De presupuesto y Escrutinio Público

I. Mandujano

El gobernador Juan Sabines encontró un Poder Ejecutivo con 34 dependencias que le dejó su antecesor, pero para poder cubrir sus cuotas políticas de tantos compromisos contraídos en campaña tuvo que multiplicar el aparato burocrático. Fue así que, a partir del 2007, se elevó a 58 unidades administrativas y dependencias.

Por ejemplo, de cuatro unidades de apoyo que tenía el despacho de gubernatura en el 2006, la elevó a 12 en el 2007. Recursos y oficinas que bien pudieron ser simplificadas se pulverizaron.

Una muestra. En su círculo cercano durante el 2007 hubieron partidas para la Coordinación General de Comunicación y Relaciones Públicas por más de 4 millones 700 mil pesos; aparte 28 millones 670 mil para la Coordinación de Comunicación Social; más de un millón 900 mil para la oficina de Coordinación de Comunicación Nacional a Internacional; otros 14 millones 457 mil pesos para la Coordinación de Relaciones Públicas y más de un millón 900 mil pesos para la oficina de Comunicación de Prensa (sic) de las Secretarías.

Aun cuando el 21 de febrero del 2007 publicó su decreto que establece la Medida de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, así como la Operatividad de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado, en los hechos sucedió lo contrario.

Contrario a la optimización de recursos, el presupuesto de 27 mil 487 millones 923 mil 984 pesos exclusviamente para el Poder Ejecutivo terminó por ser una cifra lejana a lo que realmente se presupuestó: 32 mil 642 millones 448 mil 664 pesos. Más del 18 por ciento de lo previsto.

En general el monto presupuestado para los tres poderes y los organismos autónomos del 2007 paso de 35 mil 500 millones 409 mil 213 pesos pero terminaron aplicando 42 mil  737 millones 937 mil 834 pesos, más del 20 por ciento.

Y así, todas y cada una de las dependencias fueron inflando su nómina y sus gastos.        

En el decreto de egresos del 2008, de los 40 mil 382 millones 448 mil 152 pesos aprobados unos 31 millones 903 mil 699 pesos fueron solo para el poder Ejecutivo. Esperemos ver como se comprueba en la Cuenta Pública del 2008.

Para este 2009, nuestros flamantes y sumisos diputados, le aprobaron al gobierno estatal un monto de 46 mil 95 millones 926 mil  228 pesos. De ese monto unos 36 mil 102 millones 395 mil 255 pesos fueron a parar al poder Ejecutivo. 

Uno de los cambios que trastocó la relación prensa-poder, fue el hecho de crear el Instituto de Comunicación Social e Información Pública, lo que antes era la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

La nueva dependencia absorbió todas las jefaturas de prensa de las dependencias del poder ejecutivo y monopoliza el control de la difusión de los actos de gobierno. Además, asume el control de las solicitudes de acceso a la información pública que se hagan en el marco de la ley en la materia y que antes se hacía a través  de la desaparecida Contraloría General ahora llamada Secretaría de la Función Pública. Ver decreto del nuevo Instituto.

Al titular de esa dependencia que en el 2007 y 2008 admnistró no más 30 millones de pesos, para este año tendrá en su poder la facultad de admnistrar más de 152 millones 699 mil pesos. 

Si tomamos en cuenta que no existe un marco legal para regular la asignación de publicidad institucional a los medios en Chiapas, estaremos hablando que de forma discrecional se estará manejando una milllonaria cifra en un manto de opacidad. Lo que contradice el discurso de la admnistración pública estatal donde tanto se habla de transparencia.

Es recomendable que los gobernados se interesen en las cuestiones públicas y sean más exigentes, porque de otra forma los corresponsables de posibles actos de corrupción somos los ciudadanos desinteresados en conocer la cosa pública.

Para ello, está la Ley que Garantiza el Acceso a la Infromación Pública y los mecanismos electrónicos para pedir información pública que contribuya al Escrutinio Público.