OBSERVATORIO CIUDADANO

Tarjeta informativa
28 Octubre de 2008

1.- El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, en el poblado Acteal, del municipio de Chenalhó, Chiapas.

Al día siguiente un grupo de autoridades comunitarios entre otros varios ancianos, representantes y ciudadanos fue invitado a una “mesa de diálogo” pero fueron conducidos detenidos al penal de Cerro Hueco uniéndose a un grupo de jóvenes que solo caminaban por la calle e incluso un policía municipal que también fueron detenidos y conducidos al mismo centro penitenciario.

Se desató una feroz persecución de aquellos que fueron denunciados por los testigos como responsables, más de 150 indiciados. Ingresaron a las comunidades decenas de agentes de la PGR haciendo gala de fuerza y prepotencia. Se incendió la escena y menudearon los enfrentamientos entre agentes federales y población indígena. La presión nacional e internacional en aumento. Un numeroso grupo de indígenas chenalhoes instalaron un plantón en la Plaza San Marcos, contiguo a la catedral de Chiapas exigiendo una investigación real y ofrecieron su testimonio más de 250 testigos y acusados.

El 18 de marzo, con engaños, la PGR instrumentó más de 50 órdenes de aprensión, citándolos a ampliar su declaración cuando en realidad era una detención y fueron conducidos al penal multicitado. A fin de 1998 se elevó a más de 100 el número de procesados.

Nunca se realizó ninguna investigación seria sobre la Masacre, se ignoraron decenas de muertos más, varios sin documentar, principalmente zapatistas y 18 priistas, se ignoraron los usos y costumbres indígenas y la situación de estado de guerra reconocida por el propio Congreso de la Unión en la Ley de Concordia y Pacificación que sirvió de caldo de cultivo para el despojo de Majomut, el enfrentamiento generalizado y la posterior Masacre.

Solo fue una anotación marginal el litigio por el despojo de la mina de Majomut, que todavía persiste y amenaza en reavivarse.

A pesar de sugerirlo en múltiples ocasiones nunca se vio el aspecto cultural y étnico, ni se valoraron las circunstancias existentes.

2. La defensa estuvo ausente pues no existía aun un Instituto de Defensoría como el que ahora hay, de hecho su primer defensor de oficio fue el primer delegado y de ahí brincó a ser el primer Ombudsman chiapaneco cargo que usó para enfrentarse al gobernador en turno.

Se presentaron pruebas y recursos legales sin ninguna fortuna, los testigos acusadores no comparecieron, no se reconstruyeron los hechos y muchas anomalías más. El caso fue utilizado por políticos y religiosos para dirimir sus diferencias o aprovecharon para sus intereses particulares. Los jueces se han plegado a la razón de estado y a la presión política de fuerzas que ignoran el sufrimiento de un centenar de familias.

Las sentencias fueron abrumadoras, la mayoría sentenciados a 35 años de prisión y como dato anecdótico, el responsable de organizar a los paramilitares y comprar las armas salió absuelto.
3.- Los presos y sus familiares han desarrollado muchos esfuerzos de defensa, han acudido a pastores y curas, a organizaciones sociales y a partidos políticos, a profesionales del derecho sin ninguna solución, La injusticia es escandalosa, quienes aceptaron participar en el grupo armado, dirigirlo, encabezar los ataques y cometer delitos fueron sentenciados a 25 años mientras aquellos ancianos y jóvenes que no hicieron anda, aquellas autoridades locales y representantes comunitarios lo fueron a 36 años y tres meses, burlándose de las propias declaraciones y pruebas presentadas.

4.- El 22 de septiembre de 2008 después de formar en abril un comité de familiares y amigos de los inocentes presos del Caso Acteal y deambular por dependencias estatales y federales tanto en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y DF, los familiares instalaron un plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, las autoridades estatales reaccionaron inmediatamente y después de amenazarlos fueron convencidos de instalar una Mesa de Atención a su demanda de justicia encabezada por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local, Dip Sergio Lobato y el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del mismo, Dip. Javier Martínez y la participación de Gobierno del Estado. Citaron a los abogados defensores de los cuales solo comparecieron dos de oficio y, en la única reunión real de la Mesa de Atención, se comprometieron a entregar una tarjeta informativa sobre la situación jurídica y copia de un amparo que se interpuso actualmente en la Suprema Corte. Nunca cumplieron su dicho.

La Mesa de Atención a pesar de reconocer la deuda social que se vive con más de 70 familias indígenas que sobreviven de manera por demás precaria y hablar de toda suerte de reivindicaciones necesarias, a más de un mes del compromiso ni siquiera se ha reunido.

La propia autoridad municipal, por boca de su presidente, espetó la inutilidad de su esfuerzo que sólo trajo nuevamente la persecución pues uno de los familiares que se manifestó en el plantón, ya fue requerido por una denuncia interpuesta por los representantes zapatista ante la autoridad por supuesta posesión de armas largas, lo cual dio como resultado una sorpresiva vista de agentes de seguridad pública y los comandantes de la BOM, a su poblado, La Esperanza, sembrando la sospecha que los dirigentes del plantón se vendieron.

Actualmente los familiares y presos valoran con cuidado su situación la cual se torna cada día más angustiosa.

Responsable: Roberto Gutierrez <comitepresosinocentes@yahoo.com.mx