Las mujeres pidieron su reinstalación o reubicación.

Despidos injustificados de trabajadoras del DIF

De manera injustificada, arbitraria y atropellando sus derechos laborales, tres empleadas del DIF estatal (Desarrollo Integral de la Familia) fueron despedidas y obligadas a firmar su renuncia el pasado jueves 07 de octubre.

El pasado jueves tres madres solteras fueron hostigadas e intimidadas a firmar su “renuncia irrevocable” por orden de Rolando Montero Coutiño, jefe del área jurídico del DIF.

Montero Coutiño encerró a las empleadas, por separado, en una oficina para presionarlas sicológicamente inventando una serie de pretextos. Advirtió que si ellas no firmaban el trabajo de él estaría en juego, incluso –evidentemente alterado- golpeó el escritorio y se jaló los cabellos por la negativa de las madres trabajadoras.

Una de ellas, Antonieta Marisol Suárez Hernández, tiene más de 14 años de servicio, María Mercedes Estrada con más de 15 y Dayanara del Río Palacios, con tres años. Y es que ellas, madres solteras, son el único sustento económico del hogar y no comprenden lo que está ocurriendo, puesto que están conscientes que desde durante todo este tiempo han desempeñado bien sus funciones.

Ellas no tienen empacho de externar su sentir, debido a que es notoria la intención de intimidarlas y hacerlas sentir mal con argumentos infundados. Al siguiente día, viernes, ya no las dejaron ingresar a sus oficinas y les llevaron sus computadoras que usaban cotidianamente para desempeñar su oficio.

El abogado Rolando Montero, siempre estuvo acompañado del colombiano Jorge Andrés Quintero Sánchez, secretario particular de la directora general del DIF Elizabeth Astorga Macías, y de José de Jesús Fernández Rodríguez, suplente comisario del DIF, cuya presencia causó revuelo en el personal porque las afectadas fueron tratadas como “delincuentes”.

Además les negaron hablar con los superiores y se dieron cuenta de la fragilidad del resto de sus compañeros quienes están expuestos a abusos de poder y al hostigamiento con simple argumento de: “Son órdenes precisas, son órdenes superiores”.

Suplicaron al Gobernador del Estado, Juan Sabines, y a su esposa Isabel Aguilera, intervenir en el caso.