Denuncia la SCJN a expresidente del Congreso de Chiapas

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

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MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- A diferencia de la protección que dio a los gobernadores de Puebla y el estado de México, esta vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió actuar en contra de una autoridad de otro poder: el expresidente del Congreso de Chiapas.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno de ministros decidió interponer una denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del expresidente del Congreso de Chiapas, el perredista Juan Antonio Castillejos Castellanos, por violar una suspensión dictada en 2007 por la propia Corte en una controversia constitucional.

Castillejos, un expriista cercano al gobernador Juan Sabines, que hace un año tuvo que salir del gobierno en medio de un escándalo por su conducta pública, se negó a reinstalar al entonces alcalde electo de Pijijiapan, Julio César Arreola, quien había obtenido una suspensión en contra de su desafuero, tramitado bajo el cargo de peculado.

Al resolver una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Pijijiapan, la SCJN ordenó la suspensión del desafuero, con lo que se anulaba también la designación del presidente municipal sustituto, Isaías Ochoa.

La decisión a favor de Arreola la tomó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano el 29 de agosto de 2007.

Con el fallo a su favor, el 13 de septiembre siguiente Arreola intentó retomar el cargo, pero fue detenido y arraigado por el delito de sedición.

Ante la violación de la suspensión y la detención del afectado, el municipio interpuso tres recursos de queja en contra de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia del estado.

La SCJN exculpó al Poder Judicial y al Ministerio Público locales. Según explicó la ministra Olga Sánchez Cordero, estas autoridades quedaron en "incertidumbre" luego de que el Congreso violara la suspensión.

Por unanimidad, el pleno de ministros determinó que la suspensión fue violada por la Mesa Directiva del Congreso, y para el ministro Genaro Góngora Pimentel se trató de una "burla evidente y clara".

En consecuencia, la Corte ordenó dar vista a la PGR para que inicie una averiguación previa e investigue al entonces presidente de la Mesa Directiva y a quienes resulten responsables.

De ser el caso, añadió, serán consignados ante un juez federal por el delito de abuso de autoridad.

Esta es la primera vez que la SCJN procede de esa manera en contra de un Poder Legislativo local.

Ya antes había actuado en contra de un funcionario, también por violar una suspensión dictada en controversia. Fue el caso del entonces subdirector de finanzas del Distrito Federal, por retener fondos de la delegación Miguel Hidalgo, en 2003

Sin embargo, en noviembre de 2007 y a mediados de este mes se negó a actuar en contra de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, como resultado de sus investigaciones por la violación de garantías de la periodista Lydia Cacho y de pobladores de San Salvador Atenco, respectivamente.

En el caso de Atenco también estuvo implicado el procurador Eduardo Medina Mora.

Responsabiliza la Corte de desacato a presidente de Congreso de Chiapas

Por unanimidad, el pleno de ministros resolvió que el entonces presidente de esa instancia legislativa, Juan Antonio Castillejos Castellanos, violó la suspensión otorgada al presidente municipal de Pijijiapan, Julio César Arreola, para conservar el cargo.

Lun, 23/02/2009 - 16:27

Ciudad de México.-- La Suprema Corte determinó que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, así como quien resulte responsable, incurrieron en desacato a una suspensión otorgada al alcalde de Pijijiapan para no ser destituido.

Por unanimidad, el pleno de ministros resolvió que el entonces presidente de esa instancia legislativa, Juan Antonio Castillejos Castellanos, violó la suspensión otorgada al presidente municipal de Pijijiapan, Julio César Arreola, para conservar el cargo.

Derivado de una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la reinstalación de Arreola Carrasco, a fin de que concluyera su periodo como alcalde, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre 2007. Sin embargo, el Legislativo estatal lo destituyó bajo el argumento de que el edil había cometido diversos delitos.

El alcalde fue detenido por la Policía Ministerial y por orden de un juzgado local, a petición de Isaías Ochoa Espinoza, quien fue nombrado en su lugar, se le imputó el delito de sedición al oponer resistencia a dejar el cargo.

La SCJN resolvió que el Congreso local tuvo responsabilidad indirecta en la desobediencia a dicha resolución, pero los ministros determinaron que el principal responsable es Juan Antonio Castillejos, por lo que darán vista al Ministerio Público para que sea consignado por desacato a una autoridad judicial.

Asimismo rechazaron dar vista directa a un juzgado sobre este delito y, por el contrario coincidieron en que debía ser el Ministerio Público el que elabore el pleno de consignación y en su caso, finque responsabilidades a otros funcionarios.

De igual manera, la Suprema Corte resolvió que ni la autoridad ministerial ni el presidente municipal sustituto, Isaías Ochoa, violaron la suspensión otorgada por la Corte a Julio César Arreola, no así las autoridades judiciales que intervinieron en el caso.

Arreola Carrasco fue destituido mediante juicio político, acusado de varios delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público, pero la SCJN no hizo pronunciamientos en ese sentido y se ciñó a la queja interpuesta por el desacato a la suspensión.

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