OBSERVATORIO CIUDADANO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de junio de 2009

Gobierno de Chiapas tergiversa información sobre conflictos sociales

- La censura de los medios de comunicación y la campaña mediática es una estrategia empleada por el Gobierno del Estado de Chiapas en su acción contra los derechos humanos.

- Liberación de Miguel Vázquez, detenido y liberado, en acción mediática dentro de la operación de control territorial del Gobierno Estatal y Federal en la región de Agua Azul

El pasado 14 de mayo salió del CERSS 14 El Amate, Miguel Vázquez Moreno, (en adelante Miguel) Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), uno de los tseltales detenidos y criminalizados por su participación dentro de la acción de resistencia al Proyecto de Inversión del Gobierno del Estado sobre el territorio indígena de la región de Agua Azul, por parte de los Ejidatarios Adherentes de La Otra Campaña (LOC), del ejido San Sebastián Bachajón.

Sin ser notificado este Centro, defensor de los ocho indígenas privados injustamente de su libertad, fue sacado del Penal, trasladado a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente llevado al crucero Agua Azul, a la puerta de su casa.

El Gobierno de Juan Sabines Guerrero, esta operando una franca campaña de desinformación y criminalización de la protesta social, usando el erario, para realizar inserciones en el periódico La Jornada de fecha domingo 17 de mayo, que en su cuerpo presume: "La mañana del 15 de mayo y en uso de los cauces legales posibles, Miguel Ángel Vázquez Moreno fue puesto en libertad, trasladado y entregado en la sede de la Junta de Buen Gobierno de Morelia."

Estas inserciones se han implementado en diversas ocasiones, aprovechando contratos de publicidad suscritos con empresas de comunicación, con quienes compra espacios, en donde igual se promueven eventos culturales en Chiapas, como se promueve el turismo, y también se aprovecha a difundir su palabra sesgada, incluida la difamación en contra de los movimientos sociales que no se someten a sus intereses, poniendo fotografías de integrantes de estos movimientos, que se encuentran arbitrariamente privados de su libertad, acusándolos de ser delincuentes sin siquiera exista una sentencia condenatoria, vulnerando su honra y dignidad, y el principio de inocencia.

Este Centro se trasladó al Caracol IV ?Torbellino de nuestras palabras?, con sede en Morelia, para verificar la veracidad del dicho gubernamental, mismo que fue desmentido de manera enérgica por las autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno (JBG) ?Corazón del Arcoiris de la Esperanza?. Cabe mencionar que esa era la intención del Gobierno del Estado, establecer un diálogo con las Autoridades Autónomas, entregarle a Miguel Vázquez y ?tomarse la foto?, en clara manera de mediatizar el supuesto respeto a las JBG y los Derechos Humanos en Chiapas.

La operación falló. Desde el día viernes 8 de mayo, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Noé Castañon León, por medio de su Coordinación Técnica, utilizó a Julio Toledo, Presidente de la ARIC - Unión de Uniones, como su emisario ante la JBG, con la instrucción de convencerles de acudir a Ocosingo a platicar porque ?les iba a ayudar a liberar a los presos?, pero omitiendo que miembros de la Secretaría General de Gobierno ahí los esperarían en un espacio pactado con el emisario.

Pese a esta treta fallida, la Secretaría de Gobierno no cesó en su intento por ?tomar la foto? de la liberación para mediatizarla y el día viernes Miguel fue trasladado hasta la puerta de su casa por los CC. Lic. José Manuel Morales ?Delegado de Gobierno en Ocosingo-, Lic. Marco Antonio Ruíz, y el Lic. Rigoberto Fino Nájera, quienes le tomaron la foto, misma que fue publicada, el día 16 de mayo, en el Diario Expreso de Chiapas.

Antecedentes de la detenciónMiguel fue detenido el día 18 de abril de 2009 aproximadamente a las 9 de la noche por los elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Rigoberto Urbina Zenteno y Sergio Luís Alfallo Pérez, puesto a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO), quien determinó la legal detención y posteriormente tramitó su arraigo a partir del señalamiento que hicieran los propios policías aprehensores que se decían asaltados por Miguel. Sobre su detención, el ahora liberado dijo: ?me esposaron, me subieron en su carro y me llevaron directo a Tuxtla Gutiérrez, 2 días después, el lunes me vendaron mi ojo y todo mi cuerpo sin moverme, y ya de ahí fui obligado a firmar un papel y sino lo firmo, que me van a matar y me van a arrojar al río y pregunté si puedo leer el papel y me dijeron que no...?

Miguel fue detenido de manera ilegal, sin orden de aprehensión, torturado y privado de su libertad bajo falsas acusaciones emitidas por policías estatales, de la misma manera que los 7 adherentes de La Otra Campaña, todo esto dentro de la FECDO. Cabe señalar que este

Centro ha documentado que es en esta Fiscalía en la que se dan estos actos violatorios de derechos humanos de manera sistemática y a partir de la figura del ?arraigo?, siendo una práctica heredada a la actual administración de Juan Sabines, por la administración del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y ejecutada por el entonces Fiscal Mariano Herran Salvatti.

Antecedentes de contextoEn la región de Agua Azul se disputan dos proyectos, el del Estado vinculado a los intereses del capitalismo en su fase de mayor depredación, que pretende despojar una vez más los territorios y el proyecto de vida de los pueblos indígenas que organizadamente defienden y construyen otra manera de relación en su entorno. Esto se expresa claramente en la acción realizada días después del operativo policíaco de fuerzas federales y estatales, en la que destruyeron la caseta de cobro de ingreso a Las Cascadas de Agua Azul que los ejidatarios de San Sebastián Bachajón han mantenido desde hace varios años y han resistido acciones de hostigamiento por agentes no estatales ligados al gobierno en contra de las BAEZLN y LOC.

Ante esta situación elementos de la Policia Estatal Preventiva (PEP) mantienen un campamento en el lugar de la caseta destruida y la caseta de cobro esta operada por miembros del Gobierno del Estado, cuyos boletos llevan el sello de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Esto significa una grave violación, ya que los ejidatarios adherentes de LOC mantenían control de esa caseta que se encuentra dentro del territorio, como una reivindicación a su derecho a la libre

determinación en el ejercicio de su Autonomía Indígena conforme a lo estipulado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Los Acuerdos de San Andrés.

Consideraciones

Este Centro considera que a Miguel lo liberaron como parte de la campaña mediática del Gobierno del Estado, en su intento por bajar la tensión y denuncia pública que diversas organizaciones y personas han hecho y particularmente por la campaña global lanzada por La Otra Campaña y la Zezta Internacional exigiendo la libertad de los ocho tseltales detenidos, evidenciando la actitud represiva del actual Gobierno del Estado. No obstante, dicho intento termina demostrando la negligencia y dolo gubernamental, ya que Miguel estaba acusado de los mismos delitos que los demás indígenas, que siguen presos injustamente, y pese a haber sufrido las mismas violaciones al debido proceso, y a sus derechos humanos como la tortura y tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes.

Este patrón de acción e impunidad de las corporaciones policíacas estatales y de procuración de justicia del Estado de Chiapas, se sigue repitiendo a lo largo del tiempo, y se ha convertido en el modus operandi en la detención de indígenas de esa región de Agua Azul; detenidos sin órdenes de aprehensión ?invocando flagrancia-, torturados para autoinculparse, sin interprete en su lengua y sin abogado que conozca de su cultura e idioma (como lo exige el artículo segundo Constitucional), privados de su libertad, procesados o sentenciados por delincuencia organizada y robo con violencia.

El Gobierno del Estado al centrar mediáticamente el asunto de Agua Azul en la delincuencia organizada, esconde su verdadera intención, que es el control y explotación territorial de la región de Agua Azul, por medio de la represión contra los pueblos que históricamente la han poseído, en donde se han desarrollado culturalmente y que en está ocasión son adherentes de la Otra Campaña -jurídica, mediática y de despliegue territorial diseñada con apoyo de la inteligencia militar-.

Su objetivo es operar los proyectos de inversión que el grupo priísta de su gabinete ?del grupo de Albores Guillén- ha estado gestionando con el gobierno federal para administrar sitios arqueológicos y turísticos que se encuentran en territorio indígena. Es de hacer notar

que desde el arribo de Noe Castañon León, a la Secretaría General del Gobierno de Chiapas, la represión se ha recrudecido, lo cuál presumimos como un reacomodo de las fuerzas políticas al interior del estado.

Todo lo anterior demuestra la indigna procuración de justicia del Estado de Chiapas, que sigue supeditando las normas constitucionales, pactos y convenios internacionales a los intereses económicos de un grupo por implementar los proyectos de inversión a los de los Pueblos indígenas de Chiapas.

Ante este panorama de despojos y represión este Centro seguirá haciendo uso de los espacios de incidencia, para seguir denunciando el panorama de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Chiapas, por parte del Gobierno Estatal en coordinación con el Gobierno Federal. De esta forma hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para hacer uso del pleno derecho a manifestarse contra estos actos violatorios.

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