Ángeles Mariscal/corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de noviembre. Indígenas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) podrán solicitar la posesión legal de casi 80 mil hectáreas de terreno que tienen en posesión desde 1994, mismas que le arrebataron a los grupos de caciques de los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, entre otros, dio a conocer este día la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Actualmente, ante la indefinición que existe por la posesión de esos terrenos, grupos opositores al EZLN, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) han intentado legalizarlas a su favor, lo que lograron en al menos tres casos.
El titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, dijo que luego de las invasiones que en 1994 iniciaron los grupos del EZLN, el gobierno federal entregó a los antiguos propietarios fideicomisos que al concluirse en 2004-2005, permitieron al gobierno federal poseer la facultad de entregar la propiedad legal a quienes ocupan estas tierras llamadas “propiedades fideicomitivas”.
En entrevista en esta capital dijo que hoy, casi 15 años después de las invasiones, solicitar la regulación de sus propiedades, o la legal posesión de la misma, “y la dependencia está en posibilidad de hacerlo”. Son mil 013 predios que abarcan casi 80 mil hectáreas de terreno, y se ubican en 33 municipios, principalmente en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En ninguno de los casos los predios han sido regularizados a favor de los campesinos que actualmente poseen la tierra.
Apenas en septiembre pasado septiembre. militantes y bases de apoyo del EZLN iniciaron la medición y deslinde de las tierras que recuperaron de manos de los finqueros desde 1994.
De acuerdo a un diagnóstico del sector agrario de los gobiernos federal y estatal, el acto de medir y deslinar los terrenos que realizan de manera autónoma los integrantes del EZLN, se dio ante las disputas que existen en algunos de esos lugares, entre los simpatizantes zapatistas y los integrantes de la Opddic, ya que ambos grupos cohabitan esos lugares.
La Opddic ha gestionado la regularización de algunos predios, y ganado los juicios agrarios a su favor, dejando fuera a los simpatizantes y bases del EZLN que viven ahí.
La Opddic tiene peticiones de regularización a su favor, en predios como Agua Azul, en Tumbalá; Mukulum, San Luis Irineo y Ranchería San Francisco, ubicados en Chilón; Tenango, Nuevo Edén, Rafael Moreno, San José la Soledad, San Isidro, Nuevo Suspiro y Ranchería Peña Limonar, de Ocosingo; también Emiliano Zapata, Nantlan y El Nantze, del municipio de Altamirano.
Del total de los mil 13 inmuebles que fueron ocupados por los campesinos a través de invasiones que se dieron luego del alzamiento de enero de 1994. En la mayoría de esos casos el gobierno federal, a través de diversos fideicomisos, indemnizó a los terratenientes por la pérdida de sus propiedades, sin que a la fecha haya entregado los nuevos títulos de propiedad a los actuales ocupantes.
El caso más significativo es el de Las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, donde hay más de 700 predios en esas condiciones. Ahí el gobierno federal entregó a los terratenientes 167 millones 490 mil pesos del Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (FIAPAR), por un total de 41 mil 939 hectáreas que están en posesión de simpatizantes del EZLN.
Si bien este proyecto era una especia de “crédito” o compensación como un paliativo en tanto el gobierno federal resolvía el conflicto armado, el acuerdo firmado con los terratenientes establecía que si pasados 10 años no se daba esta situación, ellos debían devolver los créditos para o perder las propiedades.
Ninguno de los terratenientes regresó el recurso, por lo que los títulos de las propiedades quedaron en poder de lo que fue Banrural, y posteriormente pasaron a la Secretaría de Hacienda, es decir, según autoridades agrarias federales, quedó en indefinición la propiedad legal de los terrenos ocupados por los zapatistas, aunque tampoco existe algún impedimento jurídico para ser adjudicados a estos grupos, situación que ahora la SRA anunció que podría realizar a petición de los actuales propietarios.
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Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de noviembre. Indígenas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) podrán solicitar la posesión legal de casi 80 mil hectáreas de terreno que tienen en posesión desde 1994, mismas que le arrebataron a los grupos de caciques de los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, entre otros, dio a conocer este día la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Actualmente, ante la indefinición que existe por la posesión de esos terrenos, grupos opositores al EZLN, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) han intentado legalizarlas a su favor, lo que lograron en al menos tres casos.
El titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, dijo que luego de las invasiones que en 1994 iniciaron los grupos del EZLN, el gobierno federal entregó a los antiguos propietarios fideicomisos que al concluirse en 2004-2005, permitieron al gobierno federal poseer la facultad de entregar la propiedad legal a quienes ocupan estas tierras llamadas “propiedades fideicomitivas”.
En entrevista en esta capital dijo que hoy, casi 15 años después de las invasiones, solicitar la regulación de sus propiedades, o la legal posesión de la misma, “y la dependencia está en posibilidad de hacerlo”. Son mil 013 predios que abarcan casi 80 mil hectáreas de terreno, y se ubican en 33 municipios, principalmente en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En ninguno de los casos los predios han sido regularizados a favor de los campesinos que actualmente poseen la tierra.
Apenas en septiembre pasado septiembre. militantes y bases de apoyo del EZLN iniciaron la medición y deslinde de las tierras que recuperaron de manos de los finqueros desde 1994.
De acuerdo a un diagnóstico del sector agrario de los gobiernos federal y estatal, el acto de medir y deslinar los terrenos que realizan de manera autónoma los integrantes del EZLN, se dio ante las disputas que existen en algunos de esos lugares, entre los simpatizantes zapatistas y los integrantes de la Opddic, ya que ambos grupos cohabitan esos lugares.
La Opddic ha gestionado la regularización de algunos predios, y ganado los juicios agrarios a su favor, dejando fuera a los simpatizantes y bases del EZLN que viven ahí.
La Opddic tiene peticiones de regularización a su favor, en predios como Agua Azul, en Tumbalá; Mukulum, San Luis Irineo y Ranchería San Francisco, ubicados en Chilón; Tenango, Nuevo Edén, Rafael Moreno, San José la Soledad, San Isidro, Nuevo Suspiro y Ranchería Peña Limonar, de Ocosingo; también Emiliano Zapata, Nantlan y El Nantze, del municipio de Altamirano.
Del total de los mil 13 inmuebles que fueron ocupados por los campesinos a través de invasiones que se dieron luego del alzamiento de enero de 1994. En la mayoría de esos casos el gobierno federal, a través de diversos fideicomisos, indemnizó a los terratenientes por la pérdida de sus propiedades, sin que a la fecha haya entregado los nuevos títulos de propiedad a los actuales ocupantes.
El caso más significativo es el de Las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, donde hay más de 700 predios en esas condiciones. Ahí el gobierno federal entregó a los terratenientes 167 millones 490 mil pesos del Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (FIAPAR), por un total de 41 mil 939 hectáreas que están en posesión de simpatizantes del EZLN.
Si bien este proyecto era una especia de “crédito” o compensación como un paliativo en tanto el gobierno federal resolvía el conflicto armado, el acuerdo firmado con los terratenientes establecía que si pasados 10 años no se daba esta situación, ellos debían devolver los créditos para o perder las propiedades.
Ninguno de los terratenientes regresó el recurso, por lo que los títulos de las propiedades quedaron en poder de lo que fue Banrural, y posteriormente pasaron a la Secretaría de Hacienda, es decir, según autoridades agrarias federales, quedó en indefinición la propiedad legal de los terrenos ocupados por los zapatistas, aunque tampoco existe algún impedimento jurídico para ser adjudicados a estos grupos, situación que ahora la SRA anunció que podría realizar a petición de los actuales propietarios.
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