APORTACIONES HACIA UN DIAGNÓSTICO CRÍTICO de la salud tradicional comunitaria, autogestiva, en Chiapas, México.
Consejo de Médicos y Parteras Indígenas del Estado de Chiapas-COMPITCH
.
I. MOTIVOS de alerta
En el sistema: sus proveedores
1. No es fundamentalmente sanitaria la causa que motiva los ataques del estado a los médicos y parteras tradicionales comunitarias, en su mayoría indígenas. Poseedores de saberes y destrezas diversas acumuladas durante siglos, los médicos indígenas tradicionales, chamanes para otros, se ubicaban en un lugar destacado y central de las relaciones sociales comunitarias. Eran y son aún los especialistas, nadie más sabía y conocía la inmensidad como ellos. Los valores comunitarios originarios tenían en ellos a un defensor y practicante. Detentaban un poder político explícito y necesario en las tomas de decisiones colectivas. Y en las comunidades rurales con una economía de sobrevivencia, los médicos tradicionales eran la única opción y en muchas aún lo continúan siendo. Por todo eso fueron siempre un objetivo político del sistema de dominación impuesto desde la conquista europea. Por eso hoy también su práctica y saberes ancestrales en la salud son el foco donde el estado mexicano ceba su ataque y, desde distintos instrumentos, promueve a su desprecio. Sus valores, sustentados en la concepción de lo sagrado e inalienable de los bienes públicos y en la autogestión solidaria (no mercantil) de los recursos del sistema, son con mucho la causa política del programa de su exterminio cultural, pero en razón de su camino que pide y se afana para todos no son atacados de frente, por ahí no se puede. Se intenta entonces, aun violando la ley, desde la fuerza del poder público y la soberbia clínica.
¿Cómo acabarlos? Haciéndolos a un lado en el tema más importante de la vida comunitaria de las comunidades campesinas pobres pero también el más sensible políticamente a la gestión del desarrollo en un país abierto al escrutinio global miembro de la OCDE: la salud. Y aislar, también y desde el advenimiento de la biotecnología moderna, no a sus saberes sino a sus modos culturales en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos biológicos del sistema para franquear el camino a las ambiciones corporativas trasnacionales que buscan privatizarlos, incluso convertirlos, bajo el argumento de su exclusividad biogeográfica y necesidad mundial, en territorios fuente sujetos a una nueva jurisdicción: la internacional.
2. Quebrar la soberanía sanitaria comunitaria autogestiva, indígena y campesina, en general, y ejercer represión directa sobre sus médicos y parteras tradicionales que se resistan a integrarse al sistema de salud gubernamental, en especial, son filos de una hoja de ejecución programada hacia lo mismo.
Las represivas políticas de salud del Estado mexicano hacia los practicantes de la medicina tradicional comunitaria, autogestiva, han conducido a algunos médicos y parteras indígenas tradicionales a integrarse a su sistema de salud en el escalón más bajo y mediante procesos de reeducación que niegan su cultura y saberes a cambio de capacitarlos en algo menos que aprendices de primeros auxilios. Quienes conversos se resignan a esta vía inquisitorial y lugar de desprecio, a cambio de un certificado oficial que los reconoce como auxiliares rurales de promotores, pierden invariablemente sus saberes, su visión integral de la salud (física, espiritual y social) y sus modos solidarios, y las comunidades a un proveedor de salud propio.
Reprimir los saberes y prácticas de la partería tradicional comunitaria indígena es hoy un objetivo central de las políticas de salud públicas en el marco de las Metas del Milenio que algunos médicos y médicas alópatas alter aderezan, por cierto, con prejuiciados avales sin sustento en investigaciones clínico-etno-médicas en las comunidades de las regiones más pobres. Las parteras indígenas y campesinas tradicionales eran responsables hasta hace unos años de la mayor parte de los nacimientos rurales en Chiapas y con mucho constituyen aún la base más numerosa de la medicina tradicional rural. Ahora, presas de las nuevas órdenes de encomienda, son sistemáticamente amenazadas y ofendidas por los funcionarios de los centros de salud para que abandonen su trabajo, para que se abstengan de atender partos y remitan a los centros hospitalarios a las embarazadas. A contrapelo de esta presión, la Constitución de la república reconoce y garantiza (art. 2°) "a los pueblos y comunidades indígenas el ejercicio de su autonomía para: preservar y enriquecer sus .. conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad." La legislación federal de salud a su vez manda (art. 93°) "la Secretaría de Salud .. reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud .. que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos."
En los hechos a las parteras indígenas y campesinas tradicionales el Estado solo les permite ejercer si cumplen con cuatro requisitos. Primero, que renuncien a sus prácticas y métodos tradicionales; segundo, que se sometan a un curso (los hay hasta de una hora) que básicamente se ocupa en borrarles el pasado sobre la base de negarle validez científica a sus saberes y esterilizarse hasta el corazón, curso de negación-asepsia tras el cual obtienen un certificado y, algunas, un sello de la secretaría de salud con su nombre que las acredita como parteras; tercero, que reduzcan su servicio a meras remisoras de mujeres embarazadas a los hospitales públicos; y, cuarto, si finalmente no pueden evitar atender un parto será solo en su comunidad y bajo la condición de requisitar y entregar al hospital de su zona un registro de atención que a ese propósito la autoridad sanitaria previamente les ha entregado. Modelo Intercultural le denomina el Estado mexicano a esta alienación humillante, de sometimiento y castración cultural, en aras del cumplimiento a las metas del milenio que a finales del 2000, a recomendación del grupo Clinton caído entonces en desgracia, coordinara desde Nueva York el genocida de Acteal, hoy en la antesala de la próxima administración Demócrata. Pero como no es legal (sino ilegal) la exclusión, amenazas y reeducación que realizan las autoridades, más la propia conciencia en sus saberes y deberes comunitarios las conduce a mantener el servicio, muchas parteras comunitarias se resisten todavía a ser asimiladas, a abandonar o a corregir sus prácticas y saberes.
Entonces el estado mexicano se va contra los niños o contra el ingreso asistencial bimestral asignado a las madres por el Programa Oportunidades. En el primer caso comete otro acto ilegal y aún más grave: negarle a los padres y a los niños su derecho a la identidad, a un nombre, garantizada por el artículo 53° del Código Civil del estado de Chiapas, por el artículo 4° de la Constitución nacional, por el artículo 7° de la Convención sobre los derechos del niño, y por el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Cada vez en mayor número las oficinas del registro civil del estado de Chiapas niegan la expedición de actas de nacimiento a los bebés nacidos de parteras tradicionales no certificadas por el gobierno, aun cuando este no sea un requisito legal para su registro, ni siquiera para ser partera tradicional. Sin embargo, y aun cuando el Reglamento del Registro Civil del estado establece que al solicitar el registro de un nacimiento se deberá exhibir (por los padres) la constancia del parto (art. 47° II.), requisito no establecido por cierto en la ley para el goce del derecho a una identidad registral, la normatividad ofrece tres opciones: "expedida por hospital público, privado o partera empírica." Es decir, las parteras no integradas al sistema público de salud tienen también derecho de expedir esas constancias. Pero en los hechos esta norma del ejecutivo, aun cuando va más allá de lo que marca el código civil local que reglamenta, también se viola y no es casual. Hacerlo le sirve al Estado para presionar a las mujeres, en su gran mayoría indígenas, a no atenderse ya con parteras tradicionales renuentes a abandonar o a someterse, muriendo el servicio y con él miles de años de un modo propio, local, accesible y eficaz, aunque tampoco el sistema de salud gubernamental tenga la capacidad de absorber esta exclusión que resulta en una demanda extra del servicio. Una presión más: el condicionamiento de los pagos bimestrales a las mujeres embarazadas integradas al Programa de salud Oportunidades. Si no se someten a la revisión de la enfermera de campo o atienden en la clínica su parto porque decidieron, con el derecho que les otorga la ley y la Constitución nacional, atenderse con la partera tradicional, se les descuenta su pago. En violación al artículo 2° de la Constitución nacional y a los derechos de las mujeres indígenas a preservar sus costumbres y a no ser discriminadas ni coercionadas en el ejercicio de su cultura frente a otras dominantes que garantizan (sic) los artículos 2°, 3° y 25° del Convenio 169° sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la O.I.T.
Algunas madres han encontrado soluciones intermedias para, aun cuando pierdan esos pagos, evitar que sus hijos queden sin el registro de su nacimiento, sin nombre. Para ello han optado por continuar atendiéndose con parteras o parteros tradicionales no certificados pero adquiriendo de las parteras o parteros certificados (asimilados) una constancia de alumbramiento oficial que estas o estos les venden entre $150.00 y $500.00 pesos, que son los precios, según la región, que esas parteras y parteros oficiales, subvencionadas además por el Estado, cobran de manera discrecional por ayudar a atender un parto o por dar una consulta.
Debemos aclarar que en el COMPITCH hay, sin embargo, al menos dos excepciones a esta resistencia a la certificación. Es el caso, primero, de la mayoría de las parteras de la organización de médicos indígenas tradicionales en el municipio de Las Margaritas (Selva Lacandona). Tras resistir un par de años presiones crecientes, a finales del 2005 finalmente cedieron a las condiciones que les imponía la Secretaría de Salud (sello de la jurisdicción sanitaria, entregar informes y atender como acompañantes a las embarazadas en la casa materna del Hospital regional en Las Margaritas) por miedo, declaran, a no poder ejercer su trabajo tradicional, lo que habría, agregan, puesto en riesgo a las mujeres de sus comunidades y a la continuidad cultural de su práctica que, en el caso de ellas, sí les fue permitida en tanto aceptaron las condiciones burocráticas de la certificación (sello, referenciar embarazadas y llenar formatos). Estas parteras tampoco modificaron el carácter solidario y universal del servicio ni establecieron cuotas ni aceptaron recibir subvenciones del estado. Los funcionarios del Hospital regional les pidieron encargarse de la Casa Materna adscrita pero para el solo efecto de acompañar a las mujeres embarazadas a punto de labor de parto. Allegarles confianza, o sea servir de alcahuetas, dado que la gran mayoría de las que acuden aL nosocomio residen en las comunidades y el trato dispensado en la mayoría de los hospitales públicos dista un mundo de ser el culturalmente adecuado como la ley de salud federal y el respeto mandan. Hay que señalar, sin embargo, que el personal de ese hospital, impuesto a ejecutar las políticas de Estado, se ha comportado, en general, de manera respetuosa y aun fraternal con el grupo, aunque ello no obsta para, como quieren y piden las parteras, dejar de denunciar los condicionamientos y restricciones a su servicio que les fueron impuestas, empezando por los ya denunciados de estar certificadas, remitir a las embarazadas a los hospitales y entregar informes, si quieren ejercer su derecho a trabajar como parteras y las madres a obtener un nombre para sus hijos.
El segundo caso es el de la organización de parteras del Valle de Santo Domingo, cuya mayoría también desde hace tres años, al no resistir tampoco la presión, se sometió a los dictados del IMSS. Comentaron a un Comité del COMPITCH los maltratos crecientes del personal médico adscrito a las clínicas de la región que van desde amenazas de remitirlas a la policía si continúan atendiendo partos hasta señalamientos de ignorantes. Denunciaron también estar siendo presionadas para ir a convencer a las mujeres en las comunidades, en el marco de talleres de Planificación familiar-salud reproductiva, a que ya no tuvieran más hijos y buscaran esterilizarse. Finalmente revelaron el estatus de subordinación en el que se hallaban que el gobierno logró bajo presión intimidatoria, pero también su decisión de sacudirse esa servidumbre contracultural a que son sometidas. Algunas de ellas percibían, aunque de manera inconsistente y diferida, trescientos pesos bimestrales por remitir a las mujeres embarazadas y llenar formatos. El material para atender partos que constantemente solicitaban a la autoridad, desde luego que nunca les fue ni les será proporcionado.
La excusa infame. Tras las decenas de muertes de mujeres y nonatos ocurridas en el Hospital de Comitán a finales del año 2002, la autoridad (en voz del entonces secretario de salud Angel René Estrada Arévalo, hoy rector-comendador de la universidad de Chiapas) en vez de presentar su renuncia fue el vehículo de un acuerdo de estado para revirar públicamente la responsabilidad de los hechos a las parteras tradicionales indígenas imponiéndoles a partir de entonces, con el tema encima de la muerte materna en las metas del Milenio, la obligación (ilegal) de certificarse, integrarse y someterse a los criterios técnicos y culturales salubristas para poder seguir trabajando. Aun cuando ninguna partera tradicional fue procesada, ni siquiera citada a declarar o señalada por su nombre o comunidad, a todas se les imputó la responsabilidad cultural
de las muertes ocurridas físicamente a manos de médicos en los hospitales públicos, en violación grave a los derechos fundamentales, de ellas y de las comunidades indígenas en las que sirven como parte central de su organización sanitaria ancestral. Algunos médicos de esos considerados alter, peones al servicio de las políticas de estado de barrido étnico, sin fundamentos clínicos pero bien avituallados por agencias públicas interesadas, avalaron con parciales y prejuiciados estudios esas conclusiones de eugenesia cultural.
Esta represión a las parteras tradicionales y la que se realiza contra las madres, ha generado una disminución general y significativa en el número de partos atendidos por las parteras tradicionales, no certificadas pero también por las certificadas, pues el estado impone invariablemente entre las comunidades que la atención durante el embarazo, parto y puerperio, se realice en instalaciones del sistema público de salud y no con parteras tradicionales, aun cuando sean certificadas.
Puede afirmarse entonces que muchos de los partos rurales en Chiapas registrados por la secretaria de salud como suyos o derivados de su sistema bajo el esquema de parteras certificadas y relaciones interculturales, incluidos los del municipio de las Margaritas y el Valle de Santo Domingo, son obtenidos bajo coerción o intimidación culturales.
Los saberes y prácticas tradicionales indígenas y campesinas del parto agonizan y eso sucede hoy fundamentalmente debido a esa represión etnoterapéutica, abierta o en su modalidad de certificaciones alienantes. Cesáreas que pueden evitarse enderezando con técnicas de sobación tradicionales durante el embarazo incluso hasta pocas horas antes del parto, son resueltas en una mesa de cirugía mientras la vieja partera indígena, reducida a acompañar a la embarazada, casi siempre indígena, aguarda en el pasillo tras una orden sanitaria vociferada desde el quirófano que le prohíbe ingresar a la sala. El parto en el hogar propio, acompañada por la familia, el pulso cotidiano hecho por la partera durante todo el embarazo, la vigilancia nutrimental basada en la dieta ancestral que provee la tierra propia, la atención sin horario y sin exigencias de remuneración o aranceles, el afecto de quien se dedica al alumbramiento por encomienda sagrada y formación comunitaria, la experiencia heredada de miles de años más las décadas de experiencia personal, se apagan hoy para sus beneficiarios: las más pobres. Las políticas públicas de desintegración del ser colectivo incluida la educación pública y los saldos aun frescos de las acciones de contrainsurgencia ejecutadas a finales de los noventas, más la complicidad avalante de algunos recelosos médicos alter, palaciegos, se encargan de cerrar el círculo.
El saldo. Las comunidades indígenas se están quedando sin una alternativa autogestiva, para la atención de las mujeres en sus procesos reproductivos. Los recursos humanos deformados por el sistema médico hegemónico, se encuentran sin un seguimiento, evaluación y apoyos adecuados. Un aumento de las distocias maternoinfantiles por “desplazamiento” de la practica médica originaria y por las condiciones socioeconómicas negativas en aumento. Un sector salud con magros recursos materiales, aplicados a un sistema médico asistencialista, sin una evaluación integral de su impacto. El apoyo a proyectos de oeneges que continúan cerrando el circulo vicioso: investigación incompleta – operación de proyectos, que avalan el desplazamiento de la partería indígena y campesina tradicional.
Cuando despierten de esta nueva política sanitaria fascista sus diseñadores-acreedores, vamos a encontrar que la mortalidad materno infantil sigue ahí, sin reducciones sustanciales, que las anheladas metas de bajarla en un 75 por ciento no se lograron. Las instancias internacionales de salud arrimarán, como siempre, excusas de ocasión, las mismas pero con palabras distintas a las que ayer dijeron para alcanzar la “Salud para todos en el año 2000”. Se fijarán nuevos plazos para seguir ejerciendo control sobre el sector y modelo y se aportarán carretonadas de dólares o euros a los burócratas sanitarios con careta de ayuda sanitaria humanitaria que proporcionarán la cobertura civil a cambio.
El abandono en que el equipo de asesores del COMPITCH incurrió todos estos años hacia los grupos de parteras, aun cuando constituyen la inmensa mayoría de su membresía y la más indefensa frente al Estado y sus agentes de cobertura civil, pesó de manera significativa tanto en la deserción de sus trabajos y salida callada de la red de algunas como en la integración bajo coerción de otras al neo encomendero sistema de certificaciones de la salud federal.
3. Garantía de salud universal, marginal, discriminatoria e ineficaz.
Desestructurado por las sucesivas administraciones neoliberales, el sistema de salud aplicado por el Estado mexicano en las regiones rurales con población mayoritariamente indígena se basa en un servicio desigual, culturalmente discriminatorio y restringido en su visión, medicalizado, dependiente de la oligopólica industria farmacéutica trasnacional, y marginal en su equipamiento. Además, frente al servicio otorgado en las cabeceras municipales, el personal médico asignado regionalmente es insuficiente, no apto cabalmente y con ausencias frecuentes en sus periodos de servicio, aunado al desabasto de medicamentos cuando no a su abasto con genéricos de vigencia inminente y reducido espectro, reportan los auxiliares y agentes de salud comunitarios de decenas de ejidos del municipio de Ocosingo, Palenque y Las Margaritas.
En las relaciones comunitarias, el sujeto.
4. La fractura en la salud comunitaria, los saldos de la desintegración-contrainsurgencia.
Los procesos de desintegración-alienación de poblaciones indígenas emprendidos por el Estado mexicano, de manera abierta desde finales del siglo pasado en el sureste nacional como un componente central de su estrategia de contrainsurgencia y asimilación paria, han fracturado en diversos grados y sentidos las relaciones sociales comunitarias de los pueblos originarios y campesinos en Chiapas. De todas, la salud ha resultado el bien social con mayor impacto en los saldos del deterioro. La división, política o religiosa, la migración y los excedentes monetarios derivados de los programas sociales individualizados agravaron las adicciones, tanto al alcohol como, por el tráfico tolerado, a los enervantes, generando una espiral inédita de accidentes y violencia intra e intercomunitaria que en muchos casos concluyó en lesiones físicas permanentes o en enfermedades asociadas a los sucesos de tensión. Por su parte, esos mismos excedentes monetarios así como los procesos de transculturación causados por la creciente migración y la llegada de la desquiciante televisión abierta, fomentaron el ingreso masivo de los desregulados comestibles basura: harinas y azúcares refinados, propulsores, sobre todo entre los jóvenes y niños, de malnutrición y crecientes enfermedades, inéditas en muchas regiones y propias del consumismo urbano –obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer- a las que, sin duda, contribuyen tanto el uso indiscriminado de pesticidas allegados desde entonces por el Estado mexicano como el abandono paulatino, inducido, de la integrada agricultura de milpa, proveedora de alimentos con alto valor nutrimental, y su creciente sustitución por monocultivos destinados al mercado (chile, biocombustibles, hule, o maíces híbridos) en el marco de la cruzada forestal de reconversión productiva de los cultivos tradicionales de vida.
5. Las mujeres indígenas y campesinas, hoy convertidas en proveedoras y protectoras familiares principales, al centro de la pauperización comunitaria y de la multiplicación de las tareas sociales.
Articuladoras de la vida comunitaria, se enfrentan hoy a procesos no registrados como un patrón en su cultura. Aunque aún con algunas herramientas de maniobra, el abandono de la memoria comunitaria y el desarraigo territorial larvan en la conciencia de las más jóvenes.
El recuento. La migración de sus parejas pero también y en número creciente de ellas, o su abandono, que en algunos casos las orilla a la prostitución, el creciente número de madres solteras, el de ancianas que se ocupan de ser madres de sus nietos; la multiplicación de sus tareas sociales, sea por esos abandonos, por su migración precarista a los cinturones urbanos de las cabeceras municipales próximas (las mujeres, en general, carecen de parcelas), o por los derroteros de las nuevas condiciones de existencia que demandan la educación de los hijos y el sustento de bienes (gastos escolares, vestido, habitación, salud, o celebraciones de aniversarios) no habituales o algunos antes provistos por mecanismos comunitarios; la desigualdad creciente; la individualización de los monetarizados programas asistenciales que las desvinculan del colectivo rural para hacerlo, en batería, hacia la obediencia puntual a los agentes del Estado y su consigna despobladora; el destino de muchos de esos y otros recursos monetarios a la compra de alimentos industrializados calidad para zonas marginadas (de ningún valor nutrimental y efectos patogénicos) y el adyacente abandono del cultivo y su proceso hasta la boca, en suma, de la soberanía alimentaria campesina; el formato educativo federal que seculariza los conocimientos, redefine los de utilidad social en el marco del modelo neoliberal y esboza muecas a las técnicas y modos tradicionales; la sobrevivencia social basada en el éxito individual surgido de la competencia no con sino contra el resto en un sistema de producción donde todo se merca; la consolidada partición política y religiosa; el ingreso de los alienantes mass media formadores en el auto desprecio; la trastocada salud mental de los hijos matriz de dos mundos que se contraponen y confrontan; y, rehecha en sus excusas pero no en sus efectos, la violencia sistémica dispensada aún por muchos varones, ahora por querer ellas controlar su sexualidad, o su destino, o por su no aceptar, sin diálogo y acuerdo previos, los roles predeterminados asignados ancestralmente.
A pesar de todo eso y más, las mujeres indígenas y campesinas continúan presentando el menor grado de desarraigo, territorial y cultural, frente al resto de los grupos sociales comunitarios, además de constituir, ante la salida de los jóvenes y varones con responsabilidad familiar, el sector cada vez más numeroso del colectivo rural y el que asume la gestión de cada vez más tareas de las que antes se ocupaban los varones (la obtención de los ingresos monetarios y la producción de alimentos) o cesaban (la responsabilidad educativa distinta a la labranza) al llegar los hijos a la adolescencia porque estos adquirían pareja o porque, al no existir horizonte para continuar con su educación formal ni tendrían opciones de empleo por su cuasi analfabetismo, se incorporaban al sostén familiar a través de las labores agrícolas.
La coyuntura recesiva y a la vez inflacionaria en la economía y moneda estadounidenses causarán, ya lo están causando, un impacto doble, sustantivo y sostenido, en el ingreso y en el consumo rural nacional, sobre todo en las regiones más pobres: las indígenas del sureste nacional que vieron incrementar sus ingresos en la última década, no por los programas asistenciales sino por el trabajo en los campos y ciudades estadounidenses o en los puertos turísticos nacionales. Impulsado a principios de siglo el boom migrante hacia el vecino del norte por la caída histórica en el precio del café, en la vertiente del Pacífico por los desastres climáticos, pero fundamentalmente por las altas tasas de crecimiento registradas a partir del 2002 en la radial industria de la construcción estadounidense, el estado de Chiapas saltó de ocupar en los años noventa los últimos lugares en expulsión de población hacia los estados unidos a los primeros sitios en su tasa de crecimiento. La migración económica chiapaneca también vio incrementada su presencia hacia la región turística del caribe mexicano, la de mayor recepción de turismo foráneo e ingresos del sector. La caída en el envío total de remesas este año, por la pérdida de empleos en los estados unidos y por la reducción efecto en el flujo migrante hacia ese país, ha impuesto también marcas históricas ubicándose el estado de Chiapas entre los primeros cuatro lugares de crisis en ambos indicadores. En adición, el turismo estadounidense, que se espera descienda de manera importante para finales de este año, representa el 75 por ciento del total foráneo de divisas en todo el sector, para el cual se prevé una sobreoferta de mano de obra por disminución en la demanda y por la llegada de migrantes o desocupados de otras ramas de la economía. Un tercer ingrediente en esta merma coyuntural de ingresos de las familias campesinas, sobre todo para aquellas que han reducido de manera insustentable la superficie de siembra para alimentos propios (región del Soconusco, Valle de Santo Domingo y Marquez de Comillas), lo representa la caída en el precio de los commodities agrícolas de nicho de mercado –chile, hule, ajonjolí, aceite de palma, xate, café, cacao- que, dependientes en su mayoría de la demanda estadounidense, han visto disminuir su precio en porcentajes que, en algunos casos, superan ya el cincuenta por ciento respecto de sus cotizaciones alcanzadas en septiembre de este año.
En grados diversos pero todos significativos, miles de familias campesinas chiapanecas, con mujeres a cargo, viven hoy de aquellos envíos, externos y regionales y de estos ingresos agrícolas de mercado, a cual más dependientes todos de su dinámica foránea. Su reducción o suspensión, que ya están ocurriendo, generarán, en el corto y mediano plazo, crisis en el sustento y consumo familiar y, por efecto, en el ingreso de los pequeños comercios rurales y mercados locales, con los impactos en la salud física y el estrés de violencia y vuelta a las adicciones que en estos casos casi siempre viene aparejado. Un previsible pero inesperado localmente incremento en el retorno de migrantes indígenas a sus comunidades muy probablemente agregue, en lo inmediato, más dificultades que soluciones. La violencia, en un contexto de desintegración comunitaria y monetarización del sustento rural, no será un comensal ausente en esta mesa de crisis pero las mujeres y los niños sí los grupos sociales más expuestos.
La crisis de ingresos en México no será breve. Durará un par de años, al menos. En todo caso más que la estadounidense. La recesión de la economía estadounidense, a la que como ninguna otra la nuestra fue fatalmente anclada, no solo impactará duro por la reducción en el envío de remesas o la crisis en la frágil economía informal sino en los ingresos públicos del 2009 y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La disminución aguda en la renta petrolera cotizada en dólares (de estar por encima de los ciento treinta dólares la mezcla mexicana de exportación en julio cuatro meses después ronda los treinta dólares el barril), el muy previsible default tributario de buena parte de las empresas (impuesto sobre la renta) y un freno ya dispuesto en el acceso al crédito y descenso en el nivel de gasto de los consumidores (impuestos indirectos), impactarán sensiblemente los ingresos fiscales nacionales que definirán el presupuesto del crucial 2010. La previsible caída mayúscula en el volumen total de nuestras exportaciones o en el precio del producto motor de nuestra economía, el petróleo, ha detenido inversiones y puesto en fuga de cobertura, a pesar de las inyecciones del banco central, más de diez mil millones de dólares, generando una depreciación a nuestra moneda en un mes de más del veinticinco por ciento frente al dólar estadounidense. Si la nueva administración demócrata en los estados unidos opta por devaluar como una de las vías para estabilizar su insostenible déficit, nos iría desde luego algo todavía peor que el actual escenario consolidado al menos en el corto plazo. Por cierto que el plan de activación del empleo del próximo presidente demócrata anunciado hace algunos días poco incidirá en aliviar la crisis de ocupación de los migrantes ilegales pues la obra pública demanda ciudadanía además de existir suficiente oferta de mano de obra doméstica y la propuesta de miles de plazas para investigación en energías alternas exige calificación académica.
6. Los jóvenes y los niños: los herederos del quiebre social comunitario.
Los efectos de la desintegración-alienación, familiar y comunitaria, se resienten más en los jóvenes y en los niños, no más por las conductas reflejo que por la dificultad raíz de su resolución cuya magnitud, en muchos casos, importaría ya la intervención sistémica de profesionales.
La castración cultural, efecto general de las políticas públicas de asimilación y asistencia pero también de los saldos de la contrainsurgencia, es el almácigo donde las adicciones y el desarraigo, el desprecio a lo propio y la individualización de la vida, echaron raíz.
Los jóvenes y los niños indígenas y campesinos son, desde hace algo más de una década, empujados a vivir en un modelo social no distinto sino históricamente opuesto al vivido y heredado por sus padres, lo peor (no lo mejor, que lo hay) de occidente: positivista, antropocéntrico, hedonista. En donde las actividades sociales de referencia no son las colectivas, la fiesta y los trabajos comunitarios, o las de autosustento, sino las lucrativas, casi siempre obtenidas de fuentes externas aunque sea desde los abismos, y diferenciadas del otro, singular o cultural, a partir de habilidades no locales, en donde ser pobre no deriva de la desigualdad sino del ser colectivo. Dedicarse a los servicios (transporte o comercio), al cultivo de géneros para el mercado, o a emplearse en plazas foráneas en trabajos sin calificación bajo modelos culturales antagónicos al propio, es una opción creciente, hoy en crisis inesperada.
La mayoría carece de medios de vida, de tierras, así que no poseen derechos a deliberar en las asambleas a las que, en su mayoría, tampoco acuden. En general no pertenecen a ningún partido, a ninguna organización, y muchos oscilan en sus prácticas religiosas o deambulan hacia otras confesiones.
Muchos de ellos no reciben ya la atención que antes dispensaban las madres. Forzadas a ocuparse ahora en labores multiplicadas, son encargados a sus abuelas o parientes o puestos a un lado. En una sociedad culturalmente comunitaria pero desintegrada, con una educación de Estado que opera contra lo colectivo y lo comunitario, y los reproductores multimedia concentrando atenciones a violencia, estatus y ruletas todas las horas al día, de todos los días, germina fortalecido el desafío a la memoria.
En ese contexto, el robo y aun los ataques físicos, el ocio improductivo, las adicciones, o la siembra y el tráfico de estupefacientes, el desacato a los deberes y reglas colectivas son hoy conductas sociales de frecuencia creciente entre los adolescentes en las comunidades. La lumpenización, en algún grado, de la vida social comunitaria es visible ya en muchas de ellas aunque su incidencia también está convocando, en algunas comunidades, a la reflexión de sus causas y no solo a su represión o a su indiferencia.
El rechazo o indiferencia a heredar saberes y prácticas tradicionales, incluso aquellas útiles codiciadas por el capital trasnacional o necesarias para la vida diaria, es un saldo más, previsible, de esta crisis de identidad y de continuidad cultural generacional.
Aun bajo esos tonos grises si estos jóvenes y niños colapsan, en algún lugar a todos nos irá mal. A diferencia de las crisis de identidad urbanas, el desarraigo de los jóvenes y niños indígenas, comunitarios, importa un daño significativo a la esperanza nacional y global frente a la cultura capitalista de la exclusión y el abuso, generadora de la profunda crisis mundial en todos los órdenes que hoy a tantos asfixia, porque fueron sus ancestros quienes construyeron los bastos sistemas de producción alimentaria y autosuficiencia sanitaria, quienes hicieron de la organización social comunitaria el soporte histórico de su desarrollo, donde la asamblea local definía y los designados para cuidar su palabra no eran remunerados porque los demás no eran entonces una carga sino vecinos con voces complementarias, quienes manejaron los bosques y el agua en relaciones simbióticas, fructíferas, hoy olvidadas por la mayoría, quienes se daban a los demás. Si esos jóvenes y niños heredan esa palabra y caminan su corazón, podrán ofrecernos, a todos, una ventana posible en el umbral del desasosiego, y si no, serán solo una vía más de olvido y destierro, de mayor obscuridad, apagándose una más de las últimas luces con que a todos nos iluminan los pueblos originarios desde su memoria.
Pero aun cuando sean ellos quienes heredarán la tierra, los saberes tradicionales y modos socioproductivos comunitarios, los jóvenes y niños, indígenas y campesinos, de hoy, serán mañana, en general, muy distintos a como fueron sus abuelos, aún vivos. Las pérdidas culturales trocadas en conocimientos occidentales y la valoración de la vida individual frente a la comunitaria, pero también una percepción más clara y desmitificada de la realidad nacional y mundial, serán referentes de su accionar, de su resistencia, ahí donde logre haberla.
La conciencia del territorio, una fotografía reciente. En el mes de septiembre, en algún lugar de la Selva Lacandona próximo a la Reserva de Biosfera de Montes Azules, un grupo de jóvenes provenientes de más de veinte ejidos, entre los 15 y los 25 años de edad, al pedírseles que dibujaran el mapa de su comunidad trazaron el área urbana con sus calles y comercios principales, y solo ahí donde un gran río cruzaba lo ubicaban. El área que dibujaron ocupaba, en promedio, menos del 5% del total territorial de la dotación legal asignada a su ejido. Ninguno recordaba cuánto medía la totalidad del perímetro, siquiera de manera aproximada, ni como se había fundado, ni su posible relación con la revolución mexicana, ni en qué había consistido esa revolución, ni qué significaba la palabra agrario. Lo más sorprendente fue cuando alguien, mayor de veinte años, declaró que su ejido no contaba con recursos naturales pero, al preguntársele por animales mayores, mencionó la existencia de algunos jaguares y pumas en sus bosques. Al preguntársele al grupo cuántos de los ahí presentes ayudaban a sembrar o sembraban, solo uno de cada diez alzó la mano. Casi ninguno conocía tampoco las variedades de plantas locales y mucho menos su uso, ni los modos de manejo de la biodiversidad local. Pero la mayoría, bien aleccionada por la educación pública y la TV, eso sí, se asumía conservacionista.
La generación del azúcar. “La prevalencia de diabetes aumenta a ritmo de cinco por ciento anual entre los niños, debido a los malos hábitos alimentarios y a la inactividad física. Antes, era un padecimiento de adultos mayores de cuarenta años. Treinta y tres por ciento de ese sector padece hoy de sobrepeso y obesidad.” Afirmó el Secretario de Salud nacional el pasado 15 de noviembre durante el foro La Universidad Autónoma Metropolitana en la salud (diario La Jornada). Aunque creciente, la inactividad rural es todavía un suceso marginal, no así los malos hábitos alimenticios que cunden ya de manera amplia. Los diagnósticos de diabetes temprana en adolescentes residentes en zonas rurales indígenas revelan el crecimiento sostenido en esta pandemia. Y aunque en sus proyectos de salud diversas oeneges del medio y organizaciones sociales mantienen como uno de sus ejes a la salud y soberanía alimentarias (el COMPITCH inlcuido), más allá de sus acicalados informes los hábitos cotidianos de las comunidades continúan siendo los mismos, lo que resulta especialmente dramático en las comunidades de la selva lacandona por la magnitud en el número de casos y por el desconocimiento general de las causas y efectos de una mala dieta.
En los recursos físicos y en la capacidad de decidir
7. Los impactos meteorológicos y humanos en la salud, en la producción de alimentos y en la integridad de los ecosistemas.
Aunque las causas del incremento en la tasa de morbilidad rural o la virulencia de algunas enfermedades son de origen multifactorial, aunque antropogénicas todas, las perturbaciones climáticas globales de la última década han aportado, sin duda, a conformar este cuadro de crisis en la salud. Mayores oscilaciones térmicas, niveles más altos de calor o frío inusual y desestacional, mayor humedad y ventiscas extraordinarias, han acendrado en algunas regiones, de acuerdo a monitoreos en campo confirmados por la red de médicos y parteras y por las comunidades y grupos donde provee con sus servicios, la incubación de enfermedades de origen viral (influenza en el 2008 y herpes en el 2007) o bacteriano (salmonelosis en el cálido 2007).
También afectan ya de manera periódica la producción agroalimentaria y la integridad de los delicados ecosistemas en los corredores biológicos de las zona sierra y del arco de la selva zoque-maya en el estado de Chiapas, sea por sequías prolongadas generadoras de cultivos marchitos e incendios voraces (Niño-1998), o por escurrimientos atípicos que pudren los cultivos al saturarse por anegamiento las partes bajas de las cañadas y llanuras aluviales o ventiscas inusitadas que doblan las gramíneas (Niña-2008), o por violentos huracanes provenientes de ambos océanos que arrasan cultivos, el arbolado serrano y desgarran sus cerros (Stan-2005).
Y aunque este año la gran producción de maíz en el estado de Chiapas dedicada al mercado –las regiones denominadas La Fraylesca y Valles Centrales situadas a sotavento- marcó un alza histórica en el volumen cosechado, los pequeños productores, los de autoconsumo, en la Selva Lacandona, zona Sierra y Norte, a barlovento, padecieron los estragos del exceso de agua y de las inusuales ventiscas cayendo o deteriorándose su producción, extremo que calla el gobierno y para buena parte de los cuales, por su dispersión geográfica, no habrá ayuda porque no califican a las reglas federales de compensación para el caso de desastres. Aun así, frente a las comerciales las semillas locales de maíz, frijol y otros alimentos de la canasta rural local, cultivadas bajo métodos tradicionales de milpa y barreras naturales, desarrolladas y seleccionadas para condiciones de vida social de autoabasto y exposición estacional y no para la ganancia y el pronto agotamiento, continúan ofreciendo, en su diversidad, una mejor disposición a la adaptación multifactorial de contingencias naturales, en condiciones climáticas no extremas, sobre todo en su etapa de cocción y en la de su almacenamiento.
Las afectaciones climáticas están vulnerando por efecto algunos soportes culturales ancestrales que, tras un largo periodo de estabilidad post neolítica, depuraron técnicas agrícolas, ambientales y sanitarias, generando certezas hoy quebradas. Los daños a la infraestructura comunitaria también agregan costos y sobresaltos inusuales que se suman al resto de las afectaciones, incluido el sobresalto.
Hay que decir que, además de las perturbaciones climáticas atípicas, a la degradación de los ecosistemas, suelos y fructificaciones agrícolas, también contribuyen factores antropogénicos. Aunque marginalmente, lo ha sido la apertura de la frontera de siembra (no olvidar que las dotaciones agrarias ubicadas en los bosques mesófilos y selvas húmedas se entregaron para sembrar, no para conservar, allegándoles además el estado paquetes de hatos vacunos a los campesinos). Pero estructuralmente lo es, desde hace al menos 15 años en Chiapas, el modelo neoliberal de abandono de las políticas públicas de fomento y la dotación indiscriminada de fertilizantes sintéticos, pesticidas persistentes y semillas estandarizadas en aras de una mayor productividad. Todo ello ha disminuido las barreras naturales que contenían a las plagas incidiendo en la calidad de la salud comunitaria, en la composición de la biodiversidad, fuente vital de insumos a la medicina herbolaria y al trabajo de las parteras, y en la calidad del agua a la que ahora drenan residuos agroquímicos, plásticos y hasta drenajes sanitarios.
8. El quiebre de la soberanía alimentaria
La llegada de los desregulados comestibles basura a las comunidades indígenas adquiridos con los excedentes monetarios generados por las remesas y los programas asistenciales que se han consumido y continúan consumiendo de manera indiscriminada agrega grietas a este quiebre alimentario por sus efectos en nuevas enfermedades pandémicas y población campesina en edad laboral parada por discapacidad crónica y degenerativa. Y no es la marca sino el acceso. No son Sabritas ya las más consumidas sino Chicharrines, ni coca colas sino otras, más baratas pero igual de letales.
Entre los saldos de la política contrainsurgente ejecutada por el Estado a finales de la década pasada está la incapacidad, en muchas comunidades, de reflexionar y acordar en colectivo soluciones, o en el abandono de la siembra de alimentos para hacerlo con bienes exportables, hoy en crisis por la recesión estadounidense.
La soberanía alimentaria indígena fue doblemente fracturada porque a la pérdida de su derecho a decidir y producir se añade la pérdida de su específico y milenario modo de hacerlo, sustento por cierto de la cultura nacional. La pérdida en camino paralelo de la soberanía sanitaria comunitaria, valores, conocimientos y prácticas tradicionales, sobre todo entre la población joven habilitada para una medicina hospitalaria y medicalizada pero también para el desprecio a la comunitaria ancestral, es el reverso de una misma moneda, de soberanías fundamentales devaluadas o reprimidas.
9. La riqueza biológica local y sus saberes comunitarios asociados, baluartes de saqueo y expropiación para un sector industrial en auge: la biotecnología moderna.
El grupo político que controla al Estado mexicano, impuesto de las ventajas de la biodiversidad como fuente de principios activos o procesos biológicos hacia la producción industrial futura de alimentos, cosméticos, biorremediadores, energía, pero destacadamente de medicinas y vacunas, ha presionado desde finales del siglo pasado a los médicos y parteras indígenas tradicionales organizados a ponerle precio a sus saberes y prácticas y a las comunidades a abrir sus territorios para la extracción material de esa riqueza, desalojando de los territorios megadiversos -buena parte de ellos bajo el estatus de áreas naturales protegidas- a quienes no posean títulos agrarios o decretando, fue el caso el año pasado, expropiaciones a quienes los tengan en la vecindad próxima fundamentándose, precisamente, en la presión campesina ejercida sobre la gran riqueza genética, única e inigualable, se expresó entonces, ahí existente.
En la morbilidad de la población
10. Causas multifactoriales han propulsado el deterioro en la salud comunitaria general. La medicalización de la salud, organizada o gubernamental, generó, tras el retiro de unos o desatención del aparato público salubrista, un amplio proceso de autodiagnóstico incierto y automedicación desinformada, mal autoprescrita, mal dosificada o incompleta, propiciada también por los altos precios en las consultas médicas, en los análisis de laboratorio o en los remedios farmacéuticos. El fortalecimiento de los organismos patogénicos es el saldo en que concluye buena parte de esa práctica en la pobreza del proceso enfermedad-curación, incluso en daños secundarios. Aunque es un proceso aún por advertir en sus características clínicas y alcances epidémicos, la migración que retorna o la que del sur transcurre, porta y aporta también nuevas cepas o tipos de enfermedades. Las conductas y hábitos sociales de diverso talante que traen consigo algunos migrantes aportan otro tanto a la salud comunitaria, con frecuencia en su detrimento (adicciones, hurtos, desprecio por la autoridad, el interés común y las costumbres locales, violencia, tráfico de estupefacientes, en fin). La pérdida de masa forestal y agroquímicos, que aderezan condiciones climáticas extremas, devastan y agregan presión, como ya se ha señalado. La mala alimentación y las adicciones son también un mal generalizado, una carga más. Pero de todas, la desorganización de las relaciones comunitarias y la carencia o la caída en las estructuras locales del sistema de salud autogestiva son con mucho la causa matriz o central de este desasosiego en la salud comunitaria.
II. DE SU DESARROLLO
1. Un ataque menos visible y funesto pero trascendente al servicio lo ha constituido el retiro súbito (2003) y deliberado de los subsidios fiscales (federales) a los procesos organizativos de defensa y desarrollo de la medicina indígena y la campesina tradicional comunitaria. En un tiempo de desprecio y castración de lo antiguo en temas estratégicos, la salud tradicional indígena y campesina organizada significa un relicto de contención y defensa del modelo ancestral, una plataforma de recuperación y, acaso, desarrollo de ese modelo. El efecto del retiro inconstitucional de los apoyos de Estado a este sector -coincidente por cierto con la subversiva oposición del COMPITCH a mercar el patrimonio terapéutico de los pueblos- ha sido especialmente grave en el área de la medicina herbolaria. La salud, al ser como la cultura o la educación un bien público, no puede mercarse, así que no se obtienen ganancias reales y los gastos hechos en sus procesos de manufactura y materiales de atención corren por cuenta del enfermo o paciente, de su familia o, en su defecto, de la partera o médico tradicional que los atienden, fragilizándose el servicio. Aunque esa insuficiencia no resulta letal como si lo es, a mediano plazo, la política de represión al servicio.
2. La alienante educación pública y la promoción del éxito individual sobre la base del lucro, de lo medible y lo cuantificable, inhiben a su vez la herencia cultural de los saberes tradicionales. La edad de los practicantes de la medicina tradicional comunitaria es cada vez mayor y resultan notoriamente insuficientes los pocos aprendices aspirantes al relevo generacional. Los practicantes constituyen hoy un grupo social, ancestral y preservante de los saberes territoriales, valores comunitarios y de la salud colectiva, tan celado como insustituible por el Estado, pero en peligro de exterminio cultural por las políticas salubristas de limpieza etnoterapéutica, desaparición que impactaría de manera sustantiva a la salud comunitaria de las comunidades más pobres y a una forma y modo cultural significativos en la muy reducida ya diversidad étnica y terapéutica globales.
3. A la pérdida de vocaciones sociales se ha agregado, por represión abierta a los remisos o castración cultural a los rendidos, desde la conquista castellana hasta el estado secular y neoliberal actual, la pérdida de los valores, saberes y prácticas tradicionales en la salud comunitaria. Recuperarlos antes de que se continúen erosionando o pierdan irremisiblemente, es una tarea urgente en interés de todos, no solo de los campesinos.
4. El tiempo en que lo antiguo se cotiza. La creciente oferta mundial de remedios herbolarios y terapias basadas en técnicas ancestrales ha orillado a algunos médicos a convertirse en vendedores ambulantes o a ser proveedores para adquirentes industriales de medicamentos naturales. Los valores comunitarios son frecuentemente vulnerados con estas prácticas, incluso algunos materiales de remediación son devastados ecológicamente por colectas masivas para el mercado o, en aras de la ganancia, algunos hierberos reducen la calidad farmacéutica de sus preparados medicinales.
Se abren oportunos centros de atención. Es el caso en San Cristóbal de la Casas de la oenege Luna Maya. A cargo de profesionales urbanas, capacita (y certifica) a mujeres indígenas para atender partos. Estas profesionales forman, dicen, en los saberes ancestrales y son también el puente, oficial, para sensibilizar interculturalmente a los médicos del sistema público de salud. Afirman en su página web ser las únicas en todo Chiapas que capacitan con métodos prácticos a parteras (basadas por cierto en los reglamentos de las parteras de los Estados Unidos), lo que es absolutamente cierto si por todo Chiapas las señoritas entienden el barrio donde residen en la señorial y muy castiza ciudad real de San Cristóbal de Las Casas. Eso sí, los precios de un parto en este lugar están, desde luego, más cerca de la luna que de ser tradicionales.
5. La farmacopea sin memoria. Una práctica aparentemente inocua llevada adelante por algunas organizaciones no gubernamentales en Chiapas y, desde luego, por oficinas subsidiarias del Estado, es dar cursos de preparados medicinales a partir de la herbolaria, sin considerar los valores comunitarios, ni la integridad o visión de las prácticas ancestrales que fundan a esa medicina, ni los riesgos de su exposición ante los agentes trasnacionales. Buena parte de esas capacitaciones rurales, asépticas de este sustento, concluyen en mercados de productos herbolarios, en el olvido, o en abastecimientos sanitarios a destajo sin identidad ni control comunitario.
6. La salud comunitaria de castas. Esa que rige el servicio médico de una universidad pública alter en algún silvano lugar de la geografía rural chiapaneca. Dos tarifas para un mismo servicio o medicamento, una (cuando la hay) para la membresía política y otra (que siempre la hay) significativamente más alta para los parias, la gran mayoría. Esta segregación infame, además de ilegal por proporcionar de manera discriminatoria bienes y servicios de aprovisionamiento público, alienta la división comunitaria.
7. La hora de las bitácoras y la tecnología. Los médicos y parteras indígenas y campesinas tradicionales y promotores habilitados no cuentan, en la mayoría de los casos, con herramientas tecnológicas ni formación para hacer un monitoreo, registro, integración de una base de datos y manejo administrativo de las enfermedades y materiales del sistema. Esta es una tarea pendiente en la gestión de un sistema de salud tradicional comunitario moderno con memoria gráfica y cobertura regional.
Si bien muchos médicos y parteras indígenas y campesinas tradicionales poseen técnicas propias, ancestrales, para detectar síntomas hacia un diagnóstico riguroso, la tecnología actual abrevia y coadyuva en la detección biológica o fisiológica de enfermedades, algunas de ellas extrañas y no advertidas por aquellas técnicas tradicionales, lo que lleva a los enfermos a diagnosticarse en las cabeceras municipales donde los laboratorios establecidos, negocios en la salud, les confiscan sus escasos ingresos familiares pero poco les aclaran el significado de los resultados obtenidos. Así que de ahí deben trasladarse al médico que les cobrará otro tanto. La farmacia es el fin de la cadena. Endeudarse, medicarse parcialmente o soportar a fuerza de cuerpo es la única salida para muchos enfermos.
8. Los precios. Los materiales de envasado y algunos insumos para la elaboración de medicinas tradicionales y los que a su vez usan las parteras para sus trabajos, se obtienen en el mercado de productores industriales. Este año, por efecto de la inflación petrolera, han incrementado sus precios de manera significativa rebasando en algunos casos el cien por ciento de su cotización para el mismo mes del año anterior. Siendo la salud tradicional comunitaria un servicio solidario cuyo costo lo pagan solo quienes lo puedan pagar, la economía de los enfermos, precaria pues viven de su trabajo físico, no resiste incrementos notables en su precio y, en el caso de los médicos del COMPITCH, están obligados, por sus valores y su reglamento, a entregarlo gratuitamente a quien no pueda cubrir sus costos. Sin apoyos comunitarios ni fiscales ni, en ocasiones, de los enfermos o sus familiares, la economía de los médicos y parteras tradicionales comunitarias, de suyo inestable, se ve sobre presionada y la producción de remedios se reduce en perjuicio de la salud general.
9. El estado neoliberal ha cancelado el concepto de los bienes públicos de acceso universal efectivo y el principio de solidaridad. Desestructurada la salud pública y otros servicios, este crimen histórico vino doble en el caso de la salud tradicional comunitaria pues además de cebarse con los más pobres atacó sus modos culturales, solidarios y autogestivos de allegarse esos bienes. De un tiempo hacia acá los ha intentado, además, desapropiar de sus recursos fuente y saberes tradicionales asociados que son codiciados por la pujante industria biomédica trasnacional.
Aun así. Frente a una población rural cuya salud implica una situación en crisis permanente, sin seguridad social, desinformada sobre sus derechos o sobre los procesos de automedicación, ante un mostrador farmacéutico alópata nacional donde sólo el cinco por ciento de los medicamentos son genéricos y los laboratorios de análisis clínicos confiscan cualquier ahorro, esa pobreza rural, acorralada casi siempre a los límites de la sobrevivencia, continúa siendo el reducto y fragua natural de preservación histórica de esa otra salud, la salud tradicional comunitaria, autogestiva, la única opción de salud real, hoy o futura, para los pobres del campo, de persistir las actuales reglas de organización liberal en los asuntos públicos y sus tremendos efectos sociales.
10. El futuro nos previene caminar hacia la autosuficiencia compartida y articulada. La culminación, algún día nada lejano en el caso nacional, de los yacimientos de hidrocarburos o de su control soberano, el colapso de la industria intrafirma o de la nacional trasnacionalizada parasitaria de la demanda del norte pero crecientemente marginal frente a la productividad asiática, la iniciada disminución de los desfogues migrantes y de los envíos de remesas, los candados a una transición democrática que impulsaría el debate popular resolutivo y acciones de choque contracíclicas, y los impactos del cambio climático en la infraestructura supondrán para el Estado ajustes severos en la captación y destino de los ingresos tributarios para su distribución social pero también de divisas que mantengan a flote la balanza de pagos y la paridad cambiaria a la que se ajustan la mayor parte de los precios nacionales de bienes y servicios básicos. Aunque vendrá doble para las familias campesinas pues al deterioro de su precaria percepción en numerario se agregará el causado por el embravecido clima en sus cultivos temporaleros, primer soporte de su salud.
A la cola de estos males y dependencias basta agregar una muestra, solo una, de las pandemias crónico degenerativas que barruntan de gris el futuro para millones de mexicanos, indígenas de manera creciente: las bajas proyectadas en la de antemano perdida guerra del azúcar. “De no controlar el número de diabéticos los recursos federales serán insuficientes para atender esta enfermedad en los próximos años. Es algo que en algunos países desarrollados ya están viviendo; sus sistemas de salud están quebrados por no tener suficientes recursos. En el caso nuestro tendríamos que limitar la atención.” Declaró hace una semana el secretario de salud federal (ibidem).
Los más pobres serán, desde luego y como siempre, los más afectados, los primeros en ser excluidos y, de ellos, los campesinos por delante. Prepararse para ese trance, reconstituyendo desde sus valores ancestrales los fundamentos comunitarios de su seguridad alimentaria, sanitaria y educativa, es una reflexión en curso que realizan y empiezan a implementar ya varias comunidades, aunque todavía muchas menos que las deseables. La cooperación nacional e internacional en este esfuerzo de reconstrucción comunitaria y productiva hará tecnológica y socialmente posible que los panes alcancen para todos, globalmente, como es el proyecto. El reloj opera hoy, desde luego, en contra de esta esperanza. Si las horas finalmente no alcanzaran, sépase que en nuestra montaña la solidaridad será, en todo caso, la última hoja en caer.
El equipo de asesoría del COMPITCH
Chiapas, México, a 26 de noviembre del 2008
+copia.jpg)
Entradas
