OBSERVATORIO CIUDADANO

San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de noviembre. Con la designación del ex magistrado Noé Castañón León como secretario de Gobierno, en sustitución del perredista Antonio Morales Messner, el gobierno de Juan Sabines Guerrero ha dado un paso más en su reconversión al priísmo, del cual procede, quien hace tres años era alcalde tricolor de Tuxtla Gutiérrez, si bien fue formalmente electo gobernador con las boletas del Partido de la Revolución Democrática en 2006.

A Castañón León, ex titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) durante el interinato de Roberto Albores Guillén, se le recuerda como uno de los promotores de la remunicipalización de facto en las llamadas “zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. En Ocosingo, Las Margaritas, San Andrés Larráinzar y otros municipios indígenas, el alborismo sobrepuso nuevas demarcaciones de factura contrainsurgente que luego fueron legalizadas. Todas, a un lado de bases militares; un par de ellas, en los Altos y la zona fronteriza, tuvieron ex militares como primeros presidentes municipales.

Se recuerda a Castañón León como uno de los orquestadores de las “deserciones” de presuntos zapatistas (quienes resultarían impostores y hasta delincuentes), con todo y entrega de armas en horario estelar televisivo entre 1999 y 2000, en escenarios naturales. El primero, en un balneario del río Jataté para mayor verosimilitud.

El flamante secretario de Gobierno ocupó la titularidad del STJE de 1995 a 2001. Años turbulentos en Chiapas. Sobrevivió a tres gobernadores (Javier López Moreno, Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores), y el cuarto, Pablo Salazar Mendiguchía, antes del primer año de su gobierno lo acusó de peculado, abuso de confianza y otros delitos que habría cometido durante la administración de Albores Guillén. No prosperó ninguna de las cuatro averiguaciones previas que le iniciaron, pero el magistrado destituido dejó la entidad en diciembre de 2001.

Ahora regresa a un gobierno en el que crece la presencia del grupo alborista, satanizado pasajeramente en el periodo de Salazar Mendiguchía. Por lo demás, el actual titular del Ministerio de Justicia del Estado, Amador Rodríguez Lozano, fue senador priísta, ferviente salinista, luego asesor y “operador” de Salazar Mendiguchía y promotor de la candidatura de Sabines. En marzo de este año, tras sustituir al también polémico Mariano Herrán Salvatti como responsable del Poder Judicial, sorprendió proclamando: “este es un gobierno de izquierda”, tras la liberación de más de un centenar de presos, entre ellos decenas considerados “políticos”, que habían sostenido una huelga de hambre durante más de un mes.

Respecto del nombramiento de Castañón León, el gobernador Sabines expresó ayer que “es una garantía de la vigencia del estado de derecho, respeto a los derechos humanos, fortalecimiento de la cultura de paz y reconciliación, y de la imparcialidad del gobierno en los próximos comicios electorales”.

Por su parte, el perredista que hasta el lunes ocupaba la secretaría de Gobierno, Morales Messner, fue designado secretario de Transportes, un cargo menos central en el gabinete sabinista. Con ello, el primer círculo del gobierno chiapaneco ha quedado en manos del priísmo de los años más duros de la contrainsurgencia, aunque hoy sus intereses explícitos apuntan al desarrollo turístico y la captación de inversión extranjera.

Este lunes, en Tuxtla Gutiérrez, circularon entre los periodistas que cubrían el relevo de funcionarios, versiones de que Castañón León estaría vinculado con el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien como abogado litigante representó en el pasado al ex mandatario interino Albores Guillén cuando éste fue llamado a declarar por las autoridades federales, en respuesta a las acusaciones del entonces gobierno salazarista, y en esas diligencias trabó relación con el nuevo responsable de la política interna del estado.

Otro nombramiento polémico es el del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, José Luis Solís Cortés. Fue comisario de la Policía Federal Preventiva en esta entidad, Quintana Roo y Aguascalientes, y posteriormente estuvo bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Pública federal, sospechoso de brindar protección a grupos dedicados al narcotráfico, el contrabando de maderas y el trasiego a Centroamérica de vehículos robados. Hasta donde se sabe, su caso quedó “congelado” en la Procuraduría General de la República.