Hostigamiento por parte de las fuerzas policiacas y militares contra integrantes del MOCRI-CNPA-MN del ejido Rómulo Calzada de Tecpatán.

Equipo Frayba
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EJIDO RÓMULO CLAZADA, MUNICIPIO DE TECPATÁN, CHIAPAS. 31 DE MARZO DE 2010.

A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales

A las organizaciones democráticas y progresistas

A la opinión pública

Ante el rechazo de nuestras comunidades a una política impulsada por los distintos niveles de gobierno de nuestro país, e implementado por el Gobierno de Juan Sabines Guerrero, usando como pretexto el desastre natural según el gobierno (evento provocado según testigos de las comunidades) ocurrido en nuestra región conocido mundialmente como el Taponamiento del Grijalva, el gobierno de Chiapas, ha respondido con asesinatos, represión y hostigamiento.

Aun hoy, las comunidades siguen en pie de lucha contra el esquema de reubicación en Ciudades Rurales, programa que es parte medular del plan para desalojar a nuestros compañeros de las tierras de la Ribera del Grijalva y acorralarlos en estas ciudades para convertirlos en mano de obra barata, el gobierno sigue empeñado en convertir a los damnificados por el Tapón del Grijalva en esclavos de un proceso amañado que busca robarse los fondos de pagos de afectaciones.

Por ello, hoy padecemos de un ataque de parte de todas las corporaciones policiacas del estado y del gobierno federal. Aquí se concreta la intención del gobierno al modificar la ley para darle más libertades al ejército en el supuesto combate al narcotráfico. Hoy somos hostigados por Policías Sectoriales en vehículos del Ejercito Mexicano, que han tomado literalmente por asalto el tramo carretero Raudales Malpaso - Cárdenas, Tabasco, tramo donde se localizan nuestras comunidades, los patrullajes del ejercito son constantes, la Policía Estatal Preventiva se convierte en los informadores al interior de las comunidades, con el pretexto de brindarnos seguridad, se anidan al interior, convirtiéndose en los informadores para las otras corporaciones, las cuales hostigan a los compañeros por el simple hecho de organizarse.

Los grupos especiales de la marina entran a Rómulo Calzada y Santos Degollado, con pasamontañas, rondan las manzanas donde se encuentran vehículos de CFE retenidos recientemente. Los compañeros de lucha son retenidos en los diferentes puntos de revisión implementados por las corporaciones policiacas, hasta por más de dos horas. Las diversas corporaciones hacen arreglos con la delincuencia, para el paso de indocumentados, armas y drogas. No combaten la delincuencia, combaten la lucha social.

Desde que iniciamos la lucha hemos sido hostigados, amenazados y en su momento se atrevieron a asesinar, es el caso de dos compañeros ya caídos en la lucha, Natividad Jiménez de la comunidad el Limoncito, y Luis Fernando Guzmán Hernández, de Rómulo Calzada.

Curiosamente nuestras comunidades han sido tildadas de llenas de maleantes, robo de autos, narcotráfico, secuestro. Este tipo de delitos son también los favoritos por el Gobierno de Sabines para seguir llenando las cárceles de luchadores sociales, al estilo de su antecesor y maestro, Pablo Salazar Mendiguchia. Cuando asesinaron a Luis Fernando, argumentaron que habían sido agredidos por gente involucrada por narcotráfico, montaron una campaña perversa contra del finado y su familia para cubrir de impunidad su horrendo crimen. Ésta persona había llegado meses antes de estar como trabajador ilegal en Estados Unidos, esfuerzo que hacen miles de familias ante la falta de empleo y desarrollo en las comunidades.

Felipe Calderon dijo desde Japón que los jóvenes estudiantes que murieron en Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, eran pandilleros y que había sido un ajuste de cuentas entre pandillas, aunque después se desdijo es obvio que quieren criminalizar todo para justificar los crímenes que comete su gobierno a nivel nacional, como es el caso de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey que fueron torturados y asesinados por elementos del ejército mexicano, los cuales declararon sin el más mínimo rubor de vergüenza que eran narcotraficantes y que habían caído en el enfrentamiento. O el caso de los compañeros de la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de las Casas que al ser detenido un campesino de dicha comunidad adherente de la Otra Campaña, se vieron orillados a bloquear la carretera San Cristóbal – Comitán y para desprestigiar su lucha el gobierno a través de un periódico oficialista le llamó a esa acción narcobloqueo.

Lo anterior es preocupante, toda vez que se a nivel nacional han caído muchas personas inocentes en la supuesta guerra contra el narcotráfico cuando en realidad es una guerra contra el pueblo organizado.

Ante ello, denunciamos el incremento de la fuerza pública de distintas corporaciones estatales y federales, incluyendo el ejército y la marina en la zona y alertamos a la población en general estar atentos ante una posible agresión a nuestras comunidades o en su defecto se generen agresiones armadas a la población de las comunidades en lucha y los caídos los quieran presentar como delincuentes, narcotraficantes o cualquier otra denotación de nuestra lucha.

Para los afectados por el Tapon del Grijalva, quedan pocas opciones: permitir el robo de los fondos y dejarse reubicar en ciudades de juguete hechas de lodo, como en el Nuevo Juan del Grijalva. O luchar como lo hemos venido haciendo con dignidad hasta derrumbar los planes de Sabines y Calderon, y eso implica que los distintos niveles de gobierno respeten las decisiones de las comunidades aún de aquellas que no quieren ser reubicadas y han decidido quedarse en donde han vivido por años. Los riesgos de esta lucha: ser detenidos bajo la modalidad de delitos inventados y retacar el penal del Amate o en su caso ser asesinados por policías del estado u otras corporaciones.

Las comunidades reclaman con derecho, la decisión esta tomada, llevamos dos años corriendo los riesgos, y la lucha no ha terminado.

Por lo anterior, solicitamos urgentemente la intervención de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a fin de evitar un baño de sangre y una agresión más a nuestro pueblo.

Atentamente

MOCRI – CNPA MN

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡Presos políticos, libertad!

¡Retiro inmediato de la fuerza pública de la zona y alto al hostigamiento a las comunidades!

¡No más asesinatos de compañeros nuestros bajo pretexto de combate a la delincuencia!

¡No a la criminalización de la lucha social!