Ginebra. México aceptó el viernes 83 recomendaciones que le formularon Estados miembros de la organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar el respeto a los derechos humanos y dejó ocho en espera, según un documento adoptado este viernes en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.

"Tenemos que producir avances en la administración de justicia, incrementar la seguridad sin afectar los derechos humanos y combatir las desigualdades", declaró el embajador de México en Ginebra, Luis Alfonso de Alba.

Estas recomendaciones fueron formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de los derechos humanos al que se someten todos los miembros de la ONU cada cuatro años.

En el tema de seguridad, Irlanda vio satisfecha su solicitud de una revisión del Código Militar, Canadá la de implementar reformas policiales, y Francia, Argelia, Perú, Uzbekistán y Portugal encontraron eco para que se investiguen los casos de tortura.

"Hay un compromiso de respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y vamos a reformar el Código Militar para ajustarlo a las obligaciones internacionales de México", agregó de Alba, en cuya delegación se encontraban los generales Jaime Antonio López Portillo y José Luis Chávez.

Las Fuerzas Armadas mexicanas están participando en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, México aplazó responder sobre otras 8 recomendaciones, prometiendo hacerlo en junio venidero, cuando el informe conocido hoy sea finalmente aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata, principalmente de la abolición de la figura jurídica del "arraigo", que obliga a una persona, por orden de las autoridades, a permanecer en arresto domiciliario sin inculpación, una medida que para Nueva Zelandia y Suiza podría considerarse una detención arbitraria.

México deberá también aportar respuesta a la petición de Portugal, en el sentido de compaginar en su legislación interna la definición de "crimen organizado" con lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas promulgada en Palermo, Italia.

En cuanto a Perú, Uruguay, Rusia y Corea, aguardan que México les manifieste cómo espera garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos sean atendidas por tribunales civiles, salvo las situaciones especificas que se reservan a la jurisdicción militar como la insubordinación, deserción y traición.

México le dio cauce positivo a las peticiones de Guatemala, España, Turquía, Uruguay, Canadá y Suiza, que le pidieron un esfuerzo para armonizar su legislación con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

También aceptó las solicitudes de Guatemala, Marruecos, Chile, Pakistán, Japón, Indonesia, Brasil, Suecia, Ucrania, Cuba, Italia, la Santa Sede y Azerbaiyán para dar una mayor asistencia a grupos vulnerables como menores, indígenas, trabajadores inmigrantes y particularmente las mujeres, víctimas de violencia.

Además, se aceptó la recomendación, suscrita por Holanda, Reino Unido, Alemania, Noruega, Bangladesh, Dinamarca y Perú, de proteger a los periodistas, que son objeto de presiones, intimidaciones y asesinatos por investigaciones sobre la corrupción y el narcotrafico.

La comparación con otros exámenes de esta naturaleza que han tenido lugar en esta sesión de dos semanas que culmina hoy en Ginebra, muestran un balance más alto para Mexico, con 83 recomendaciones aceptadas y 8 en espera, mientras que Alemania dejó 44 recomendaciones en estudio, Cuba rechazó 12, aceptó 60 y mantiene 17 en suspenso.

China, por su parte, denegó 60 y aceptó 42, al tiempo que Canadá postergó para junio venidero pronunciarse sobre 68 recomendaciones.

Alejandro Poiré, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, dijo a Notimex que "hay una gran satisfacción por la adopción de este reporte, que es un instrumento para seguir adelante con el compromiso del presidente Felipe Calderón por fortalecer la lucha en beneficio de los derechos humanos de toda la población".

El martes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont acudió al Consejo de Derechos humanos de la ONU en Ginebra Suiza, donde se informó de la situación que guardan los derechos humanos en México.

Ahí, aseguró que el despliegue de las fuerzas armadas para apoyar tareas de seguridad pública tiene un carácter subsidiario, se otorga a petición de autoridades civiles y es estrictamente temporal.

Asimismo, reconoció que es desafío central del Estado garantizar la seguridad de los mexicanos, para lo que se cuenta con el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado.

El funcionario subrayó que la libertad de expresión es condición indispensable de la democracia, y detalló los esfuerzos que realiza el gobierno de México para luchar contra la discriminación y en favor del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, la niñez, los migrantes y los pueblos indígenas, entre otros sectores prioritarios.

Asimismo, mencionó otros desafíos que enfrenta el país en lo relativo a armonización legislativa, la incorporación del concepto de derechos humanos en la Constitución, la plena garantía de condiciones para la seguridad e integridad de los periodistas y el combate a la pobreza.

El cuarto periodo ordinario de sesiones del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos concluirá el próximo viernes 13 de febrero, cuando se aprobará el informe final del grupo de trabajo de dicho mecanismo, el cual tiene como objetivo evaluar cada cuatro años la situación de las garantías individuales en todos los países miembros de la ONU. Hasta ahora 59 naciones han sido sujetas a la revisión.