México, DF, a 24 de febrero de 2009

COMUNICADO DE PRENSA

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIAN ANTE DECLARACIONES DE AUTORIDADES MILITARES

En días pasados, autoridades militares han expresado su negativa a modificar las disposiciones legislativas que permiten que los tribunales militares conozcan casos graves de violaciones a los derechos humanos, expresando que este fuero no fomenta impunidad y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha logrado demostrar que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad.

Al respecto, la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todas y todos”; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña , Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sostienen una vez más que la aplicación del fuero militar para la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, propicia la impunidad y es contraria a los estándares internacionales y las innumerables recomendaciones realizadas por órganos de protección de los derechos humanos al Estado mexicano.

En reiteradas ocasiones estos organismos, como la Comisión Interamericana , la Corte Interamericana , y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura , entre otros, han expresado la pertinencia y necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar, sean conocidas por la justicia civil. Las recomendaciones coinciden en señalar que cuando el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas de las violaciones al no existir ni independencia ni imparcialidad en los órganos militares de administración e impartición de justicia. Este criterio es compartido por la comunidad internacional la cual recientemente formuló diversas recomendaciones al país relacionadas con este tema en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En nuestro país el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para procesar a los militares responsables de las violaciones; ello ha sido suficientemente documentado en diferentes procesos nacionales y ante instancias internacionales, a pesar de los señalamientos que en sentido contrario han vertido de manera infundada algunas autoridades castrenses.

En México, los casos en los que el fuero militar ha servido para mantener en la impunidad graves violaciones a derechos humanos son numerosos: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, el cual está siendo sometido a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; la violación y tortura de las indígenas mixtecas de Guerrero, Francisca Santos y Victoriana Vázquez; la violación y tortura de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega; la violación y tortura de las hermanas tzeltales de Chiapas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez; así como las ejecuciones extrajudiciales verificadas en Santiago de Caballeros, Sinaloa. Otras violaciones cometidas por militares que se mantienen en la impunidad son la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez (caso La Grandeza ) en Chiapas, esta última perpetrada durante la ofensiva militar de 1995.

Por lo anterior, públicamente manifestamos una vez más que de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos,la competencia del fuero castrense debe ser exclusivo para los delitos y faltas cometidos por militares contra la función militar y no puede extenderse a la investigación y el procesamiento de hechos que constituyen violaciones a derechos humanos. En este sentido la Comisión Interamericana ha señalado que la manera en que se emplea la justicia militar en México es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

A la vez, expresamos nuestro rechazo, y nuestra preocupación ante las recientes declaraciones realizadas por mandos militares en diferentes estados de la República que atacan el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Reflejo de lo anterior son las palabras  del Comandante de la IX Región Militar Enrique Jorge Alonso Garrido Abreu quién señaló el pasado jueves 19 de febrero que: “...las organizaciones de derechos humanos protegen a delincuentes...”. Lo anterior denosta y descalifica el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, sugiriendo que nuestras denuncias obedecen a fines ilegítimos e intentan encubrir a la delincuencia organizada.  Este tipo de declaraciones contribuyen a crear un clima de adversidad en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Frente a esto es preciso manifestar que la defensa y promoción de los derechos humanos es fundamental para la consolidación de la democracia y del estado de derecho.  

Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todos”

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos de la Montaña , Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Fundar,  Centro de Análisis e Investigación

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