En conferencia de prensa en Ocosingo, la primera y única que darán las hermanas González, informaron que en agosto pasado, el gobernador les envió por escrito una propuesta de reparación del daño, dándoles de plazo dos meses para responder si la aceptan o no.

La propuesta ofrece por concepto de reparación a cada una de las hermanas, 500 mil pesos, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.

Las hermanas tzeltales advirtieron que aceptarán la propuesta siempre y cuando incluya a su madre, quien, dijeron, también sufrió daños a causa de la violación sexual de sus hijas y que se haga justicia.

A través de un traductor, puesto que las hermanas son monolingües, únicamente hablan tzeltal señalaron:

“En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación; nunca podremos perdonar lo que nos hicieron.

“Tampoco habíamos aceptado hacer declaraciones públicas. Ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta”, sostuvieron las hermanas González.

La propuesta es “la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”.

La madre de las hermanas, que en aquel entonces eran menores de edad, fue obligada a presenciar cómo violaban a sus hijas, fue torturada, y una vez que regresaron a la comunidad, se vio obligada a salir de ella porque se le culpó de lo que les pasó a sus hijas.

“Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó, aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia” manifestaron las hermanas.

Agregaron que continuarán luchando para que se castigue a los militares y que éstos sean juzgados por autoridades civiles y enviaron un mensaje al gobernador diciéndole que no aceptarán estar presentes en ningún acto público, así también, rechazaron los programas ofrecidos por el gobierno, porque aseguran “no resuelven los problemas reales del pueblo”.

LA HISTORIA

El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez (nombre ficticios) de 12, 13 y 14 años de edad, y a su madre Delia Pérez de González.

Las cuatro regresaban de vender verduras y se dirigían a su comunidad. Los soldados, como siempre, las detuvieron para interrogarlas, y las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas.

En este lapso, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares quienes las acusaron de ser zapatistas.

Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el informe No. 129/99 de la CIDH.

El expediente se trasladó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, cuando el MP se declaró incompetente para investigar.

El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.

El caso, presentado dos años después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por vez primera, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.

La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano, como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y le recomendó que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.

Nueve años después, la recomendación no se cumple y el caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.

Según el Estado, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.

Las hermanas González consideraron que esta propuesta del gobernador, no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, ya que falta señalar y castigar a los culpables de la violación y trasladar la investigación al fuero civil.