ZINACANTÁN
Por: Martín Morita, DIARIO REFORMA 20-abril-2010
http://intoleranciaypersecucion.blogspot.com
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Católicos tradicionalistas de la comunidad de Shulvó, en el Municipio de Zinacantán, ordenaron la expulsión de cinco niños evangélicos de una escuela primaria, denunciaron familiares de los menores de edad.
Los niños afectados por la drástica medida son hijos de algunas de las familias que desde hace más de tres meses están en el plantón frente al Palacio de Justicia ubicado en esta ciudad, exigiendo respeto sus derechos de profesar la religión evangélica y que pongan alto a las agresiones de los católicos.
"Pese a que nosotros, sus padres, estamos en plantón en esta ciudad, los cinco niños no habían dejado de ir a la escuela, pues el director del plantel pasaba por ellos para llevarlos y luego los traía de regreso", externó Mateo Jiménez, padre de uno de los pequeños expulsados de la escuela primaria Liberación, que se ubica en esa comunidad indígena, a unos 20 kilómetros de San Cristóbal.
De acuerdo con los padres de familia, los católicos presionaron al director del plantel, quien desde el viernes de la semana pasada se vio obligado a expulsar a los niños, de entre 7 y 11 años de edad.
"Es un abuso más de los católicos, pues además de los constantes ataques que hemos sido víctimas por profesar una religión diferente, ahora arremeten contra los niños, privándolos el derecho a la educación", aseveró por su parte el pastor Mariano Vázquez Pérez.
El religioso hizo notar que ante este nuevo hecho, el conflicto en Shulvó se ha agudizado, por lo que hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que intervengan y restablezcan el Estado de Derecho en esa comunidad.
"Por lo pronto, esta misma semana vamos a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que expondremos este nuevo atropello de los católicos, pues es injusto que atenten contra los niños", señaló.
También dijeron que el caso de las ocho familias de Shulvó ha sido retomado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno para tratar de encontrarle una solución.
Las ocho familias evangélicas que desde más de 3 meses se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal exigen solución a una serie de demandas, luego de que los católicos tradicionalistas de Shulvó les cortaron los servicios de agua potable, energía eléctrica y teléfono a finales del año pasado.
También les encerraron con cercos de alambre, tres camionetas con las que trabajan, aunque éstas fueron liberadas el pasado 26 de marzo.
"El encierro de nuestras camionetas nos ocasionaron pérdidas por más de cien mil pesos, pues no podíamos salir a trabajar", expuso Juan Vázquez, jefe de una de las familias que permanecen en el plantón.
En este sentido, los evangélicos informaron que fueron convocados por la Secretaría de Gobierno estatal para sostener una reunión esta semana en Tuxtla Gutiérrez.
"Ahí también expondremos la situación de los niños expulsados de la escuela y exigiremos que cesen las agresiones de los católicos, pues no somos delincuentes, somos gente de paz y no es justo que violen nuestros derechos por profesar una religión diferente", subrayó el pastor Mariano Vázquez.
Intolerancia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a superar y erradicar la intolerancia religiosa ante los hechos ocurridos en la comunidad de Shulvó, en el municipio de Zinacantán, Chiapas, donde católicos tradicionalistas ordenaron la expulsión de cinco menores evangelistas de una escuela primaria.
Este Organismo nacional solicitó al Secretario General de Gobierno de esa entidad su intervención para evitar acciones que vulneren los derechos humanos, así como actos de violencia de difícil o imposible reparación.
Cabe recordar que la CNDH emitió su Recomendación General Número 5, con el fin de que autoridades educativas se abstengan de sancionar a los alumnos por motivos religiosos.
La expulsión de dichos estudiantes se suma al expediente iniciado el pasado 9 de marzo, por la queja interpuesta por los dos pastores evangélicos, que refirieron actos de violencia contra integrantes de su comunidad religiosa.
Como parte de su investigación en este caso, la CNDH solicitó información a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del estado de Chiapas y a la Presidencia Municipal de Zinacantán.
La libertad de creencia está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta Comisión Nacional considera que las libertades religiosa y de culto deben prevalecer sobre la cultura de la intolerancia. Es fundamental aprender a respetar al que es diferente.
Para la CNDH es indispensable atender conflictos de orden social y económico que pueden complicarse por problemas de intolerancia religiosa.
El ejercicio de la libertad religiosa no debe interpretarse como la rivalidad entre creyentes y no creyentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantendrá atenta a estos acontecimientos, con un permanente llamado para que se erradiquen dichas prácticas en México, y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.
México, D. F., a 20 de abril de 2010
CGCP/104/10
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