenaje ni vías de comunicación.

Uniendo nuestras voces a la de otros sectores de la población exigimos la desmilitarización del territorio y justicia ante los feminicidios, violaciones y hostigamientos cometidos por el ejército, las autoridades civiles y la delincuencia común, especialmente pedimos justicia para las presas y los presos políticas y respeto a su dignidad y a la de sus familiares. Asimismo, exigimos que el gobierno cese la represión a las organizaciones, grupos y personas que legítimamente luchamos por el cumplimiento de nuestros derechos como ciudadanos de este país.

¡Luchamos por nuestro derecho a una vida justa y digna!

Movimiento Independiente de Mujeres (MIM), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C; Colectivos de mujeres de las regiones, Selva-Norte, Altos y Sierra-fronteriza, Red de mujeres sindicalistas de Chiapas, Brigada Feminista, Coordinadora de Mujeres en Resistencia Norte, Altos y Selva-frontera, Mujeres del Consejo Autónomo Regional de la Costa, Organización de familiares de presos de Ocosingo La Voz del Encino, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.