San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

7 de octubre 2010

Boletín de Prensa

Considerando el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Chiapas1, a inicios del 2010, las organizaciones civiles que integramos la “Red por la Paz” acordamos realizar visitas de documentación en distintas regiones del estado de donde hemos recibido testimonios de problemáticas que trastocan el marco internacional de protección y garantía de los Derechos Humanos, poniendo en riesgo las condiciones de paz social.

Las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas constituyó en la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas: Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo.

La Misión Civil recorrió estos municipios durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. En cada uno de estos municipios, sostuvo entrevistas con actores que aceptaron compartir su testimonio en distintos ámbitos en pro de la defensa de los Derechos Humanos. Los temas de mayor énfasis durante las entrevistas fueron organizados en los ejes de: Migración; Militarización; Tierra y Territorio; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Derechos de las Mujeres y Criminalización de la protesta social. Los resultados de estas entrevistas se encuentran en nuestro primer informe público que hoy compartimos.

El 6 de agosto, se realizó un espacio de devolución de lo recopilado con varias de las personas y organizaciones entrevistadas en el marco de la Misión Civil de marzo, proceso que nos permitió completar y finalizar el presente documento. En este Informe presentamos una valoración de las tendencias y los principales problemas documentados durante la Misión, así como de las Señales de construcción de Paz que a pesar de todo, seguimos viendo presentes en los municipios visitados.

Quienes estuvimos presentes en la Misión de Observación aprendimos y ahora compartimos las experiencias que encontramos, mismas que son esperanza de construcción de alternativas de vida. Una de las consecuencias de la criminalización de la protesta social, a pesar del miedo que provoca, es que la gente se siente sola. Fue repetida la solicitud de que organizaciones civiles de Derechos Humanos y de construcción de paz realicen acompañamiento permanente a los procesos sociales y la situación que se vive en el municipio fronterizo.

Algunos datos importantes del informe:

Con relación a migración, la frontera de Chiapas con Guatemala es de una extensión de 1,100 kilómetros. Frontera permeable y porosa, es lugar en el que se trafica todo tipo de mercancías lícitas e ilícitas, de la misma manera que vidas y seres humanos. Es un punto geo-estratégico al conectar, como se mencionaba, Centro y Sudamérica con el Norte del Continente. Estas características convierten a la frontera Sur en un espacio de disputa de poder en el que chocan intereses de diferentes grupos. Se denuncia que la corrupción es la regla y que se presenta en servidores públicos de todas las instituciones de gobierno. Se señalan redes que se dedican a asaltar y secuestrar a los migrantes y, en particular, el control que los Zetas del cartel del golfo, mantienen sobre la zona.

En varias entrevistas durante la Misión Civil, uno de los impactos de la migración ha sido en la estructura y funcionamiento de las familias que debido a la migración, se encuentran fragmentadas. Se ha observado la emergencia de la jefatura femenina y la triplicación de su jornada laboral al tener que encargarse del cuidado de la tierra, de los niños y de la casa.

Las y los migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, padecen todos los tipos de violencia (robos, explotaciones, secuestros, extorsiones). Las mujeres son sin duda las primeras y mayormente afectadas en el tránsito. Durante los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres violadas por delincuentes, por autoridades y por enganchadores de ruta. Según testimonio “Incluso al conocer la posibilidad de estos riesgos varias de ellas se inyectan anticonceptivos para no queden embarazadas, conocemos varios de estos casos”. En el caso de las mujeres jóvenes o menores de edad, es común saber que quedan atrapadas en las redes de explotación sexual, muestra de ello es que en la zona de tolerancia de Comitán, el 90% de trabajadoras sexuales son mujeres centroamericanas menores de edad.

Son las mujeres las más vulnerables y por ende las más explotadas. La mayoría de ellas, provenientes principalmente de los municipios de San Marcos y Huehuetenango en Guatemala, se emplean como trabajadoras domésticas, laborando hasta 16 horas por día sin que les den comida y pagándoles “salarios” de $500 a $600 pesos (mensuales). En algunas ocasiones, más que todo cuando expresan algún tipo de inconformidad, sus empleadores amenazan con denunciarlas ante las autoridades para que las regresen a su país.

En relación a la militarización, durante el recorrido que la Misión Civil realizó en los municipios de Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo, se logró constatar la permanente y cotidiana circulación de vehículos militares de tropa y artillados que recorren las carreteras federales y los caminos rurales, así mismo se observó la instalación de retenes permanentes y temporales en puntos estratégicos, en donde la mayoría de vehículos detenidos e interrogados eran de personas que se dedican al comercio de los productos del campo.

Las consecuencias de la militarización repercuten de manera importante en las dinámicas sociales. La vida cotidiana de la población que habita en zonas militarizadas o con permanente circulación de efectivos militares, trae consigo entre otras cosas: obstrucción al libre tránsito; hostigamiento hacia las mujeres; aumento de cantinas, drogas y centros de prostitución; violencia intrafamiliar; extorsión y abuso de migrantes; pánico y estrés generalizado; falta de garantías para ejercer labores y actividades estudiantiles; detenciones arbitrarias en retenes militares; abusos de autoridad en espacios públicos; ocupación o invasión de terrenos comunitarios y suplencia de la autoridad civil.

Respecto al territorio, las amenazas que existen sobre los recursos naturales de las comunidades como el agua, la diversidad biológica y los recursos minerales se ven promovidas por proyectos de empresas transnacionales que cuentan con la aprobación y el permiso de diferentes instancias gubernamentales.

Los principales afectados en la zona son el ejido Grecia y los habitantes de las comunidades cercanas, donde se piensa extraer entre 350 mil y 400 mil toneladas de barita y, cuando se agoten estos recursos, se continuará con la extracción de titanio en el subsuelo. Testimonios de los habitantes confirmaron que el predio donde se ubica la mina fue despojado ilegalmente a la comunidad, además que la extracción del mineral ha generado cambios significativos en el medio ambiente, entre otras cosas, por la utilización de millones de metros cúbicos de agua para el proceso de extracción.

Durante la Misión de Observación, integrantes del Frente y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) explicaron que “La REMA ha presentado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas documentos que demuestran que la empresa está implicada en actos de corrupción de autoridades públicas del municipio con el propósito de intimidar a los opositores a la mina. Hemos obtenido documentos de Blackfire que la empresa confirma ser genuinos y que claramente muestran pagos mensuales de $10,000 pesos depositados mensualmente en la cuenta personal del Presidente Municipal de Chicomuselo bajo el acuerdo de que el ejido no se levantaría en oposición a la mina”.

Desde que inició el programa Moscamed en la Zona Fronteriza de Chiapas, en 1994, los habitantes afectados lo consideraron como parte de una estrategia de contrainsurgencia “debido a que se dio en las fechas del levantamiento del EZLN y como bienvenida al Tratado de Libre Comercio ya que con el pretexto de combatir la Mosca del Mediterráneo, están fumigando las montañas y cafetales de la región, trayendo como consecuencia que las hojas de los árboles se sequen y que el grano de café que está tierno no llega a madurar” 3

El aire, el agua y la tierra están siendo contaminados, desde hace 16 años, por los químicos empleados por la empresa Moscamed, éstos con el tiempo están repercutiendo gravemente en la salud de la población. A pesar de esto, denunciaron que el gobierno sigue imponiendo las fumigaciones vía terrestre en sus tierras y amenaza con retirar los apoyos de los proyectos productivos a los que se nieguen a hacerlo.

Con relación a los derechos de las mujeres, históricamente y en la mayoría de los casos, en particular en zonas indígenas por usos y costumbres, las mujeres han sido excluidas de la propiedad de la tierra, así como de su uso y usufructo. Son los hombres quienes son reconocidos como propietarios de la tierra y de lo que produce, aunque, debido a la migración, cada vez más son las mujeres las responsables del cultivo de la milpa para el mantenimiento familiar.

Por ejemplo, en la comunidad de Bella Vista, municipio de Frontera Comalapa, existe un reglamento interno, cuyo artículo 37, establece que las mujeres de Bella Vista no se pueden casar con hombres que no sean de la comunidad y en caso de que se haga, las mujeres pierden el derecho sobre su tierra y sus bienes.

Con respecto a Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) incluyen el respeto y la exigibilidad de los derechos que garantizan las condiciones para una vida justa y digna.

Chiapas es uno de los estados que presenta los más altos índices de marginación en el país, situación de la que no se encuentra exenta la Zona Fronteriza. Eso es claramente visible en varias comunidades donde las viviendas todavía no cuentan con agua entubada (70,403), energía eléctrica (41,001) o sistemas de drenaje (90,321)4. Esta ausencia de servicios básicos les niega a las y los pobladores el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Por otro lado, en los últimos dos años el aumento del precio de los productos que conforman la “canasta básica” contrasta con los bajos precios que perciben muchas familias campesinas por sus cosechas.

El hambre y la mala alimentación constituyen desafíos serios para la obtención de un nivel adecuado de vida. Según Enlace, Comunicación y Capacitación AC, en muchos lugares de la Zona Fronteriza entre un 50 y 85% de la gente padece desnutrición.

Todas las formas de violencia contra las mujeres y las violaciones a sus derechos son considerados violencia de género o violencia patriarcal. Las personas entrevistadas durante la Misión de Observación, hombres y mujeres, afirmaron que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y que esta se reproduce de forma significativa a la par del sistema, que utiliza a las mujeres como objeto y objetivo de sus intereses.

Las diversas formas de violencia (familiar, física, económica, social, institucional) contra las mujeres impactan los ámbitos íntimo, privado y público de sus vidas. Las mujeres entrevistadas reconocen el alcoholismo como uno de las principales formas de violencia contra sus vidas y sus familias, este potencia la violencia en la comunidad y contra de ellas. En el caso de Chicomuselo y Comalapa, existe un aumento de negocios de venta de cerveza, alcohol y cantinas muchos de ellos asociados con prostitución; todos estos amparadas por los presidentes municipales.

Por otro lado, la aplicación de la justicia y la asistencia de servidores públicos para atender demandas de las mujeres refieren también discriminación por parte de las autoridades: no se recibe buen trato cuando se va a denunciar, y en la mayor parte de los casos, no prospera la demanda de intervención.

Con respecto a la criminalización de la protesta social, el hostigamiento, persecución y amenazas a defensores, líderes sociales y civiles es una constante que se vive en las organizaciones y comunidades que reivindican distintos derechos humanos; la Zona Fronteriza ha sufrido los efectos de la violencia al grado de enfrentar consecuencias como el asesinato de sus líderes, amenazas de muerte, secuestro y hostigamiento constante; como por ejemplo el día 27 de Noviembre del año 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero por su lucha contra la explotación minera, y el caso de la familia del defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán ,y su esposa Margarita Martínez que ante la denuncia de malos funcionarios públicos, estos han querido detenerla mediante amenazas, hostigamientos y secuestro 5.

Durante la visita de la Misión de Observación, en varias partes de la región fronteriza se expresó que la población siente que el simple hecho de manifestarse y pedir que se ejerzan sus derechos ya es un delito para las autoridades, lo cual provoca miedo e incertidumbre en la población.

Quienes formamos parte de la Red por la Paz, constatamos que pese al contexto de conflictividad en que trabajan las organizaciones, comunidades y personas de la Zona Fronteriza, existen esfuerzos importantes en favor de la construcción de Paz para ejercer y defender sus derechos colectivos.

Es importante recalcar la lucha contra las altas tarifas de la luz existen avances. Algunas personas y familias ya llevan diez años en la resistencia y en el municipio de Chicomuselo se ha logrado un amparo para no pagar la deuda a la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido es importante señalar la solidaridad que existe entre las organizaciones civiles y sociales.

Como Red por la Paz, queremos ratificar nuestro compromiso de trabajar en los ejes de derechos humanos, construcción de paz, alternativas de sustentabilidad y desarrollo, observación y solidaridad que los mismo pueblos de Chiapas nos han enseñado. Aclaramos que las visitas que realice esta Misión de Observación a distintas regiones de Chiapas, no obedecen a intereses político partidistas ni para la promoción de agendas políticas individuales de los actores en la región. El trabajo de la Misión enfoca la observación y documentación de la situación de los Derechos Humanos y la Conflictividad Social con pleno respeto a la diversidad de opiniones y acciones que cada actor realiza desde sus espacios para la construcción de un mundo más justo y digno.

Fue repetida la solicitud de que organizaciones civiles de Derechos Humanos y de construcción de paz realicen acompañamiento permanente a los procesos sociales y la situación que se vive en el municipio fronterizo por lo que en la medida de nuestras posibilidades estaremos pendientes de la situación para de ser necesario acompañar las acciones de construcción e paz en la región.

Red por la Paz en Chiapas.